Roberto Hosoya Utrera

Expediente 1214/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1214/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
09/01/2018

Partes del expediente

  • Roberto Hosoya Utrera

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, nueve de enero de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, agréguese a los mismos para los efectos legales correspondientes, el oficio de cuenta número 9498-A-1, signado por el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, al cual adjunta el escrito del quejoso Roberto Hosoya Utrera. Ahora bien, toda vez que por auto de tres de octubre de dos mil diecisiete (foja 9), éste Juzgado Federal se declaró legalmente incompetente para conocer del presente asunto; siendo que por oficio número 6813-IV, el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, comunicó que aceptó la competencia planteada a su favor. Por tanto, previa copia certificada que se deje en autos, remítase el citado escrito del quejoso Roberto Hosoya Utrera, al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, para los efectos legales correspondientes, solicitándole atentamente el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma el licenciado Willy Fernando Pfennig Rodríguez, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del despacho por vacaciones del Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con los oficios CCJ/ST/4675/2017 y CCJ/ST/5764/2017, de veinticuatro de octubre y veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, respectivamente, signados por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante la licenciada Mercedes del Sol Hernández Cetina, Secretaria con quien actúa. Doy fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veintisiete de octubre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos, se acuerda: para que obre como corresponda y para los efectos legales a que haya lugar, agréguese a este expedientillo, deducido del juicio de amparo número 1214/2017-V-B, promovido por************, contra actos del Titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SEIDO) en el Estado de Quintana Roo, con sede en la ciudad de Cancún, y de otra autoridad, el oficio de cuenta 6813-IV de seis de los corrientes, signado por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en la ciudad de Cancún. Oficio mediante el cual acusa recibo del diverso oficio 28242/2017-V-B de este órgano jurisdiccional, con el que se remitió a dicho Juzgado, los autos originales del citado juicio de amparo número 1214/2017-V-B de este tribunal, del que deriva este cuaderno de antecedentes, e informa que aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo en cuestión. Por tanto, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto. Finalmente, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, y una vez notificado este proveído a las partes, archívese el presente expedientillo como asunto totalmente concluido. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veinte de octubre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos, se acuerda: para que obre como corresponda y para los efectos legales a que haya lugar, agréguese a este expediente el oficio de cuenta 7203-D-8 de dieciséis de los corrientes, suscrito por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en la ciudad de Cancún, con el que devuelve diligenciado el exhorto 171/2017-E-V-B-AMPARO PENAL, con número de orden 279/2017, de tres octubre del presente año, derivado del juicio de amparo número 1214/2017-V-B, promovido por ********, recibido vía electrónica, el día de ayer, en la oficialía de partes de este tribunal. Sin que en el caso sea necesario acusar el recibo correspondiente, por haber sido enviada de manera electrónica, y dese de baja en el Libro de Gobierno respectivo que se lleva en este tribunal, el exhorto de mérito. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, tres de octubre de dos mil diecisiete. V I S T A la demanda de amparo de cuenta promovida por ***********, en contra de los actos que reclama del Titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, y otra autoridad, cuyo acto reclamado describe la parte quejosa en los términos siguientes: "IV.- ACTO RECLAMADO: Reclamo por inconstitucional de las autoridades marcadas como responsables, la orden de aprehensión que fuera girada en mi contra que pretende privarme DE MI LIBERTAD DEAMBULATORIA." Fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado, bajo el número 1214/2017-V-B que le corresponde. Una vez precisado lo anterior, para determinar y delimitar la competencia para conocer del presente asunto, es conveniente tomar en cuenta, los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera del juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia;[.]" "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuanto el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De los artículos transcritos se advierte que se establecen tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos, cuyo conocimiento les corresponda, a saber: 1) Será juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; 2) Cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y, 3) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En las dos primeras reglas, se requiere que el acto reclamado tenga ejecución material, no es el que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que esos actos ejecutivos ocurran en la jurisdicción de uno o de varios Jueces de Distrito, pues la primera se refiere a todos los supuestos en que pueda encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se efectúe en una jurisdicción; en cambio, la segunda se refiere a la ejecución en dos o más distritos diferentes, al precisar que el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro. La tercera regla prevé el caso en el que el acto reclamado no requiere ejecución material, lo que da competencia al juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De lo anterior, se aprecia que la intención del legislador al fijar la competencia de los Jueces de Distrito en función de la ejecución material de los actos reclamados, fue que el gobernado pueda acudir de inmediato al Juez de Distrito, al más cercano, que no puede ser otro que el del lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando, se haya ejecutado el acto reclamado, o bien, ante cualquiera de los Jueces de Distrito con jurisdicción en los distritos, cuando el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, pues sólo de esa manera puede obtener una inmediata defensa contra el acto de autoridad, deteniendo la ejecución si el acto es de aquellos que por su naturaleza son suspendibles conforme a las prevenciones de la ley de la materia; intención que queda de manifiesto con lo dispuesto en el último párrafo del precepto en cita, donde se establece que si el acto reclamado no requiere ejecución material será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Dicho fin se plasmó en la tesis sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 217-228, Tercera Parte, página 73, con número de registro 237105, con el rubro y texto que a continuación se transcriben: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO EL DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SE ENCUENTRE EN LA JURISDICCIÓN DE OTRO JUEZ. Se debe fincar la competencia para conocer del negocio en el juzgado dentro de cuya jurisdicción se pretende ejecutar el acto que se reclama, sin que sea óbice para resolver así el hecho de que la autoridad responsable resida en territorio de otro Juez de Distrito, que pudiera inducir a estimar competente a éste, porque dicha responsable ejerce sus funciones en el lugar de ejecución del acto reclamado". Así como en la tesis sustentada por la extinta Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 217-228, Séptima Parte, página 88, con número de registro 245025, que señala: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTÉ PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTÉ EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 36 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo". De lo que se sigue que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito que tenga jurisdicción en el lugar donde se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto está pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado. Ahora bien, de las manifestaciones que vertió el quejoso en su demanda de amparo, se patentiza que el acto del que se duele tendría ejecución en la ciudad de Cancún, Estado de Quintana Roo, pues es donde el quejoso tiene su domicilio; por tanto, es evidente que se sirve la primera hipótesis contenida en el artículo 37 de la Ley de Amparo, y por ende, se surte la competencia al Juez de Distrito que tenga jurisdicción en el lugar donde tendría ejecución el acto reclamado, es decir, en la referida ciudad de Cancún, Quintana Roo. Máxime, que las dos autoridades señaladas como responsables, de igual manera tienen su residencia en Cancún, Quintana Roo. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo que aquí interesa, lo sustentado por el Pleno en Materia Civil del Séptimo Circuito, en la Jurisprudencia publicada en la página 1667, en Noviembre de 2015, Libro 24, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, materia común, con número de registro 2010518, del rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO. AL TENER EJECUCIÓN MATERIAL, CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUZGADO DE PRIMER GRADO QUE DEBA REPARAR LA VIOLACIÓN PROCESAL. La resolución de segunda instancia que ordena reponer el procedimiento tiene ejecución material a cargo del órgano jurisdiccional de primer grado; por tanto, el juicio de amparo contra dicha resolución debe ser del conocimiento del Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde deben realizarse los actos procesales encaminados a cumplir la orden aludida, con independencia de donde resida el tribunal de segunda instancia, lo que se ajusta a las reglas competenciales previstas por el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo, y es acorde al nuevo marco constitucional de los diversos principios al debido proceso, de acceso efectivo a la justicia y de seguridad jurídica." En este orden de ideas, es claro que este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán es LEGALMENTE INCOMPETENTE, POR RAZÓN DE TERRITORIO, para conocer del presente asunto, por lo que se ordena remitir la demanda con sus anexos al Juez de Distrito en turno, en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, a quien se estima competente para conocer de la controversia planteada por ser dentro de su jurisdicción donde tuvo ejecución material el acto reclamado, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Sin que se desconozca lo que al efecto establece la jurisprudencia por contradicción de tesis, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE." Ya que en el particular se estima que no es aplicable, puesto que en la especie el quejoso también señaló, como ya quedó de manifiesto en líneas precedentes, que su domicilio es en la ciudad de Cancún; es decir, que cuando narra sus antecedentes y hace referencia a su domicilio debe entenderse que se refiere al ubicado como tal en aquella ciudad; de ahí que no existe duda de que allá es donde se ejecutaría el acto reclamado, en su caso. Solicítese de la manera más atenta al Juez de Distrito que reciba la demanda, acuse el recibo correspondiente, así como informe si acepta o rechaza la competencia planteada, en términos del artículo 48 de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, y fórmese el expedientillo correspondiente. Ahora bien, dado que el quejoso Roberto Hosoya Utrera, en su demanda de amparo señaló como su domicilio para oír y recibir notificaciones en relación con el presente asunto, el ubicado en Playa Punta Azul, Manzana quince, Lote número treinta y ocho, Supermanzana veintinueve, casa número tres, Cancún 77508, de Benito Juárez Quintana Roo. En consecuencia, con apoyo en los ordinales 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como en los numerales 107, 108 y 109 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, gírese atento exhorto por la vía electrónica al JUEZ DE DISTRITO EN TURNO, EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO, CON SEDE EN LA CIUDAD DE CANCUN, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, comisione al actuario judicial de su adscripción, para que se constituya en el domicilio de referencia y previamente cerciorado de que ahí recibe notificaciones el citado quejoso, se sirva notificarle el contenido del presente proveído. Téngase como autorizados del quejoso para oír y recibir notificaciones en relación con este asunto, a Víctor Manuel Manzanilla Valencia, Verónica García Ramírez, Fredy Efraín Carreño Higuera, Ericka Nashelly Flores Leyva, Daniela Itzel Martínez de la Garza, Karla Guadalupe Bass Manzanilla, Marisol Guadalupe Sandoval Pérez, Ulises Alonso Cortés Caballero, Ángel Daniel Miguel Guerra y Ricardo Montes Gómez. Los tres primeros, con todas las facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, y los restantes, con las limitantes que establece la parte final del segundo párrafo del citado numeral, hasta que no acrediten ante este Juzgado encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de abogado o licenciado en derecho, debiendo no solamente proporcionar los datos correspondientes en el escrito en que se les otorgue dicha autorización, sino proceder a su registro en los términos establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de dos mil trece, que establece el sistema computarizado para el registro único de profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Asimismo, se faculta al Juez exhortado, para que con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la citada ley de la materia, autorice días y horas inhábiles para llevar a cabo la diligencia en cuestión. De igual forma, se solicita que una vez cumplimentada la comunicación oficial, la devuelva a la brevedad posible a este Juzgado Federal. En el entendido de que de haber alguna imposibilidad técnica para el envío adecuado del exhorto por la vía electrónica, desde este momento se autoriza para que previa certificación de ello, y sin ulterior acuerdo se remita el exhorto por vía ordinaria, en aras de no paralizar el procedimiento en contravención de lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales de este Juzgado Federal realicen las notificaciones personales que se ordenen en este expediente. De conformidad con lo previsto por la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este expediente. En cumplimiento al artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la misma, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos. Asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De conformidad con el artículo 8° del citado Reglamento, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. Fórmese el correspondiente expediente electrónico, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Notifíquese, haciéndolo personalmente al quejoso, por medio de exhorto, y regístrese.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · 11,514 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano