Roberto Gudiño Martínez

Expediente 45/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 13 actuaciones registradas, la última del 8 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
45/2022
Año
2022
Actuaciones
13
Última actuación
08/07/2022

Partes del expediente

  • Roberto Gudiño Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Téngase por hecha la certificación de cuenta y tomando en consideración lo ahí asentado, se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión, sin que hasta estos momentos se haya hecho valer contra la sentencia en la que se negó el amparo a la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en los diversos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. Archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Atendiendo a las particularidades del presente juicio, tomando en consideración que no se trata de delitos contra: la seguridad de la nación, el derecho internacional, la humanidad, el ambiente o gestión ambiental; que no contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de temas de trascendencia jurídica, política, social o económica, el presente juicio de amparo no es de relevancia documental. ...; se hace la observación de que el expediente es susceptible de depuración, en razón de que se trata de un asunto en el que se negó el amparo y protección de la justicia federal. En ese mismo sentido, por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión, de conformidad con lo establecido en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo Plenario aludido, se estima que es susceptible de destrucción, toda vez que se negó la suspensión provisional y definitiva. Respecto al duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, una vez que transcurra más de seis meses a que se refiere el artículo Vigésimo del acuerdo en cita. Por otro lado, tomando en consideración que las autoridades responsables remitieron legajos de constancias en justificación de sus actos; devuélvanse a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, POR LO QUE RESULTA INNECESARIO EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE. No obra en autos documento original, en los términos que establece el diverso 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. Finalmente, vista la certificación que antecede, en cumplimiento al Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, y la circular interna 03/2021 de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, la secretaria encargada de la tramitación del expediente revisó e hizo constar que la versión impresa de ese último coincide con la electrónica, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Glósese la razón de cuenta, a través de la cual la actuaria adscrita a este Juzgado manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar en forma personal a la parte tercera interesada la sentencia engrosada el treinta de mayo del año en curso; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27 fracción III inciso a) de la Ley de Amparo, NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE LISTA la resolución aludida. NOTIFÍQUESE. LA SENTENCIA ENGROSADA EL TREINTA DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, SEÑALA: " I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 45/2022, promovido por ****, contra actos de la Décima Sala y Juzgado Trigésimo Tercero, ambos de lo Civil de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O Primero. Demanda. El veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de las autoridades responsables mencionadas, por considerar que son contrarios a sus derechos tutelados en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal. Segundo. Admisión. El veinticuatro de enero de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el oficio del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México en el que declinó competencia para conocer del asunto, por lo que este órgano jurisdiccional lo admitió, dando intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y, ordenó notificar la radicación a la parte tercera interesada, toda vez que ya había sido emplazada. Tercero. Trámite. La representante social de la Federación adscrita no formuló intervención, los informes justificados fueron rendidos, la parte tercera interesada notificada y, finalmente, la audiencia constitucional se celebró en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O Primero. Competencia. Este Juzgado es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, conforme a los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 y 107 de la Ley de Amparo, en atención a que se trata de un juicio constitucional indirecto promovido contra actos derivados de un procedimiento de naturaleza civil, seguido ante un tribunal del orden común dentro del ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación del acto reclamado. Conforme a la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, el acto reclamado es: De la lectura integral de la demanda, se advierte que el quejoso reclama la resolución de nueve de agosto de dos mil veintiuno, dictada por la Décima Sala Civil de la Ciudad de México, en el toca ****, que confirmó la interlocutoria que declaró improcedente su incidente de oposición a la ejecución derivado de la controversia de