Roberto Hernández Gutierrez

Expediente 373/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
373/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
15/06/2022

Partes del expediente

  • Roberto Hernández Gutierrez
  • Roberto Hernández Gutierrez y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, quince de junio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera el proveído de veintidós de abril del año en curso, sin que lo hubiera hecho; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2° de la Ley de la Materia, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo promovida por Roberto Hernández Gutiérrez y Fredy Bello Ojendiz, HA CAUSADO ESTADO. Hágase la anotación que corresponde en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado; así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), y del conocimiento de a la parte quejosa para los efectos legales procedentes. En consecuencia, como no quedan cuestiones pendientes de resolver, ni trámite que continuar, con fundamento en el artículo 214 de la ley de amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, vistas las constancias de autos el presente expediente carece de relevancia documental, sin que del mismo se aprecie documento alguno en original exhibido por las partes, por lo que se trata de un cuaderno sin valor institucional e histórico, lo que se hace constar de conformidad a lo señalado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación, según su artículo primero transitorio, el presente expediente es susceptible de ser DESTRUIDO. Por lo anterior, después de concluido el plazo de tres años contados a partir de la legal notificación del presente acuerdo, en términos de lo que prevén los artículos 12 y 14, en relación con el 21, inciso d), del Acuerdo General antes referido procédase a su destrucción. Aunado a lo anterior, y con fundamento en el artículo 35 del multi mencionado Acuerdo General, háganse las correspondientes indicaciones en la carátula de este expediente. Finalmente, se instruye al actuario de la adscripción para que las notificaciones que deban practicarse de manera personal, se desahoguen en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para salvaguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo indirecto promovido por Roberto Hernández Gutiérrez y Fredy Bello Ojendiz, por propio derecho, contra actos del Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia tercera Investigadora, con sede en esta ciudad, y otras autoridades. Regístrese en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "S.I.S.E", como juicio de amparo indirecto 373/2022-III-s; y fórmese expediente impreso y electrónico. CUMPLIMIENTO AL ACUERDO GENERAL 12/2020. Asimismo, se instruye al oficial judicial "C" encargado de la integración del presente expediente, la digitalización diaria de todas las promociones, documentos, así como de los acuerdos que se elaboren y toda información relacionada con el mismo, que deba ingresarse al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por su parte, el actuario judicial encargado de realizar las notificaciones que deriven del presente juicio, deberá digitalizar e integrar diariamente a dicho sistema electrónico las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren, y el secretario encargado de la mesa, deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico, coincidan en su totalidad. Lo anterior, de conformidad con el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte. DESECHAMIENTO. Ahora, antes de proveer sobre la procedencia de la admisión de la demanda de amparo, es necesario seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, uno de los cuales es el que marca su artículo 113, que es como sigue: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En principio, conviene señalar que el artículo en cita, dispone que el Juez Federal está facultado para desechar una demanda de amparo cuando advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; entendiéndose por "manifiesto", según lo que se observa en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, un motivo de improcedencia manifiesta e indudable es aquel que no requiere mayor demostración, toda vez que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda o de su ampliación. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de admitirse la ampliación de la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, y así considerarla probada, sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia, ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. A lo anterior resulta aplicable, la jurisprudencia publicada en la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo X, septiembre de 1999, página 730, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. "ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E "INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Así, del análisis íntegro del escrito de demanda, es posible para este órgano de control constitucional determinar con exactitud la intención de la parte promovente de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia; cabe invocar al respecto el criterio jurisprudencial P./J.40/2000, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página