Roberto Granillo Ayala

Expediente 358/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
358/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
08/08/2023

Partes del expediente

  • Roberto Granillo Ayala

Actuaciones

  1. Principal

    ...Agréguese el oficio procedente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, y anexo consistente en el testimonio de la ejecutoria de catorce de julio de dos mil veintitrés, dictada en el recurso de queja ***/2023, del índice del referido tribunal. Acúsese recibo. Por otra parte, dado que la superioridad declaró infundado el recurso de queja interpuesto por ***, contra el proveído de diecisiete de abril de dos mil veintitrés, que desechó la demanda de amparo; hágase del conocimiento de la parte quejosa tal circunstancia, para los efectos legales consiguientes. Derivado de lo anterior, Archívese como asunto concluido,(...)

  2. Principal

    ...Agréguese el oficio procedente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, por el cual comunica que admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por el quejoso ***, contra el proveído de diecisiete de abril de la presente anualidad, donde se desechó la demanda de amparo; registrándolo con el número 183/2023. NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY.

  3. Principal

    ...Agréguese el escrito del quejoso ****; en su atención, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de queja contra el auto de diecisiete de abril de dos mil veintitrés, donde se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, ríndase el informe correspondiente, y como apoyo del mismo, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, en turno, a quien incumbe la calificación sobre procedencia, oportunidad y, en su caso, resolución, 1) el expediente electrónico, debidamente vinculado; y, 2) el original y copia del escrito interposición del recurso y expresión de agravios. Se instruye al oficial judicial "A" (SISE) para que habilite y vincule el expediente electrónico. NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY.