arrendamiento inmobiliario **** del índice del Juzgado Trigésimo Tercero de lo Civil de esta Ciudad; y su ejecución. El quejoso promovió dicha incidencia como ajeno a la controversia principal. Tercero. Existencia. La certeza del acto combatido quedó acreditada con los informes justificados rendido por la Sala y juez responsables en sentido afirmativo, lo que se corrobora con las copias certificadas del toca de apelación y juicio de origen; las cuales, por tener el carácter de actuaciones judiciales, tienen valor probatorio pleno, de acuerdo con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Cuarto. Antecedentes del acto reclamado. Para una mejor comprensión del asunto, se considera pertinente relatar las actuaciones que obran en autos y son las que a continuación se precisan: I. El siete de diciembre de dos mil dieciséis, la Décima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México declaró infundados los agravios expuestos por el demandado y confirmó la sentencia de cinco de agosto de dos mil dieciséis, dictada por la Juez Trigésimo Tercero de lo Civil de la Ciudad de México, en los autos del juicio controversia de arrendamiento inmobiliario ****, promovido por ****** contra ****, cuyos puntos resolutivos son los siguientes: "PRIMERO. Ha sido procedente la vía de Controversia de Arrendamiento Inmobiliario, en la que la parte actora acreditó su acción, mientras que la parte demandada no justificó sus excepciones. SEGUNDO. Se declara RESCINDIDO EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO de fecha veintinueve de febrero de do dos mil dieciséis, respecto del inmueble ubicado en *** TERCERO. Se condena a la demandada a desocupar y entregar a la parte actora a quien sus derechos legalmente representen el inmueble arrendado, lo que deberá hacer en el plazo de CINCO DÍAS contados a partir de que la presente resolución cause estado. CUARTO. Asimismo, se condena a la parte demandada al pago de la cantidad de $9,000.00 (NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.) por concepto de pago de rentas vencidas y no pagadas correspondientes a los meses de MARZO Y ABRIL del 2016 a razón de $4,500.00 por cada mes de arrendamiento más las que sigan venciendo hasta que se haga la entrega y total desocupación del inmueble, previo el incidente que lo regule y apruebe. QUINTO. Al no actualizarse lo previsto en el numeral 140 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, no se hace especial condena a la parte demandada respecto del pago de gastos y costas en términos del presente fallo. SEXTO. Notifíquese personalmente a la parte demandada, en términos del artículo 114, fracción VI del Código de Procedimientos Civiles, la presente resolución." Determinación contra la cual, la demandada interpuso juicio de amparo directo, del que correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, registrado con el número ****, en donde, se negó la protección solicitada. II. En proveídos de diecisiete de mayo del mismo año, previa solicitud del actor, ante el incumplimiento de la parte demandada al segundo punto resolutivo de las interlocutorias de veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, se hizo efectivo el apercibimiento ahí decretado y se ordenó el embargo de bienes, propiedad de la demandada y respecto de la interlocutoria dictada en el incidente de liquidación de sentencia, se ordenó su lanzamiento forzoso. III. El veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, se turnaron los autos a la actuaria adscrita y se autorizó el uso de la fuerza pública y el rompimiento de cerraduras para la práctica de la diligencia. IV. En auto de veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, se tuvo por recibido el incidente de oposición a la ejecución de la sentencia promovido por el quejoso, en el cual, previa vista a las partes y contestación del mismo, así como admisión de las pruebas ofrecidas, se señaló fecha para la audiencia incidental, la cual se llevó a cabo el veintiocho de noviembre siguiente. V. El siete de enero de dos mil veinte se declaró improcedente el incidente de oposición a la ejecución de la sentencia definitiva. VI. Inconforme con lo anterior, el quejoso interpuso recurso de apelación, del cual conoció la Décima Sala Civil de la Ciudad de México y el nueve de agosto de dos mil veintiuno, confirmó la resolución impugnada. Actuación que constituye el acto reclamado en esta vía constitucional. Quinto. Conceptos de violación. La parte quejosa sostiene que el acto reclamado vulnera en su perjuicio los artículos 1, 14, 16 y 17 Constitucionales, pues se trasgreden sus garantías de audiencia, debido proceso, seguridad jurídica y legalidad, así como los principios de debida observancia a la ley, congruencia, exhaustividad e igualdad procesal, por las razones que continuación se indican: La resolución impugnada es incongruente, en razón de que la responsable no se pronunció sobre el análisis que se le debió dar a la documental pública, consistente en las copias certificadas de las diligencias de jurisdicción voluntaria que ofreció, con las que acreditó su interés jurídico para intervenir en el procedimiento judicial, pues acreditó plenamente su derecho posesorio sobre el bien inmueble materia del litigio. La responsable no tomó en consideración que es tercero ajeno a la contienda judicial, por lo que es opositor a la ejecución de la sentencia por detentar un derecho adquirido con anterioridad, además de que tiene la posesión del inmueble objeto del arrendamiento. Está acreditado su interés jurídico, así como el agravio personal y directo, pues demostró el derecho adquirido anterior a la existencia del juicio de origen, aunado a que tiene la posesión del inmueble. Los conceptos de violación son infundados; pues contrario a lo que afirma, el acto reclamado no es violatorio de sus derechos fundamentales, de legalidad, audiencia o acceso a la justicia, pues destaca que aún sin ser parte, la autoridad tramitó la incidencia que planteó, se resolvió lo conducente e incluso accedió a un medio de impugnación. Dicho ello, no le asiste la razón a la parte quejosa cuando afirma que la sentencia reclamada es violatoria del principio de legalidad por incongruente. Lo anterior, en virtud de que la autoridad responsable, en acato a lo previsto por el numeral 81 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México sí expuso de manera clara las razones por las cuales consideró que no le asistía la razón al recurrente y derivado de ello, confirmó la interlocutoria impugnada de siete de enero de dos mil veinte. El citado numeral contiene el principio de congruencia y exhaustividad que debe contener toda resolución emitida por una autoridad jurisdiccional. Principio que prevé que toda actuación judicial debe ser acorde con lo pedido por las partes, resolviendo y contestando todo lo solicitado por ellas, sin dejar de solucionar punto litigioso alguno, determinando lo que en derecho corresponda. La exhaustividad, se refleja en el compromiso de atender de manera congruente e integral lo sometido a su consideración, tengan o no razón las partes, debiendo expresar según sea el caso, el por qué sí les asiste la razón o no, estableciendo los motivos lógico jurídicos de su decisión. Con lo anterior, se busca que quien se ve o se siente afectado con una resolución jurisdiccional, tenga margen o conocimiento a ciencia cierta de lo realmente resuelto por el Juzgador y los alcances de su resolución, para contar en su caso con la aptitud de poder controvertir las consideraciones expuestas por la autoridad. Es aplicable, la tesis de jurisprudencia I.1o.A. J/9, de los Tribunales Colegiados de Circuito, que dice: "PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. QUE DEBE PREVALECER EN TODA RESOLUCIÓN JUDICIAL. En todo procedimiento judicial debe cuidarse que se cumpla con el principio de congruencia al resolver la controversia planteada, que en esencia está referido a que la sentencia sea congruente no sólo consigo misma sino también con la litis, lo cual estriba en que al resolverse dicha controversia se haga atendiendo a lo planteado por las partes, sin omitir nada ni añadir cuestiones no hechas valer, ni contener consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos." Ahora, en el acto reclamado la autoridad responsable precisó que en el juicio de origen se dictó sentencia definitiva, en la que se declaró procedente la vía de controversia de arrendamiento inmobiliario, promovida por **** contra ****, la cual fue confirmada en apelación y constituyó el acto reclamado en el amparo directo donde se negó la protección constitucional a la demandada, por lo que refirió que es una resolución que constituye cosa juzgada y es obligatoria su ejecución, cuyo procedimiento es de orden público y su continuación y prosecución no puede quedar al arbitrio de alguna de las partes, sin que el incidente de oposición a la ejecución de la sentencia definitiva sea suficiente para que en automático se suspenda, pues para ello es necesario ofrecer las pruebas idóneas y contundentes, sin que lo aportado por el quejoso resultara determinante para detenerla. La Sala sostuvo que, a pesar de que el quejoso se ostentó como propietario del inmueble, no lo acreditó fehacientemente, pues refirió haberlo adquirido a través de un contrato verbal de compraventa que celebró con ***, pero las pruebas que exhibió resultaron insuficientes para demostrarlo, incluso con la copia certificada de las diligencias de jurisdicción voluntaria que exhibió, no le beneficiaban porque la parte contraria del incidente de oposición (actora en el principal) no estuvo presente para hacer valer sus derechos, además de que su fecha de interposición fue posterior a la data en que causó ejecutoria la sentencia definitiva. También apuntó la autoridad que el tipo de asunto entraña una acción personal, no real, por lo que la propiedad no es un aspecto toral en el negocio; sin que el juez de origen hubiese dejado de atender las documentales correspondientes. Agregó que la demandada en el juicio de origen, manifestó y reconoció haber obtenido el uso y goce del bien inmueble materia de la controversia, mediante la firma y celebración del contrato de arrendamiento de veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, mismo que el actor exhibió como base de su acción, aunado a que la posesión de dicho inmueble, la tenía la propia demandada, pues en ese domicilio se llevó a cabo su emplazamiento. En ese sentido, contrario a lo afirmado por el quejoso, en la sentencia reclamada se atendió de forma congruente e integral lo que el recurrente sometió a su consideración, pues en los agravios que vertió en su recurso de apelación, adujo que no se había tomado en cuenta la copia certificada de las diligencias de jurisdicción voluntaria y que detentaba la posesión del bien inmueble objeto de controversia, por lo que la sentencia definitiva no debía depararle perjuicio porque no había sido oído ni vencido en juicio. Al respecto, la Sala estableció los motivos lógico-jurídicos de su decisión, siendo acorde y constante con lo vertido en los agravios, pues explicó por qué como lo determinó la juez de origen, no era procedente el incidente de oposición, aunado a que refirió que la copia certificada de las diligencias de jurisdicción voluntaria eran insuficientes para otorgar la razón al inconforme, es decir, no logró acreditar la posesión o propiedad del inmueble materia del juicio de arrendamiento inmobiliario. Así, la decisión tomada por la responsable es acorde al marco constitucional que la rige, pues se emitió dentro de un proceso incidental donde se permitió al quejoso plantear su pretensión; y de manera fundada y motivada, se desestimó su oposición a la ejecución, lo cual es acorde a los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, porque la naturaleza de la acción de origen, conforme al numeral 25 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, es personal, es decir, busca el cumplimiento de una obligación de dar, hacer o no hacer, y no el dominio del bien, por lo que en el fondo, la decisión de la Sala de confirmar la desestimación de la incidencia planteada como tercero ajeno a la contienda, fue correcta atento a la naturaleza de la acción. Al respecto, se cita la tesis con rregistro digital: ..., emitida por el Pleno Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, en Materias(s): Civil. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo XCVII, página 607, que dispone: "ACCION PERSONAL. Si la acción que se ejercita tiene carácter incontrovertible de personal, y pretende que se ejecuten por parte de los demandados, ciertas obligaciones como consecuencia de la nulidad que se solicita, exigiéndose la entrega de diversos bienes, es notorio que no por tal pretensión, se configura el ejercicio de una acción real." Por otra parte, son inoperantes los restantes conceptos de violación restantes relativos a su posición como tercero ajeno y sobre el interés jurídico, ya que parten de lo desestimado. En efecto, esas alegaciones descansan medularmente en lo que ya se desestimó, que es su ausencia de derecho para integrarse al proceso de arrendamiento a oponerse a la ejecución; y respecto de lo cual, la Sala emitió su fallo atento a lo expuesto previamente y lo cual, se ajusta a un parámetro de regularidad constitucional. De tal suerte que no es posible acoger el planteamiento de esos concepto de violación, pues lo medular ya fue contestado y desestimado. Al respecto se cita la tesis de jurisprudencia XVII.1o.C.T. J/4, de la novena época, registro: 178784, fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Abril de 2005, página 1154, en materia común, cuyo rubro y texto es: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES LOS QUE PARTEN O SE HACEN DESCANSAR SUSTANCIALMENTE EN LO ARGUMENTADO EN OTROS QUE FUERON DESESTIMADOS. Si de lo alegado en un concepto de violación se advierte que la impugnación planteada se hace descansar, sustancialmente, en lo que se argumentó en otro u otros conceptos de violación que fueron anteriormente desestimados en la misma ejecutoria, en tanto que resultaron infundados, inoperantes o inatendibles, ello hace que aquél resulte a su vez inoperante, dado que de ninguna manera resultará procedente, fundado u operante lo que en dicho concepto se aduce, por basarse en la supuesta procedencia de aquéllos. Consecuentemente, al ser infundados e inoperantes los conceptos de violación formulados en la demanda de amparo, lo procedente es negar la protección constitucional solicitada. La negativa de mérito se hace extensiva a la autoridad ejecutora, ya que se hacen depender del acto ordenador y no fueron impugnados por vicios propios. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 105, consultable en el Apéndice al Semanario judicial de la Federación 1917-1995, tomo VI, Materia Común, página 68 del rubro y contenido siguientes: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenen la ejecución del acto que se estima violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las autoridades que sólo ejecutaron tal acto por razón de su jerarquía". Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73, 74, 75, 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ****, contra actos de la Décima Sala y Juzgado Trigésimo Tercero, ambos de lo Civil de la Ciudad de México, precisados en el considerando segundo de esta ejecutoria y por las razones expuestas en el último. NOTIFÍQUESE COMO LEGALMENTE CORRESPONDA. Lo resolvió y firma ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ante ..., Secretaria que autoriza y da fe, en términos de los artículos 3º de la Ley de Amparo, y 28 del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, hasta hoy treinta de mayo de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe."

