Roberto Hugo Vargas Pérez
Expediente 1031/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1031/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 22/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Roberto Hugo Vargas Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término que concede el artículo 86, párrafo primero de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión, contra el auto dictado el veintisiete de octubre de dos mil veintidós, que sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de amparo, que promovió * * * * * apoderado legal de * * * * * * * (única parte a quien puede afectar dicha determinación), sin que se hubiere interpuesto algún medio de impugnación en ese plazo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria, se declara que ha causado estado el referido auto; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. Publicación de datos personales. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que, si desea que sean divulgados, se requiere su consentimiento. Archivo. Ahora, toda vez que no existe asunto pendiente de diligenciar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena el archivo de este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Destino. Transcurridos más de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su DESTRUCCIÓN, conforme el artículo 21, inciso a), del referido acuerdo; y, en su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Se hace constar que, como quedó asentado en la certificación de cuenta, en este expediente no existen documentos originales. Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y de las constancias que integran este juicio de amparo, se advierte que en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "ART. 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;". Como puede verse, el precepto transcrito establece que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado ha cesado en sus efectos y las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional, ya sea que la autoridad responsable haya revocado el acto materia de la litis, cuando éste tenga el carácter de positivo, o bien, cuando realice la acción que se le reclama, en el caso de los de índole negativo, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal forma que el acto ya no agravie al quejoso. Lo anterior, porque el juicio no tiene razón de ser cuando su objetivo ha desaparecido, que en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, es restituir a la peticionaria en el pleno goce y respeto del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la transgresión; así, para que dicha causa de improcedencia se actualice, es necesario que todos los efectos del acto o actos reclamados, se hayan destruido en forma total o incondicional, por parte de las autoridades que participaron en su creación. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia número 2 / J 59 / 99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y ocho, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En el caso particular, la parte quejosa señala como acto reclamado: La omisión de acordar lo conducente, en relación a la falta de contestación de la demanda en el expediente * * * * * *, del índice de la autoridad responsable, lo cual aduce resulta violatorio de su derecho constitucional consagrado en el artículo 17. Luego de las copias certificadas remitidas por la autoridad responsable Secretaria Instructora del Juzgado Primero Laboral en el Estado de Oaxaca, al rendir su informe con justificación (folio 14811, foja 37), se advierte que el once de octubre de dos mil veintidós - data posterior a la presentación de la demanda - , emitió el acuerdo por el cual entre otros aspectos, al haber transcurrido el plazo concedido a la parte demandada en el juicio de origen, para contestar la demanda de conformidad con el artículo 8747 de la Ley Federal del Trabajo, hizo efectivo el apercibimiento decretado en su perjuicio, por lo que tuvo por admitidas las peticiones del actor - aquí quejoso - . Luego, a fin de continuar con la substanciación del procedimiento en la vía especial, ordenó turnar el asunto a la Titular del Juzgado Laboral para el dictado del auto de depuración, una vez que se encuentre integrado, conforme lo previsto por el artículo 894 de Ley Federal del Trabajo. Proveído que notificó en el domicilio señalado para tal efecto por el quejoso y por conducto de su autorizado * * * * * * *, el diecisiete de octubre del año en curso (foja 71), como se advierte de la constancia de notificación que obra agregada en autos. Por ello, se deduce que han cesado los efectos de la omisión reclamada; toda vez que, si bien la autoridad responsable emitió el proveído por el cual entre otros aspectos, hizo efectivo el apercibimiento decretado al demandado por no haber contestado la demanda entablada en su contra y tuvo por admitidas las peticiones del actor - aquí quejoso - en el juicio de origen número * * * * * * * * de su índice, con fecha posterior a la presentación de la demanda, los alcances por los que se hubiera llegado a otorgar la protección constitucional, en su caso, se delimitarían en función del acto reclamado, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias. Máxime que mediante escrito presentado el veintiuno de octubre del año en curso (folio 14867) en este órgano jurisdiccional, * * * * * * * * en su carácter de apoderado legal del quejoso, hizo del conocimiento de este Juzgado, dicha circunstancia, comunicando que se actualizaba una causal de sobreseimiento de conformidad con los artículos 63, 64, 65 y demás relativos de la Ley de Amparo. Por lo cual, es inconcuso, que la violación constitucional reclamada quedó sin efecto, sin dejar huella en la esfera jurídica de la parte peticionaria. Así, se destruyeron todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación aducida, como si no hubiera existido; por tanto, resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de dicho acto, el que, como se dijo, quedó insubsistente sin dejar huella alguna en su esfera jurídica. De ahí que, al haber cesado los efectos de las omisiones reclamadas, procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA este juicio, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Dado el sobreseimiento decretado en este juicio constitucional, existe imposibilidad jurídica para estudiar el fondo del asunto, atento al 6 transitorio de la ley de la materia, la jurisprudencia cuyo rubro y texto, son del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." En el entendido que, el sobreseimiento decretado fuera de audiencia no causa ningún agravio a la parte quejosa, ni la priva de defensas, pues el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, esto es sobreseer este juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 26/2002, visible en la página 386, tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de dos mil tres, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, competa e imparcial" En esas condiciones, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cuarenta y dos minutos del diez de noviembre del año en curso. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable.
