Roberto Hernández Hernández

Expediente 1134/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1134/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
19/12/2019

Partes del expediente

  • Roberto Hernández Hernández

Actuaciones

  1. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve. Como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con dos copias simples de la demanda de amparo, tramítese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 1134/2019, promovido por Roberto Hernández Hernández, contra los actos reclamados a Agente Municipal de El Camarón, Nejapa de Madero, Yautepec, Oaxaca y Agencia del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Local de San Carlos Yautepec, Oaxaca, y otras autoridades. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 125, 128, 130, 138, 140 y demás relativos de la Ley de Amparo, pídase a las responsables su informe previo que deberán rendir dentro del término de CUARENTA Y OCHO HORAS, enviándoles al efecto copia simple de la demanda. Hágase saber a las autoridades responsables que para rendir su informe deberán hacerlo por una sola vía, es decir, si lo rinden VÍA FAX, TELEGRAMA O CORREO ELECTRÓNICO, ya no es necesario rendirlo vía postal, salvo el caso de remisión de constancias que hayan servido de sustento para la emisión del acto reclamado. Dígase a las autoridades responsables que si desea rendir su informe previo vía fax o correo electrónico, podrán hacerlo al número telefónico 951 502-3565, o al correo electrónico 3jdo13cto@correo.cjf.gob.mx Se señalan las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL SIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTE, para que tenga verificativo la audiencia en este incidente. En la inteligencia, de que las notificaciones diversas al presente proveído deberán realizarse a las autoridades responsables por medio de lista que se publica en los estrados de este Juzgado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo; esto es, sin necesidad de que se envíen oficios para hacer del conocimiento determinaciones de mero trámite, como lo son los autos que agregan informes y difieren audiencia; a menos que, según el caso, sean trascendentales y necesaria su notificación por oficio, como si fuera de manera personal. Sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la autoridad responsable, dado que la fecha inicial señalada para la celebración de la audiencia incidental, le será notificada en este auto inicial y, por lo tanto, de no celebrarse, estará en aptitud de consultar la nueva fecha a través de la lista de acuerdos que se publica en el local de este Juzgado o en el Portal de Internet del Poder Judicial de la Federación. Apoya lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyo rubro y texto dicen: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.- Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar". Ahora bien, respecto a la suspensión provisional solicitada en relación a la orden privativa de libertad reclamada, con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, se concede la misma, para el efecto de que se mantengan las cosas en el estado en que se encuentran y la parte quejosa no sea privada de su libertad personal, medida suspensiva que surtirá efectos siempre y cuando no exista orden de aprehensión librada por autoridad judicial, no sea sorprendido el quejoso en flagrancia, cuasiflagrancia o presunción de delito, ni en caso de urgencia a que se refiere el párrafo quinto del precepto 16 de la Constitución Federal, en que el Ministerio Público puede ordenar la detención; sin que esta suspensión restrinja las facultades de las autoridades en la práctica de diligencias en investigación del delito, lo cual es actividad procesal penal insuspendible, por ser de orden público. Medida precautoria que surte sus efectos desde luego, de acuerdo con el artículo 136 de la Ley de Amparo, pero dejará de surtirlos si no se cumple con los siguientes requisitos de eficacia: a).- Que el quejoso exhiba a favor de este Juzgado, dentro del término de cinco días, garantía económica por la suma de $1,500.00 (UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en billete de depósito, o en cualquiera de las otras formas establecidas por la ley; b).- Obligadamente comparezca dentro del término de tres días ante cualquiera de las autoridades responsables señaladas como ordenadoras, para que continúe surtiendo efectos la suspensión provisional concedida, conforme a lo dispuesto por el artículo 162 de la Ley de Amparo, debiendo el quejoso dentro de las siguientes setenta y dos horas, acreditar ante este Juzgado el cumplimiento de la obligación fijada en este inciso; con apercibimiento que de no realizar ésta o no acreditarla aquí, en su caso, se hará efectiva la garantía pecuniaria en favor del Erario Federal; medidas de aseguramiento de la parte quejosa, que se implementan a efecto de salvaguardar tanto la garantía constitucional de libertad personal como el deber de perseguir los delitos. La presente suspensión durará hasta que se notifique a las autoridades señaladas como responsables la resolución interlocutoria que se dicte sobre la suspensión definitiva. Lo anterior en acatamiento a la jurisprudencia, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el página 434, Tomo XIV, septiembre de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "SUSPENSION PROVISIONAL. CUANDO SE RECLAMAN ORDENES DE DETENCION GIRADAS POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS Y EL QUEJOSO AUN NO HA SIDO PRIVADO DE SU LIBERTAD, EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE EXIGIR GARANTIA PARA QUE SURTA EFECTOS AQUELLA". Esta medida cautelar, en cuanto a su duración producirá efectos hasta que se notifique a las responsables la resolución interlocutoria que se dicte sobre la suspensión definitiva que se emita en la audiencia incidental. Respecto a la retención de su mototaxi número 18 (dieciocho); con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, no ha lugar a conceder dicha medida, toda vez que la parte quejosa no acreditó ni siquiera en forma indiciaria, su interés jurídico para la concesión de dicha medida cautelar, ya que no exhibió documento alguno por el que acredite que el vehículo que menciona es de su propiedad y que cuenta con permiso, concesión o licencia para prestar el servicio de taxi. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible a fojas 225, tomo VIII, julio de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a los meses de enero a junio de mil novecientos ochenta y ocho, que dice: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PARA OBTENERLA ES NECESARIO ACREDITAR EN FORMA INDICIARIA EL DERECHO CUYA TITULARIDAD SE INVOCA.- Para el otorgamiento de la suspensión provisional, se requiere que el quejoso en el juicio de garantías demuestre, cuando menos en forma indiciaria, que es titular de algún derecho, sea propiedad, posesión, etcétera. En caso contrario debe concluirse que no surten los requisitos de procedencia que establece el artículo 124, fracciones I y III, de la Ley de Amparo; pues, en primer lugar, no se tiene la certeza de que quien solicita la suspensión sea "agraviado"; y, además, tampoco se puede afirmar que la ejecución de los actos reclamados le cause daños y perjuicios de difícil reparación." Ahora bien, en cuanto a la suspensión provisional que se solicita del acto reclamado consistente en obligarlo a pagar la cantidad de diez mil pesos; con fundamento en el artículo 135 de la Ley de Amparo, se concede dicha medida cautelar, para el efecto de que se mantengan las cosas en el estado que actualmente guardan, y no se haga efectivo el cobro de la reparación del daño, cuya inconstitucionalidad se reclama, la que surtirá efectos previo depósito del total en efectivo por la cantidad reclamada, a nombre de la Tesorería Municipal de San Carlos Yautepec, Oaxaca, depósito que tendrá que cubrir el monto de las contribuciones, aprovechamientos, multas y accesorios que se lleguen a causar, asegurando con ello el interés fiscal, debiendo acreditar dicho depósito ante este órgano de control constitucional con las constancias respectivas. Se hace del conocimiento de las autoridades responsables que en caso de que la parte quejosa incumpla con el deposito total ordenado, dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación de esta resolución, estarán en completa aptitud de ejecutar al acto reclamado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 de la Ley de Amparo. Se tiene por autorizado en términos del artículo 12, primer párrafo, de la Ley de Amparo, a Mateo Gutiérrez Rosales. No ha lugar a tener a la parte quejosa señalando como domicilio en indicado en su demanda, toda vez que el mismo se encuentra fuera de la residencia de este Juzgado; sin embargo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, y tomando en consideración el acuerdo 1/2002, del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por el que se aprueba la redistritación judicial para la determinación de la competencia territorial de los Juzgados del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, así como la división territorial del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, teniéndose presente la imposibilidad material y jurídica que le asiste a este Juzgador de trasladarse al lugar donde se deberá verificar la encomienda, gírese despacho al Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Carlos Yautepec, Oaxaca, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, ordene a quien corresponda se constituya en domicilio ubicado en el número tres, de la calle Francisco Mina, Barrio Santa Cruz, El Camarón, Nejapa de Madero, Yautepec, Oaxaca, y requiera a la quejosa Roberto Hernández Hernández, para que en el acto de su notificación, o dentro de los tres días siguientes a la misma, señale domicilio en la ciudad de Oaxaca de Juárez, para oír y recibir notificaciones, en el entendido que las notificaciones subsecuentes aún las de carácter personal se harán por medio de lista de acuerdos, hasta en tanto subsane su omisión, conforme a lo establecido en el artículo 27, fracción II, de la ley de la materia, y hecho que sea, devuelva a la brevedad posible las constancias que acrediten el cumplimiento dado a lo anterior, apercibido que de no hacerlo, se le impondrá multa por la cantidad de cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA), en términos del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículo 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo (Publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el entendido que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), de conformidad con el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo. Toda vez que no existe impedimento legal para que las partes, o sus autorizados, puedan hacer uso del escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el Actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente incidente de suspensión, y entregue los oficios que del mismo deriven. Como se solicita, expídase copia certificada de esta determinación, teniendo por autorizada para recibirla a la persona que refiere, previa identificación y razón de recibo que se deje en autos. Dése al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, la intervención que legalmente le corresponde. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por Roberto Hernández Hernández, contra actos del Agencia del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Local de San Carlos Yautepec, Oaxaca, y otras autoridades; con registro de este Juzgado 1134/2019; con fundamento en los artículos 103, fracción I de la Constitución Federal del País, 35, 37, 107, 108, 115, 117, 124 y relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de garantías. En consecuencia, fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno, tramítese por duplicado el incidente de suspensión solicitado; pídase a las responsables su informe justificado, que deberán rendir dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciban el oficio que lo solicita, y acompañen copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe, exponiendo las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad de los actos reclamados o la improcedencia de este juicio de garantías; apercibidas que de no rendir el informe, o de no acompañar las constancias relativas, se les impondrá multa al dictar sentencia en este juicio de amparo por cantidades comprendidas en su orden, entre cien a mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), en términos del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículo 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo (Publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el entendido que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Hágase saber a las autoridades responsables que para rendir su informe deberán hacerlo por una sola vía, es decir, si lo rinden VÍA FAX, TELEGRAMA O CORREO ELECTRÓNICO, ya no es necesario rendirlo vía postal, salvo el caso de remisión de constancias que hayan servido de sustento para la emisión del acto reclamado. Dígase a las autoridades responsables que si desea rendir su informe justificado vía fax o correo electrónico, podrán hacerlo al número telefónico 951 502-3565, o al correo electrónico 3jdo13cto@correo.cjf.gob.mx Asimismo, cualquiera de las partes, deberá informar a este Juzgado Federal, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado o bien si ocurre alguna causa notoria de sobreseimiento, en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo que dice: ". Cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de inmediato al órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible acompañarán las constancias que la acrediten."; en el entendido que de no hacerlo así, se les impondrá multa entre cien a mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), en términos del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículo 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo (Publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el entendido que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos del precepto 251 de la ley de la materia. Requiérase a las autoridades responsables para que al momento de rendir su informe justificado, manifiesten si se ha promovido diverso juicio de garantías en el expediente, del cual emanan los actos reclamados, y en caso de ser así, señalen ante qué autoridad federal se radicó y remitan las constancias relativas que acrediten dicha circunstancia, apercibiéndolas que de no hacerlo, se les impondrá una multa entre cien a mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), en términos del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículo 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo (Publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el entendido que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo. Se señalan las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL QUINCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTE, para la celebración de la audiencia constitucional. En la inteligencia, de que las notificaciones diversas al presente proveído deberán realizarse a las autoridades responsables por medio de lista que se publica en los estrados de este Juzgado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo; esto es, sin necesidad de que se envíen oficios para hacer del conocimiento determinaciones de mero trámite, como lo son los autos que agregan informes y difieren audiencia; a menos que, según el caso, sean trascendentales y necesaria su notificación por oficio, como si fuera de manera personal. Sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la autoridad responsable, dado que la fecha inicial señalada para la celebración de la audiencia constitucional, le será notificada en este auto inicial y, por lo tanto, de no celebrarse, estará en aptitud de consultar la nueva fecha a través de la lista de acuerdos que se publica en el local de este Juzgado o en el Portal de Internet del Poder Judicial de la Federación. Apoya lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyo rubro y texto dicen: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.- Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar". Dése al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, la intervención que legalmente le corresponde. Se tiene por autorizado en términos del artículo 12, primer párrafo, de la Ley de Amparo, a Mateo Gutiérrez Rosales. No ha lugar a tener a la parte quejosa señalando como domicilio en indicado en su demanda, toda vez que el mismo se encuentra fuera de la residencia de este Juzgado; sin embargo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, y tomando en consideración el acuerdo 1/2002, del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por el que se aprueba la redistritación judicial para la determinación de la competencia territorial de los Juzgados del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, así como la división territorial del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, teniéndose presente la imposibilidad material y jurídica que le asiste a este Juzgador de trasladarse al lugar donde se deberá verificar la encomienda, gírese despacho al Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Carlos Yautepec, Oaxaca, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, ordene a quien corresponda se constituya en domicilio ubicado en el número tres, de la calle Francisco Mina, Barrio Santa Cruz, El Camarón, Nejapa de Madero, Yautepec, Oaxaca, y requiera a la quejosa Roberto Hernández Hernández, para que en el acto de su notificación, o dentro de los tres días siguientes a la misma, señale domicilio en la ciudad de Oaxaca de Juárez, para oír y recibir notificaciones, en el entendido que las notificaciones subsecuentes aún las de carácter personal se harán por medio de lista de acuerdos, hasta en tanto subsane su omisión, conforme a lo establecido en el artículo 27, fracción II, de la ley de la materia, y hecho que sea, devuelva a la brevedad posible las constancias que acrediten el cumplimiento dado a lo anterior, apercibido que de no hacerlo, se le impondrá multa por la cantidad de cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA), en términos del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículo 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo (Publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el entendido que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), de conformidad con el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el Actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo, y entregue los oficios que del mismo deriven. Toda vez que no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de sus autorizados o delegados, puedan hacer uso del escáner, cámaras fotográficas, o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Sin embargo, se les hace saber que las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse al proceso de fotocopiado; es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa de aquellas y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información que deba protegerse. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En apoyo de lo anterior se invoca la jurisprudencia 1a./J. 33/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I, Materia(s): Común, página 470 de rubro y texto: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 264/2011,(1) estableció que conforme a la ratio legis del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, las partes en el juicio de amparo tienen el derecho subjetivo general de solicitar, a su costa, copia certificada de las constancias que fueron integradas al expediente por la autoridad responsable a través de su informe justificado, sin que se prevea restricción alguna. Luego, acotando que la obligación de mantener la reserva y sigilo de constancias establecida en el numeral 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, está dirigida al Ministerio Público y no al Juez de Distrito, se deduce que válidamente puede autorizarse al quejoso la expedición de copias certificadas de las constancias en que aparezca la averiguación previa o la orden de aprehensión girada en su contra, cuando por virtud del informe justificado esas constancias se integren al juicio de amparo, porque no hacerlo podría generar una limitación al derecho de igualdad procesal del quejoso relacionado con el ejercicio del derecho de acceso a la justicia. Lo anterior, sin perjuicio de que conforme al artículo 113 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la información contenida en las investigaciones de delitos ante el Ministerio Público, se considera reservada, ya que tal disposición no se ve afectada cuando se trata de información concerniente a la propia persona del quejoso y el acceso a esa información redunda directamente en el ejercicio de su derecho fundamental de defensa; de ahí que la información "reservada o confidencial" contenida en la averiguación previa y/o en la orden de aprehensión aportada mediante el informe justificado, debe entenderse con esa connotación siempre que se trate de personas diversas del quejoso, o se trate de información que no esté relacionada directamente con éste, pues en este supuesto sí debe operar la protección de datos prevista en diverso numeral 114 de la mencionada ley." Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no formarán parte de éste las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponde a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; asimismo, no formarán parte las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservaran en este juzgado sin digitalizarse, finalmente con fundamento en el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, a prudente arbitrio de este juzgador, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones, las cuales quedarán a disposición de éstos en un tomo por separado. Finalmente, hágase saber a las partes que en términos del artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, pueden oponerse a la publicación de sus datos personales; y en caso de no ejercer su derecho a dicha oposición, la versión pública de la sentencia y demás resoluciones que se dicten en este asunto, se realizarán suprimiendo esos datos, para salvaguardar su identidad. NOTIFÍQUESE.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · 11,308 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano