Roberto Hernández Soto

Expediente 484/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
484/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
05/07/2021

Partes del expediente

  • Roberto Hernández Soto

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    naucalpan de Juárez, Estado de México, a cinco de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la cual se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicados supletoriamente a la Ley de la materia, se declara que el proveído de dieciséis de junio de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por ---------, por propio derecho, en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el Libro respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Asimismo, en cumplimiento a los artículos 6, fracción II1, y 21, 1 "Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: . II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; inciso b2, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, SE ESTIMA QUE ESTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo. Sin que se omita precisar que el presente asunto, en términos del artículo 15 del acuerdo de mérito, no tiene valor jurídico o histórico para su conservación; en consecuencia, no es considerado como un asunto relevante. Notifíquese por lista a las partes, en términos de lo que establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  2. Principal

    CITATORIO.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE DIECISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN LO QUE INTERESA DICE: Naucalpan de Juárez, Estado de México, a dieciséis de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de autos y la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que la parte quejosa no desahogó la prevención formulada en proveído de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, siendo que el término de cinco días concedido para tal efecto ha transcurrido en su totalidad; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el aludido proveído, por lo que el presente juicio de amparo únicamente se sustancia respecto de -------, por propio derecho. En mérito de lo anterior, vista nuevamente la demanda de amparo suscrita por ---------, por propio derecho, contra actos del Juez Cuarto de la Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán México, y otras autoridades responsables, respecto de la que se provee lo siguiente: Por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de amparo, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda de amparo. Asimismo, de conformidad con el artículo 113, de la Ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situaciones que en el caso a estudio acontecen. Ahora, conforme a la fracción XXIII1 del artículo 61, en relación con la fracción IV2 del numeral 107 (esta última en sentido contrario), ambos de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente respecto de los actos dictados por autoridades jurisdiccionales en ejecución de una sentencia, que no constituyan la última resolución, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. En ese orden de ideas, es pertinente destacar, que el procedimiento de ejecución constituye el conjunto de actos dirigidos a lograr la satisfacción coactiva de la sentencia de condena, ante la falta de cumplimiento voluntario de la parte vencida, dicho procedimiento se encuentra, encaminado a asegurar la eficacia práctica de ese tipo de sentencias. La razón que inspiró la creación de la regla de procedencia en comento, fue impedir que el juicio de amparo fuera utilizado como instrumento para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva. Por constituir la sentencia el resultado de un mecanismo a través del cual el Estado dirime conflictos suscitados entre particulares y, de esa forma, lograr restablecer la estabilidad quebrantada como consecuencia de éstos, la sociedad está interesada en que su ejecución se realice con celeridad, en el menor tiempo posible. Con ese motivo, el Legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto, en contra de actos dictados en ejecución de sentencia, a la resolución definitiva que pusiera fin a ese procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones procesales cometidas durante el mismo que hubieran dejado sin defensa a la parte quejosa. En ese sentido se ha pronunciado el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J.32/2001, publicada en la página 31 del tomo XIII, abril de 2001 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro digital 190035, de rubro: AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN, A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. Señalado lo anterior, es pertinente destacar que en el presente asunto se actualiza lo establecido en el artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, en virtud de que si se trata de actos de ejecución de sentencia, el juicio de amparo en la vía indirecta, sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda, las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa. Así, de la interpretación integral de la demanda de amparo, se tiene que en el presente caso la parte quejosa hace consistir su reclamo en: El auto de treinta de abril de dos mil veintiuno, emitido por el Juez Cuarto de la Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán México, en el expediente 1790/2018, en el que, atendiendo a la sentencia definitiva dictada el veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, en la parte relativa a la guarda y custodia definitiva de los menores de iniciales E.L.H.R., B.A.H.R. y A.G.H.R., a favor de su progenitora --------, requiere al aquí quejoso haga la entrega de los menores a esta última, apercibido que de no ser así se autorizara el auxilio de la fuerza pública y el rompimiento de cerraduras, por desacato; y, La ejecución que se pretenda dar a la orden anterior, a través de exhorto. En ese sentido, la parte quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad en su capítulo de antecedentes del acto reclamado lo siguiente: 1.- En el año dos mil dieciocho el suscrito inicie un juicio de divorcio en contra de la tercero interesada, mismo que se identifica con el número de expediente 1790/2018, radicado ante el C. Juez Cuarto de la Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán México. 2.- En fecha veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, se dicta sentencia definitiva en la cual la guarda y custodia de mis menores hijos queda a su favor. 4.- A pesar de la sentencia que fue emitida en la fecha que el suscrito plasme en el antecedente identificado con el número dos, la tercero interesada inconforme por dicha resolución, apeló la misma identificado con el número de toca 09/2020, radicado ante la Primera Sala Familiar de Tlalnepantla y no satisfecha con la resolución de apelación, la misma se amparó mismo que se identifica con el número 460/2020, radicado ante el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, siendo que caso que a la fecha los autos originales no ha regresado al juzgado de origen y no se le ha comunicado al mismo, es decir, el C. Juez Cuarto de la Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán México, resolución alguna. 6.- Posteriormente mediante escrito presentado ante el C. Juez Cuarto de la Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán México, la tercera perjudicada promueve en ejecución en vía de apremio, a lo que la autoridad responsable sin tener certeza alguna sobre las disposiciones dictadas en el Toca 09/2020, y amparo 460/2020, mencionados en el antecedente número cuatro del presente escrito, respecto de la sentencia emitida por dicha autoridad, decide utilizar la sentencia primigenia dictaminada por la misma a fin de acordarle de conformidad a la tercera perjudicada, a sabiendas que los autos originales no se encuentran en su poder, no ha sido informada de lo ocurrido en el toca y amparo ya multicitados . De lo anterior, se desprende que el procedimiento de origen se encuentra en etapa de ejecución; por tanto el amparo procede sólo hasta que se dicte la última resolución en el periodo ejecutivo. Esto, toda vez que el acuerdo que en esta vía se combate constituye un acto dictado dentro del procedimiento de ejecución; por ende, no se está en presencia de la última resolución emitida en dicha etapa, en contra de la que sí procede el juicio de amparo indirecto. De admitirse el juicio de amparo, se entorpecería el procedimiento de ejecución, lo que sería contrario al espíritu del artículo 61, en su fracción XXIII, de la Ley de Amparo, con el cual se pretende evitar el abuso de la instancia constitucional y que se materialicen objetivamente los trámites tendientes a ejecutar una resolución definitiva en la que la parte quejosa haya sido oída y vencida en juicio con las formalidades que indica el artículo 14 constitucional. Resulta aplicable la tesis aislada 1a. CCLXXVI/2015 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, Décima Época, visible en la página 307, cuyo título es: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO DE UN FALLO PROTECTOR. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE AMPARO, NO TRANSGREDE EL DERECHO DEL GOBERNADO A CONTAR CON UN RECURSO EFICAZ. Aunado a lo anterior, la resolución que impugna, no conlleva por sí violación a sus derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en algún tratado internacional de los que el Estado Mexicano es parte (vida, integridad y libertad personal, honra y dignidad, conciencia y religión, pensamiento y expresión, propiedad privada, posesión, reunión, asociación, a recibir alimentos por parte de los menores, salud, educación), sino que se limita a una cuestión intraprocesal, referente a la reintegración de los menores a la persona a la que se le confió la guarda y custodia definitiva de los menores, cuyos efectos son meramente formales. Lo anterior es así, porque los párrafos segundo y tercero de la fracción IV del artículo 107, de la Ley de Amparo, se apoyan en el principio de economía procesal, que pretende evitar la proliferación o cadena interminable de juicios de amparo con motivo de diversas actuaciones suscitadas en el procedimiento de ejecución y posterior a este; esto es, el legislador de amparo pretende evitar que las partes contendientes en un procedimiento de ejecución puedan intentar el juicio de amparo tantas veces como violaciones se cometan en dicho procedimiento o con posterioridad al mismo, pues con ello se ocasionaría, por un lado, una constante interposición de juicios de amparo y, por otro, una injustificada demora en la conclusión definitiva del procedimiento respectivo; así, el propio legislador pretende que continúe la ejecución de la sentencia del juicio sin mayores trabas y que el afectado con las posibles violaciones que se cometan durante el mismo al impugnar la última resolución dictada, puede hacer valer tantas violaciones al procedimiento como estime que se le hubieren cometido. Por tanto, con apoyo en lo establecido en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con la fracción IV, del artículo 107 y 113, todos de la ley reglamentaria, resulta procedente DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO promovida por ---------, por propio derecho. Lo anterior, no obstante que el peticionario de amparo refiera que el auto reclamado de treinta de abril de dos mil veintiuno, dictado por el Juez Cuarto de la Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán México, se emitió sin tener noticia de lo que se resolvió dentro del toca 09/2020, radicado ante la Primera Sala Familiar de Tlalnepantla y dentro del juicio de amparo directo número 460/2020, de la estadística del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, puesto que, a fin de evidenciar la actualización, de manera notoria y manifiesta, de la causal de improcedencia en estudio, de la consulta que se realiza en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), se tiene que el veintidós de abril de la presente anualidad, el Tribunal Colegiado en cita resolvió el juicio de amparo directo 460/2020, cuya resolución se tiene a la vista como un hecho notorio3, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Así, de la ejecutoria dictada el veintidós de abril de dos mil veintiuno, en lo que aquí interesa, se advierte que: El veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, la Primera Sala Familiar Regional de Tlalnepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, resolvió el toca 09/2020, en la que dejó intocado la parte relativa a la guarda y custodia definitiva de los menores de iniciales E.L.H.R., B.A.H.R. y A.G.H.R., a favor de su progenitora Silvia Magali Rivera Arredondo, ya que sólo modificó lo atinente al monto de la obligación alimentaria que se fijó a cargo del aquí quejoso Roberto Hernández Soto. En la resolución de veintidós de abril de dos mil veinte, dictada en el juicio de amparo directo 460/2020, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en el apartado identificado como Medidas en favor de los menore, del noveno considerando, se resolvió que es adecuada la determinación de otorgar la guarda y custodia definitiva de los menores a favor de su progenitora, dado que de la pericial en psicología emitida por la experta Ana María Guadalupe Martínez Aguilar, realizada en los miembros de la familia, se obtiene que los niños se encuentran cercanos a ambos progenitores, pero que en el ambiente familiar se identifican con su madre y perciben que ella se involucra en sus necesidades básicas tanto físicas como afectivas, lo que adminiculado con la diversa pericial en trabajo social en la cual se adujo que en el domicilio en el cual habitan los menores se percibe un ambiente familiar de respeto, cordialidad y apoyo; por lo que determinó correcto que en la resolución respectiva, la guarda y custodia de los infantes deba quedar a cargo de su progenitora, además de que ya se encuentran integrados a los hábitos, costumbres y relaciones derivadas de esa familia. Y, al abordar el estudio del monto de pensión alimentaria, concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, a ----------, por sí y en representación de sus menores hijos de iniciales A.G.H.R., E.L.H.R. y B.A.H.R., contra el acto de la Primera Sala Familiar Regional de Tlalnepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, consistente en la sentencia de veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, dictada en el toca de apelación 9/2020, y su ejecución que EXPEDIENTES (SISE), AL SER INFORMACIÓN FIDEDIGNA Y AUTÉNTICA. atribuye al Juez Cuarto Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cuautitlán, de la referida entidad federativa, por los motivos y para los efectos ahí precisados. Por tanto, quien resuelve considera que lo relativo a la guarda y custodia definitiva de los menores es un aspecto que se ha reiterado legalmente tanto por la Primera Sala Familiar Regional de Tlalnepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, al resolver el toca 09/2020, como por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, dentro del juicio de amparo directo 60/2020, y que a la fecha de emisión del auto reclamado (treinta de abril de dos mil veintiuno), había adquirido firmeza jurídica. De ahí que se considere que el auto reclamado se emitió con la finalidad de ejecutar la sentencia definitiva dictada el veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, dentro del expediente 1790/2018, dictada por el Juez Cuarto de la Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán México, en cuanto a la parte relativa a la guarda y custodia definitiva de los menores de iniciales E.L.H.R., B.A.H.R. y A.G.H.R., decretada a favor de su progenitora Silvia Magali Rivera Arredondo; y, como consecuencia de ello, se actualice, de manera notoria y manifiesta, la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción IV del numeral 107 de la Ley de Amparo y se deseche la demanda con fundamento en el diverso artículo 113 de la Ley reglamentaria. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a dieciséis de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de autos y la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que la parte quejosa no desahogó la prevención formulada en proveído de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, siendo que el término de cinco días concedido para tal efecto ha transcurrido en su totalidad; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el aludido proveído, por lo que el presente juicio de amparo únicamente se sustancia respecto de -------, por propio derecho. En mérito de lo anterior, vista nuevamente la demanda de amparo suscrita por ---------, por propio derecho, contra actos del Juez Cuarto de la Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán México, y otras autoridades responsables, respecto de la que se provee lo siguiente: Por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de amparo, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda de amparo. Asimismo, de conformidad con el artículo 113, de la Ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situaciones que en el caso a estudio acontecen. Ahora, conforme a la fracción XXIII1 del artículo 61, en relación con la fracción IV2 del numeral 107 (esta última en sentido contrario), ambos de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente respecto de los actos dictados por autoridades jurisdiccionales en ejecución de una sentencia, que no constituyan la última resolución, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. En ese orden de ideas, es pertinente destacar, que el procedimiento de ejecución constituye el conjunto de actos dirigidos a lograr la satisfacción coactiva de la sentencia de condena, ante la falta de cumplimiento voluntario de la parte vencida, dicho procedimiento se encuentra, encaminado a asegurar la eficacia práctica de ese tipo de sentencias. La razón que inspiró la creación de la regla de procedencia en comento, fue impedir que el juicio de amparo fuera utilizado como instrumento para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva. Por constituir la sentencia el resultado de un mecanismo a través del cual el Estado dirime conflictos suscitados entre particulares y, de esa forma, lograr restablecer la estabilidad quebrantada como consecuencia de éstos, la sociedad está interesada en que su ejecución se realice con celeridad, en el menor tiempo posible. Con ese motivo, el Legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto, en contra de actos dictados en ejecución de sentencia, a la resolución definitiva que pusiera fin a ese procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones procesales cometidas durante el mismo que hubieran dejado sin defensa a la parte quejosa. En ese sentido se ha pronunciado el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J.32/2001, publicada en la página 31 del tomo XIII, abril de 2001 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro digital 190035, de rubro: AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN, A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. Señalado lo anterior, es pertinente destacar que en el presente asunto se actualiza lo establecido en el artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, en virtud de que si se trata de actos de ejecución de sentencia, el juicio de amparo en la vía indirecta, sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda, las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa. Así, de la interpretación integral de la demanda de amparo, se tiene que en el presente caso la parte quejosa hace consistir su reclamo en: El auto de treinta de abril de dos mil veintiuno, emitido por el Juez Cuarto de la Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán México, en el expediente 1790/2018, en el que, atendiendo a la sentencia definitiva dictada el veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, en la parte relativa a la guarda y custodia definitiva de los menores de iniciales E.L.H.R., B.A.H.R. y A.G.H.R., a favor de su progenitora --------, requiere al aquí quejoso haga la entrega de los menores a esta última, apercibido que de no ser así se autorizara el auxilio de la fuerza pública y el rompimiento de cerraduras, por desacato; y, La ejecución que se pretenda dar a la orden anterior, a través de exhorto. En ese sentido, la parte quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad en su capítulo de antecedentes del acto reclamado lo siguiente: 1.- En el año dos mil dieciocho el suscrito inicie un juicio de divorcio en contra de la tercero interesada, mismo que se identifica con el número de expediente 1790/2018, radicado ante el C. Juez Cuarto de la Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán México. 2.- En fecha veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, se dicta sentencia definitiva en la cual la guarda y custodia de mis menores hijos queda a su favor. 4.- A pesar de la sentencia que fue emitida en la fecha que el suscrito plasme en el antecedente identificado con el número dos, la tercero interesada inconforme por dicha resolución, apeló la misma identificado con el número de toca 09/2020, radicado ante la Primera Sala Familiar de Tlalnepantla y no satisfecha con la resolución de apelación, la misma se amparó mismo que se identifica con el número 460/2020, radicado ante el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, siendo que caso que a la fecha los autos originales no ha regresado al juzgado de origen y no se le ha comunicado al mismo, es decir, el C. Juez Cuarto de la Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán México, resolución alguna. 6.- Posteriormente mediante escrito presentado ante el C. Juez Cuarto de la Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán México, la tercera perjudicada promueve en ejecución en vía de apremio, a lo que la autoridad responsable sin tener certeza alguna sobre las disposiciones dictadas en el Toca 09/2020, y amparo 460/2020, mencionados en el antecedente número cuatro del presente escrito, respecto de la sentencia emitida por dicha autoridad, decide utilizar la sentencia primigenia dictaminada por la misma a fin de acordarle de conformidad a la tercera perjudicada, a sabiendas que los autos originales no se encuentran en su poder, no ha sido informada de lo ocurrido en el toca y amparo ya multicitados . De lo anterior, se desprende que el procedimiento de origen se encuentra en etapa de ejecución; por tanto el amparo procede sólo hasta que se dicte la última resolución en el periodo ejecutivo. Esto, toda vez que el acuerdo que en esta vía se combate constituye un acto dictado dentro del procedimiento de ejecución; por ende, no se está en presencia de la última resolución emitida en dicha etapa, en contra de la que sí procede el juicio de amparo indirecto. De admitirse el juicio de amparo, se entorpecería el procedimiento de ejecución, lo que sería contrario al espíritu del artículo 61, en su fracción XXIII, de la Ley de Amparo, con el cual se pretende evitar el abuso de la instancia constitucional y que se materialicen objetivamente los trámites tendientes a ejecutar una resolución definitiva en la que la parte quejosa haya sido oída y vencida en juicio con las formalidades que indica el artículo 14 constitucional. Resulta aplicable la tesis aislada 1a. CCLXXVI/2015 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, Décima Época, visible en la página 307, cuyo título es: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO DE UN FALLO PROTECTOR. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE AMPARO, NO TRANSGREDE EL DERECHO DEL GOBERNADO A CONTAR CON UN RECURSO EFICAZ. Aunado a lo anterior, la resolución que impugna, no conlleva por sí violación a sus derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en algún tratado internacional de los que el Estado Mexicano es parte (vida, integridad y libertad personal, honra y dignidad, conciencia y religión, pensamiento y expresión, propiedad privada, posesión, reunión, asociación, a recibir alimentos por parte de los menores, salud, educación), sino que se limita a una cuestión intraprocesal, referente a la reintegración de los menores a la persona a la que se le confió la guarda y custodia definitiva de los menores, cuyos efectos son meramente formales. Lo anterior es así, porque los párrafos segundo y tercero de la fracción IV del artículo 107, de la Ley de Amparo, se apoyan en el principio de economía procesal, que pretende evitar la proliferación o cadena interminable de juicios de amparo con motivo de diversas actuaciones suscitadas en el procedimiento de ejecución y posterior a este; esto es, el legislador de amparo pretende evitar que las partes contendientes en un procedimiento de ejecución puedan intentar el juicio de amparo tantas veces como violaciones se cometan en dicho procedimiento o con posterioridad al mismo, pues con ello se ocasionaría, por un lado, una constante interposición de juicios de amparo y, por otro, una injustificada demora en la conclusión definitiva del procedimiento respectivo; así, el propio legislador pretende que continúe la ejecución de la sentencia del juicio sin mayores trabas y que el afectado con las posibles violaciones que se cometan durante el mismo al impugnar la última resolución dictada, puede hacer valer tantas violaciones al procedimiento como estime que se le hubieren cometido. Por tanto, con apoyo en lo establecido en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con la fracción IV, del artículo 107 y 113, todos de la ley reglamentaria, resulta procedente DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO promovida por ---------, por propio derecho. Lo anterior, no obstante que el peticionario de amparo refiera que el auto reclamado de treinta de abril de dos mil veintiuno, dictado por el Juez Cuarto de la Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán México, se emitió sin tener noticia de lo que se resolvió dentro del toca 09/2020, radicado ante la Primera Sala Familiar de Tlalnepantla y dentro del juicio de amparo directo número 460/2020, de la estadística del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, puesto que, a fin de evidenciar la actualización, de manera notoria y manifiesta, de la causal de improcedencia en estudio, de la consulta que se realiza en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), se tiene que el veintidós de abril de la presente anualidad, el Tribunal Colegiado en cita resolvió el juicio de amparo directo 460/2020, cuya resolución se tiene a la vista como un hecho notorio3, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Así, de la ejecutoria dictada el veintidós de abril de dos mil veintiuno, en lo que aquí interesa, se advierte que: El veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, la Primera Sala Familiar Regional de Tlalnepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, resolvió el toca 09/2020, en la que dejó intocado la parte relativa a la guarda y custodia definitiva de los menores de iniciales E.L.H.R., B.A.H.R. y A.G.H.R., a favor de su progenitora Silvia Magali Rivera Arredondo, ya que sólo modificó lo atinente al monto de la obligación alimentaria que se fijó a cargo del aquí quejoso Roberto Hernández Soto. En la resolución de veintidós de abril de dos mil veinte, dictada en el juicio de amparo directo 460/2020, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en el apartado identificado como Medidas en favor de los menore, del noveno considerando, se resolvió que es adecuada la determinación de otorgar la guarda y custodia definitiva de los menores a favor de su progenitora, dado que de la pericial en psicología emitida por la experta Ana María Guadalupe Martínez Aguilar, realizada en los miembros de la familia, se obtiene que los niños se encuentran cercanos a ambos progenitores, pero que en el ambiente familiar se identifican con su madre y perciben que ella se involucra en sus necesidades básicas tanto físicas como afectivas, lo que adminiculado con la diversa pericial en trabajo social en la cual se adujo que en el domicilio en el cual habitan los menores se percibe un ambiente familiar de respeto, cordialidad y apoyo; por lo que determinó correcto que en la resolución respectiva, la guarda y custodia de los infantes deba quedar a cargo de su progenitora, además de que ya se encuentran integrados a los hábitos, costumbres y relaciones derivadas de esa familia. Y, al abordar el estudio del monto de pensión alimentaria, concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, a ----------, por sí y en representación de sus menores hijos de iniciales A.G.H.R., E.L.H.R. y B.A.H.R., contra el acto de la Primera Sala Familiar Regional de Tlalnepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, consistente en la sentencia de veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, dictada en el toca de apelación 9/2020, y su ejecución que EXPEDIENTES (SISE), AL SER INFORMACIÓN FIDEDIGNA Y AUTÉNTICA. atribuye al Juez Cuarto Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cuautitlán, de la referida entidad federativa, por los motivos y para los efectos ahí precisados. Por tanto, quien resuelve considera que lo relativo a la guarda y custodia definitiva de los menores es un aspecto que se ha reiterado legalmente tanto por la Primera Sala Familiar Regional de Tlalnepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, al resolver el toca 09/2020, como por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, dentro del juicio de amparo directo 60/2020, y que a la fecha de emisión del auto reclamado (treinta de abril de dos mil veintiuno), había adquirido firmeza jurídica. De ahí que se considere que el auto reclamado se emitió con la finalidad de ejecutar la sentencia definitiva dictada el veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, dentro del expediente 1790/2018, dictada por el Juez Cuarto de la Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán México, en cuanto a la parte relativa a la guarda y custodia definitiva de los menores de iniciales E.L.H.R., B.A.H.R. y A.G.H.R., decretada a favor de su progenitora Silvia Magali Rivera Arredondo; y, como consecuencia de ello, se actualice, de manera notoria y manifiesta, la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción IV del numeral 107 de la Ley de Amparo y se deseche la demanda con fundamento en el diverso artículo 113 de la Ley reglamentaria. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    CITATORIO.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE VEINTIOCHO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN LO QUE INTERESA DICE: Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintiocho de mayo de dos mil veintiuno. VISTA la demanda de amparo promovida por ---------------, por propio derecho, contra actos del Juez Cuarto de la Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán México y otras autoridades, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 21 a 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, vigente a partir del día siguiente de su publicación, se instruye a los secretarios y demás personal de este Juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, respecto de la demanda de amparo indirecto que quedó registrada con el número 484/2021-I. Anótese su ingreso en el Libro del Juzgado, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, dichos servidores públicos en el ámbito de las funciones inherentes a su cargo deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica para incorporarlas al expediente impreso. Ahora bien, el numeral 114 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente: IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada." De lo antes transcrito se desprende que dicho artículo no limita las facultades del juzgador federal para exigir la aclaración de la demanda sólo cuando se omiten los requisitos del artículo 108 de la legislación en comento, sino en forma amplia y discrecional permite observar cualquier irregularidad que pudiese obstaculizar el trámite, dado que al promover en la vía indirecta es evidente que no se tienen más datos que los que son proporcionados por la parte que promueve, con lo cual se considera prevenir a la parte quejosa cuando se estime que: 1.- Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda. 2.- Si se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de la ley de la materia, consistentes en: "Artículo 108.- La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgado de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; VI. Los preceptos que conforme al artículo 1º de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1° de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los Estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo se señalara el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y, VIII. Los conceptos de violación." 3.- No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente. 4.- No hubiere expresado con precisión el acto reclamado. 5.- No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. En consecuencia, precisado lo anterior y con apoyo en lo previsto en el artículo 114, fracciones I y III y en relación con el 108, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, se considera necesario requerir al quejoso ------------, para que dentro del plazo de CINCO DÍAS, siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad, realice lo siguiente: 1) Especifique de manera concreta si la demanda de amparo la presenta únicamente por propio derecho, o también en representación de sus menores hijos de identidad reservada de iniciales E.L.H.R., B.A.H.R. y A.G.H.R., y en este último caso, acredite mediante documentos idóneos la personalidad jurídica con la que comparece en su representación. Lo anterior, pues en el escrito de demanda refiere que es en propio derecho, sin embargo, en el capítulo de conceptos de violación transcribe el auto reclamado de treinta de abril de dos mil veintiuno, del que se advierte lo siguiente "Por presentada a ----------, con el escrito de cuenta, visto su contenido; atendiendo a que la sentencia definitiva emitida en fecha 21 veintiuno de noviembre de 2019, dos mil diecinueve, se decretó la guarda y custodia definitiva de los menores de iniciales E.L., B.A. y A.G., de apellidos H.R. a favor de la ocursante."; argumentando en el capítulo de antecedentes diversos derechos de sus hijos, de entre los cuales destaca el interés superior de los menores, lo que genera incertidumbre si también acude a esta instancia como representante legítimo de dichos menores. En el entendido de que deberá exhibir siete copias de su escrito aclaratorio y de los documentos con los que en su caso acredite la personalidad que acredite la representación legal de los menores de identidad reservada de iniciales E.L.H.R., B.A.H.R. y A.G.H.R., para correr traslado a cada una de las partes del presente asunto. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis visible a página setenta y nueve, del mes de abril de dos mil uno, sustentada por el Tribunal Pleno, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, que a la letra expresa al rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO." 2) De igual forma, deberá exhibir una copia del escrito inicial de demanda y dos del escrito de desahogo, a fin de integrar el incidente de suspensión que solicita. Se apercibe al promovente del amparo que de no dar cumplimiento al requerimiento inserto en el inciso 1), dentro del plazo concedido para tal efecto, se substanciara el presente juicio de amparo únicamente por su propio derecho; y, de no exhibir las copias especificadas en el inciso 2), el efecto será que se postergara la apertura del incidente de suspensión, como lo establece el último párrafo del citado numeral 114, hasta en tanto se cumpla con esa exigencia. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el ubicado en Calle ------------------------, Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, código postal 53100. En términos del último párrafo, del numeral 21, de la Ley de la materia, se faculta al fedatario adscrito para que de ser necesario, realice las diligencias de este sumario, en días y horas inhábiles. También, se hace del conocimiento al actuario judicial, que para llevar a cabo las notificaciones que deriven del presente juicio, deberá´ dar cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la salud de quien realice la notificación y de las personas justiciables. De igual forma, se tienen por autorizados de la parte agraviada a las personas que refiere en su escrito de demanda, y para los efectos que precisa, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones. Por otro lado, conforme el artículo 22, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este juzgador exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación del presente juicio de amparo a través del sistema de "juicio en línea"; es decir, mediante el uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Para ello, conforme a ese Acuerdo General, las partes o sus representantes, a través de una promoción electrónica desde el Portal de Servicios en Línea, deberán: 1. Solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones; y, 2. Proporcionar el nombre de usuario respectivo. En el entendido de que la actuación por este medio requiere de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, en términos de la fracción II del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, se sugiere a las partes proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se pueda entablar el contacto respectivo en los casos que se estimen necesarios, y así estar en mayor posibilidad de dar la expedites y celeridad para la integración del asunto, como lo prevé el precepto 17, constitucional. De igual modo, se hace del conocimiento de la parte quejosa el número telefónico oficial en el que puede ser contactada la Secretaria encargada del asunto, María del Rosario García Lara, a saber: 5553870500, extensión 1389, dentro de un horario de nueve a quince horas, de lunes a viernes, para la atención correspondiente al presente asunto. En diverso aspecto, se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 1º, 3º, 68, 113, 117, 118 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 70 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 47 del Reglamento para la aplicación de la mencionada ley, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes, en relación a terceros, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. Asimismo, que la información que tiene bajo su resguardo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales Colegiados y los Órganos Jurisdiccionales, es pública, con las salvedades expresamente establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quedando regulado el presente asunto por las disposiciones contenidas en la citada ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis; en la inteligencia de que conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normativa ahora existente, en lo conducente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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