  4. Principal

    ...Vista la demanda de amparo promovida por ****, contra actos del Honorable Congreso de la Unión y otras autoridades. Registro Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 358/2023. Desechamiento Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, establecen la obligación que tiene el Juzgador de examinar en su integridad la demanda de amparo, y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Así, procede analizar de oficio las causas de improcedencia por ser ésta una cuestión de estudio preferente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. De la lectura integral de la demanda de amparo y anexos se desprende que la quejosa reclama: a) La aprobación de las reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales por parte del CONGRESO DE LA UNIÓN, las cuales terminaron su proceso legislativo con la aprobación del dictamen por parte de la CÁMARA DE SENADORES en fecha 22 de febrero de 2023, el acto que reclamo a cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión, es precisamente la discusión, aprobación, expedición y decreto de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, particularmente en cuanto a los siguientes artículos; 30, 31, 44, 61, 62, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 125 QUATER Y 125 SEPTIES. b) La entrada en vigor, publicación y aplicación den el DOF del Decreto que reforma y deroga disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) de fecha 2 de marzo de 2023. En el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XV, de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral, que dice: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XV. Contra las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral; Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha avanzado ciertos criterios que permiten establecer cuándo un acto o norma general es de contenido puramente electoral por incidir sobre derechos político electorales, de cuyo contenido se obtiene entre otros lo siguiente: La materia electoral comprende las cuestiones propias de los derechos políticos, tales como las bases generales que instituyen los procesos de elección previstos directamente en la Constitución, a saber, la de los titulares del Poder Ejecutivo y los integrantes del Poder Legislativo (en ambos tanto federales como locales), así como los integrantes de los Ayuntamientos (presidente municipal, regidores y síndicos). El Tribunal Electoral tiene a su cargo, además de su tradicional facultad para resolver las impugnaciones que se presentan en los procesos electorales federales, el análisis de la constitucionalidad de los actos y resoluciones en esa materia que enuncia el numeral 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de conocer del juicio para la defensa de los derechos políticos de los ciudadanos mexicanos de votar y ser votado y asociarse para tomar parte en los asuntos políticos del país. Otorgándole además, la facultad de conocer de aquellos actos o resoluciones de autoridades electorales que vulneran la norma fundamental o derechos laborales entre el Instituto y su personal. De la interpretación sistemática de los numerales 41, 94, 99 y 105, fracción II, constitucionales, se advierte que el Órgano Reformador de la Constitución estableció-desde las reformas de 1994 y 1996- un sistema integral de justicia en materia electoral, a fin de que en el orden jurídico mexicano existieran los mecanismos para que las leyes y actos en esa materia estén sujetos a control constitucional, haciendo una distribución de competencias constitucionales y legales entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral, a través de los medios de control y los plazos que impugnación que expresamente estableció para ello. Asimismo, del análisis sistemático de los preceptos citados se desprende que la Carta Magna establece un sistema integral de defensa, que permite, por una parte, impugnar vía de acción de inconstitucionalidad de leyes electorales, en cuanto se refiere precisamente a lo que atañe exclusivamente a dicha materia; por otro, combatir los actos o resoluciones en materia electoral, entre ellos, los que vulneren el derecho político de los ciudadanos de votar y ser votado; y finalmente prevé en armonía con aquellos medios de control constitucional, el juicio de amparo, a fin de combatir cualquier ley que, aun cuando su denominación o contenido sea esencialmente de electoral, una de sus disposiciones pudiera vulnerar algún derecho fundamental y, por ende, el objeto de examen sea sólo ese aspecto, esto es, el juicio de amparo se encuentra acotado, primordialmente, a que se indica en forma estricta sobre los derechos fundamentales de los individuos y, por consiguiente, no serán objeto de impugnación las disposiciones que atañen al ejercicio de derechos políticos. Concretamente, en relación con el sistema constitucional de justicia en materia electoral, se aprecia que el artículo 99 de la norma fundamental, establece la competencia otorgada al Tribunal Electoral para conocer de las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos político-electorales de los ciudadanos de votar y ser votado. De lo anterior se sigue que el juicio de amparo previsto en el artículo 103 de la Ley fundamental no podrá hacerse valer en contra de actos o resoluciones de contenido materialmente electoral. La improcedencia del juicio de amparo no surgirá, entonces, por el solo hecho de que la norma reclamada se contenga en un ordenamiento cuya denominación sea electoral, o porque el acto o resolución provenga de una autoridad formalmente electoral, sino que es el contenido material del acto o resolución lo que determinará la improcedencia del juicio de garantías, esto es, es necesario que ese contenido sea electoral o verse sobre derechos políticos. (...) De los preceptos mencionados se tiene que la reforma electoral implica una modificación orgánica, estructural y de funcionamiento en el Instituto Nacional Electoral, siendo el Consejo General la institución encargada de su ejecución donde uno de los fines es el respeto a los derechos laborales de las personas trabajadoras que se encuentren adscritas bajo cualquier régimen laboral. Así, el peticionario de amparo acude a la instancia constitucional por derecho propio-, ostentando el cargo de Vocal Ejecutivo Distrital en la 02 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Oaxaca. Alega que se le dará un trato regresivo, desigual y discriminatorio, ya que la relación laboral será normada por disposiciones distintas a las contenidas en el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional; que será separado de su empleo que desarrolla como personal calificado; y que desaparecerá el área en la que prestaba sus servicios, con prestaciones distintas a las que recibe; esto es, la reforma electoral que desaparece el puesto de Vocal Ejecutivo Distrital de la 02 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Oaxaca, tiene como consecuencia privar diversos derechos labores relacionados con la estabilidad en el empleo. Por lo anterior, se concluye que la causa de pedir versa sobre las modificaciones a las condiciones de trabajo del peticionario de amparo que serán ejecutadas por el Instituto Nacional Electoral a través del Consejo General. De ahí la improcedencia del juicio de amparo, pues se pretende reclamar en sede constitucional normas relacionadas con funciones de las autoridades electorales y la creación de órganos administrativos para fines electorales, financiamiento público, límites a las erogaciones y montos máximos de aportaciones, Máxime que, las modificaciones a las condiciones de trabajo de la parte quejosa en su carácter de Vocal Ejecutivo Distrital del Instituto Nacional Electoral, cuya finalidad es desaparecer su fuente de empleo, es un aspecto laboral que debe ser resuelta por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través del juicio respectivo que se rige por disposiciones en esa materia, donde, en su caso, se analizará la aplicación del Decreto reformatoria de leyes electorales. (...) Desechamiento En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, lo procedente es desechar de plano, la demanda de garantías de cuenta, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo. Notificación electrónica (...)

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