Roberto Guillén Vázquez
Expediente 1004/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 14 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1004/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 11/04/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- ROBERTO GUILLÉN VÁZQUEZ y Otros.
- Roberto Guillén Vázquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Acapulco, Guerrero; once de abril de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Secretaria de Acuerdos de la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, residente en Chilpancingo, a través del cual informa la fecha en la que recibió el oficio 6873/2017, mediante el cual se le notifica el auto por el cual se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese.
- Principal
Acapulco, Guerrero; veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción IV, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de depuración, con excepción de la demanda y sentencia respectiva, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita. En relación al original y duplicado del incidente, se establece que al haberse negado la suspensión de los actos reclamados, se determina que ambos cuadernos son susceptibles de destrucción al encuadrar en las hipótesis previstas en la fracción III, del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto referido. Hágase constar lo anterior, tanto en la carátula del expediente principal, como del incidente de suspensión. Finalmente, dado que de autos se advierte que la Magistrada Presidenta de la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, residente en Chilpancingo, envió a este juzgado federal las actuaciones originales que integran el toca 334/2016, radicado en dicho órgano jurisdiccional; sin embargo, la misma resulta innecesaria que continúe a disposición de este juzgado, por tanto, previa certificación de su desglose remítanse a su lugar de origen. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por Tamara Anayanzing Fierros Pineda, Secretaria adscrita a este juzgado de Distrito, que autoriza y da fe.
- Principal
Acapulco, Guerrero; seis de marzo de dos mil diecisiete. Visto el estado de autos se advierte que se ordenó formar cuaderno de antecedentes debido a que el presente juicio de amparo se encontraba para proyecto de sentencia; por tanto, como ya se dictó la resolución correspondiente, agréguese el citado cuaderno al expediente principal. Notifíquese.Así lo proveyó y firma Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por Tamara Anayanzing Fierros Pineda, Secretaria adscrita al propio juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
CITATORIO: SE NOTIFICA A LAS PARTES QUEJOSAS ROBERTO GUILLÉN VÁZQUEZ, POR SU PROPIO DERECHO Y EN REPRESENTACIÓN DE LOS MENORES ROBERTO Y HÉCTOR AARÓN DE APELLIDOS GUILLÉN CASTILLO, ASÍ COMO A LA PARTE TERSERA INTERESADA DULCE GUADALUPE CASTILLO MORENO, LA RESOLUCIÓN AUTORIZADA EN FECHA VEINTIUNO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE, QUE A LA LETRA DICE: Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo número 1004/2016; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito recibido el trece de octubre de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, con residencia oficial en esta ciudad, remitido ese día por razón de turno a este Juzgado Octavo, Roberto Guillén Vázquez, por su propio derecho, promovió demanda de amparo contra la autoridad y por el acto que enseguida se menciona: AUTORIDAD RESPONSABLE: Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, Guerrero. ACTO RECLAMADO: "La resolución de fecha 12 de septiembre del año 2016, dictada dentro del toca familiar número 334/2016, mediante el cual confirma el auto de radicación de seis de enero del año 2016, emitido por la C. Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, en el expediente 1557/2015-III." SEGUNDO. Por acuerdo de catorce de octubre de dos mil dieciséis, se admitió la demanda y se registró con el número 1004/2016; se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, se ordenó emplazar a juicio a la tercero interesada y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, debido a que se reclama una resolución dictada dentro de un juicio de alimentos, la cual puede tener sobre las personas una ejecución de imposible reparación. SEGUNDO. Con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, se precisa que el quejoso reclama de la Sala Familiar responsable la resolución de doce de septiembre de dos mil dieciséis, dictada en el toca número 334/2016, mediante el cual confirmó el monto de la pensión alimenticia provisional decretada en el auto de radicación de seis de enero de dos mil dieciséis, por la Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, en el expediente número 1557/2015, relativo al juicio de divorcio incausado, promovido por Dulce Guadalupe Castillo Moreno, en contra del aquí quejoso. TERCERO. La Magistrada Presidenta de la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en Chilpancingo, Guerrero, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado; certeza que se corrobora, con los autos originales del toca familiar 334/2016 remitidos como apoyo a su informe justificado, dentro de las cuales consta la resolución reclamada de doce de septiembre de dos mil dieciséis; los cuales dada su naturaleza de documental pública, tienen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2. CUARTO.- Al no advertir causal de improcedencia ya sea de manera oficiosa o alegada por las partes, previo al estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, es conveniente puntualizar los antecedentes de la resolución reclamada, derivadas del juicio divorcio incausado allegado a este sumario por la Sala responsable y valoradas en el considerando que antecede, del cual se advierte lo siguiente: 1. Por escrito de dos de diciembre de dos mil quince, Dulce Guadalupe Castillo Moreno, por su propio derecho, demandó el divorcio incausado en contra de Roberto Guillén Vázquez, y como prestaciones reclamó entre otras las siguientes (fojas 46 a 48): a) la disolución del vínculo matrimonial. b) La disolución y liquidación de la sociedad conyugal. c) El pago de una pensión alimenticia provisional inicialmente y con posterioridad definitiva, suficientes y bastantes que garanticen las necesidades alimentarias de sus menores hijos y de demandante, en un porcentaje del 70% del sueldo y demás prestaciones ordinarias y extraordinarias quincenales que obtiene el demandado como empleado de la moral con nombre comercial PRESTA PRENDA, de razón social Mercadotecnia Tezontle, Sociedad Anónima de Capital Variable. Luego, como hechos manifestó: 1.1 Que el seis de marzo de dos mil siete, contrajo matrimonio civil con el demandado Roberto Guillén Vázquez, y al efecto exhibió copia certificada del acta de matrimonio respectiva. 