treinta y dos, tomo XI, correspondiente a abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro es el que sigue: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." De ahí que, del análisis de la demanda de amparo, se advierte de manera categórica que la parte quejosa se duele de: La Judicialización de la carpeta de investigación seguida en su contra, misma que dio origen a la causa penal 344/2021 del Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal del Estado, residente en Acapulco Guerrero, a efecto de que continué con el procedimiento hasta la celebración de la audiencia inicial de imputación . La citación o citatorio librado por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Guerrero, residente en Acapulco, con el objeto de la formulación de imputación. En el caso específico, con relación al primero de los actos reclamados, identificado con el inciso a), consistente en la judicialización de la carpeta de investigación, este Juzgado considera se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por el cual procede desechar la demanda de amparo respecto de ese acto reclamado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5º, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]" "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]". De acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia que al respecto ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el interés jurídico en el juicio de amparo constituye en realidad un derecho subjetivo, es decir, una facultad o potestad que tiene todo gobernado de acudir a la instancia constitucional, con el objeto de que se anule o se deje sin efecto un acto específico de autoridad que está afectando, de manera negativa, un derecho individualizado y legítimo del que dicho gobernado es titular y que considera violatorio de algún derecho fundamental protegido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, el interés jurídico representa uno de los presupuestos básicos para la procedencia del juicio de amparo, en el sentido que si las leyes o actos reclamados no lesionan la esfera jurídica del gobernado, no existe legitimación para entablar el juicio constitucional y, así, el quejoso debe acreditar en forma fehaciente, cuando acude en demanda de la protección constitucional, que el acto de autoridad reclamado vulnera en su perjuicio un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, o sea, que le causa un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos, de tal manera que si esta circunstancia no se encuentra plenamente acreditada, el juicio de amparo resulta improcedente. Sirve de apoyo, al no oponerse a las disposiciones de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 1a./J.168/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVII, enero de 2005, Novena Época, página 225, con el rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS". Así como la tesis 2a.LXXX/2013, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XXIV, septiembre de 2013, tomo III, Décima Época, página 1854, registro 2004501, con el rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS". Ahora, el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que son facultades de los agentes del Ministerio Público la investigación y persecución de los hechos puestos a su consideración, para determinar si son o no constitutivos de algún tipo de delito previsto en las normas sustantivas locales o federales, según sea el caso y, en su oportunidad, una vez recabados los datos de prueba necesarios, determinar el ejercicio o no ejercicio de la acción penal. De lo que se colige que la función del ente investigador es de orden público, por lo que ni la Constitución ni las leyes secundarias otorgan a los indiciados el derecho de oponerse a la continuación de una carpeta de investigación, aun cuando sean considerados probables responsables; estimar lo contrario sería tanto como anteponer el interés particular al de la sociedad, de ahí que la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos acaecidos durante la investigación inicial es excepcional y debe ser determinada en aras de preservar, al menos en su expresión mínima, la función indagatoria, a fin de no obstaculizar las facultades y obligaciones conferidas constitucionalmente al Ministerio Público, ya que es evidente que no se cumpliría con el propósito constitucional aludido, si antes de investigar y obtener datos de prueba, se decide sobre la improcedencia de la denuncia. Aunado a lo expuesto, la interpretación sistemática de los artículos 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214, 216, 217, 218 y 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, conllevan a reafirmar que la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio oral, tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los requisitos o datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal, por lo cual, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso. En efecto, el inicio, trámite y judicialización de la investigación inicial a cargo del representante social, por regla general, están exentos de cualquier acción tendiente a su suspensión o paralización, incluso, del