Roberto Hernández Sánchez
Expediente 1246/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 12 actuaciones registradas, la última del 10 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1246/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 10/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Roberto Hernández Sánchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
MESA 4-B.- Visto el estado procesal de los autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de quince días, que el artículo 202 de la Ley de Amparo, concede para interponer recurso de inconformidad, contra el auto de ocho de marzo de dos mil diecinueve (fojas 70 a 74), mediante el cual, se tuvo por cumplida la sentencia amparadora, sin que la parte interesada lo hubiese hecho valer; en consecuencia, se tiene por consentida dicha determinación. En razón a que el presente asunto se encuentra concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, se ordena su archivo. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, generados en los Juzgado de Distrito, en sus puntos Vigésimo, y Vigésimo Primero, en los que se establecen los lineamientos para la depuración y destrucción de los juicios de amparo, al ubicarse en la hipótesis prevista en la fracción IV, párrafo segundo del punto mencionado en último término, se considera que es susceptible de depuración el presente expediente, toda vez que se concedió el amparo de la Justicia Federal; asimismo, que no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdos General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente, para los efectos legales procedentes. Consecuentemente, una vez que transcurran tres años, contados a partir de esta fecha, procédase a transferirse este juicio de amparo, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, previo aviso a la Dirección General de Estadística y Planeación del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en México, Distrito Federal, mediante oficio, para que esta transfiera en formato digital al programa que administra la Suprema Corte, todas las actuaciones judiciales que lo integran y se encuentren digitalizadas, en términos de los puntos Decimo Primero y Décimo Octavo del Acuerdo General Conjunto en comento, así como previa generación de los documentos que establece el punto Décimo Tercero del referido Acuerdo General. Una vez que transcurran cinco años, contados a partir de esta propia fecha, procédase a la depuración del presente juicio de amparo, debiéndose generar previamente los documentos por duplicado que establece el punto Vigésimo Cuarto del Acuerdo General Conjunto de mérito, a efecto de tener plena identificación del expediente destruido.
- Principal
(AVISO DE NOTIFICACIÓN).- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS QUE SE FIJA EN UN LUGAR VISIBLE MESA 4-B.- Visto el estado procesal de los autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de quince días, que el artículo 202 de la Ley de Amparo, concede para interponer recurso de inconformidad, contra el auto de ocho de marzo de dos mil diecinueve (fojas 70 a 74), mediante el cual, se tuvo por cumplida la sentencia amparadora, sin que la parte interesada lo hubiese hecho valer; en consecuencia, se tiene por consentida dicha determinación. En razón a que el presente asunto se encuentra concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, se ordena su archivo. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, generados en los Juzgado de Distrito, en sus puntos Vigésimo, y Vigésimo Primero, en los que se establecen los lineamientos para la depuración y destrucción de los juicios de amparo, al ubicarse en la hipótesis prevista en la fracción IV, párrafo segundo del punto mencionado en último término, se considera que es susceptible de depuración el presente expediente, toda vez que se concedió el amparo de la Justicia Federal; asimismo, que no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdos General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente, para los efectos legales procedentes. Consecuentemente, una vez que transcurran tres años, contados a partir de esta fecha, procédase a transferirse este juicio de amparo, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, previo aviso a la Dirección General de Estadística y Planeación del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en México, Distrito Federal, mediante oficio, para que esta transfiera en formato digital al programa que administra la Suprema Corte, todas las actuaciones judiciales que lo integran y se encuentren digitalizadas, en términos de los puntos Decimo Primero y Décimo Octavo del Acuerdo General Conjunto en comento, así como previa generación de los documentos que establece el punto Décimo Tercero del referido Acuerdo General. Una vez que transcurran cinco años, contados a partir de esta propia fecha, procédase a la depuración del presente juicio de amparo, debiéndose generar previamente los documentos por duplicado que establece el punto Vigésimo Cuarto del Acuerdo General Conjunto de mérito, a efecto de tener plena identificación del expediente destruido..."""
- Principal
MESA 4-B.- Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena agregar a los autos únicamente para que obre como corresponda el oficio y anexo signado por el Presidente de la Junta Especial número 49 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, residente en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, autoridad responsable en este juicio, sin realizar mayor pronunciamiento en cuanto a su contenido, toda vez que mediante proveído de veintiuno de febrero de dos mil diecinueve (fojas 66 a 67), se tuvo por recibida dicha información.
- Principal
MESA 4-B.- Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, con el propósito de declarar lo procedente acerca del cumplimiento de la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo. El artículo 77 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija." En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o auto de vinculación a proceso en delitos que la ley no considere como graves, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto de vinculación a proceso y el amparo se conceda por vicios formales. En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, ésta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia. En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley." De acuerdo con el artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución General de la República, la sentencia que conceda el amparo y protección de la Justicia Federal tendrá por objeto restituir a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exige. En ese contexto, en sentencia con engrose de doce de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 31 a 45), este órgano de control constitucional amparó y protegió a Roberto Hernández Sánchez en el presente juicio de amparo. En proveído de diecisiete de enero de la presente anualidad (fojas 56 a 57), esta autoridad con apoyo a los artículos 356, frcción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, Aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia por disposición expresa de su numeral 2º, se declaró que causó ejecutoria la sentencia que concedió el amparo de la Justicia federal a la parte quejosa Roberto Hernández Sánchez. Por lo tanto, en el mencionado proveído se requirió cumplimiento a la autoridad responsable Junta Especial Número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, residente en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo. En acuerdo de veintiuno de febrero del año que transcurre (fojas 66 a 67), se tuvo por recibido el oficio con folio 1252 (foja 60), signado por la Junta Especial Número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, residente en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con el que informó sobre el cumplimiento de la sentencia ejecutoria pronunciada en este juicio y remitió el Laudo de fecha treinta y uno de enero de la presente anualidad (fojas 61 a 65), dándose vista a la parte quejosa por el plazo de tres días, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera. En consecuencia, procede que el suscrito juzgador federal realice el pronunciamiento relativo, a fin de determinar si se encuentra cumplido o no el fallo protector. Ahora bien, del análisis de las constancias remitidas por la autoridad responsable las cuales están provistas de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los dispositivos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa en su ordinal 2, se obtiene que el fallo amparatorio se encuentra debidamente cumplido. Lo anterior es así, toda vez que de esas documentales, se advierte que en treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, la Junta Especial Número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, residente en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, emitió Laudo de fecha treinta y uno de enero de la presente anualidad (fojas 61 a 65), en el que la citada autoridad, dio contestación fundada, motivada, exhaustiva y congruente a las peticiones formuladas en escrito de Roberto Hernández Sánchez, de diecinueve de agosto y seis de septiembre de dos mil dieciséis. Sin que obste a lo anterior, que como lo manifestó la representante común de la parte quejosa Aidee Juvia Teco Vicente, no haya sido notificada del oficio en mención de manera personal por parte de la autoridad responsable, puesto que en proveído de siete de febrero de esta anualidad (fojas 556 a 557), se ordenó notificar dicho acuerdo, así como, correrle traslado en términos del artículo 211 de la Ley de Amparo, con el oficio con folio 560735 (foja 533), y el anexo del diverso CJG/SJC/042/2019, lo cual se realizó en la diligencia de notificación personal de once de febrero de dos mil diecinueve (foja 558). En consecuencia, se cumple el requisito de dar a conocer legalmente la respuesta de la autoridad responsable a la promovente de amparo; quedando de esa manera restituida a la parte quejosa en la violación al derecho fundamental reclamado. Por lo tanto, es evidente que la autoridad responsable ha cumplido con el fallo protector; en consecuencia, se declara cumplida la sentencia pronunciada en el juicio constitucional en que se actúa, conforme a los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo. Hágase lo anterior del conocimiento de la autoridades responsable, para los efectos legales procedentes y las anotaciones en el libro que corresponda. Notifíquese personalmente y cúmplase.
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