Roberto Guerrero Aguiar

Expediente 310/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 5 actuaciones registradas, la última del 26 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
310/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
26/08/2021

Partes del expediente

  • Roberto Guerrero Aguiar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, veintiséis de agosto de dos mil veintiuno. Vistos los oficios de cuenta, toda vez que se recibieron a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), en términos de los artículos 22 y 81 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, intégrense en formato impreso. Ahora bien, en atención a su contenido, téngase al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, remitiendo el testimonio de la resolución emitida en sesión de cinco de agosto de dos mil veintiuno, en el expediente 130/2021 de su índice, en el cual se declaró infundado el recurso de queja interpuesto por el autorizado de la parte quejosa, contra el auto de veintinueve de abril actual. En consecuencia, acúsese recibo al Tribunal oficiante, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en la carátula del expediente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En atención a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d) del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales" publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se decreta que este expediente es susceptible de destrucción, debido a que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 de dicho ordenamiento, lo que deberá hacerse constar en la carátula de este expediente. En el entendido que el expediente se conservará por el término de tres años, contados a partir de haberse notificado el presente auto, y una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes treinta días, deberá destruirse y remitir el acta de baja correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, así como realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes S.I.S.E.). Finalmente, en razón del trabajo a distancia implementado en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus Covid-19 y atendiendo al número reducido de personal que acude de forma física a las labores diarias en este Juzgado de Distrito, el presente acuerdo se firma de manera electrónica por el Juez y la Secretaria para constancia de su validez en el expediente electrónico respectivo; lo anterior, acorde con los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por cuanto a su vigencia en los diversos 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021 y 9/2021 emitidos por el Pleno del citado Consejo, así como los artículos 2, fracción XV, 3, fracciones I y VII y 22, párrafo primero del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.

  2. Principal

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno. Visto el oficio enviado a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), en términos de los artículos 3, fracción III y 22, párrafo tercero del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, intégrese en formato impreso. En ese tenor, téngase al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, informando que admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por el autorizado en términos amplios de la parte quejosa contra el proveído de veintinueve de abril de dos mil veintiuno, dictado en el expediente en que se actúa; en consecuencia, estese en espera que la Superioridad remita copia certificada de la resolución que dicte en el expediente 130/2021 de su índice, para estar en posibilidad de proveer lo conducente. Finalmente, en razón del trabajo a distancia implementado en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus Covid-19 y atendiendo al número reducido de personal que acude de forma física a las labores diarias en este Juzgado de Distrito, el presente acuerdo se firma de manera electrónica por el Juez y la Secretaria para constancia de su validez en el expediente electrónico respectivo; lo anterior, acorde con los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por cuanto a su vigencia en los diversos 25/2020, 37/2020 y 1/2021 emitidos por el Pleno del citado Consejo, así como los artículos 2, fracción XV, 3, fracciones I y VII y 22, párrafo primero del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.

  3. Principal

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, trece de mayo de dos mil veintiuno. Visto el escrito enviado por el autorizado en términos amplios de la parte quejosa, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), en términos de los artículos 3, fracción III y 22, párrafo tercero del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, intégrese en formato impreso. En ese tenor, se le tiene interponiendo recurso de queja contra el auto de veintinueve de abril de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó la demanda de amparo. En ese contexto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, con apoyo en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, dese trámite al recurso de queja que interpone. Asimismo, ríndase el informe respectivo en el sentido que ES CIERTO EL ACTO IMPUGNADO, cuya legalidad se sostiene por sus propios fundamentos y consideraciones. En ese orden, una vez notificadas las partes del presente acuerdo, póngase a disposición del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, en turno, la versión electrónica del expediente en que se actúa a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, para la substanciación de tal medio de defensa, de conformidad con lo establecido en el artículo 73 del "ACUERDO GENERAL 12/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y EL USO DE VIDEOCONFERENCIAS EN TODOS LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A CARGO DEL PROPIO CONSEJO" en relación con el diverso 39 del "ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19". Instrúyase a la Analista Jurídico encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), para que realice los trámites necesarios en el aludido sistema, a fin de hacer disponible el expediente electrónico para el Tribunal Colegiado que corresponda conocer del citado recurso. En el entendido que, para dar cumplimiento a lo anterior, deberán acatarse las reglas de turno establecidas en la Circular DGGJ/0012/2020 emitida por la Titular de la Dirección General de Gestión Judicial, esto es, solicitarse mediante correo electrónico a la Oficina de Correspondía Común que corresponda. En ese tenor, de considerarlo necesario la superioridad correspondiente, se ordenará remitir físicamente las constancias, previo a formar cuaderno de antecedentes para debida constancia. No es obstáculo que de la interpretación conjunta de los artículos 99 y 100 de la Ley de Amparo, se concluya que cuando el recurso de queja se interponga en forma impresa, la parte recurrente debe señalar las constancias que en copia certificada deben remitirse al órgano jurisdiccional que deba resolver del recurso, y que una vez notificadas las demás partes del medio de impugnación interpuesto, debe otorgárseles el término de tres días para que, igualmente, indiquen las constancias que, en copia certificada, consideren deben remitirse al Tribunal Colegiado correspondiente; sin embargo, atendiendo al auto que se combate por el recurso de queja, en el caso el desechamiento de la demanda, y a que el recurso que se acuerda se promovió de forma electrónica, se considera que tal tramitación resulta innecesaria. En la inteligencia que, se autoriza a la Secretaria para que firme electrónicamente el oficio que se libre para tal efecto, así como el envío de las constancias destacadas a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; las anteriores determinaciones se toman en atención a la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, derivada de la epidemia de enfermedad generada por el virus SARSCoV2 (COVID-19), a fin que se obtenga además la copia correspondiente para el Agente del Ministerio Público adscrito al Tribunal que por razón de turno corresponda conocer del asunto. Hágase saber a la Superioridad que, en razón del trabajo a distancia implementado en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus Covid-19 y atendiendo al número reducido de personal que acude de forma física a las labores diarias en este Juzgado de Distrito, el presente acuerdo se firma de manera electrónica por el Juez y la Secretaria para constancia de su validez en el expediente electrónico respectivo; lo anterior, acorde con los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por cuanto a su vigencia en los diversos 25/2020, 37/2020 y 1/2021 emitidos por el Pleno del citado Consejo, así como los artículos 2, fracción XV, 3, fracciones I y VII y 22, párrafo primero del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.

  4. Principal

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, veintinueve de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos la diligencia de ratificación de cuenta de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, a través de la cual, el quejoso **********, ratificó el contenido y firma de su escrito presentado y recibido en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el veintitrés de los mismos mes y año, al respecto se provee: PROPUESTA DEMOSTRATIVA El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el Juez de Distrito, ante todo, examinará la demanda de amparo y en caso que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano. HIPÓTESIS NORMATIVA De la lectura integral al escrito de demanda, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.) Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.) El primero de los artículos transcritos establece que la improcedencia del juicio de amparo puede sustentarse en alguna disposición legal diversa de las previstas casuísticamente en éste. Por su parte, el segundo artículo en la fracción transcrita, dispone que el amparo indirecto contra actos dentro del juicio procede limitativamente respecto de aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución o en los tratados internacionales suscritos por nuestro país, lo que implica que una violación procesal que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, así pueda calificarse como exorbitante, no puede ser sujeta al análisis inmediato a través del juicio de amparo indirecto, ya que no produce una afectación material de derechos sustantivos. Como se ve, el legislador proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que los actos, para ser calificados como de imposible reparación, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva; derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Al respecto cabe precisar que a partir que entró en vigor la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, han dejado de tener aplicación los criterios jurisprudenciales en los que se estableció que los actos intraprocesales pueden impugnarse en amparo indirecto cuando afecten a alguna de las partes en grado extraordinario, predominante o superior. Es así, porque en las fracciones III y V del artículo 107 de la Ley de Amparo vigente, el legislador expresamente estableció que para comprender el alcance de la expresión "actos de imposible reparación" debía entenderse únicamente a aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sin que pudieran entenderse otros aspectos, incluidas las violaciones procesales de carácter predominante o superior. Esa interpretación impide que los anteriores criterios de jurisprudencia cobren aplicación para hacer procedente el amparo contra una determinación procesal que implique afectación indirecta a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución. HECHOS En el caso concreto, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado consiste en: - El auto de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, dictado en los autos del juicio sucesorio intestamentario **********, a bienes de **********, del índice del Juzgado responsable, a través del cual la autoridad responsable desechó el recurso de revocación que interpuso contra el diverso proveído de nueve de diciembre de dos mil veinte. Al respecto, de los antecedentes que precisa bajo protesta de decir verdad se observa que el quejoso promovió juicio sucesorio intestamentario a bienes de su hermana; dentro del cual se solicitó informe, entre otras, al Registro Público de la Propiedad e Inspección y Archivo General de Notarías, con la finalidad de saber si la de cujus había otorgado algún testamento. Así, la autoridad indicada informó que efectivamente la hermana del ahora quejoso dejó un testamento público abierto, razón por la cual el impetrante de amparo solicitó que la autoridad responsable requiriera a la notaría pública donde este se otorgó, para que remitiera copia certificada del aludido documento; lo cual se le acordó favorable. Sin embargo, refiere que se remitió un testimonio del testamento, no así copias certificadas del mismo, pues son dos cosas distintas. Inconforme con el resultado del requerimiento, solicitó nuevamente que se pidiera a la notaría que enviara copia certificada, no sólo testimonio; pero la autoridad responsable acordó que el documento ya se encontraba en el secreto del juzgado y el quejoso lo tenía a su disposición. Por lo que, reiteró su solicitud de requerimiento y nuevamente, la autoridad responsable mediante proveído de nueve de diciembre de dos mil veinte, dio respuesta en el sentido que debía estarse al estado de las actuaciones del juicio de origen. Como consecuencia, el quejoso promovió recurso de revocación contra el acuerdo destacado en el párrafo anterior, y la autoridad responsable lo desechó; esto constituye el acto reclamado. CONCLUSIÓN Se concluye respetuosamente que el presente juicio es improcedente, al tenor de las consideraciones siguientes: Resulta importante destacar que el juicio sucesorio intestamentario se compone de cuatro secciones de conformidad con el artículo 589 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, las cuales son -sucesión, inventario, administración y partición-, y cualquier infracción de tipo procesal cometidas durante el trámite de cualquiera de las referidas secciones, que impida la