  3. Principal

    (CITATORIO)EN VIRTUD DE QUE EL QUEJOSO NO ACUDIÓ AL LOCAL DE ESTE JUZGADO A NOTIFICARSE PERSONALMENTE O POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL EN EL TÉRMINO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL CITATORIO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO EL DOS DE JUNIO DE 2022; POR LO QUE, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA SENTENCIA ENGROSADA EL TREINTA DE MAYO DE 2022, QUE EN SINTESIS DICE: "V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 45/2022, promovido por ****, contra actos de la Décima Sala y Juzgado Trigésimo Tercero, ambos de lo Civil de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O Primero. Demanda. El veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de las autoridades responsables mencionadas, por considerar que son contrarios a sus derechos tutelados en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal. Segundo. Admisión. El veinticuatro de enero de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el oficio del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México en el que declinó competencia para conocer del asunto, por lo que este órgano jurisdiccional lo admitió, dando intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y, ordenó notificar la radicación a la parte tercera interesada, toda vez que ya había sido emplazada. Tercero. Trámite. La representante social de la Federación adscrita no formuló intervención, los informes justificados fueron rendidos, la parte tercera interesada notificada y, finalmente, la audiencia constitucional se celebró en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O Primero. Competencia. Este Juzgado es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, conforme a los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 y 107 de la Ley de Amparo, en atención a que se trata de un juicio constitucional indirecto promovido contra actos derivados de un procedimiento de naturaleza civil, seguido ante un tribunal del orden común dentro del ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación del acto reclamado. Conforme a la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, el acto reclamado es: De la lectura integral de la demanda, se advierte que el quejoso reclama la resolución de nueve de agosto de dos mil veintiuno, dictada por la Décima Sala Civil de la Ciudad de México, en el toca ****, que confirmó la interlocutoria que declaró improcedente su incidente de oposición a la ejecución derivado de la controversia de arrendamiento inmobiliario **** del índice del Juzgado Trigésimo Tercero de lo Civil de esta Ciudad; y su ejecución. El quejoso promovió dicha incidencia como ajeno a la controversia principal. Tercero. Existencia. La certeza del acto combatido quedó acreditada con los informes justificados rendido por la Sala y juez responsables en sentido afirmativo, lo que se corrobora con las copias certificadas del toca de apelación y juicio de origen; las cuales, por tener el carácter de actuaciones judiciales, tienen valor probatorio pleno, de acuerdo con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Cuarto. Antecedentes del acto reclamado. Para una mejor comprensión del asunto, se considera pertinente relatar las actuaciones que obran en autos y son las que a continuación se precisan: I. El siete de diciembre de dos mil dieciséis, la Décima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México declaró infundados los agravios expuestos por el demandado y confirmó la sentencia de cinco de agosto de dos mil dieciséis, dictada por la Juez Trigésimo Tercero de lo Civil de la Ciudad de México, en los autos del juicio controversia de arrendamiento inmobiliario ****, promovido por ****** contra ****, cuyos puntos resolutivos son los siguientes: "PRIMERO. Ha sido procedente la vía de Controversia de Arrendamiento Inmobiliario, en la que la parte actora acreditó su acción, mientras que la parte demandada no justificó sus excepciones. SEGUNDO. Se declara RESCINDIDO EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO de fecha veintinueve de febrero de do dos mil dieciséis, respecto del inmueble ubicado en *** TERCERO. Se condena a la demandada a desocupar y entregar a la parte actora a quien sus derechos legalmente representen el inmueble arrendado, lo que deberá hacer en el plazo de CINCO DÍAS contados a partir de que la presente resolución cause estado. CUARTO. Asimismo, se condena a la parte demandada al pago de la cantidad de $9,000.00 (NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.) por concepto de pago de rentas vencidas y no pagadas correspondientes a los meses