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San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de octubre de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, incorpórese a los autos el oficio y anexo, signado por la Secretaria Instructora del Juzgado Primero Laboral en el Estado de Oaxaca; por el cual rinde su informe justificado. Con el informe de cuenta, se ordena dar vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia respectiva. En términos del numeral 119 de la ley invocada, se le tiene ofreciendo como prueba documental de su parte, las copias simples que adjunta a su oficio, misma que se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza, y que será tomada en consideración al momento de resolver este juicio de amparo. Asimismo, se toma nota del correo electrónico, número telefónico y domicilio que obran al calce de la comunicación de referencia, para los efectos legales conducentes. En tales condiciones, a fin de respetar el término de ocho días que dispone el artículo 117 de la ley de la materia, la audiencia constitucional que estaba señalada para el veinticuatro de octubre del año en curso, se difiere anticipadamente y, en su lugar se fijan las diez horas con cuarenta y dos minutos del diez de noviembre del año en curso, para su celebración misma que podrá ser vía remota. Finalmente, glósese a los autos el escrito signado de manera electrónica por * * * * * * apoderado legal del quejoso, mediante el cual hace del conocimiento de este Juzgado, que el diecisiete de octubre del año en curso, la autoridad responsable le notificó el auto de once del mismo mes y año -como se advierte de la constancias que al efecto remite-; de lo anterior, se toma conocimiento y, en su oportunidad, se acordará lo conducente. Notifíquese por lista electrónica.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de septiembre de dos mil veintidós. Se glosa a los autos el escrito signado de manera electrónica por * * * * * * apoderado legal de * * * * * * * * * mediante el cual desahoga la prevención realizada por auto de diecinueve de septiembre del año en curso, por lo que precisa lo siguiente: " 1 . - En relación a la fecha en que se presentó el escrito de contestación de demanda que se reclama, manifestando bajo protesta de decir verdad que el Juzgado Laboral me ha informado de forma verbal que no existe contestación de demanda, porque el demandado fue omiso en realizar la contestación, por lo consiguiente la responsable debe hacer efectivo el apercibimiento y acordar lo conducente. De conformidad con lo reseñado en el auto de fecha 20 de diciembre del 2021 (anexo) en el apartado sexto, que refiere el termino de 10 días para contestar el escrito de la demanda planteada en su contra, apercibiéndole que de no hacerlo se le tendrá por admitida las peticiones del actor, es decir a partir de su legal notificación siendo la fecha de esta el día 15 de marzo de esta anualidad 2022, por lo que actualmente ya se rebasaron en demasía los diez día de termino concedidos a la parte demandada. En atención a la prevención macada con el número 2, manifiesta lo siguiente: 2 . - En atención a la segunda prevención relativa a la última actuación que se dictó en el juicio * * * * * * , manifiesto bajo protesta de decir verdad que se tiene el conocimiento que fue el 15 de marzo del 2022 y consistente en el emplazamiento al demandado, es decir la última actuación que existe en el juicio laboral es de fecha 15 de marzo de 2022 y es la razón actuarial de emplazamiento al demandado, sin que exista actuación posterior a esa fecha en el expediente". Admisión En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1, fracción I y último párrafo, 2, 33, fracción IV, 37, 107, 108, 110, 112, 115, 116 y 117, y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda que promovió * * * * * apoderado legal de * * * * * contra actos del Secretario Instructor del Juzgado Primero Laboral del Circuito Judicial del Centro y otra autoridad. Incidente de suspensión. Sin que haya lugar a formar el incidente de suspensión por no haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. Audiencia Constitucional. Con apoyo en el numeral 115, primer párrafo, en relación con los diversos 19 y 22 de la multicitada ley, se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y DOS MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la audiencia constitucional, misma que podrá ser vía remota; ello, con la finalidad de evitar la propagación del virus SARS COV2. Por ello, hágase del conocimiento de las partes en este asunto, que con fundamento en el artículo 27, fracciones II y III del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, podrán asistir virtualmente a la citada audiencia, para lo cual, en preparación para ello, deberán: a) Manifestar su deseo de hacerlo a más tardar cinco días antes de dicha celebración; b) Contar con algún dispositivo (computadora, Tablet o teléfono inteligente), con acceso a internet (satelital, red 4G, inalámbrico o residencial) que pueda ser utilizado en el desahogo de la diligencia; y, c) Proporcionar un correo electrónico y número telefónico, a fin de agilizar el trámite para el desahogo de la diligencia señalada. Asimismo, si las partes consideran estrictamente necesario estar presente en la audiencia constitucional de manera física, deberán informarlo a este Juzgado en igual plazo -cinco días antes de la celebración de la audiencia-; a efecto de que este Juzgado programe la visita física de las partes mediante el sistema visita OJ, conforme al espacio habilitado en dicho calendario, en términos del último párrafo del artículo 5 del Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal. En el entendido que de no expresar su voluntad, se entenderá que no es su deseo estar presentes en la audiencia constitucional y se desahogará sin su asistencia. Solicitud de informe justificado. Se requiere a la autoridad responsable el informe con justificación, que deberá rendir dentro del plazo de quince días, el cual se computará a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este acuerdo, y con una anticipación de por lo menos ocho días en relación con la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con