Roberto Ignacio Villa Bonilla y Otros.
Expediente 90/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de febrero de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 90/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 18/02/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Roberto Ignacio Villa Bonilla y Otros.
Actuaciones
- Principal
De la certificación secretarial que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra del proveído en que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio, en el término legalmente establecido; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno; con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción, debido a que encuadra en la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, y en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.
- Incidental
Por lo expuesto y además con fundamento en el artículo 138 de la Ley de Amparo; se resuelve lo siguiente: R E S O L U T I V O S PRIMERO. Se CONCEDE la suspensión definitiva a Roberto Ignacio Villa Bonilla, por los motivos expuestos y para el efecto precisado en el considerando cuarto de esta resolución. SEGUNDO. Como está ordenado en el considerando último, entréguese copia autorizada de esta resolución interlocutoria a la parte que lo solicite y esté legitimada para ello.
- Principal
Analizada la demanda de amparo promovida por Roberto Ignacio Villa Bonilla por propio derecho, contra actos del Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, y otras autoridades; con apoyo en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I, 107, fracción II, 35, 108, 110, 115, y demás relativos de la Ley de Amparo, SE ADMITE la demanda en sus términos; en consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y regístrese el juicio de amparo con el número 90/2016. I.-INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Tramítese por duplicado y separado el incidente de suspensión, de conformidad con lo establecido en los artículos 125, 127, 128 y 130 de la Ley de Amparo. II.AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En términos del artículo 115 de la Ley de Amparo, se fijan las TRECE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECISÉIS para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se fija objetivamente, atendiendo a la disponibilidad de fechas en la agenda de audiencias. III.INFORME JUSTIFICADO Con el mismo fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables, para que en el término de quince días, rindan su respectivo informe justificado. Dicho informe deberá ser rendido en términos del artículo que antecede, remitiendo a este juzgado: 1) Copias certificadas de todas y cada una de las constancias que conforman el acto reclamado, de conformidad con lo establecido en el artículo 121 de la Ley de Amparo. 2) En orden. 3) Completas y legibles. 4) Asimismo, cuando las autoridades adviertan que cesaron los efectos del acto reclamado, o se actualice alguna causa de sobreseimiento, deberá informarlo a este juzgado, remitiendo al efecto, copia certificada de las constancias que así lo acredite, lo anterior con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Se apercibe a las autoridades responsables que, en caso de no hacerlo así, y con las copias respectivas, si no existe alguna causa legal que justifique el incumplimiento, con apoyo en lo que dispone los artículos 117, en relación con el diverso 260, ambos de la Ley de Amparo, se les impondrá multa de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. IV. TERCERO INTERESADO Con fundamento en el artículo 5°, párrafo III, de la Ley de Amparo, se reconoce el carácter de terceros interesados a: Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial del Estado, con domicilio ubicado en calle Xalapeños Ilustres, número 30, locales 2 y 4, colonia centro, en esta ciudad. Piedad Landa Morales, con domicilio laboral ubicado en calle Catadores, número 2-A, casi esquina con calle 16 de Septiembre, fracción San José, en Coatepec, Veracruz (edificio del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Coatepec, Veracruz). EN RELACIÓN CON EL EMPLAZAMIENTO DEL TERCERO INTERESADO SINDICATO ESTATAL DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO. Se comisiona a cualquiera de los Actuarios Judiciales adscritos, para que se constituya en el domicilio precisado, y emplace a juicio al tercero interesado Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial del Estado; asimismo, con fundamento en el artículo 116, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, le corra traslado con copia simple de la demanda, debiendo hacer de su conocimiento la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional; de igual forma, para que en el término de tres días legalmente computado, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, con el apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, incluso las de carácter personal, se le harán por lista de acuerdos que se publica en este Juzgado de Distrito, con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo en vigor. EN RELACIÓN CON EL EMPLAZAMIENTO DE LA TERCERO INTERESADA PIEDAD LANDA MORALES. Considerando que dicha tercera interesada tiene su domicilio en la localidad de Coatepec, Veracruz, con fundamento en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento despacho al Juzgado Municipal, con sede en Coatepec, Veracruz, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, se constituya en el domicilio indicado y emplace a juicio a la tercera interesada Piedad Landa Morales, corriéndole traslado con copia simple de la demanda de amparo, que para tal efecto se anexa; además, deberá requerirla para que en el término de TRES DÍAS, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 297, fracción II, del Código Federal en cita, señale domicilio en esta ciudad donde oír y recibir notificaciones, apercibida que de no hacerlo, las subsecuentes, aun las de carácter personal se le practicarán por medio de lista de acuerdos; con fundamento en los artículos 27, fracción II, en relación con el 29 de la Ley de Amparo. Asimismo, requiérase a dicha autoridad, para que dé cumplimiento a este mandato dentro del término de cinco días, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 300 del Código Federal en mención, apercibida de que en caso de no hacerlo, le será impuesta una multa por el equivalente a TREINTA DÍAS de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, en términos del artículo 59, fracción I, del invocado Código. En la inteligencia de que para la práctica de la diligencia encomendada podrá constituirse en diversos horarios, pudiendo ser estos en días y horas inhábiles, a fin de practicar la diligencia respectiva, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 282 del multicitado Código Federal. En el entendido de que, aún cuando la comunicación oficial que se envía, llegue con posterioridad a la fecha citada para que tenga verificativo la audiencia constitucional, o que esta sea próxima su llegada, ello no es obstáculo para su diligenciación, debido a que la notificación que se solicita es indispensable para la debida integración de este sumario, aun llegada la fecha en cita, no sería posible llevar a cabo la audiencia de ley, pues se estaría en espera de la constancia relativa al referido emplazamiento. Por otro lado, comuníquese a la autoridad encargada de llevar a cabo el emplazamiento que se solicita, que deberá realizarla con apego a lo establecido en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo; esto es, se constituirá en el domicilio señalado; y, entenderá la diligencia directamente con la tercera interesada, si no se encontrare, previo cercioramiento del domicilio correcto, lo procedente será dejar citatorio para que, dentro de los dos días hábiles siguientes, comparezca a notificarse al Juzgado Municipal, y si no compareciere, realizará la notificación por lista de acuerdos, en los términos establecidos por el artículo 29, de la Ley de Amparo. Hecho lo anterior, deberá devolver inmediatamente el despacho a este Juzgado. Se comunica a la tercera interesada que con fundamento en los artículos 1 a 9, 12 a 23, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo dispuesto en los artículos 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la ley citada; en la inteligencia de que de existir alguna oposición en términos de los artículos 8 de dicha ley y 9 del citado reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, y se omitirá la publicación de los datos personales en listas de notificación que se publiquen por vía electrónica. V. PRUEBAS De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como pruebas de la parte quejosa las documentales anexó a su demanda de amparo, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional. VI. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el proemio de su demanda, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. Por otra parte, se tiene como su autorizado en términos del párrafo segundo del artículo 24 de la Ley de Amparo, a Roberto Rodríguez Morales, por así haberlo solicitado la parte quejosa. VII. LEY DE TRANSPARENCIA Se comunica a las partes que con fundamento en los artículos 1 a 9, 12 a 23, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo dispuesto en los artículos 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio, constituyen información pública y podrán ser consultados por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la ley citada; en la inteligencia de que de existir alguna oposición en términos de los artículos 8 de dicha ley y 9 del citado reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, y se omitirá la publicación de los datos personales en listas de notificación que se publiquen por vía electrónica. VIII. NOTIFICACIONES MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN Notifíquese la radicación del presente juicio a la Agente del Ministerio Público adscrita mediante lista de acuerdos, de conformidad con el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo y dese la intervención que legalmente le corresponde. AUTORIDADES RESPONSABLES Mediante atento oficios que al efecto se giren, notifíquese la radicación del presente juicio a las autoridades responsables, en el domicilio señalado para tal efecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 26, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo. IX. INEXISTENCIA DE AUTORIDADES Por otra parte, conforme a lo dispuesto por el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, el cual establece que la parte quejosa deberá señalar la denominación de la autoridad responsable, se hace del conocimiento de la parte quejosa que en caso de que la autoridad que señaló como responsable no exista con la denominación o en la localidad indicada, sin mayor trámite se tendrán por inexistente y suspendida toda comunicación con ésta.
