Roberto González Pulido

Expediente 999/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 1 actuación registrada, la última del 7 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
999/2018
Año
2018
Actuaciones
1
Última actuación
07/11/2018

Partes del expediente

  • Roberto González Pulido

Actuaciones

  1. Principal

    MESA I. SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, EL AUTO DE SIETE DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Vista la demanda de amparo promovida por Miriam Alcántara Mejía, quien se ostenta como defensora pública federal del quejoso Roberto González Pulido, contra actos del Juez Tercero de Distrito Especializado en Ejecución de Penas, en la Ciudad de México, por violación a los derechos fundamentales previstos en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se provee: COMPETENCIA Resulta necesario hacer el análisis de la competencia legal en razón de territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado, por ser un presupuesto procesal de orden público que puede analizarse en cualquier estado del juicio. Al respecto, es necesario puntualizar que este órgano jurisdiccional carece de competencia por razón de territorio para conocer de la demanda planteada, en atención a las siguientes consideraciones. Los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 37 de la Ley de Amparo, en su orden establecen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes: "(.)" VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridades administrativas, se interpondrá ante el juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutar, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia." "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la interpretación sistemática de los artículos transcritos, se obtienen los criterios básicos para determinar la competencia de los Jueces de Distrito para conocer de los juicios de amparo; reglas que para una mejor comprensión se puntualizan a continuación: 1. Con independencia de dónde radique la autoridad responsable, corresponde conocer del juicio de amparo indirecto al Juez del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquéllos que después de su emisión requieren de ejecución por parte de la misma autoridad o una diversa. 2. Para el caso que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces Federales residentes en esas localidades. 3. En el supuesto que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito diverso al que se presentó la demanda de amparo, será competente el Juez donde se presentó la demanda. 4. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En el caso, de la lectura integral de la demanda, se advierte que el acto reclamado por la parte quejosa, consiste en: El acuerdo de diez de octubre de dos mil dieciocho, dictado en el SD 459/2017, relacionado con el SIPE 727/2014, emitido por el Juez Tercero de Distrito Especializado en Ejecución de Penas, con residencia en la Ciudad de México, que desechó por notoriamente improcedente el incidente no especificado respecto de los beneficios de libertad preparatoria, tratamiento preliberacional y remisión parcial de la pena. Ahora bien, de la demanda de amparo se advierte que el amparista se encuentra interno en el Centro de Readaptación Social Nogales Varonil, Sonora, en virtud de que fue sentenciado el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Nogales, dentro de la Causa Penal 256/2011. En ese sentido, el acto que reclama en el presente juicio consistente en el acuerdo de diez de octubre de dos mil dieciocho, dictado en el SD 459/2017, relacionado con el SIPE 727/2014, emitido por el Juez Tercero de Distrito Especializado en Ejecución de Penas, con residencia en la Ciudad de México, que desechó por notoriamente improcedente el incidente no especificado respecto de los beneficios de libertad preparatoria, tratamiento preliberacional y remisión parcial de la pena, constituye un acto que modifica las condiciones en que la privación de la libertad del quejoso deba ejecutarse, pues aun cuando no afecta por sí solo la libertad del sentenciado, sí lo hace indirectamente, ya que podría modificar las condiciones en que tal privación debe llevarse a cabo o bien ejecutarse. Por lo anterior, cuando el juicio de amparo se promueve contra actos que afectan indirectamente la libertad de las personas es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto tendrá ejecución en el lugar donde el quejoso esté recluido, y por ende, resulta competente para conocer del juicio de garantías el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario. Corrobora lo anterior, la jurisprudencia 48/2005 aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página cinco, Tomo XXI, junio de dos mil cinco, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN ESTÉ RECLUIDO EL QUEJOSO, EN EL MOMENTO EN QUE SE LE NIEGUE O NO SE DÉ TRÁMITE A SU SOLICITUD DE OTORGAMIENTO RESPECTO DE ALGUNO DE LOS BENEFICIOS PARA SUSPENDER LA EJECUCIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN. Del artículo 36 de la Ley de Amparo se advierten tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) será competente el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, si se toma en cuenta que el reo está privado de su libertad en el momento en el que solicita la concesión de alguno de los beneficios previstos en la ley para suspender la ejecución de la pena de prisión, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando se niegue el beneficio o no se dé trámite a la solicitud indicada, resulta competente para conocer del juicio de garantías