lo establecido en los artículos 22 y 31, fracción I, y 117, de la Ley de Amparo. Expondrá las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, para lo cual acompañará, en su caso, copia certificada legible de las constancias necesarias para apoyarlo, pudiendo rendirlo a través de los medios que señala el referido arábigo. Se le apercibe que de ser omiso en rendir su informe con justificación o de rendirlos sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, se hará efectiva en su perjuicio, una multa por la cantidad equivalente a cien unidades de medida de actualización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, fracción II de la Ley de Amparo; 26 apartado B, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, segundo transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo y 23 fracción XX Bis, del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Asimismo, se le hace saber que el aludir hechos falsos en su informe justificado, podrían actualizar el delito previsto en el artículo 262, fracción I, de la ley de la materia, el cual prevé una pena de prisión de tres a nueve años y una multa de cincuenta a quinientos días de salario que corresponda, según la Unidad de Medida y Actualización, en relación con el artículo 26 apartado B, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, segundo transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo y 23 fracción XX Bis, del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía; más su destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. También, se hace del conocimiento a la autoridad responsable que puede remitir su informe con justificación a través del correo electrónico institucional 4jdo13cto@correo.cjf.gob.mx, debiendo confirmar la recepción del mismo al número telefónico 951-502-35-65 ext. 2101; para los efectos legales a que haya lugar. Hágase saber a las partes que en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo, de tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento en relación al acto reclamado, la deberán comunicar de inmediato, y de ser posible acompañará las constancias que lo acrediten, con el apercibimiento que de omitir hacerlo, se les impondrá una multa de treinta días del valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente al que tiene el salario mínimo general vigente diario para todo el país, según lo prevén los numerales 251 de la mencionada legislación, 26 apartado B, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, segundo transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo y 23 fracción XX Bis, del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Intervención a la Agente del Ministerio Público adscrita. En términos del artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, se da a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, la intervención legal que le corresponde; y atendiendo a la contingencia sanitaria que se encuentra en el País, provocada por la enfermedad Covid-19, se ordena remitir copia de esta demanda a dicha representación social a través del correo electrónico, ya que la referida servidora pública se encuentra considerada como persona vulnerable, como así se determinó en el cuaderno de varios 1/2021. Emplazamiento a la parte tercera interesada. Se reserva proveer al respecto hasta en tanto se cuente con las constancias con las cuales acredite su informe justificado la autoridad responsable que llegare a convenir en la existencia del acto que se le reclama. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba documental de la parte quejosa las que adjunta a su escrito de demanda, misma que se desahoga en razón a su propia y especial naturaleza. En relación a las pruebas instrumental de actuaciones, presuncional legal y humana, que refiere la quejosa, se tienen por anunciadas, sin que haya lugar a perfeccionarlas, ya que deriva de las mismas pruebas que existen en las constancias de autos; por lo que, prácticamente no tienen desahogo, es decir, que no tienen vida propia; como así lo ilustra la tesis X X . 305 K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, registrada con el número 209572, visible en la página 291, tomo XV, Enero de 1995, materia común, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "PRUEBAS INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. NO TIENEN VIDA PROPIA LAS. Las pruebas instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, prácticamente no tienen desahogo, es decir que no tienen vida propia, pues no es más que el nombre que en la práctica se ha dado a la totalidad de las pruebas recabadas en el juicio, por lo que respecta a la primera y por lo que corresponde a la segunda, ésta se deriva de las mismas pruebas que existen en las constancias de autos." Notificación y envío de oficio. Finalmente, se ordena al actuario llevador de este juicio de amparo, realice las notificaciones que deriven de este expediente en los plazos legales contenidos en el artículo 24 de la Ley de Amparo, y de conformidad al contenido del capítulo IV "Notificaciones" del ordenamiento mencionado; notificaciones que deberán ser integradas de manera inmediata al expediente electrónico. Asimismo, se autoriza al actuario, firme los oficios derivados de este juicio, y en su caso, previa revisión del expediente, los entregue de forma presencial, los remita al correo electrónico autorizado, o bien, vía fax, correo ordinario o estafeta, debiendo dejar constancia de su entrega o remisión (acuse con sello original en el cual, se haga constar en su caso la entrega de anexos y copias, guías de correo o mensajería acelerada y/o razón en la cual deberá señalar nombre, fecha y cargo de la persona con quien confirma la recepción del oficio). En caso de existir alguna imposibilidad para su entrega, deberá hacerlo del conocimiento de la secretaria encargada de la mesa, a través de la razón correspondiente. En el entendido que las constancias y razones deberán vincular al expediente electrónico de manera inmediata, y entregar físicamente a las mesas de trámite, para ser glosadas al expediente físico. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a la autoridad responsable.
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