- Incidental
Como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con copias del escrito de demanda, se da trámite, por duplicado, al incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 90/2016 promovido por Roberto Ignacio Villa Bonilla, contra actos del Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades. I. INFORME PREVIO Con fundamento en los artículos los artículos 125, 128, 130, 138 y 140 de la Ley de Amparo, solicítese a las autoridades responsables su informe previo, por duplicado, dentro del término de CUARENTA Y OCHO HORAS al en que queden legalmente notificadas de este acuerdo, anexándoles para tal efecto copia simple de la demanda relativa. Se apercibe a dichas autoridades, en el sentido de que la falta de informe en el plazo indicado, no sólo establece la presunción de certeza del acto reclamado en términos del último párrafo del artículo 142, de la Ley de Amparo, sino que además, origina la imposición de una multa, en términos del artículo 260, fracción I, de la citada Ley. II. AUDIENCIA INCIDENTAL Se señalan las DIEZ HORAS CON VEINTIOCHO MINUTOS DEL CUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS, para la celebración de la audiencia incidental. III. EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN Cabe señalar, que para proveer sobre la presente medida cautelar, le corresponde al juzgador de amparo fijar los efectos y condiciones de la suspensión que se solicita. Tiene aplicación la tesis siguiente: Registro No. 223497 Localización: Octava Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación VII, Febrero de 1991 Página: 130 Tesis: I. 4o. A. J/8 Jurisprudencia Materia(s): Administrativa, Común "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO PRECISAR SU ALCANCE. En atención a la naturaleza jurídica de la suspensión definitiva que el Juez de Distrito otorga al quejoso, respecto de los actos reclamados atribuibles a las autoridades responsables, éstas, así como cualesquiera autoridad, están obligadas a respetarla, sin que estén facultadas para dejar insubsistente dicha medida cautelar mientras se encuentre vigente y corresponde al Juez de Distrito precisar su alcance, pues considerar lo contrario, a título de que se trata de actos nuevos, se prestaría a dejar en manos de la propias autoridades determinados efectos y alcances de la suspensión definitiva, lo que equivaldría a delegar indebidamente funciones constitucionales que están reservadas al Poder Judicial Federal y no a dichas autoridades, con lo que se desnaturalizan los efectos de la suspensión en el juicio de amparo." En el caso, del estudio integral del escrito de demanda, se advierte que el acto reclamado lo hace consistir la parte quejosa en: El acuerdo emitido por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, mediante oficio número 000644, de dieciocho de enero de dos mil dieciséis, en el que acordó el cambio de adscripción del quejoso como Oficial Administrativo del Juzgado Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, residente en esta ciudad, al Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en Coatepec, Veracruz, a partir del veinte de enero del año en curso; y su ejecución. Asimismo, se toma en cuenta que la parte quejosa ofreció diversas documentales en el expediente principal del cual deriva esta incidencia, por lo que se ordena agregarlas a estos cuadernos en copia certificada para los efectos legales conducentes. Tiene aplicación al caso la tesis siguiente: Décima Época Registro: 160501 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo V, Diciembre de 2012 Materia(s): Común Tesis: I.7o.C. K (9ª.) Página: 3869 "PRUEBAS EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. LAS QUE SE OFREZCAN EN EL PRINCIPAL, TAMBIÉN DEBEN TOMARSE EN CONSIDERACIÓN EN AQUÉL (INTERPRETACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA " PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. SU OFRECIMIENTO Y DESAHOGO EN EL SUPUESTO QUE SE OFREZCAN DOCUMENTALES ORIGINALES O EN COPIA CERTIFICADA EN EL CUADERNO PRINCIPAL O EN EL INCIDENTAL CON COPIAS SIMPLES [MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 92/97]). El criterio interpretado establece que cuando con la demanda de garantías se ofrezca como prueba un documento original o en copia certificada y se acompañen dos o más copias simples, sin que se solicite expresamente su compulsa o certificación para que obren en el expediente incidental, el Juez de Distrito debe entender que las copias simples son para formar los cuadernos incidentales y, por tanto, al admitir la demanda, oficiosamente, ordenará su compulsa y al resolver sobre la suspensión definitiva les dará valor probatorio; no obstante, restringe su aplicación sólo a aquellos casos en que las pruebas documentales se hayan acompañado de por lo menos dos copias, manteniendo así la disfuncionalidad que se presenta con los documentos que se ofrecen sólo en uno de los cuadernos del juicio de amparo indirecto y que por esa razón, no pueden tomarse en cuenta en el otro. Ahora bien, en la ejecutoria que dio lugar a la modificación de la jurisprudencia P./J. 92/97, la Corte propugna por facilitar el acceso a la tutela jurisdiccional al hacer una interpretación extensiva del tercer párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo y considerar que la posibilidad de que el juzgador de oficio ordene la compulsa de las copias simples agregándolas a los autos principales o incidentales, según proceda, busca privilegiar la verdad material sobre la formal, para que éste pueda emitir un fallo encaminado a alcanzar el ideal de equidad y justicia, de tal suerte que la compulsa de las pruebas ofrecidas en un cuaderno a otro simplemente implica reconocer que en un juicio de amparo existe una prueba ofrecida por cualquiera de las partes que está dentro del mismo y que al momento de resolver en cualquiera de los expedientes, el Juez de Distrito deberá otorgarles el mismo valor probatorio que corresponde a los originales o copias certificadas que obran en un diverso cuaderno del mismo juicio (principal o incidental, según sea el caso). El acceso a la tutela judicial en materia de amparo se ha puesto de manifiesto también en criterios como: "COPIAS PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. AL PREVENIR AL QUEJOSO PARA QUE EXHIBA LAS FALTANTES, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE PRECISAR EL NÚMERO EXACTO DE LAS REQUERIDAS." y "DEMANDA DE AMPARO. CUANDO SE OMITE PRESENTAR LAS COPIAS NECESARIAS PARA LA FORMACIÓN DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, EL INCUMPLIMIENTO A LA PREVENCIÓN DE EXHIBIRLAS NO DA LUGAR A TENER POR NO INTERPUESTA AQUÉLLA, SINO EXCLUSIVAMENTE A POSTERGAR LA APERTURA DE DICHO INCIDENTE.", en los que se han matizado ciertos efectos que conforme a la Ley de Amparo podría tener la falta de exhibición de copias de la demanda en el juicio constitucional, a través de mecanismos que permiten subsanar las omisiones para resolver los asuntos de fondo, porque resulta de mayor entidad atender con justicia los reclamos de los quejosos, que soslayarlos a virtud de tecnicismos y formalidades. Entonces, siendo congruentes con lo expuesto, la aplicación de la jurisprudencia invocada no debe quedar supeditada a la exhibición de las copias por parte del promovente de la prueba, menos aún, al número de copias que presente, sino que su interpretación debe ser más amplia y estar en función de los documentos que se ofrezcan ya sea en el cuaderno principal del amparo o en su respectivo incidente de suspensión, es decir, la autoridad de amparo tiene la inexcusable obligación de considerar la documental de que se trate en ambos cuadernos, para lo cual podrá ordenar la compulsa de los documentos y que las copias respectivas se agreguen a los cuadernos que correspondan". HIPÓTESIS NORMATIVA. Cabe destacar que para determinar la procedencia de la medida cautelar, se debe tener en cuenta lo dispuesto en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 128 de la Ley de Amparo, disponen que para conceder la suspensión deben cumplirse los siguientes requisitos: a) Que el acto reclamado, de acuerdo con su naturaleza, sea susceptible de suspenderse; b) Que exista la solicitud del agraviado (interés jurídico y afectación, o interés legítimo con una afectación real, actual e inminente a la esfera jurídica de la parte quejosa); y, c) Que se realice un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y el interés social. En términos de la fracción I, del referido artículo 128 de la Ley de Amparo, la suspensión se decretará "cuando la solicite el agraviado", lo que implica que es necesario que exista solicitud, pero también que la petición la realice la persona que vea afectado su interés jurídico o legítimo por el acto reclamado. La fracción II del citado artículo 128 establece que se sigue perjuicio al interés social y que se contravienen disposiciones de orden público cuando se perjudica a la colectividad en un grado mayor con el otorgamiento de la medida que el que se pudiera causar al quejoso, en lo particular, de no otorgarla, ya sea privándola de un beneficio que le otorgan las leyes o causándole un daño. En el caso, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 107 Constitucional el juzgador también deberá ponderar entre la apariencia del buen derecho y el interés social, lo cual no conlleva a la contraposición de dos intereses en abstracto, aunque el segundo concepto entrañe una idea de intereses colectivos, sino que ha de atenderse a las circunstancias concretas del derecho que el quejoso estime alterado en