continuación del procedimiento respectivo, es impugnable en la vía de amparo indirecto, al promoverse la demanda contra la resolución que ponga fin a cada una de dichas secciones lo anterior es así, en virtud que en los juicios sucesorios no existe una sentencia que comprenda todo el procedimiento, ya que cada una de las secciones que lo componen se decide por separado, mediante la resolución especial correspondiente. En esta tesitura, debe considerarse que el presente juicio de amparo deviene improcedente, puesto que el acto reclamado fue dictado dentro de la primera sección de sucesión del referido juicio sucesorio intestamentario, sin que tal resolución constituya aquella que puso fin a dicha sección, pues incluso al dar cumplimiento a la prevención formulada por este Juzgado, el impetrante de amparo precisó que dicho juicio ya se sobreseyó a través de un diverso proveído, es decir, a través de uno distinto a las actuaciones que reclama en esta vía. Por tanto, se estima que el acto que reclama no es impugnable en esta vía, ya que las violaciones procesales habidas durante cada sección únicamente podrán ser combatidas en amparo indirecto, contra la resolución que ponga fin a cada una de las cuatro secciones que componen el juicio sucesorio intestamentario, o contra la resolución que representa un obstáculo para su conclusión, lo cual, no acontece en el presente asunto. Máxime que no se trata de un acto de ejecución irreparable, entendiendo como tales aquellos que afecten directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre que tutela la constitución por medio de las garantías individuales, o sea, derechos sustantivos como son la vida, la libertad, la propiedad, y no como acontece en el presente asunto que lo reclamado solamente se trata de posibles violaciones adjetivas o intraprocesales, cuyos efectos pueden ser destruidos o reparados con la sola circunstancia de que quien los sufre obtenga una sentencia favorable. Sirven de apoyo a lo anterior, los criterios siguientes: "Registro digital: 187378 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Civil Tesis: VI.2o.C.238 C Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XV, Marzo de 2002, página 1466 Tipo: Aislada SUCESIONES, VIOLACIONES PROCESALES. Como en los juicios sucesorios no existe una sentencia definitiva que comprenda todo el procedimiento, ya que cada una de las secciones que lo componen se decide por separado, mediante la resolución especial correspondiente, las infracciones de tipo procesal que se cometan durante el trámite de éstas, que no impidan la continuación del procedimiento respectivo, son impugnables por la vía constitucional cuando se reclame la resolución que ponga fin a cada una de dichas secciones, toda vez que de atacarse de manera inmediata, sin esperar al dictado de aquélla, el amparo indirecto resultaría improcedente, atento lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, a contrario sensu, por no tratarse de actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación." Al caso resulta oportuno señalar, que en términos de lo dispuesto por el numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, resulta un hecho notorio que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, al resolver el recurso de queja civil número 70/2016, analizó un caso similar al presente asunto, consistente en una resolución de recurso de revocación dentro de los autos de la primera sección de diverso juicio sucesorio intestamentario, que confirmó el proveído en el que se negó la petición de requerir a determinado Notario Público a efecto de que remitiera copia certificada del testamento público otorgado por la autora de la mortual; y al respecto consideró que dicha determinación no es reclamable en amparo indirecto, toda vez que estimó que no se trata de la resolución que pone fin a la primera sección del juicio intestamentario, sino de una determinación de carácter procesal, la cual sólo sería reclamable en la vía indirecta del juicio constitucional una vez dictada aquella. Consecuentemente, por las razones expuestas y, con apoyo en el artículo 61, fracción XXIII, en relación el diverso 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. REQUERIMIENTO A LA PARTE QUEJOSA Con fundamento en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19 y su reforma contenida en los diverso 25/2020, 37/2020 y 1/2021 emitidos por el Pleno del citado Consejo, requiérase a la parte quejosa para que se sirva proporcionar un correo electrónico y/o servicio de mensajería instantánea, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. FIRMAS ELECTRÓNICAS Finalmente, en razón del trabajo a distancia implementado en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus Covid-19 y atendiendo al número reducido de personal que acude de forma física a las labores diarias en este Juzgado de Distrito, el presente acuerdo se firma de manera electrónica por el Juez y la Secretaria para constancia de su validez en el expediente electrónico respectivo; lo anterior, acorde con los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por cuanto a su vigencia en los diversos 25/2020, 37/2020 y 1/2021 emitidos por el Pleno del citado Consejo, así como los artículos 2, fracción XV, 3, fracciones I y VII y 22, párrafo primero del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Notifíquese.

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