control constitucional mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, porque los actos verificados durante esta etapa, como la integración de la carpeta respectiva por la autoridad ministerial y su judicialización, no irrogan perjuicio al gobernado, pues no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica, dado que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando el fiscal formule la imputación ante el Juez de Control, y se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Se afirma lo plasmado, porque de considerar que los actos dictados durante la sustanciación de la investigación inicial, afectan el interés jurídico o legítimo del gobernado, y con ello la procedencia del juicio de amparo, se obstaculizaría injustificadamente la potestad del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Además, de lo anterior, en la especie no puede tenerse como autoridad responsable en el juicio de amparo al Fiscal (Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Agencia Tercera Investigadora, Chilpancingo), por virtud de que, acorde con los antecedentes que narraron en el escrito de demanda, el procedimiento penal se judicializó, es decir que el Ministerio Público solicitó al Juez de Control el inicio de la audiencia inicial, por lo que en dicha etapa el representante social actúa en un plano de igualdad procesal con el imputado, debiendo en todo caso, analizarse solamente las actuaciones del Juez de Control, en donde podría abordarse la defensa inadecuada que alegan. Orienta en este sentido, la tesis I.8o.P.23 P (10a.), del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 5285, Libro 67, Junio de 2019, Tomo VI, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2020129, que dice: "MINISTERIO PÚBLICO. UNA VEZ QUE JUDICIALIZA LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, SU CALIDAD PROCESAL CAMBIA DE AUTORIDAD (ENTE ACUSADOR) A SUJETO DEL PROCEDIMIENTO CON LA CALIDAD DE PARTE, POR LO QUE SI SE PROMUEVE AMPARO INDIRECTO CONTRA SUS ACTOS EMITIDOS CON POSTERIORIDAD A ESTA FASE, EL JUICIO CONSTITUCIONAL ES IMPROCEDENTE. Si bien el Ministerio Público es la autoridad que tiene a su cargo la investigación del delito, y el ejercicio de la acción penal, en términos de los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 127 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo cierto es que una vez que el representante social judicializa la carpeta de investigación con la finalidad de formular imputación contra determinada persona, la calidad procesal del Ministerio Público cambia de autoridad (ente acusador) a sujeto del procedimiento penal con la calidad de parte, como lo establece el artículo 105 del propio código, por lo que sus actos se verifican en un plano de igualdad de condiciones adjetivas entre éste, el imputado, su defensor, la víctima u ofendido y su asesor jurídico. Bajo esa premisa, si se promueve el amparo indirecto contra sus actos emitidos con posterioridad a esta fase, como pudiera ser, por ejemplo, la conducta que adoptó durante la celebración de la audiencia inicial, el juicio de control constitucional es improcedente, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5o., fracción II, ambos de la Ley de Amparo, el cual establece el concepto de autoridad responsable para efectos del juicio de control constitucional." En consecuencia, la judicialización de la carpeta de investigación, como se dijo, resulta notoria y manifiesta la improcedencia del presente juicio, conforme a lo establecido en la fracción XII del artículo 61, en relación con el diverso 5º, fracción I, todos de la Ley de Amparo, relativo a la falta de interés jurídico y legítimo de la parte quejosa, debido a que no le causa una afectación real y actual, directa, ni derivada de su especial situación frente al orden jurídico. Por otra parte, respecto del acto reclamado precisado en el inciso b), el suscrito considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5º, fracciones I y XVII, primer párrafo, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. [.]" De los preceptos transcritos se obtiene que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado no afecte la esfera jurídica del quejoso, es decir, contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del impetrante de amparo. En ese sentido, conviene acotar que en el caso solo se realizará el estudio del interés jurídico, pues la parte quejosa, al reclamar un acto proveniente de un órgano jurisdiccional, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5º, fracción I, párrafo cuarto, en estos casos la parte quejosa debe aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa, lo que implica que en casos como el que se trata, se excluya la existencia del interés legítimo. Ahora bien, el denominado interés jurídico representa uno de los elementos básicos para la procedencia del juicio constitucional, pues si el acto reclamado no lesiona la esfera jurídica del gobernado, entonces carecerá de legitimación para instaurar el juicio constitucional, de modo que debe acreditar en forma fehaciente que el acto de autoridad reclamado vulnera en su perjuicio un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, es