1.2. Que dentro de su matrimonio procrearon dos hijos que responden a los nombres de Roberto y Héctor Aaron ambos de apellidos Guillén Castillo; de quienes exhibió sus respectivas actas de nacimiento, de las cuales se advierte que actualmente cuentan con la edad de nueve y siete años de edad respectivamente. 1.3. Que durante su matrimonio vivieron en la casa de sus padres y que dentro de la sociedad conyugal no adquirieron bienes inmuebles. 1.4. Asimismo, propuso como convenio el siguiente: * La guarda y custodia en su favor de sus menores hijos. * El pago de una pensión alimenticia definitiva en un porcentaje del 70% del sueldo y demás prestaciones ordinarias y extraordinarias quincenales que obtiene el demandado como empleado de la moral con nombre comercial PRESTA PRENDA, de razón social Mercadotecnia Tezontle, Sociedad Anónima de Capital Variable. * La convivencia de los menores hijos. * La patria potestad de los menores hijos en favor de ambos padres. 2. Mediante auto de seis de enero de dos mil dieciséis, se admitió la demanda en la vía y forma propuesta, la cual quedó registrada con el número 1557/2015-III; se ordenó emplazar a juicio al demandado; y con base en lo narrado por la actora, como medidas provisionales se decretaron las siguientes: a) la separación corporal de los cónyuges. b) prevención a la partes de abstenerse a molestar mutuamente o causar daños y perjuicios en sus bienes. c) La guarda y custodia de los menores en favor de la actora. d) se fijó una pensión alimenticia provisional en favor de la actora y de los menores habidos en matrimonio el equivalente al cincuenta por ciento (50%) del salario y demás prestaciones que previas deducciones de ley obtenga mensualmente el demandado, motivo por el cual se ordenó girar oficio a la fuente de trabajo del demandado (fojas 57 y 58). 3. Una vez emplazada la parte demandada, por escrito presentado el once de febrero de dos mil dieciséis, dicha parte interpuso recurso de apelación en contra del auto de radicación en la parte relativa a las medidas cautelares referentes a la guarda y custodia de los menores hijos en favor de la actora y al porcentaje de la pensión alimenticia provisional decretada en favor de la parte actora y de sus menores hijos, y como argumentos los siguientes (fojas 64 a 72): 3.1. En relación con la medida provisional de guarda y custodia porque con las documentales públicas que exhibió específicamente las constancias de estudios de calificaciones de fechas once de noviembre de dos mil quince expedidas por José Luis Cienfuegos Campos, se aprecia que sus menores hijos Roberto y Héctor Aaron ambos de apellidos Guillén Castillo tienen un promedio final de 8.6 y 6.5, respectivamente, observándose la falta de cuidado por parte de la actora, contraviniendo con ello el interés superior de sus menores hijos, porque no se tomó en cuenta las circunstancias de hechos, la estabilidad emocional, familiar, educativa y social de sus menores y la omisión de cuidados de su progenitora. 3.2. Respecto de la medida provisional de alimentos provisionales: a) porque de conformidad con lo dispuesto en los artículos 392 y 397 del Código Civil del Estado de Guerrero, los cuales contemplan los principios de equidad y proporcionalidad, es obligación de ambos padres dar alimentos a sus hijos, en tanto que dicho artículo prevé que los cónyuges contribuirán económicamente al sostenimiento del hogar, a su alimentación y la de sus hijos, máxime que la actora no tiene impedimento físico y mental para laborar, razón por la cual el juez debió dividir dicha obligación, además prevenir a la parte actora para que manifestara bajo protesta de decir verdad su fuente laboral. b) porque de autos no se demostró la necesidades de los acreedores de percibir los alimentos ni que el deudor tiene la capacidad económica para sufragarlos. c) porque el porcentaje decretado en forma provisional es superior al que determina la ley de la materia. d) porque la cantidad restante es insuficiente para allegarse de los alimentos de sus demás hijos -de quienes exhibió copia certificada de las actas de nacimiento-, de la mamá de éstos, los de sus padres y demás gastos personales, lo que refiere no fue tomado en cuenta por el Juez a quo para fijar el porcentaje que fijó de forma provisional. 4. Medio de impugnación admitido por acuerdo de dos de marzo de dos mil dieciséis, y remitido al tribunal de alzada por auto de dieciséis de marzo siguiente (fojas 61 y 62). 5. Por acuerdo de catorce de junio de dos mil dieciséis, el tribunal de alzada únicamente admitió el recurso de apelación interpuesto en contra de la medida provisional de alimentos provisionales, por lo cual admitió la calificación de grado realizada por la juzgadora al admitirlo en el efecto devolutivo, no así por lo que hace a la apelación propuesta en contra de la medida provisional de guarda y custodia de los menores de edad con el argumento de que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 208 del Código Procesal Civil vigente en el Estado establece que las medidas provisionales (conocidas también como medidas cautelares o precautorias), no admiten recurso alguno (fojas 73 a 74). 6. La Sala responsable mediante resolución de doce de septiembre de dos mil dieciséis, en primer orden aclaró que el único punto a resolver sería el motivo de inconformidad propuesto en contra del decretamiento de la medida provisional del alimentos provisionales, no así los relativos a la medida provisional de guarda y custodia, en razón de que por acuerdo de catorce de junio de dos mil dieciséis, determinó que no procedía admitir a trámite el recurso de apelación hecho valer en contra de la referida medida por los motivos ahí expuestos, determinación que se encuentra firme por no haber sido combatida por las partes en conflicto. Luego, en relación con la apelación interpuesta en contra del otorgamiento de la medida provisional de alimentos decretada en favor de su aún esposa Dulce Guadalupe Castillo Moreno y de sus dos menores hijos a razón del 50% del salario y demás prestaciones, determinó que los argumentos propuestos por el apelante son infundados e inoperantes con base en las siguientes razones: 6.1. En primer orden, precisó que el asunto a resolver deriva de un juicio de divorcio incausado, en tal sentido, la juzgadora primaria de conformidad con lo dispuesto en el numeral 30, fracción IV, de la Ley de Divorcio, decretó la medida provisional alimentaria en favor de la actora y de sus dos menores hijos, al prever dicho dispositivo legal que al admitirse la solicitud de divorcio, el juez dictará provisionalmente entre otras medidas, la de asegurar los alimentos que deba dar el deudor alimentario al cónyuge acreedor y a los hijos. 6.2. Que dicha determinación se realiza sin audiencia del deudor, únicamente con base en la información con que se cuenta hasta el momento de la presentación de la demanda, y que será en la sentencia definitiva cuando se determinará con base en los elementos de pruebas aportados por las partes del juicio, ya que es cuando el juzgador está en mejores condiciones de normar su criterio. 