su situación particularizada ante el acto y, a su vez, a la manera en que el interés general o el orden público se concretiza mediante el acto de autoridad, pues lo que los Jueces ponderan en los casos concretos, no son principios en abstracto. Asimismo, el artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por otra parte, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, ha establecido que hay un daño al proyecto de vida cuando algún Estado, con motivo de la violación a derechos humanos, afecta e interfiere en la realización de las expectativas de desarrollo personal y vocacional de una persona, factibles en condiciones normales, causándoles daños irreparables a su vida, pues los planes de vida que había construido se ven truncados, como se trató en la sentencia "caso Gutiérrez Soler vs. Colombia". En el voto razonado del Juez A.A. Cançado Trindade, en el caso citado, en relación con el concepto de proyecto de vida, estableció: "Todos vivimos en el tiempo, que termina por consumirnos. Precisamente por vivirnos en el tiempo, cada uno busca divisar su proyecto de vida. El vocablo -proyecto- encierra en sí toda una dimensión temporal. El concepto de proyecto de vida tiene, así, un valor esencialmente existencial, ateniéndose a la idea de realización personal integral. Es decir, en el marco de transitoriedad de la vida, a cada uno cabe proceder a las opciones que le parecen acertadas, en el ejercicio de plena libertad personal, para alcanzar la realización de sus ideales. La búsqueda de la realización del proyecto de vida desvenda, pues, un alto valor existencial, capaz de dar sentido a la vida de cada uno". Es decir, el proyecto de vida es la planificación de las condiciones en que un ser humano piensa desenvolverse durante su existencia, el cual puede ser alterado o destruido por factores ajenos, cuya alteración trae consigo la violación de los derechos humanos. HECHOS En el caso, del estudio integral del escrito de demanda, se advierte que el acto reclamado lo hace consistir la parte quejosa en: El acuerdo emitido por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, mediante oficio número 000644, de dieciocho de enero de dos mil dieciséis, en el que acordó el cambio de adscripción del quejoso como Oficial Administrativo del Juzgado Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, residente en esta ciudad, al Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en Coatepec, Veracruz, a partir del veinte de enero del año en curso; y su ejecución. Asimismo, el quejoso solicita la suspensión provisional de los actos reclamados para el efecto de que no sea removido del cargo que tiene conferido en el Juzgado Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, residente en esta ciudad, hasta en tanto se resuelva el presente asunto. De igual forma, el quejoso manifiesta que es Oficial Administrativo adscrito a dicho juzgado desde el año dos mil diez y, que desde el año dos mil quince, hasta la fecha, se encarga de realizar las notificaciones de ese órgano jurisdiccional como notificador. Por otra parte, consta en autos que mediante oficio 000644, de dieciocho de enero de dos mil dieciséis, suscrito por el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, se determinó el cambio de adscripción del aquí quejoso como Oficial Administrativo del Juzgado Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, residente en esta ciudad, al Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en Coatepec, Veracruz, a partir del veinte de enero del año en curso. Del referido oficio se advierte que tal determinación fue tomada en sesión de dieciocho de enero del año en curso; asimismo, que le fue notificado el diecinueve siguiente, en la inteligencia de que la adscripción iniciaba al día siguiente (veinte de enero del año en curso). Además, cabe destacar que se encomendó al hoy quejoso a realizar con "toda meticulosidad" la diligencia de entrega de todos los expedientes, valores o documentos que estuvieren en su poder, levantando acta circunstanciada de la misma. CONCLUSIÓN De lo anterior, se concluye respetuosamente, con base en la apariencia del buen derecho, que el acto reclamado tiene un alto porcentaje de ser inconstitucional, debido a que al ordenarse el cambio de adscripción con un margen de un día para que la parte quejosa se trasladara del lugar de su adscripción al lugar en que se adscribe en dicho oficio, se considera viola su derecho humano de seguridad jurídica y proyecto de vida, al operar un cambio drástico en ella, en tanto que tendría que trasladarse inmediatamente al lugar de nueva adscripción, máxime que en el oficio no se expone la urgencia de la medida o medidas allí tomadas o alguna circunstancia de fuerza mayor, ni se particulariza el por qué se le haya cambiado de adscripción. Por lo tanto, atendiendo al principio pro persona, a efecto de proteger sus derechos humanos, lo procedente es conceder la suspensión provisional para el efecto de que las cosas permanezcan en el estado que actualmente guardan y, de no haber ocurrido ya, no se ejecute la orden de cambio de adscripción reclamada, hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva del acto que se reclama en el juicio del que emana el presente asunto, es decir, la autoridad responsable deberá suspender el procedimiento de cambio de adscripción y sus consecuencias, tomando las medidas que estime pertinentes para garantizar los derechos laborales de las personas involucradas. No pasan inadvertidos los criterios de Tribunales Colegiados de Circuito en el sentido que generalmente es improcedente conceder la suspensión en el amparo contra la ejecución de la orden de cambio de adscripción de un servidor público, por tratarse de cuestiones de orden público e interés social; sin embargo, debe destacarse que ello constituye una regla general que analiza el acto de cambio de adscripción de manera abstracta, lo que podría tener excepciones atendiendo a circunstancias particulares, como acontece en el caso de estudio en el que a través de la apariencia del buen derecho se advirtió la posibilidad de que pudieran afectarse derechos humanos de la parte quejosa, tales como el principio de legalidad y el derecho al proyecto de vida, lo que se analizó de manera simultánea con el posible perjuicio al interés social atendiendo al contenido de las tesis siguientes: Época: Novena Época Registro: 165659 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXX, Diciembre de 2009 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 204/2009 Página: 315 "SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 15/96, de rubro: "SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.", sostuvo que para el otorgamiento de la suspensión, sin dejar de observar los requisitos exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del buen derecho invocado por el quejoso, de modo que sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo que deberá sopesarse con el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o al orden público con la concesión de la medida, esto es, si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso. Conforme a lo anterior, el juzgador debe realizar un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, supuesto contemplado en la fracción II del referido artículo 124, estudio que debe ser concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos legales para el otorgamiento de la medida." Época: Novena Época Registro: 183661 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVIII, Julio de 2003 Materia(s): Laboral Tesis: III.2o.T.84 L Página: 1240 "TRASLADO O CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN. ES ILEGAL EL ORDENADO UNILATERALMENTE, SIN CONSENTIMIENTO DEL SERVIDOR PÚBLICO Y SIN ESPECIFICAR QUE SE DEBE A NECESIDADES DEL SERVICIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). Los artículos 19 y 20 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios establecen que el servidor público podrá ser cambiado de adscripción o trasladado de una entidad pública o población a otra, previa su anuencia, salvo que sea por solicitud del interesado o permuta, o cuando las necesidades del servicio lo requieran, caso este último en el cual deberá de comunicarse al servidor qué necesidad del servicio se presentó que haya provocado el traslado o cambio de adscripción. Consecuentemente, la orden de cualquiera de éstos sin que exista anuencia del servidor público es ilegal, a menos que ello obedezca a una necesidad del servicio y que tal circunstancia se le haya comunicado al servidor, lo que se traduce en que si al momento de dar aviso al servidor público sobre su cambio de adscripción o traslado a un lugar distinto del de su adscripción, no se menciona que es por necesidades del servicio y menos se dice cuál es esa necesidad, ni media su anuencia y consentimiento para ello, es ilegal el cambio de adscripción o traslado respectivo, pues se deja en estado de indefensión al empleado." Cabe destacar, respetuosamente que la presente resolución incidental no implica una intromisión en las facultades del Consejo de la Judicatura del Estado respecto de la organización del sistema de impartición de justicia local, sino que únicamente se trata del análisis particular de un caso concreto en el que se advierte la probable violación de derechos humanos, en los términos expuestos. REQUISITOS DE EFECTIVIDAD La medida cautelar surte efectos de inmediato, sin necesidad de otorgar garantía alguna, debido a la naturaleza del acto que se reclama. TERCEROS INTERESADOS Dada la determinación que antecede, se ordena