decir, que le causa un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos; de tal manera que si esa circunstancia no se encuentra plenamente demostrada, el juicio de amparo resultará improcedente. Entonces, la afectación al interés jurídico consiste en el derecho que asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto o norma general violatoria de derechos humanos; es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por la norma legal que se ve transgredido por el acto de autoridad o por la vigencia o aplicación de una ley a tal grado que ocasiona un perjuicio a su titular. De ahí que la procedencia de la acción constitucional exige que esta última no sea impulsada por un interés simple como suele llamarse a aquél que sin contar con respaldo legal puede tener todo gobernado para que surja o se mantenga una situación creada por la autoridad, que le es cómoda o placentera o, por el contrario, para que desaparezca o se evite la que pudiera resultarle mortificante, sino que es necesario que ese interés descanse en un derecho del gobernado derivado de la ley a exigir determinada conducta positiva o negativa y, como consecuencia lógica, que tenga como correlativo el deber del gobernante de realizar tal conducta; por eso, se afirma que hay interés jurídico cuando se cuenta con un derecho tutelado o derivado de alguna disposición legal, para exigir de la autoridad determinada conducta en reparo de un perjuicio causado por su actuar; todo lo cual debe ser materia de prueba fehaciente en el juicio constitucional relativo. En ese orden de ideas, se puede afirmar que el gobernado tendrá interés jurídico para acudir al juicio de amparo a combatir un acto de autoridad o una norma general cuando demuestre: 1) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, 2) Que el acto de autoridad afecta ese derecho; precisándose que tal afectación se materializa cuando se impone una obligación que antes no se tenía o si se elimina o restringe el derecho subjetivo de referencia. En suma, la causa de improcedencia en estudio se actualizará cuando el acto de autoridad que se combata en el juicio de amparo no incida en forma alguna en la esfera jurídica de la parte quejosa, ya sea porque no le impone obligación, o bien, porque no se tiene un derecho subjetivo específico que se vea afectado con ese acto. No está por demás destacar que la procedencia del juicio de amparo requiere que la afectación al interés jurídico se encuentre plenamente acreditada y no que pueda inferirse con base en presunciones, según lo determinó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. Entonces, el acto reclamado en análisis, resulta ser un acto fuera de juicio, que no ocasiona un perjuicio en la esfera jurídica de derechos de los quejosos, como pudiera ser una afectación a su libertad personal, puesto que la citación a audiencia inicial es una comunicación que hace el Juez de Control, en el sentido de requerirle su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará una investigación que se sigue en su contra, y se formulará la imputación respectiva, de la que puede ser o no vinculada a proceso, pues dicho acto no involucra el análisis de los hechos delictuosos o la probable participación del indiciado en su comisión, sino que simplemente se trata de la solicitud formulada por la representación social y un aviso de que la parte quejosa debe comparecer ante la autoridad jurisdiccional para la práctica de una audiencia. Tiene aplicación la jurisprudencia 1a./J.78/2018 (10ª.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo." Por lo tanto, el acto reclamado, por sí mismo, no afecta la libertad de la parte quejosa y, por ende, no es un acto susceptible de examinarse a través del juicio de amparo indirecto. Así, no puede considerarse que la citación a la audiencia inicial ocasione un perjuicio a la esfera de derechos de la parte quejosa, pues ésta sólo se puede surgir hasta en tanto la autoridad judicial determine si procede librar la correspondiente orden de aprehensión en su contra, porque incluso, su libramiento, se trata de un acto futuro de realización incierta ya que el juez correspondiente pudiera llegar a negar la medida cautelar solicitada, caso en el cual, ninguna afectación resentirá en su esfera de derechos. Por lo que ante este panorama no existe un acto tendente de manera inmediata a privar de su libertad al quejoso, ya que en todo caso será hasta que la autoridad judicial a solicitud del Ministerio Público determine librar la correspondiente orden de comparecencia o aprehensión, momento en el cual, real y efectivamente se afectará su esfera jurídica. Y si bien, el gobernado en calidad de imputado debe comparecer transitoriamente ante el juez de control, ello no puede considerarse que afecte su libertad personal, en la medida que su comparecencia únicamente busca lograr que se le informe por conducto del Ministerio Público los hechos respecto de los cuales se sigue una investigación en su contra; y en su caso continuar con el desarrollo de la audiencia inicial, pero no privará de la libertad al indiciado el auto que ordena la citación a la audiencia inicial, pues no constituye en sí la resolución que en su