Roberto González Tolentino
Expediente 576/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 576/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 27/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Roberto González Tolentino
Actuaciones
- Principal
Vistos los presentes autos, se aprecia que el quince del mes actual, se tuvo al Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, comunicando que el nueve del citado mes, requirió la devolución del despacho 430/2023, al Juzgado Primero Penal de Primera Instancia de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, relacionado con el exhorto con número de origen 413/2023 y de orden 1143/2023, de trece de octubre pasado, deducido de este juicio de garantías, sin que haya sido devuelto dicho exhorto. En consecuencia, de la manera más atenta al titular del citado juzgado federal, para que de no existir impedimento legal, se sirva devolver debidamente diligenciada dicha comunicación oficial, o en su caso, informe el estado procesal que guarda. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los presentes autos el oficio 25201/2023, del Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, recibido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), mediante el cual en atención a lo solicitado en proveído de siete del actual, comunica el diverso de nueve siguiente, dictado en la comunicación oficial 560/2023, de su índice, donde se aprecia en lo que interesa que requirió la devolución del despacho 430/2023, al Juez Primero Penal de Primera Instancia de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, relacionado con el exhorto con número de origen 413/2023 y de orden 1143/2023, de trece de octubre de dos mil veintitrés, de este índice. Circunstancia que se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. Notifíquese.
- Principal
Visto el estado de autos, se aprecia que no ha sido devuelta la comunicación oficial exhorto 413/2023, con número de orden 1143/2023, de trece de octubre de dos mil veintitrés, por medio del cual se ordena notificar al quejoso los proveídos de cinco y trece de octubre del año en curso. Por otra parte, del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), se advierte que dicha comunicación fue turnada al órgano jurisdiccional siguiente: ... JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE OAXACA. CON SEDE EN SAN BARTOLO COYOTEPEC ...Notifíquese.
- Principal
Por recibida la demanda de amparo que promueve *****, defensor particular de ****, en la causa penal 217/2023, del índice del Juzgado de Control de Juchitán, Oaxaca, contra actos del titular de dicho juzgado. Fórmese cuaderno de amparo; regístrese en el libro de gobierno con el número 576/2023 y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Del análisis integral del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa, reclama lo siguiente: AUTORIDAD ACTO RECLAMADO Juez de Control del Circuito Judicial del Istmo, con sede en Juchitán, Oaxaca. La resolución de treinta de septiembre de dos mil veintitrés, dictada en la causa penal ****, consistente en la medida cautelar de prisión preventiva justificada ... CAUSA DE IMPROCEDENCIA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia debe desecharla de plano. Se impone precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de análisis de la demanda; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. .. Precisado lo anterior, este juzgador advierte que la acción constitucional es notoriamente improcedente y, por ende, debe desecharse conforme a lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. En efecto, en el caso se actualiza la hipótesis prevista por el ordinal 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo (.)" Del precepto transcrito se advierte en lo que aquí interesa que, cuando exista un medio ordinario de defensa por virtud del cual pueda modificarse, revocarse o nulificarse el acto que se reclama éste debe ser agotado sin distinción alguna, previo al juicio de amparo. Así, el principio de definitividad que rige al juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe previamente a su promoción acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente, que en esencia se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición en exclusiva de violaciones directas a la Constitución Federal. Efectivamente, los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Ahora, para que se actualice la causal de improcedencia prevista por la fracción XVIII, del ordinal 61 de la Ley de Amparo, es necesario que concurran las siguientes hipótesis: a) Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un Tribunal judicial; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa surja dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y, d) Que por virtud de dicho medio la resolución judicial pueda ser revocada o modificada. Es importante destacar que el citado numeral hace referencia a la no exigencia de mayores requisitos, lo cual significa que si la ley rectora del recurso, juicio o medio de defensa, señala iguales o menores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, el principio de definitividad debe regir en tal caso; en consecuencia, previamente a promover el juicio de derechos fundamentales, la parte quejosa deberá agotar esos medios ordinarios de impugnación. Asimismo, también hace referencia a los actos que deban ser revisados de oficio conforme a las leyes que los rijan, pues en esa revisión la autoridad, ya sea la misma que emitió el acto, su superior jerárquico o aquélla que, en su caso, prevea la ley, puede de facto convalidar o no dicho acto, circunstancia última que podría nulificar, revocar o modificarlo. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo, encuentra su justificación en el hecho que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación. .. Ahora bien, como se adelantó, la parte solicitante del amparo reclama del Juez de Control del Circuito Judicial del Istmo, con sede en Juchitán, Oaxaca, la medida cautelar de prisión preventiva justificada, dictada el treinta de septiembre de dos mil veintitrés, en la causa penal 217/2023. Así, contra dicho acto se actualiza la causa de improcedencia invocada, pues la parte quejosa se encuentra en aptitud de solicitar la revisión, modificación o sustitución de dicha medida impuesta de conformidad con el contenido del artículo quinto transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el diario oficial de la federación el diecisiete de junio de dos mil dieciséis. ..Ahora bien, en contra del acto reclamado en el presente juicio, se actualiza la causa de improcedencia invocada, pues la parte quejosa debió interponer en su contra el medio de defensa ordinario; esto es, la revisión de la medida cautelar decretada en su contra y de no estar conforme con la resolución que para efecto se emita, proponer el recurso de apelación. En efecto, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece: .. Dicha hipótesis normativa indica que las decisiones judiciales referentes a las medidas cautelares son apelables; pero incluso, la parte agraviada debió solicitar una revisión de la medida cautelar. En el numeral enunciado en segundo término, se advierte que, cuando se decreta una medida cautelar las partes -incluido el investigado- puede solicitar una modificación de la medida otorgada, para lo cual se realizará una audiencia que deberá tener verificativo cuarenta y ocho horas después de que se solicite. Posteriormente de no modificarse la medida de que se trate, podrá ser apelable. .. Es decir, nuestro máximo órgano constitucional reafirma la revisión de la medida cautelar e incluso en el numeral 19 de la Constitución Federal no se desprende limitante alguna que permita decidir -ni por algún método interpretativo- que la prisión preventiva, una vez impuesta, no podrá ser revisable. Ahora, del contenido de cada uno de los preceptos que integran el capítulo IV denominado "Medidas cautelares" y del capítulo V, intitulado "De la supervisión de las medidas cautelares" que corresponden, del artículo 153 al 182 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no se advierte la intención del legislador federal de impedir que la prisión preventiva pudiera ser revisable. En efecto, del contenido de todos los demás artículos que conforman los capítulos IV y V, citados del Código Nacional, únicamente se desprende la referencia -en general- de "las medidas cautelares" previstas en dicha legislación, así como las reglas generales de su imposición, su procedencia, los tipos, la proporcionalidad al imponerlas, su imposición, el debate que se realice para ello, el contenido de la resolución que las imponga, la impugnación de la decisión judicial, la revisión de la medida, la audiencia de revisión, los medios de prueba para la imposición y revisión de la medida, evaluación y supervisión. En ese orden de ideas, bajo el entendimiento de que la prisión preventiva es una restricción constitucional a la libertad personal, que bajo la normatividad internacional debe ser una medida excepcional para su imposición, se puede afirmar que ni el legislador de la Constitución ni el legislador ordinario propiciaron distinción alguna de aquella figura en cuanto a la posibilidad de su revisión, cese o prolongación. Como sea, la prisión preventiva (en cualquier modalidad) es profundamente restrictiva del derecho a la libertad personal de los imputados en el proceso penal acusatorio y, por tanto, debe ser revisable. Por lo que, la parte quejosa debe formular la petición de revisión de la medida cautelar ante el Juez de Control, para que, se determine si cesa o se prolonga su aplicación; antes de acudir al juicio de amparo. Consecuentemente, al ser manifiesta e indudable la causa de improcedencia derivada de la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, con apoyo en el precepto 113 de ese cuerpo normativo, procede desechar la demanda de amparo. En tales condiciones, al actualizarse de forma manifiesta e indudable las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XVIII, en relación con los diversos 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -aplicados en sentido contrario-, se desecha de plano la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente. DOMICILIO En términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, téngase como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones el que se indica. AUTORIZADOS Asimismo, con fundamento en el artículo 12, última parte del segundo párrafo, de la ley de la materia, ténganse como autorizados a ********************, únicamente para oír y recibir notificaciones, documentos e imponerse de los autos, quienes una vez que inscriban en el registro correspondiente su cédula profesional que los faculte para ejercer su profesión, se les reconocerán las amplias facultades previstas en el artículo 12 mencionado. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y DIGITALES Por economía procesal, se autoriza el uso de medios electrónicos y digitales, en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Asimismo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones personales que deban realizarse a las partes en este juicio, en términos del artículo 21 de la ley de la materia. INTEGRACIÓN DE PROMOCIONES QUE NO INCIDAN EN LA PROSECUCIÓN EFECTIVA DEL EXPEDIENTE En diverso aspecto, se hace del conocimiento de las partes que conforme a la tutela judicial pronta y efectiva, así como al debido proceso, contenido en los artículos 112 y 124, primer párrafo, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 62, del Código Federal de Procedimientos Civiles; se determina que las promociones que presenten las partes, autoridades auxiliares y tribunales relativos a los trámites que no incidan en la prosecución efectiva del expediente ni constituyan determinaciones judiciales que deba emitir este juzgado, con excepción de las que por disposición expresa de ley deban darse vista a las partes, se glosarán en el expediente y, en términos del referido artículo 62 del citado ordenamiento, el Secretario hará constar la hora y el día en que se presentó el oficio o escrito, considerando, desde este momento, realizadas las manifestaciones respectivas, quedando las partes en aptitud de imponerse de ellas. Este criterio tiene como objeto evitar dilaciones procesales excesivas e innecesarias en estricto cumplimiento a lo previsto por el artículo 17 constitucional y que el expediente se encuentre en la mesa de trámite el mayor tiempo posible para consulta de las partes, a fin de que puedan imponerse de las constancias exhibidas en autos y los proveídos dictados. Lo anterior, con el fin de garantizar el cumplimiento de las determinaciones de manera pronta y expedita, en acatamiento la obligación de este órgano judicial prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En otro aspecto, de conformidad con el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se faculta al secretario de este juzgado en turno para que firme de manera electrónica los oficios y comunicaciones oficiales que se emitan en cumplimiento a lo ordenado en este proveído y de las subsecuentes actuaciones dictadas en el presente asunto durante el citado periodo, o bien, en caso de que así se requiera lo haga de manera autógrafa, previa validación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) por parte del suscrito. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO En atención a lo establecido en el artículo 3°, párrafos quinto y séptimo de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones que hayan sido presentadas de manera física, para su debida integración en el expediente electrónico y, únicamente deberán imprimirse los documentos digitales e incorporarse al expediente físico lo que resulte indispensable para el impulso del asunto, como puede ser el caso de las constancias de notificación, por lo que se instruye al Secretario de Juzgado, al actuario judicial, al oficial judicial y demás encargados de la digitalización de constancias, que llevan el trámite de este expediente, a supervisar y realizar la captura electrónica de los acuerdos y las resoluciones emitidas en el presente asunto, así como la digitalización, de las promociones documentos, diligencias y notificaciones que obren en el mismo en los términos ya indicados. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, pero éstas podrán oponerse a la publicación de los datos personales, en términos del artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese a la parte quejosa a través de sus autorizados en términos del artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo.
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