de MARZO Y ABRIL del 2016 a razón de $4,500.00 por cada mes de arrendamiento más las que sigan venciendo hasta que se haga la entrega y total desocupación del inmueble, previo el incidente que lo regule y apruebe. QUINTO. Al no actualizarse lo previsto en el numeral 140 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, no se hace especial condena a la parte demandada respecto del pago de gastos y costas en términos del presente fallo. SEXTO. Notifíquese personalmente a la parte demandada, en términos del artículo 114, fracción VI del Código de Procedimientos Civiles, la presente resolución." Determinación contra la cual, la demandada interpuso juicio de amparo directo, del que correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, registrado con el número ****, en donde, se negó la protección solicitada. II. En proveídos de diecisiete de mayo del mismo año, previa solicitud del actor, ante el incumplimiento de la parte demandada al segundo punto resolutivo de las interlocutorias de veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, se hizo efectivo el apercibimiento ahí decretado y se ordenó el embargo de bienes, propiedad de la demandada y respecto de la interlocutoria dictada en el incidente de liquidación de sentencia, se ordenó su lanzamiento forzoso. III. El veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, se turnaron los autos a la actuaria adscrita y se autorizó el uso de la fuerza pública y el rompimiento de cerraduras para la práctica de la diligencia. IV. En auto de veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, se tuvo por recibido el incidente de oposición a la ejecución de la sentencia promovido por el quejoso, en el cual, previa vista a las partes y contestación del mismo, así como admisión de las pruebas ofrecidas, se señaló fecha para la audiencia incidental, la cual se llevó a cabo el veintiocho de noviembre siguiente. V. El siete de enero de dos mil veinte se declaró improcedente el incidente de oposición a la ejecución de la sentencia definitiva. VI. Inconforme con lo anterior, el quejoso interpuso recurso de apelación, del cual conoció la Décima Sala Civil de la Ciudad de México y el nueve de agosto de dos mil veintiuno, confirmó la resolución impugnada. Actuación que constituye el acto reclamado en esta vía constitucional. Quinto. Conceptos de violación. La parte quejosa sostiene que el acto reclamado vulnera en su perjuicio los artículos 1, 14, 16 y 17 Constitucionales, pues se trasgreden sus garantías de audiencia, debido proceso, seguridad jurídica y legalidad, así como los principios de debida observancia a la ley, congruencia, exhaustividad e igualdad procesal, por las razones que continuación se indican: La resolución impugnada es incongruente, en razón de que la responsable no se pronunció sobre el análisis que se le debió dar a la documental pública, consistente en las copias certificadas de las diligencias de jurisdicción voluntaria que ofreció, con las que acreditó su interés jurídico para intervenir en el procedimiento judicial, pues acreditó plenamente su derecho posesorio sobre el bien inmueble materia del litigio. La responsable no tomó en consideración que es tercero ajeno a la contienda judicial, por lo que es opositor a la ejecución de la sentencia por detentar un derecho adquirido con anterioridad, además de que tiene la posesión del inmueble objeto del arrendamiento. Está acreditado su interés jurídico, así como el agravio personal y directo, pues demostró el derecho adquirido anterior a la existencia del juicio de origen, aunado a que tiene la posesión del inmueble. Los conceptos de violación son infundados; pues contrario a lo que afirma, el acto reclamado no es violatorio de sus derechos fundamentales, de legalidad, audiencia o acceso a la justicia, pues destaca que aún sin ser parte, la autoridad tramitó la incidencia que planteó, se resolvió lo conducente e incluso accedió a un medio de impugnación. Dicho ello, no le asiste la razón a la parte quejosa cuando afirma que la sentencia reclamada es violatoria del principio de legalidad por incongruente. Lo anterior, en virtud de que la autoridad responsable, en acato a lo previsto por el numeral 81 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México sí expuso de manera clara las razones por las cuales consideró que no le asistía la razón al recurrente y derivado de ello, confirmó la interlocutoria impugnada de siete de enero de dos mil veinte. El citado numeral contiene el principio de congruencia y exhaustividad que debe contener toda resolución emitida por una autoridad jurisdiccional. Principio que prevé que toda actuación