caso pudiera restringir su derecho de libertad, pues esta sería, como ya se destacó, la diversa en la que se determine librar la orden de comparecencia o aprehensión. Por lo cual, considerar que la citación de los aquí quejosos para la celebración de la audiencia inicial de formulación de imputación transgrede su derecho de libertad, implicaría que la presentación ante el juez de control o de enjuiciamiento de la víctima u ofendido, testigos, peritos o demás terceros involucrados y partes del proceso penal, también debe considerarse restrictiva de la libertad, lo que no puede ser así, pues lejos de beneficiar la administración de justicia y garantizar los derechos de las partes en el procedimiento, concebiría un abuso en la promoción del juicio de amparo indirecto, que a su vez daría origen a la dilatación en la celebración de las etapas que integran el nuevo sistema de justicia penal. En tales condiciones, el acto reclamado en análisis no es un acto que incida en la libertad personal de la parte quejosa; lo anterior, se insiste, toda vez que se trata de un acto que tiene por objeto formalizar la investigación que se sigue en su contra, y lo que en su caso se resuelva en dicha audiencia será lo que pueda generar perjuicio a la parte quejosa, misma que en su oportunidad puede ser impugnada en la vía correspondiente. En consecuencia, resulta notoria e indudable la actualización de las causas de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5º, fracciones I y XVII, primer párrafo, de la Ley de Amparo, porque la Judicialización de una carpeta de investigación así como la citación formulada a la parte quejosa para la celebración de la audiencia inicial de imputación, no les genera un perjuicio en su esfera jurídica; por tanto, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA QUE DIO ORIGEN A LOS PRESENTES AUTOS. AUTORIZADOS Y DOMICILIO. Se señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en los estrados de este Juzgado Federal, y como autorizados en términos amplios del artículo como sus autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Salomé Narciso Mora, toda vez que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito. Se exhorta a las partes en el presente juicio de amparo, a fin de que de ser posible, opten voluntaria y expresamente proseguir el trámite de este juicio vía electrónica, a través del esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, debiendo hacer la solicitud expresa y proporcionar el usuario previamente registrado en el referido portal; así como para que consideren proponer formas especiales y expeditas de contacto mediante las cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales (correo electrónico, mensajería instantánea, entre otras). USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por la suscrita Jueza Federal, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de 18 de marzo de 2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. De igual forma, se hace del conocimiento a las partes que de conformidad con el artículo 3° párrafo cuarto de la Ley de Amparo y el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, a partir del cuatro de enero de dos mil dieciséis, podrán tener acceso al expediente electrónico, promover por vía electrónica y solicitar la recepción de notificaciones por esa vía, ello de conformidad, 77, 79 y 93 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Servicios Tecnológicos a la tramitación Electrónica del Juicio de Amparo, las Comunicaciones Oficiales y los Procesos de Oralidad Penal en los Centros de Justicia Penal Federal. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento, se autoriza la expedición de copias simples o debidamente certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la parte quejosa y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores, fijado para la atención al público en general en días hábiles. Lo anterior queda supeditado a las gestiones pertinentes que realice la parte quejosa, establecidas en el artículo 6° del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación al modelo de atención presencial basado en citas (generación del código QR). LEY DE TRANSPARENCIA. Se hace del conocimiento de acuerdo a lo establecido en los artículos 1º, 3º, 4º, 9º y 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 6º, segundo párrafo, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la precitada Ley, , hágase del conocimiento de las partes que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es pública, accesible a cualquier persona y solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. Finamente, se instruye al actuario de la adscripción para que las notificaciones que deban practicarse de manera personal, se desahoguen en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para salvaguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables; asimismo, que de existir imposibilidad para entregar cualquiera de los oficios que deriven del presente acuerdo, por encontrarse suspendidas las labores, levante razón correspondiente y una vez reanudadas sin previo acuerdo, realice la entrega de dichas comunicaciones.

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