Roberto Guzmán Flores

Expediente 1702/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1702/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
23/11/2016

Partes del expediente

  • Roberto Guzmán Flores

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio del Décimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. En atención al contenido del oficio citado, téngase al Tribunal Colegiado remitiendo copia certificada del testimonio de la ejecutoria pronunciada en el recurso de queja QT. 122/2016; de la cual, se advierte que declaró infundado el recurso de queja interpuesto en contra del auto por el que este Juzgado de Distrito desechó la demanda de amparo. Acúsese el recibo de estilo correspondiente a la superioridad. En consecuencia, archívese el presente juicio como definitivamente concluido, previa anotación que se haga en el libro de gobierno. Por otra parte, se precisa que el presente expediente es susceptible de ser destruido y no es de relevancia documental; asimismo, este expediente deberá conservarse en el archivo de este Juzgado por el término de tres años a partir de esta fecha.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por el Actuario Judicial del Décimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito.Téngase a la autoridad de referencia informando que en acuerdo de veintinueve de septiembre del año en curso, se admitió el recurso de queja interpuesto en contra del auto de ocho de septiembre de dos mil dieciséis, dictado en el presente juicio de amparo; el cual quedó registrado como QT. 122/2016, de lo que se toma conocimiento. Notifíquese.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el escrito signado por el autorizado del quejoso, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100, todos de la Ley de Amparo, se tiene por presentado el recurso de queja, en contra del auto de ocho de septiembre del año en curso, que desechó la demanda de amparo. En tales condiciones, con apoyo en lo previsto en el numeral 101 de la ley de la materia, ríndase el informe con justificación respectivo al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito en turno, adjuntando el escrito de presentación y de expresión agravios y una copia de este último, para el Agente del Ministerio Público Federal adscrito a dicho tribunal, así como la copia certificada del juicio de amparo en que se actúa, misma que es necesaria para la resolución del citado recurso.Finalmente, se tiene por autorizada para oír y recibir notificaciones y documentos a la persona que indica. Notifíquese.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida en contra del acto de la Junta Especial Número Trece de la Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1702/2016-II. En términos de lo dispuesto en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede analizar en su integridad la demanda a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido. De la lectura integral de la demanda, se advierte que el quejoso reclama el acuerdo de veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, dictado por la Junta Especial Número Trece de la Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, en el expediente laboral 942/2015; mediante el cual hizo efectivo el apercibimiento decretado en diverso acuerdo de veintidós de junio del actual, porque el codemandado no acreditó su imposibilidad para comparecer al desahogo de una prueba pericial en materia de grafoscopia; y en consecuencia, tuvo por puestas de puño y letras las firmas del referido demandado en los documentos controvertidos. En el caso concreto, se considera que se actualiza la causa de improcedencia, prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la diversa V, del numeral 107, de la Ley de Amparo, esta última porción normativa aplicada a contrario sensu. Lo anterior obedece a que el acto reclamado de acuerdo a su naturaleza no es uno de aquellos que produzcan efectos de imposible reparación por afectar materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el estado mexicano es parte. Conforme a lo anterior, el acto reclamado en estudio por su naturaleza no es irreparable, ya que constituye una actuación procesal que no tiene efectos materiales sobre los derechos sustantivos tutelados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, al existir la posibilidad legal de la resolución que ponga fin al juicio natural sea favorable a la parte quejosa, ya que en este caso los efectos intraprocesales que ha generado la actuación de que se duele desaparecerían, pues solo produce efectos de carácter formal o adjetivo que inciden en la conducta que ha tomado en el juicio natural con vista a obtener un fallo favorable. Por tanto, si el acto reclamado en el presente juicio lo constituye el acuerdo de veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis dictado por la Junta Especial Número Trece de la Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, en el expediente laboral 942/2015, mediante el cual hizo efectivo el apercibimiento decretado en diverso acuerdo de veintidós de junio del actual, porque el codemandado no acreditó su imposibilidad para comparecer al desahogo de una prueba pericial en materia de grafoscopia; y en consecuencia, tuvo por puestas de puño y letras las firmas del referido demandado en los documentos controvertidos, es evidente que de acuerdo a su naturaleza, no constituye un acto dentro del juicio cuyos efectos sean de imposible reparación que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el estado mexicano sea parte, porque sólo producen efectos de carácter adjetivo que no necesariamente llegarán a trascender al resultado del fallo, amén de que esa determinación no priva del derecho de defensa a las partes, ni altera las cuestiones debatidas. Por tanto, al tener efectos procesales, el acto reclamado podrá impugnarse a través del juicio de amparo directo que, en su caso, se haga valer en contra del laudo que en ese asunto se llegue a dictar, en el supuesto de que la violación alegada trascienda al resultado de ese fallo, conforme a lo dispuesto en los artículos 170, fracción I, 171, primer párrafo y 172, fracción III de la Ley de Amparo. En este contexto, resulta evidente que el impetrante reclama el desahogo de una prueba que, según su criterio, se desahogó en forma contraria a la ley porque no se le fue otorgado el valor que pretendía a un certificado médico que exhibió para justificar su incomparecencia al desahogo de una pericial en grafoscopia, lo que pone de relieve que su impugnación, en su caso, constituiría una violación al procedimiento que pudiera ser combatida al momento del dictado del laudo, pues no se trata de un acto intrínseco y radicalmente inconstitucional, de forma tal que deba ser anulado sin que pueda reaparecer jamás, sino que, por tratarse de una violación procesal, de concederse el amparo directo en su contra, tendría como efecto el que se ordenara la reposición del procedimiento a partir de la actuación contraria a la ley y se acuerde lo que en derecho corresponda respecto al desahogo de dicha probanza. En este orden de ideas, en la especie las violaciones al procedimiento reclamadas no afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el quejoso se duele del apercibimiento que se le hizo efectivo por no comparecer a las instalaciones de la Junta ante la cual se ventila el juicio natural, al desahogo de una prueba pericial en materia de grafoscopia, la cual dice se desahogó en forma contraria a la ley; en consecuencia, resulta inconcuso que el acuerdo reclamado no puede considerarse como de aquéllos que inciden sobre derechos sustantivos y de ejecución irreparable; sin que resulte óbice que la quejosa alegue que el acto reclamado sí viola sus derechos sustantivos y que por tanto resulta procedente el juicio de amparo biinstancial en su contra, aludiendo a los criterios establecidos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señalan que en determinados supuestos y atendiendo a la forma en la que se pretenda desahogar la prueba, se puede actualizar la ejecución de un acto de difícil o imposible reparación, porque el acto que reclama la parte quejosa no atiende a la forma en que se pretendió desahogar la prueba pericial, como ejemplo, que la Junta hubiese obligado al quejoso a acudir a su desahogo a un sitio marcadamente distante del lugar en donde reside el demandante a desahogar una prueba, ya que esta condicionante implicaría una violación que no será posible reparar, pues aun cuando el laudo le fuera favorable, no podría recuperar lo que hubiere invertido en ese traslado; lo que en la especie como ya quedó demostrado no ocurrió. En tal guisa, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia antes invocada, pues es requisito de procedibilidad del juicio de amparo indirecto que la afectación de esos derechos sea material y debe traducirse o reflejarse en una mutación o cambio en la esfera jurídica de la parte quejosa, Por las consideraciones antes expuestas y de conformidad con lo establecido en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la diversa V, del numeral 107, de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de éste Órgano Jurisdiccional. Ahora, en atención a lo dispuesto en el primer párrafo del numeral 12 del cuerpo normativo en cita, se tiene por autorizado con todas las facultades que dicho precepto legal confiere, al profesionista que se indica, en razón de que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, al tratarse de la parte patronal quien promueve el presente juicio; y únicamente para oír y recibir notificaciones y documentos a las demás personas que indica, por así solicitarlo expresamente. Desde este momento se faculta a las partes el uso de medios electrónicos, a fin de reproducir las constancias del presente asunto, con excepción de los documentos exhibidos como prueba. Se hace del conocimiento de las partes que, a fin de respetar el derecho a la intimidad, en la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información que por normativa se clasifique como reservada, confidencial o datos personales. Para evitar dilaciones innecesarias en la substanciación del juicio, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 constitucional, que deriva en la obligación de cuidar que los juicios de amparo no queden paralizados, con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios judiciales de esta adscripción, para que las notificaciones que se practiquen en el presente asunto y sean de carácter personal, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles. Notifíquese.

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