6.3. Que tomando en consideración que la finalidad de la medida provisional de alimentos es resolver momentáneamente respecto de una necesidad urgente, como lo es la de obtener recursos para sufragar la necesidad alimentaria, no era exigible que se acreditara de manera plena la necesidad de percibir los alimentos, así como las posibilidades del deudor para otorgarlos, sino que con los elementos de prueba que el juzgador primario tenga a su alcance, esto es, con los que haya allegado la parte actora, racionalmente puede decretar la medida provisional solicitada, ponderando en lo más posible el estado de necesidad de los acreedores para percibir alimentos, de su urgencia y de la capacidad económica del deudor alimentario. 6.4. Que el derecho para solicitar el pago de una pensión alimenticia provisional en favor de la actora se encuentra justificado con el acta de matrimonio civil, del que se desprende se encuentra casado con el demandado Roberto Guillén Vázquez y por cuanto hace a sus hijos menores de edad con sus respectivas actas de nacimiento; medios de prueba a los que les concedió valor probatorio pleno en términos del artículo 350 del Código Procesal Civil, documentos que concatenados con las constancias de estudios extendidas en favor de los menores determinó que acreditaban de manera provisional su necesidad de recibirlos. 6.5. Máxime que el demandado no exhibió medio de convicción alguno que acreditara que su aún cónyuge no tiene necesidad de que le proporcione sus alimentos, ya sea porque trabaje o porque cuenta con recursos económicos con el cual puede subsistir y además contribuir con los gastos alimentarios de sus menores hijos, por tal motivo, que en dicho momento no se estaba en condiciones de eximirlo a cubrírselos. 6.6. Que la parte demandada tiene la posibilidad de proporcionar los alimentos porque la parte actora reveló en el escrito de demanda que el antes citado es empleado de la empresa moral con nombre comercial PRESTA PRENDA, de razón social Mercadotecnia Tezontle, Sociedad Anónima de Capital Variable, lo que no fue contradicho por el apelante. 6.7. Luego, estimó infundado el argumento del apelante relativo a que el 50% cincuenta por ciento de sus ingresos fijado en favor de los tres acreedores alimentarios, no se ajusta al principio de proporcionalidad, en virtud de que la cantidad restante es insuficiente para allegarse de sus alimentos, la de sus otros hijos, mamá de estos, y de sus padres porque: a) no demostró que de él dependan económicamente sus padres. b) porque la ley civil en vigor no le confiere la obligación legal de darle alimentos a la mamá de sus otros hijos, debido a que el artículo 391 del Código Civil -el cual trascribe- sólo contempla a la esposa y/o concubina, carácter que la antes citada no reúne en virtud de que al encontrarse casado el apelante con la señora Dulce Guadalupe Castillo Moreno, impide se le tenga como su acreedora alimentaria a la señora Verónica Edith Peláez García, pues el artículo 494 Bis del Código Civil en vigor, dice "El concubinato es la unión de hecho entre un solo hombre y una sola mujer, que estando en aptitud de contraer matrimonio entre sí, no lo han celebrado en los términos que la Ley señala y hacen vida en común de manera notoria y permanente, situación que sólo podrá demostrarse si han procreado hijos o han vivido públicamente como marido y mujer durante más de dos años." c) porque de autos no existen pruebas relativas a cuánto ascienden los ingresos del apelante, y con el cincuenta por ciento de sus ingresos restantes se estima podrá cubrir sus propias necesidades así como la de sus otros dos acreedores alimentarios. d) que con dicha determinación no se relevaba a la actora de su obligación de alimentar a sus hijos como se lo impone el artículo 392 del Código Civil en vigor, pero como no se demostró que contara con los recursos económicos necesarios, no estaba en condiciones de ponderar o distribuir los gastos alimentarios entre ambos progenitores de los menores hijos. 7. Finalmente, confirmó el porcentaje de los alimentos provisionales fijado en el auto de radicación, sin perjuicio, de que en el transcurso del proceso se pudiera reducir, o en su caso aumentar, dependiendo de los medios de prueba que las partes allegaran al juicio, o el juzgador tuviera mayores elementos de prueba para estar en aptitud de modificarlo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley de Divorcio en vigor. Dicha resolución, es la que se reclama en esta instancia constitucional. QUINTO. Establecidos los antecedentes de la resolución reclamada se procede al estudio de los conceptos de violación. En efecto, la parte quejosa esencialmente formula los siguientes conceptos de violación: a) Que la autoridad responsable al emitir su resolución omitió resolver en relación con la medida provisional de guarda y custodia concedida en el auto de radicación, lo que transgrede en perjuicio de sus menores hijos el principio de interés superior del menor, pues la Sala responsable atento a dicho principio debió salvaguardar sus derechos procurando su bienestar e integridad física y emocional. b) porque la responsable al confirmar la medida provisional de alimentos a razón del cincuenta por ciento de su salario y demás prestaciones no tomó en consideración sus argumentos en el sentido de que ambos padres están obligados a otorgar alimentos a sus hijos, que su aún esposa no acreditó su necesidad de percibirlos, ni que ésta tuviera algún impedimento físico o mental para laborar, y tampoco que tiene otros acreedores alimentarios. Previo a dar contestación a los motivos de disenso, resulta conveniente precisar que las providencias o medidas cautelares se decretan a través de resoluciones judiciales de carácter provisional, esto es, con efectos pre procesales o intra procesales, y tienen como finalidad principal resguardar la materia sobre la que versa el juicio, o asegurar el cumplimiento de una resolución futura. En este sentido, se afirma que tales medidas se caracterizan por los siguientes elementos que le son comunes: 1. Provisionalidad o provisoriedad, en cuanto que tales medidas, decretadas antes o durante un proceso principal, sólo duran hasta la conclusión de éste, pero en ninguno de tales casos la tramitación de la medida tiene incidencia sobre el proceso principal o afecta su desarrollo; 2. Instrumentalidad o accesoriedad, en cuanto que no constituyen un fin en sí mismas, sino que nacen al servicio de un proceso principal; 3. Sumariedad o celeridad, en cuanto que, por su misma finalidad, deben tramitarse y dictarse en plazos muy breves; y por regla general, sin audiencia previa de la contraparte; y, 4. Flexibilidad, en razón de que pueden modificarse cuando varíen las circunstancias sobre las que se apoyan. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 21/98 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 18, del Tomo VII, marzo de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro y texto siguiente: "MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA. Conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la garantía de previa audiencia, establecida en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, únicamente rige respecto de los actos privativos, entendiéndose por éstos los que en sí mismos persiguen la privación, con existencia independiente, cuyos efectos son definitivos y no provisionales o accesorios. Ahora bien, las medidas cautelares constituyen resoluciones provisionales que se caracterizan, generalmente, por ser accesorias y sumarias; accesorias, en tanto la privación no constituye un fin en sí mismo; y sumarias, debido a que se tramitan en plazos breves; y cuyo objeto es, previendo el peligro en la dilación, suplir interinamente la falta de una resolución asegurando su eficacia, por lo que tales medidas, al encontrarse dirigidas a garantizar la existencia de un derecho cuyo titular estima que puede sufrir algún menoscabo, constituyen un instrumento no sólo de otra resolución, sino también del interés público, pues buscan restablecer el ordenamiento jurídico conculcado desapareciendo, provisionalmente, una situación que se reputa antijurídica; por lo que debe considerarse que la emisión de tales providencias no constituye un acto privativo, pues sus efectos provisionales quedan sujetos, indefectiblemente, a las resultas del procedimiento administrativo o jurisdiccional en el que se dicten, donde el sujeto afectado es parte y podrá aportar los elementos probatorios que considere convenientes; consecuentemente, para la imposición de las medidas en comento no rige la garantía de previa audiencia." Asimismo, en toda providencia precautoria o cautelar deben siempre encontrarse presentes dos características esenciales, que son el de apariencia del buen derecho y el de peligro en la demora. La primera de ellas, supone únicamente que sea verosímil la existencia del derecho discutido en el juicio, o que en apariencia exista, mas no exige una comprobación plena del derecho porque esto último es materia de una sentencia definitiva sobre el tema principal debatido. La segunda característica tiene implícito en su naturaleza que el fallo o resolución que decida la controversia puede demorar, por lo que la tutela preventiva o cautelar debe proveerse de inmediato, ya que de lo contrario se pondría en riesgo la materia del proceso, al poder perderse o desaparecer durante el trámite. En los procedimientos de orden familiar, se permite la imposición de medidas de carácter provisional, inclusive de oficio, cuando se trate de preservar o proteger el interés de la familia o alguno de sus miembros, especialmente tratándose de menores de edad. En primer lugar, conviene precisar que la resolución que nos ocupa deriva de un juicio de divorcio incausado, en tal sentido los artículos 44, 48, fracción II, 30, fracción IV y 47 de la Ley de Divorcio del Estado de Guerrero, que establecen: "ARTÍCULO 44.- Para los efectos de la tramitación del juicio incausado se seguirán las reglas y términos procesales señalados en el Título Segundo del Libro Segundo del Código Procesal Civil del Estado Libre y Soberano de Guerrero." "ARTÍCULO 48.- Tramitación del juicio. El divorcio incausado se tramitará de acuerdo con las reglas del juicio ordinario, con las excepciones previstas en el presente ordenamiento, con las siguientes modalidades: I. (.) II.- En caso de falta de contestación a la solicitud se declarará disuelto el vínculo matrimonial. Asimismo, si el demandado no diera contestación a la demanda y no acude a la Audiencia Previa y de Conciliación, se le tendrá por conforme con las prestaciones establecidas en el Convenio por la parte actora, debiendo el juzgador resolver en la misma sentencia que decrete la disolución del vínculo matrimonial de manera definitiva los alimentos y la guarda y custodia, quedando a salvo la disolución de la sociedad conyugal, misma que se resolverá en la vía incidental. La sentencia que decrete los alimentos y guarda y custodia definitivos será apelable en relación a estas acciones. (.)" "ARTICULO 30.- Al admitirse la solicitud de divorcio o antes si hubiera urgencia, el Juez dictará provisionalmente las medidas siguientes: I.- Separar a los cónyuges. Para este efecto el Juez verificará que el uso de la casa conyugal sea designado al cónyuge que vaya a ejercer la guarda y custodia de los hijos, salvo que a solicitud de éste optara por la separación del domicilio conyugal. El cónyuge que se separe de la casa conyugal informará al Juez el lugar de su nueva residencia; II.- Verificar que los hijos menores de siete años queden al cuidado de la cónyuge, y escuchar a los mayores de siete años para resolver con que cónyuge se quedarán, salvo que éstos decline tal prerrogativa, dictando el Juez en su caso, las medidas necesarias tendientes a la salvaguarda de los hijos; III.- Salvaguardar la integridad y seguridad de los interesados, incluyendo las de violencia familiar, donde tendrá la más amplia libertad para emitir aquellas que protejan a las víctimas; IV.- Señalar y asegurar los alimentos que debe dar el deudor alimentario al cónyuge acreedor y a los hijos. El aseguramiento podrá consistir en hipoteca, prenda, fianza, depósito de cantidad bastante a cubrir los alimentos o cualquiera otra forma de garantía suficiente a juicio del juez; V.- Las que estime convenientes para que los cónyuges no se puedan causar perjuicios en sus respectivos bienes ni en los de la sociedad conyugal en su caso. Asimismo, ordenar cuando existan bienes que puedan pertenecer a ambos cónyuges, la anotación preventiva en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado y en la oficina de catastro municipal correspondiente, así como de aquellos lugares en que se conozca que tienen bienes; y VI.- Las necesarias para salvaguardar la integridad y el cuidado de la mujer que se encuentre en estado de gravidez clínica." "ARTICULO 47.- Medidas de aseguramiento de carácter personal. Al admitirse la solicitud de divorcio y la contestación a la misma, se dictarán provisionalmente y mientras dure el juicio, las medidas que procedan en términos de la Ley de Divorcio del Estado y aquellas que a juicio del juzgador considere pertinentes. El monto de la pensión alimenticia y la resolución que la establece pueden ser modificados durante el juicio cuando cambien las circunstancias o el juzgador tenga mayores datos sobre las posibilidades económicas y posición de los cónyuges." El primero y segundo de los dispositivos legales transcritos precisan que para la tramitación del divorcio incausado se seguirán las reglas y términos procesales señalados en el Título Segundo del Libro Segundo del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, correspondiente al juicio ordinario con las excepciones y modalidades previstas en la Ley de Divorcio; en tanto que el artículo 30, fracción IV y 47, disponen que al admitirse la solicitud de divorcio incausado, o antes si hubiera urgencia, el juez dictará entre otras medidas la de los alimentos que deba dar el deudor alimentario al cónyuge acreedor y a los hijos, cuyo monto y la resolución que la establece pueden ser modificados durante el juicio cuando cambien las circunstancias o el juzgador tenga mayores datos sobre las posibilidades económicas y posición de los cónyuges. Asimismo, los artículos 520, 520-Bis y 563 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, disponen: "Artículo 520.- Orden público de los asuntos del orden familiar. Todos los asuntos inherentes a la familia se considerarán de orden público por constituir la base de la integración de la sociedad, estando facultado el juzgador para intervenir de oficio en los asuntos que afecten a la familia, especialmente tratándose de menores, de los alimentos y de cuestiones relacionadas con violencia familiar, decretando las medidas cautelares que tiendan a preservarla y a proteger a sus miembros dentro de los lineamientos legales previstos en el Libro Segundo Título Primero Capítulos IV y VI de este Código. Por tanto, en todos los asuntos que verse este Título, tratándose de los menores, deberá tener intervención el Ministerio Público y el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia". Artículo 520 Bis.- Para los procedimientos previstos en el presente Título se observarán los principios siguientes: (.) II. Interés superior de la infancia. El juzgador tratándose de procedimientos que involucren a menores de edad, deberá garantizarles a éstas sus derechos, procurando su bienestar e integridad física y emocional; (.) Artículo 522.- Reglas generales aplicables a los asuntos de orden familiar. En los juicios del orden familiar regirán las siguientes reglas generales: (.) V. En los juicios o acciones donde se encuentren inmersos menores de edad, el juzgador emitirá sus decisiones y determinaciones atendiendo al interés superior del menor, privilegiando los derechos fundamentales de los niños, por encima de cualquier otro, para ello, el juzgador no estará sujeto a resolver solamente con las pruebas que aporten las partes, sino que ejercerá las pruebas e investigaciones de oficio que considere pertinentes a fin de garantizar el bien y la protección de los menores. Asimismo deberá resolver sobre las medidas provisionales y aquellas que tiendan (sic) la preservación de los derechos del menor de manera oportuna. Artículo 563.- Demanda. En el juicio de alimentos la demanda podrá presentarse por, escrito o expresarse por comparecencia personal ante el juzgador, debiendo acompañarse los documentos en que funde su derecho. El Juez fijará en un plazo no mayor a tres días, la pensión alimenticia provisional, sin que para ello medie audiencia del deudor alimentario, mientras se resuelve el juicio. Hecho lo anterior, el Juez girará oficio al centro laboral del demandado, al Registro Público de la Propiedad del Comercio y Crédito Agrícola del Estado, a las instituciones de seguridad social, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Federal, a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, y a la Contraloría General del Estado o a la Auditoría General del Estado, según corresponda, para que informen sobre sueldos, prestaciones, ingresos y bienes declarados por el deudor alimentario, debiéndose remitir la información solicitada en un plazo no mayor a ocho días, con el apercibimiento de que de no hacerlo se aplicarás medidas de apremio". De la intelección de los dispositivos legales transcritos se obtiene que el juez está facultado para intervenir de oficio en los asuntos que afecten a la familia especialmente en caso de menores, de alimentos y de cuestiones relacionadas con violencia familiar, decretando las medidas cautelares que tiendan a preservar los derechos de los menores de manera oportuna; y que en tratándose de la pensión alimenticia provisional podrá fijarla sin audiencia del deudor alimentario, mientras se resuelve el juicio. De modo que los alimentos provisionales, son una medida cautelar de carácter especialísimo, por estar destinada a cubrir necesidades impostergables de personas colocadas en situación de desamparo, las cuales son una prioridad de orden público, de naturaleza urgente e inaplazable, que se decretan con el fin de asegurar la subsistencia de quienes los demandan mientras se resuelve en definitiva el juicio respectivo. Entonces, en tratándose de alimentos provisionales de menores debe atenderse cardinalmente a un principio de urgencia, pero siempre ponderando el interés superior de dicho menor. Ello a diferencia de los alimentos definitivos, porque si bien es verdad para decretarla debe observarse el mismo principio de interés superior del menor, lo cierto es que también deben ponderarse todos los elementos probatorios que se hayan rendido en el expediente a fin de resolver en definitiva las cuestiones que se susciten sobre el derecho -legitimación del acreedor- y monto de recibir alimentos, o bien, una vez que se cuestionen tales aspectos mediante en el incidente de cancelación o reducción de la pensión alimenticia provisional, respectivos. En el caso específico, como se advierte de la relación de antecedentes fijada en la presente resolución, la aquí tercero interesado fue quien promovió el divorcio incausado en el que solicitó el pago de una pensión alimenticia provisional inicialmente en su favor y de sus menores hijos Roberto y Héctor Aaron ambos de apellido Guillen Castillo, procreados durante su matrimonio, para garantizar sus necesidades alimentarias. Consecuentemente, el juez de primera instancia mediante auto de seis de seis de enero de dos mil dieciséis, decretó de oficio entre otras medidas la de una pensión alimenticia provisional en favor de los citados acreedores alimentarios a razón del cincuenta por ciento de su salario y percepciones; decisión que fue impugnada por el ahora quejoso a través del recurso de apelación, la cual fue confirmada por la sala responsable, quien consideró infundados e inoperantes los agravios planteados por el apelante en contra de dicha determinación. En ese sentido, del contraste del marco normativo destacado con antelación y el motivo de disenso precisado en el inciso b) que antecede, se estima infundado dicho concepto de violación. Para arribar a tal conclusión se debe atender la circunstancia de que, como lo indicó la Sala responsable, el Juez de primera instancia apoyó el sentido de su decisión en los medios probatorios que obraban en su poder al momento de otorgar la citada medida de alimentos provisionales en favor de los acreedores alimentarios, así como en los hechos narrados por la parte actora, de modo que la intelección de tales extremos le ofrecían la información que indicaba de manera indiciaria o presuntivamente que los referidos acreedores eran la esposa y los hijos menores del deudor alimentario. Por ello, en principio puede estimarse razonable la determinación que adoptó el juez de la causa y que confirmó la sala responsable, ya que las circunstancias aducidas por el quejoso, que esencialmente consisten en el hecho de que también proporciona alimentos a otros acreedores, porque se trata de dos núcleos familiares distintos. De modo que al no haberse introducido evidencia que revele la capacidad económica del deudor alimentario y las necesidades particulares de cada uno de esos núcleos familiares para que en proporción de lo primero sean sufragadas las segundas, la decisión de imponer una pensión alimenticia del cincuenta por ciento de las percepciones del quejoso en favor de los acreedores alimentarios pertenecientes a un núcleo familiar y estimar apto el restante porcentaje de sus ingresos para sufragar las necesidades propias y de los demás acreedores adquiere congruencia. Más aun, aquella determinación es susceptible de modificarse durante el juicio de modo que con base en los demás elementos de pruebas aportados por las partes, y los datos que aporten sobre las posibilidades económicas y posición de los cónyuges, es que podrá graduarse la decisión con mayor apego a los parámetros de proporcionalidad establecidos en la ley, de ahí que tal decisión no se advierta violatoria de los derechos sustantivos de legalidad y seguridad jurídica del solicitante del amparo, como deudor alimentario. En efecto, la obligación de pagar alimentos provisionales es de naturaleza especial, puesto que tiende a satisfacer una necesidad apremiante, por ello aun cuando dichos alimentos se decretan sin oír al que deba ministrarlos, ello no implica que haya sido condenado sin haber sido oído y vencido, sino que como se explicó, se sustenta en el carácter de provisional y urgente de la necesidad de alimentos, cuya obligación de ministrarlos es de orden público e interés social, pero es susceptible de modificarse durante el juicio o al resolverse en definitiva sobre la petición planteada. Apoya a lo anterior, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 788 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, Décima Época, Materia(s): Civil de rubro: "ALIMENTOS. LA OBLIGACIÓN DE PROPORCIONARLOS ES DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL. La procuración de alimentos trasciende de los integrantes del grupo familiar, al ser su cumplimiento de interés social y orden público. Así, el Estado tiene el deber de vigilar que entre las personas que se deben esta asistencia, se procuren de los medios y recursos suficientes cuando alguno de los integrantes del grupo familiar carezca de los mismos y se encuentre en la imposibilidad real de obtenerlos. Por lo tanto, los alimentos gozan de ciertas características que se deben privilegiar dado el fin social que se protege a través de los mismos, esto es, la satisfacción de las necesidades del integrante del grupo familiar que no tiene los medios para allegarse de los recursos necesarios para su subsistencia. Tiene aplicación a lo anterior por analogía en lo que respecta a que en las medidas precautorias no se requieren prueba plena dada la urgencia de otorgarlas, la tesis aislada III.1o.C.184 C (9a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible a página 796, Libro IX, Junio de 2012, Tomo 2, al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, del rubro y texto siguiente: "ALIMENTOS PROVISIONALES. AL TRATARSE DE UNA MEDIDA PRECAUTORIA, LA URGENCIA Y NECESIDAD DE AQUÉLLOS NO REQUIEREN PRUEBA PLENA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). El artículo 694 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco regula, entre otras cuestiones, la fijación de los alimentos que han de otorgarse en forma provisional, para lo cual estatuye que en caso de que hubiese necesidad de fijar y asegurar una pensión por concepto de alimentos provisionales, el Juez, sin correr traslado a la contraparte, verificará que el demandante acredite, la urgencia y necesidad de dicha medida y que justifique, cuando menos, la posibilidad del que debe darlos. Luego, es evidente que esas diligencias provisionales tienen como finalidad resolver momentáneamente respecto de una necesidad urgente, como es la de obtener recursos para sufragar la necesidad alimentaria; por lo que el tipo de pruebas que se exigen para que el Juez pueda decretar esa medida girará en torno a dos aspectos: a) su necesidad y urgencia; y, b) la posibilidad de satisfacerla por parte del deudor alimentario. Así, la prueba relativa a la posibilidad económica del deudor alimentario debe dar idea al juzgador sobre el alcance económico de quien ha de pagar esa prestación, y la relativa a la necesidad y urgencia de la medida también debe ser suficiente para demostrar el estado de necesidad de los alimentos y de la urgencia de recibirlos, puesto que se trata de una medida provisional, y todavía está por tramitarse el juicio en donde habrán de probarse plenamente esos dos aspectos para fijar una pensión alimenticia definitiva; de ahí que es ilegal exigir una prueba plena, de carácter indubitable, porque entonces dejaría de tener justificación el juicio que se llevará para debatir sobre el derecho, necesidad de percibirlos y capacidad para pagar los alimentos en definitiva. Por tanto, es en el juicio en donde deben quedar plenamente probadas esa necesidad y esa urgencia, y en la medida precautoria deberá desahogarse prueba que racionalmente convenza al juzgador de la necesidad de percibir alimentos, de su urgencia y de la capacidad económica del deudor alimentario". Asimismo, del análisis de la resolución reclamada contrario a lo sostenido por la parte quejosa, la Sala responsable si tomó en cuenta sus argumentos relativos a que dicha medida era incorrecta porque ambos padres están obligados a otorgar los alimentos, así como el relativo a que su aún esposa no acreditó la necesidad de los alimentos, ni mucho menos que tuviera algún impedimento físico o mental para laborar, y el de que tiene otros acreedores alimentarios, en razón de que como se advierte de los antecedentes destacados específicamente en el punto 6, tales agravios fueron calificados como infundados atento a las consideraciones resumidas en los puntos del 6.1. al 6.7., pues en estos la Sala responsable argumentó: a) Que de conformidad con las disposiciones legales que reglamentan la referida medida provisional, se realiza sin audiencia del deudor, únicamente con base en la información con que se cuenta hasta el momento de la presentación de la demanda, lo que puede modificarse en el transcurso del proceso, según los medios de prueba que las partes alleguen al juicio. b) Que la finalidad de la medida provisional de alimentos es resolver momentáneamente respecto de una necesidad urgente, como lo es la de obtener recursos para sufragar la necesidad alimentaria, y por tanto, no era exigible que se acreditara de manera plena la necesidad para percibir los alimentos, así como las posibilidades del deudor para otorgarlos, sino sólo con los elementos de prueba que el juzgador primario tenga a su alcance, esto es, con los que haya allegado la parte actora, racionalmente puede decretar la medida provisional solicitada, ponderando en lo más posible el estado de necesidad de los acreedores para percibir alimentos, de su urgencia y de la capacidad económica del deudor alimentario. c) Que el derecho para solicitar el pago de una pensión alimenticia provisional en favor de la actora se encuentra justificado con el acta de matrimonio civil, del que se desprende se encuentra casado con el demandado Roberto Guillén Vázquez y por cuanto hace a los menores de edad con sus respectivas actas de nacimiento, medios de prueba a los que les concedió valor probatorio pleno en términos del artículo 350 del Código Procesal Civil, documentos que concatenados con las constancias de estudios extendidas en favor de los menores ponen de manifiesto de manera provisional su necesidad de recibirlos, aunado a que el demandado no exhibió medio de convicción alguno que acreditara que su aún cónyuge no tiene necesidad de que le proporcione sus alimentos, ya sea porque trabaje o porque cuente con recursos económicos con el cual pueda subsistir y además contribuir con los gastos alimentarios de sus menores hijos, por tal motivo, que en dicho momento no estaba en condiciones de eximirlo a cubrírselos. e. Luego, en relación con el argumento del apelante relativo a que el 50% cincuenta por ciento de sus ingresos fijado en favor de los tres acreedores alimentarios, no se ajusta al principio de proporcionalidad, en virtud de que la cantidad restante es insuficiente para allegarse de sus alimentos, la de sus otros hijos, mamá de estos, y de sus padres, también lo estimó infundado porque: e.1. no demostró que de él dependan económicamente sus padres. e.2. porque la ley civil en vigor no le confiere la obligación legal de darle alimentos a la mamá de sus otros hijos, debido a que el artículo 391 del Código Civil -el cual trascribe- sólo contempla a la esposa y/o concubina, carácter que la antes citada no reúne en virtud de que al encontrarse casado el apelante con la señora Dulce Guadalupe Castillo Moreno, impide se le tenga como su acreedora alimentaria a la señora Verónica Edith Peláez García, en tanto que el artículo 494 Bis del Código Civil en vigor, dice "El concubinato es la unión de hecho entre un solo hombre y una sola mujer, que estando en aptitud de contraer matrimonio entre sí, no lo han celebrado en los términos que la Ley señala y hacen vida en común de manera notoria y permanente, situación que sólo podrá demostrarse si han procreado hijos o han vivido públicamente como marido y mujer durante más de dos años." e.3. porque de autos no existen pruebas relativas a cuánto ascienden los ingresos del apelante, y con el cincuenta por ciento de sus ingresos restantes estimó pueden cubrirse sus propias necesidades así como la de sus otros dos acreedores alimentarios. e.4. que si bien con dicha determinación no se relevaba a la actora de su obligación de alimentar a sus hijos como se lo impone el artículo 392 del Código Civil en vigor, no se demostró que dicha parte contara con los recursos económicos necesarios, y por ende, no estaba en condiciones de ponderar o distribuir los gastos alimentarios entre ambos progenitores de los menores hijos. Argumentos respecto de los cuales la parte quejosa no formuló razonamiento jurídico alguno que revelara su ilegalidad, dado que las consideraciones torales de la determinación reclamada no fueron objeto de controversia, sino únicamente de inconformidad sobre la base de que al no ser acorde a sus pretensiones, no fueron atendidas; lo que resulta inexacto al tenor de lo reseñado con antelación. Por otro lado, en torno al motivo de disenso precisado en el inciso a), se advierte que también resulta infundado, habida cuenta que la parte quejosa refiere que la autoridad responsable fue omisa en pronunciarse sobre las cuestiones que expuso como agravios atinentes a la guardia y custodia de sus menores hijos; sin embargo, como se indicó en el apartado relativo a los antecedentes del acto reclamado, particularmente lo reseñado en los puntos 5 y 6 que anteceden, aquella medida cautelar no fue objeto de análisis en la resolución sujeta a examen. En efecto, la autoridad responsable desde que se pronunció sobre la admisión del recurso, indicó que las cuestiones atinentes a la guardia y custodia no eran susceptibles de ser apeladas por disposición legal (artículo 208 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guerrero), de modo que contrario a lo alegado por el quejoso, no se observa que la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero hubiera incurrido en la omisión acusada. Por ello, este juzgado de Distrito está impedido legalmente para dilucidar sobre la legalidad de la decisión contenida en el proveído de catorce de junio de dos mil dieciséis, habida cuenta que no constituye la litis en la presente instancia constitucional. En este punto, no se soslaya que en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -en la parte que interesa-, encontramos los lineamientos atinentes a la protección de los derechos de la familia, y particularmente en lo que corresponde a los derechos de las niñas y los niños, en los siguientes términos: "Artículo 4º.- El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. (.) En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez." En concatenación con lo anterior, en la Convención sobre los Derechos del Niño adoptada en la ciudad de New York el veinte de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, de la que forma parte el Estado Mexicano, se establece en lo que interesa, lo siguiente: "Artículo 3. 1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. 3 Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada. Artículo 4. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención. En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estadas Partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional. (.) Artículo 6 1. Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida. 2. Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño. (.) Artículo 18 1. Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño. Incumbirá a los padres o, en su caso, a los representantes legales la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación fundamental será el interés superior del niño. 2. A los efectos de garantizar y promover los derechos enunciados en la presente Convención, los Estados Partes prestarán la asistencia apropiada a los padres y a los representantes legales para el desempeño de sus funciones en lo que respecta a la crianza del niño y velarán por la creación de instituciones, instalaciones y servicios para el cuidado de los niños. 