judicial debe ser acorde con lo pedido por las partes, resolviendo y contestando todo lo solicitado por ellas, sin dejar de solucionar punto litigioso alguno, determinando lo que en derecho corresponda. La exhaustividad, se refleja en el compromiso de atender de manera congruente e integral lo sometido a su consideración, tengan o no razón las partes, debiendo expresar según sea el caso, el por qué sí les asiste la razón o no, estableciendo los motivos lógico jurídicos de su decisión. Con lo anterior, se busca que quien se ve o se siente afectado con una resolución jurisdiccional, tenga margen o conocimiento a ciencia cierta de lo realmente resuelto por el Juzgador y los alcances de su resolución, para contar en su caso con la aptitud de poder controvertir las consideraciones expuestas por la autoridad. Es aplicable, la tesis de jurisprudencia I.1o.A. J/9, de los Tribunales Colegiados de Circuito, que dice: "PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. QUE DEBE PREVALECER EN TODA RESOLUCIÓN JUDICIAL. En todo procedimiento judicial debe cuidarse que se cumpla con el principio de congruencia al resolver la controversia planteada, que en esencia está referido a que la sentencia sea congruente no sólo consigo misma sino también con la litis, lo cual estriba en que al resolverse dicha controversia se haga atendiendo a lo planteado por las partes, sin omitir nada ni añadir cuestiones no hechas valer, ni contener consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos." Ahora, en el acto reclamado la autoridad responsable precisó que en el juicio de origen se dictó sentencia definitiva, en la que se declaró procedente la vía de controversia de arrendamiento inmobiliario, promovida por **** contra ****, la cual fue confirmada en apelación y constituyó el acto reclamado en el amparo directo donde se negó la protección constitucional a la demandada, por lo que refirió que es una resolución que constituye cosa juzgada y es obligatoria su ejecución, cuyo procedimiento es de orden público y su continuación y prosecución no puede quedar al arbitrio de alguna de las partes, sin que el incidente de oposición a la ejecución de la sentencia definitiva sea suficiente para que en automático se suspenda, pues para ello es necesario ofrecer las pruebas idóneas y contundentes, sin que lo aportado por el quejoso resultara determinante para detenerla. La Sala sostuvo que, a pesar de que el quejoso se ostentó como propietario del inmueble, no lo acreditó fehacientemente, pues refirió haberlo adquirido a través de un contrato verbal de compraventa que celebró con ***, pero las pruebas que exhibió resultaron insuficientes para demostrarlo, incluso con la copia certificada de las diligencias de jurisdicción voluntaria que exhibió, no le beneficiaban porque la parte contraria del incidente de oposición (actora en el principal) no estuvo presente para hacer valer sus derechos, además de que su fecha de interposición fue posterior a la data en que causó ejecutoria la sentencia definitiva. También apuntó la autoridad que el tipo de asunto entraña una acción personal, no real, por lo que la propiedad no es un aspecto toral en el negocio; sin que el juez de origen hubiese dejado de atender las documentales correspondientes. Agregó que la demandada en el juicio de origen, manifestó y reconoció haber obtenido el uso y goce del bien inmueble materia de la controversia, mediante la firma y celebración del contrato de arrendamiento de veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, mismo que el actor exhibió como base de su acción, aunado a que la posesión de dicho inmueble, la tenía la propia demandada, pues en ese domicilio se llevó a cabo su emplazamiento. En ese sentido, contrario a lo afirmado por el quejoso, en la sentencia reclamada se atendió de forma congruente e integral lo que el recurrente sometió a su consideración, pues en los agravios que vertió en su recurso de apelación, adujo que no se había tomado en cuenta la copia certificada de las diligencias de jurisdicción voluntaria y que detentaba la posesión del bien inmueble objeto de controversia, por lo que la sentencia definitiva no debía depararle perjuicio porque no había sido oído ni vencido en juicio. Al respecto, la Sala estableció los motivos lógico-jurídicos de su decisión, siendo acorde y constante con lo vertido en los agravios, pues explicó por qué como lo determinó la juez de origen, no era procedente el incidente de oposición, aunado a que refirió que la copia certificada de las diligencias de jurisdicción voluntaria eran insuficientes para otorgar la razón al inconforme, es decir, no logró acreditar