Roberto Grajeda Rodríguez
Expediente 578/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chihuahua. 11 actuaciones registradas, la última del 21 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 578/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 21/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Roberto Grajeda Rodríguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
se notifica por medio de lista el auto de quince de agosto de do mil veintitrés a la parte quejosa que en lo conducente dice: Visto el estado actual de los presentes autos, de los cuales se desprende que la parte quejosa, no hizo manifestación alguna respecto de la vista concedida el veintisiete de julio de dos mil veintitrés; consecuentemente, esta autoridad procede a calificar el cumplimiento a la ejecutoria con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2ª./J. 26/2000, visible en la página doscientos cuarenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." EFECTOS DE LA SENTENCIA. El dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, dictó resolución al resolver respecto al recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa en contra de la sentencia emitida en el presente asunto, por la que resolvió modificar, sobreseer y conceder el amparo y protección de la Justicia Federal para los siguientes efectos: "Se le devuelva a la parte quejosa la cantidad que haya erogado por el concepto relativo al impuesto sobre la adquisición del vehículo automotor usado, esto es $4,213.98 (cuatro mil doscientos trece pesos 98/100 moneda nacional), pues la concesión del amparo contra la norma legal considerada inconstitucional, debe comprender también el acto de su aplicación, debido a que no puede desvincularse el estudio de la ley del que corresponde al de su acto de aplicación." EJECUTORIA DE LA SENTENCIA. El dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, se declaró ejecutoriada la sentencia dictada, por lo que se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento. CUMPLIMIENTO. Ahora bien, mediante oficio DJF.-13905-XIII/2023 de veinticuatro de julio del año en curso y anexo, suscrito por la Jefa del Departamento Jurídico Fiscal de la Dirección Jurídica y Delegado de la Secretaria de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, se advierte que el dieciocho de julio del año en curso, le fue entregado al quejos ROBERTO GRAJEDA RODRÍGUEZ, el cheque número 1158765 por concepto del pago de derechos por concepto relativo al impuesto sobre la adquisición del vehículo automotor usado. Lo cual se estima es acorde a los efectos por lo que se concedió el amparo y protección solicitado; es decir, que la autoridad devolvió a la parte quejosa la cantidad que haya erogado por el concepto relativo al impuesto sobre la adquisición del vehículo automotor usado. Por lo tanto, del examen de las documentales citadas, se tuvo a la autoridad de referencia, acreditando haber restituido al quejoso la cantidad erogada, puesto que remitió copia certificada del aludido cheque expedido a favor del accionista constitucional y firma de recepción del mismo. Por tanto, una vez analizado el efecto de la sentencia protectora, el oficio que remitió la autoridad, se considera que la autoridad acató en sus términos la ejecutoria de amparo pronunciada en este juicio. Ello es así, virtud a que como consecuencia del fallo pronunciado en este juicio, se cobró a la parte quejosa, únicamente el catorce por ciento de la tarifa total, acorde con los certificados de pago que obran en autos y se le reintegró la parte que cubrió en exceso. Así mismo, se reintegró a la quejosa la cantidad pagada declarada inconstitucional, y se fijó el impuesto universitario correspondiente tomando como base la tarifa de derechos final, es decir, sobre la cantidad de $2,254.65 (dos mil doscientos cincuenta y cuatro pesos 65/100 moneda nacional). Por tanto, al apreciarse por parte de este órgano jurisdiccional que al llevar a cabo lo anterior, la responsable no incurrió en exceso o defecto, ni tampoco existió imposibilidad para su cumplimiento, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido, virtud a que se restituyó a la parte agraviada en el pleno goce del derecho fundamental transgredido. ARCHIVO Y VALORACIÓN DOCUMENTAL. En consecuencia, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido, el cual carece de relevancia documental y es susceptible de conservación, en términos de lo dispuesto en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación en siete de junio de dos mil veintitrés; así como, en el capítulo Séptimo, punto sub punto 1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal emitido en agosto de dos mil veinte. Por tanto, consérvese este expediente por el término de tres años a partir de esta fecha y transcurrido dicho plazo, procédase a su transferencia. Finalmente, se precisa que en el presente asunto no se tramitó incidente de suspensión de los actos reclamados. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Visto el estado actual de los presentes autos, de los cuales se desprende que la parte quejosa, no hizo manifestación alguna respecto de la vista concedida el veintisiete de julio de dos mil veintitrés; consecuentemente, esta autoridad procede a calificar el cumplimiento a la ejecutoria con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2ª./J. 26/2000, visible en la página doscientos cuarenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." EFECTOS DE LA SENTENCIA. El dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, dictó resolución al resolver respecto al recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa en contra de la sentencia emitida en el presente asunto, por la que resolvió modificar, sobreseer y conceder el amparo y protección de la Justicia Federal para los siguientes efectos: "Se le devuelva a la parte quejosa la cantidad que haya erogado por el concepto relativo al impuesto sobre la adquisición del vehículo automotor usado, esto es $4,213.98 (cuatro mil doscientos trece pesos 98/100 moneda nacional), pues la concesión del amparo contra la norma legal considerada inconstitucional, debe comprender también el acto de su aplicación, debido a que no puede desvincularse el estudio de la ley del que corresponde al de su acto de aplicación." EJECUTORIA DE LA SENTENCIA. El dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, se declaró ejecutoriada la sentencia dictada, por lo que se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento. CUMPLIMIENTO. Ahora bien, mediante oficio DJF.-13905-XIII/2023 de veinticuatro de julio del año en curso y anexo, suscrito por la Jefa del Departamento Jurídico Fiscal de la Dirección Jurídica y Delegado de la Secretaria de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, se advierte que el dieciocho de julio del año en curso, le fue entregado al quejos ROBERTO GRAJEDA RODRÍGUEZ, el cheque número 1158765 por concepto del pago de derechos por concepto relativo al impuesto sobre la adquisición del vehículo automotor usado. Lo cual se estima es acorde a los efectos por lo que se concedió el amparo y protección solicitado; es decir, que la autoridad devolvió a la parte quejosa la cantidad que haya erogado por el concepto relativo al impuesto sobre la adquisición del vehículo automotor usado. Por lo tanto, del examen de las documentales citadas, se tuvo a la autoridad de referencia, acreditando haber restituido al quejoso la cantidad erogada, puesto que remitió copia certificada del aludido cheque expedido a favor del accionista constitucional y firma de recepción del mismo. Por tanto, una vez analizado el efecto de la sentencia protectora, el oficio que remitió la autoridad, se considera que la autoridad acató en sus términos la ejecutoria de amparo pronunciada en este juicio. Ello es así, virtud a que como consecuencia del fallo pronunciado en este juicio, se cobró a la parte quejosa, únicamente el catorce por ciento de la tarifa total, acorde con los certificados de pago que obran en autos y se le reintegró la parte que cubrió en exceso. Así mismo, se reintegró a la quejosa la cantidad pagada declarada inconstitucional, y se fijó el impuesto universitario correspondiente tomando como base la tarifa de derechos final, es decir, sobre la cantidad de $2,254.65 (dos mil doscientos cincuenta y cuatro pesos 65/100 moneda nacional). Por tanto, al apreciarse por parte de este órgano jurisdiccional que al llevar a cabo lo anterior, la responsable no incurrió en exceso o defecto, ni tampoco existió imposibilidad para su cumplimiento, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido, virtud a que se restituyó a la parte agraviada en el pleno goce del derecho fundamental transgredido. ARCHIVO Y VALORACIÓN DOCUMENTAL. En consecuencia, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido, el cual carece de relevancia documental y es susceptible de conservación, en términos de lo dispuesto en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación en siete de junio de dos mil veintitrés; así como, en el capítulo Séptimo, punto sub punto 1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal emitido en agosto de dos mil veinte. Por tanto, consérvese este expediente por el término de tres años a partir de esta fecha y transcurrido dicho plazo, procédase a su transferencia. Finalmente, se precisa que en el presente asunto no se tramitó incidente de suspensión de los actos reclamados. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
se notifica por medio de lista el auto de veintisiete de julio de dos mil veintitrés a la parte quejosa que en lo conducente dice: Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Jefa del Departamento Jurídico Fiscal de la Dirección Jurídica de la Secretaria de Hacienda del Poder Ejecutivo, en representación de la Secretaria de Hacienda, con sede en esta ciudad; y en atención a su contenido, téngasele informando sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo dictada en este juicio. Conforme a lo anterior, a efecto de acatar lo previsto por el numeral 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, con el contenido del oficio y anexo referidos, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que sea legalmente notificada del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga debiendo exponer, en su caso, las razones particulares por las cuales considera que existe exceso o defecto en el cumplimiento dado a la sentencia, apercibida que transcurrido dicho plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este Juzgado dictará resolución en la que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Notifíquese y personalmente a la quejosa.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Jefa del Departamento Jurídico Fiscal de la Dirección Jurídica de la Secretaria de Hacienda del Poder Ejecutivo, en representación de la Secretaria de Hacienda, con sede en esta ciudad; y en atención a su contenido, téngasele informando sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo dictada en este juicio. Conforme a lo anterior, a efecto de acatar lo previsto por el numeral 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, con el contenido del oficio y anexo referidos, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que sea legalmente notificada del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga debiendo exponer, en su caso, las razones particulares por las cuales considera que existe exceso o defecto en el cumplimiento dado a la sentencia, apercibida que transcurrido dicho plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este Juzgado dictará resolución en la que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Notifíquese y personalmente a la quejosa.
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