3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para que los niños cuyos padres trabajan tengan derecho a beneficiarse de los servicios e instalaciones de guarda de niños para los que reúnan las condiciones requeridas. (.) Artículo 27 1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. 2. A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del niño. 3. Los Estados Partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y con arreglo a sus medios, adoptarán medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas responsables por el niño a dar efectividad a este derecho y, en caso necesario, proporcionarán asistencia material y programas de apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda. (.)" De las disposiciones constitucional y del instrumento internacional mencionados con antelación queda de relieve, en primer término, que es obligación del Estado Mexicano, como suscriptor de dicho instrumento internacional, adoptar las medidas necesarias para garantizar y proteger los derechos de los niños. De igual modo, se observa el reconocimiento del deber de los padres en torno a su obligación de crianza y desarrollo del menor, así como la obligación concomitante de los Estados parte de proporcionar la asistencia apropiada para el cumplimiento de dicho deber. Por otro lado, en el último de los preceptos invocados de la Convención Sobre los Derechos del Niño, se observa que aquel deber de crianza también lleva contenido el deber de los padres de ministrar alimentos a los menores de edad, aspecto que no sólo se compone de una mera condición de nutrición, sino de la satisfacción de todas aquellas circunstancias para que el sujeto protegido por la norma internacional goce del derecho fundamental involucrado, mediante un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social, a través de la satisfacción de sus necesidades de vestido, vivienda, esparcimiento, educación, etcétera, lo que habrá de proporcionarse conforme a las posibilidades y medios económicos de los padres. Sin embargo, aquellas disposiciones en modo alguno implican que las cuestiones atinentes a la guardia y custodia deban ser analizadas sin sujetarse a las reglas vigentes que estableció el legislador precisamente para materializar y dar operatividad y eficacia a tal derecho sustantivo reconocido en favor de los menores de edad, máxime que ese tema, al ser una cuestión trascendental para el sano desarrollo de los sujetos protegidos por la norma, debe resolverse integralmente atendiendo tanto a las circunstancias personales del menor de edad, como de quienes conforman su entorno, de ahí que sea en la decisión definitiva que dirima sobre el particular, en la que habrá de ponderarse la totalidad de las circunstancias aducidas por el quejoso a efecto de que se adopte la medida que en mayor proporción cristalice el principio constitucional del interés superior del menor; lo anterior, aunado a que la Ley de Divorcio del Estado de Guerrero, específicamente en sus artículos 7, 7 bis, 23, 30, 31 y 32, establecen los parámetros para dilucidar sobre el particular con mayores elementos de prueba, sin perjuicio de que ello sea objeto de una instancia especializada, y se atiendan las disposiciones que sobre el tema en particular establece la legislación procesal aplicable. Es ilustrativa, la tesis de jurisprudencia número 23/2014, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 450, del Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Civil, Décimo Época de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "GUARDA Y CUSTODIA DE LOS MENORES DE EDAD. ELEMENTOS A LOS QUE HA DE ATENDER EL JUEZ AL MOMENTO DE MOTIVAR SU DECISIÓN. El interés superior de los menores, previsto en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como criterio ordenador, ha de guiar cualquier decisión sobre guarda y custodia de menores de edad. Dicho de otro modo, el interés del menor constituye el límite y punto de referencia último de la institución de la guarda y custodia, así como de su propia operatividad y eficacia. En consecuencia, al interpretar la norma aplicable al caso concreto, el juez habrá de atender, para la adopción de la medida debatida, a los elementos personales, familiares, materiales, sociales y culturales que concurren en una familia determinada, buscando lo que se entiende mejor para los hijos, para su desarrollo integral, su personalidad, su formación psíquica y física, teniendo presente los elementos individualizados como criterios orientadores, sopesando las necesidades de atención, de cariño, de alimentación, de educación y ayuda escolar, de desahogo material, de sosiego y clima de equilibrio para su desarrollo, las pautas de conducta de su entorno y sus progenitores, el buen ambiente social y familiar que pueden ofrecerles, sus afectos y relaciones con ellos, en especial si existe un rechazo o una especial identificación; la edad y capacidad de autoabastecerse de los menores, entre muchos otros elementos que se presenten en cada caso concreto. Por ende, al tratarse de una medida cautelar que por su naturaleza no requiere de pruebas plenas; se aprecia que los elementos con los que dispuso el juez de la causa son objetivamente aptos para considerar que dicha medida es proporcional con el hecho, ya que se otorgó la guardia y custodia temporal a la madre de los menores de edad, quienes por las características aducidas, particularmente su edad, se estima que su desarrollo será más adecuado bajo el cuidado de la madre, aunado a que el promedio escolar de aquéllos no es un reflejo objetivamente ponderable como una circunstancia que revele descuido o abandono, por lo que en todo caso, la decisión de segregar del recurso de apelación el tema atinente a la guardia y custodia no se observa violatorio de aquel principio constitucional. En las relatadas condiciones, al resultar infundados los conceptos de violación, lo que corresponde es negar el amparo solicitado. Por lo anteriormente expuesto y con apoyo además en los artículos 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Roberto Guillén Vázquez, en contra de la resolución de doce de septiembre de dos mil dieciséis, dictada por la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, en los autos del toca familiar número 334/2016, por las consideraciones precisadas en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman. Así lo resolvió y firma el Licenciado Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, el veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, asistido por Lucina Antonieta Dávila Ponce, Secretaria que autoriza. Doy fe. 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