la posesión o propiedad del inmueble materia del juicio de arrendamiento inmobiliario. Así, la decisión tomada por la responsable es acorde al marco constitucional que la rige, pues se emitió dentro de un proceso incidental donde se permitió al quejoso plantear su pretensión; y de manera fundada y motivada, se desestimó su oposición a la ejecución, lo cual es acorde a los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, porque la naturaleza de la acción de origen, conforme al numeral 25 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, es personal, es decir, busca el cumplimiento de una obligación de dar, hacer o no hacer, y no el dominio del bien, por lo que en el fondo, la decisión de la Sala de confirmar la desestimación de la incidencia planteada como tercero ajeno a la contienda, fue correcta atento a la naturaleza de la acción. Al respecto, se cita la tesis con rregistro digital: ..., emitida por el Pleno Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, en Materias(s): Civil. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo XCVII, página 607, que dispone: "ACCION PERSONAL. Si la acción que se ejercita tiene carácter incontrovertible de personal, y pretende que se ejecuten por parte de los demandados, ciertas obligaciones como consecuencia de la nulidad que se solicita, exigiéndose la entrega de diversos bienes, es notorio que no por tal pretensión, se configura el ejercicio de una acción real." Por otra parte, son inoperantes los restantes conceptos de violación restantes relativos a su posición como tercero ajeno y sobre el interés jurídico, ya que parten de lo desestimado. En efecto, esas alegaciones descansan medularmente en lo que ya se desestimó, que es su ausencia de derecho para integrarse al proceso de arrendamiento a oponerse a la ejecución; y respecto de lo cual, la Sala emitió su fallo atento a lo expuesto previamente y lo cual, se ajusta a un parámetro de regularidad constitucional. De tal suerte que no es posible acoger el planteamiento de esos concepto de violación, pues lo medular ya fue contestado y desestimado. Al respecto se cita la tesis de jurisprudencia XVII.1o.C.T. J/4, de la novena época, registro: 178784, fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Abril de 2005, página 1154, en materia común, cuyo rubro y texto es: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES LOS QUE PARTEN O SE HACEN DESCANSAR SUSTANCIALMENTE EN LO ARGUMENTADO EN OTROS QUE FUERON DESESTIMADOS. Si de lo alegado en un concepto de violación se advierte que la impugnación planteada se hace descansar, sustancialmente, en lo que se argumentó en otro u otros conceptos de violación que fueron anteriormente desestimados en la misma ejecutoria, en tanto que resultaron infundados, inoperantes o inatendibles, ello hace que aquél resulte a su vez inoperante, dado que de ninguna manera resultará procedente, fundado u operante lo que en dicho concepto se aduce, por basarse en la supuesta procedencia de aquéllos. Consecuentemente, al ser infundados e inoperantes los conceptos de violación formulados en la demanda de amparo, lo procedente es negar la protección constitucional solicitada. La negativa de mérito se hace extensiva a la autoridad ejecutora, ya que se hacen depender del acto ordenador y no fueron impugnados por vicios propios. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 105, consultable en el Apéndice al Semanario judicial de la Federación 1917-1995, tomo VI, Materia Común, página 68 del rubro y contenido siguientes: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenen la ejecución del acto que se estima violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las autoridades que sólo ejecutaron tal acto por razón de su jerarquía". Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73, 74, 75, 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ****, contra actos de la Décima Sala y Juzgado Trigésimo Tercero, ambos de lo Civil de la Ciudad de México, precisados en el considerando segundo de esta ejecutoria y por las razones expuestas en el último. NOTIFÍQUESE COMO LEGALMENTE CORRESPONDA. Lo resolvió y firma ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ante ..., Secretaria que autoriza y da fe, en términos de los artículos 3º de la Ley de Amparo, y 28 del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, hasta hoy treinta de mayo de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.".

  4. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL CELEBRADA en el juicio de amparo 45/2022; ..., procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe.

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