relativo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario." Asimismo por identidad jurídica la jurisprudencia 1a./J. 17/2013 (10a.) aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 800, Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 1, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro 2003323 que dice: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. AL AFECTAR INDIRECTAMENTE LA LIBERTAD PERSONAL DEL PROCESADO O SENTENCIADO, LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA CONTRA AQUÉLLA PUEDE PRESENTARSE EN CUALQUIER TIEMPO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 22, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la libertad personal de los individuos no sólo se afecta a través de actos de autoridad que tengan como consecuencia material privarlos de la que disfrutan en ese momento, sino también mediante actos que determinen la permanencia del gobernado en dicha situación o que modifiquen las condiciones en que tal privación deba ejecutarse. Bajo este contexto, aun cuando la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, por sí sola, no afecta la libertad personal del procesado o del sentenciado, sí lo hace indirectamente, toda vez que modifica las condiciones en que tal privación debe llevarse a cabo o bien ejecutarse, además de lesionar directamente otros derechos, como el de una defensa adecuada previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto que el procesado se encontraría físicamente en un lugar diverso de aquel en que se sigue la causa penal, o el derecho del sentenciado a purgar la condena en un centro penitenciario cercano a su domicilio, establecido en el numeral 18 de la propia Constitución. Por lo anterior y conforme a la nueva visión constitucional que tutela los derechos de la persona, cuando el juicio de amparo se promueve contra actos que afectan indirectamente la libertad de las personas no puede limitarse el ejercicio del derecho de acción y reducirlo al plazo de quince días, pues ello implicaría que las autoridades faltaran al deber de procurar y favorecer en todo momento ampliamente a la persona; de ahí que la demanda de amparo indirecto promovida contra la referida orden de traslado, se ubique dentro del supuesto de excepción a que se refiere el artículo 22, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, por lo que puede presentarse en cualquier tiempo." Lo anterior es así, ya que el acuerdo de diez de octubre de dos mil dieciocho, dictado en el SD 459/2017, relacionado con el SIPE 727/2014, emitido por el Juez Tercero de Distrito Especializado en Ejecución de Penas, con residencia en la Ciudad de México, que desechó por notoriamente improcedente el incidente no especificado respecto de los beneficios de libertad preparatoria, tratamiento preliberacional y remisión parcial de la pena, tiene como consecuencia que el quejoso continúe privado legalmente de la libertad personal, por ende, es indudable que dicho acto se seguirá ejecutando materialmente en el lugar en donde actualmente permanece recluido y, por ello, resulta competente por razón de territorio, para conocer del juicio de garantías el Juez de Distrito en el Estado de Sonora, en turno, con residencia en Nogales, lugar de ubicación del Centro Penitenciario donde se encuentra interno Roberto González Pulido. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 37 y 48, de la Ley de Amparo, este Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal declara carecer de competencia legal para conocer del presente juicio de amparo. En virtud de lo anterior, con fundamento en el ordinal 34, en cita remítase el presente sumario, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Nogales, para que a su vez la remita al Juez de Distrito en turno, solicitándole a éste el acuse de recibo e informe si confirma el acuerdo de competencia respecto al aludido acto reclamado. Se tiene como domicilio para recibir notificaciones de la parte impetrante el que señala en su escrito de demanda y como autorizado únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos a la persona señalada en el proemio del escrito de demanda, por así haberlo solicitado expresamente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Conforme al artículo 21, párrafo tercero, de la ley reglamentaria invocada, se habilitan horas y días inhábiles, para que las Actuarias de la adscripción practiquen alguna notificación, con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Se instruye a los Secretarios, Oficiales administrativos y Actuarios Judiciales, en lo conducente, supervisar y/o realizar la captura electrónica de acuerdos emitidos en este juicio, así como la digitalización de las promociones, diligencias, documentos y notificaciones que obren en el mismo, a fin de que el expediente electrónico concuerde en su totalidad con el impreso; ello, en términos del numeral 3º, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, en el inciso e) del artículo 12 del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, así como en los diversos artículos 5 y 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. CAPTURA SISE En cumplimiento al artículo 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo al registro de los movimientos de los juicios de amparo, procesos y recursos que se tramiten ante los órganos jurisdiccionales así como la captura diaria que aseguren la permanente actualización y veracidad contenida en ese Sistema, se ordena a la Secretaría supervise que la Analista Jurídica Especializada capture su ingreso en el citado Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

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