notificar el presente proveído personalmente a los terceros interesados: Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial del Estado, con domicilio ubicado en calle Xalapeños Ilustres, número 30, locales 2 y 4, colonia centro, en esta ciudad. Piedad Landa Morales, con domicilio laboral ubicado en calle Catadores, número 2-A, casi esquina con calle 16 de Septiembre, fraccionamiento San José, en Coatepec, Veracruz (edificio del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Coatepec, Veracruz). EN RELACIÓN CON LA NOTIFICACIÓN DE ESTE PROVEÍDO AL TERCERO INTERESADO SINDICATO ESTATAL DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO. Se comisiona a cualquiera de los Actuarios Judiciales adscritos, para que se constituya en el domicilio precisado, y le notifique al tercero interesado Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial del Estado el contenido de este proveído. EN RELACIÓN CON LA NOTIFICACIÓN DE ESTE PROVEÍDO A LA TERCERO INTERESADA PIEDAD LANDA MORALES. Con fundamento en el artículo 116, en relación con el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento despacho al Juez Municipal, residente en Coatepec, Veracruz, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, se constituya en el domicilio indicado y notifique el presente proveído a la tercera interesada Piedad Landa Morales. Tiene aplicación la tesis siguiente: Registro No. 190667 Localización: Novena ÉpocaInstancia: PlenoFuente: Semanario Judicial de la Federación y su GacetaXII, Diciembre de 2000Página: 23Tesis: P./J. 143/2000JurisprudenciaMateria(s): Comú "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE AL TERCERO PERJUDICADO EL PROVEÍDO QUE LA CONCEDE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia número 309, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo III, página 223, de rubro: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. CRITERIO EN VIGOR.", estableció que la facultad que se confiere al juzgador en el primer párrafo del artículo 30 de la Ley de Amparo, para ordenar, cuando lo estime conveniente, que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes en el juicio de amparo, no puede quedar sujeta únicamente a la discreción de aquél, sino que debe ejercerse atendiendo a la trascendencia del acto, acuerdo o resolución a notificar, a su naturaleza, a las circunstancias de tiempo y lugar, así como a los casos especiales, a efecto de que todas aquellas resoluciones de importancia para las partes lleguen a su conocimiento oportunamente. En congruencia con tal criterio, debe decirse que cuando en la demanda de garantías el quejoso solicita la suspensión provisional del acto reclamado y el Juez de Distrito la concede, debe ordenar que dicho proveído se notifique personalmente al tercero perjudicado, a efecto de que tenga oportunidad de interponer en su contra el recurso de queja, ya que de acuerdo con lo establecido en los artículos 95, fracción XI, 97, fracción IV y 99, último párrafo, de la Ley de Amparo, el plazo de veinticuatro horas para que recurra se computa tomando como base la notificación de la resolución provisional; de lo que se infiere la importancia que adquiere dicha notificación, pues si ésta se hace por medio de lista y el tercero perjudicado todavía no se notifica del principal, se corre el riesgo de que transcurra el plazo que tiene para recurrir en queja. No obstante lo anterior, en el supuesto excepcional de que llegue el día señalado para la audiencia incidental sin haber podido notificar personalmente al tercero perjudicado, el Juez de Distrito debe decidir sobre la suspensión definitiva, en contra de la cual procede, en su caso, el recurso de revisión." IV. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el proemio de su demanda, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. Por otra parte, se tiene como su autorizado en términos del párrafo segundo del artículo 24 de la Ley de Amparo, a Roberto Rodríguez Morales, por así haberlo solicitado la parte quejosa. V. INEXISTENCIA DE AUTORIDADES Por otra parte, conforme con lo dispuesto por el artículo 116, fracción III, de la Ley de Amparo, el cual establece que la parte quejosa deberá señalar con precisión la denominación de la autoridad responsable, se hace del conocimiento de la parte quejosa que en caso de que las autoridades que señaló como responsables no existan con la denominación o en la localidad indicadas, sin mayor trámite se tendrán por inexistentes y será suspendida toda comunicación con éstas. VI. EXPEDICIÓN DE COPIAS Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídasele copia certificada del presente proveído y entréguese a las personas que nombra, previa identificación y constancia que por su recibo se deje en autos.
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