Roberto González Nuñez

Expediente 451/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 8 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
451/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
03/10/2022

Partes del expediente

  • Roberto González Nuñez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, tres de octubre de dos mil veintidós. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que parte legitimada interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia en la que se negó el amparo en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y depúrese una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Se requiere a las partes para que, en caso de que hubieren exhibido documentos originales, acudan al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperarlos; con apercibimiento que de no hacerlo, en términos del numeral 18, segundo párrafo, del referido Acuerdo General, dichos documentos serán glosados y correrán la suerte del expediente. Devolución de legajos de pruebas. En ese orden de ideas, resulta innecesario conservar los legajos de pruebas señalados como Tomo I y II, el cual fue formado con las constancias remitidas por la responsable; en esa virtud, se ordena su devolución a su lugar de origen. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y tercera interesada y, por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    CON ESTA FECHA SE TIENE POR HECHA LA NOTIFICACION PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA Y TERCERO INTERESADA DEL CONTENIDO DEL AUTO DE 03 DE OCTUBRE DE 2022, EN EL CUAL SE DECRETO: HA CAUSADO EJECUTORIA Y SE ORDENA EL ARCHIVO.........

  3. Principal

    Audiencia y resolución Constitucional En Hermosillo, Sonora, a las once horas con un minuto del siete de septiembre de dos mil veintidós, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, asistido de la secretaria Cleotilde Jáuregui Enríquez, con quien actúa, declara abierta la presente audiencia conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, la secretaria relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda, auto de admisión, constancias de emplazamiento a juicio de las partes e informe justificado de la autoridad responsable; a lo que el juez acuerda: téngase por hecha la certificación anterior para los efectos legales a que haya lugar. A continuación, se declara abierto el periodo probatorio, se da cuenta con las documentales ofrecidas por la autoridad responsable y la moral quejosa. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por admitidas y desahogadas por su naturaleza las aludidas probanzas. Cerrada la etapa probatoria y abierta la de alegatos, la secretaria hace constar que las terceras interesadas los formularon. El juez acuerda: se tienen por reproducidas las manifestaciones realizadas por las citadas partes, las que serán atendidas en el momento procesal oportuno. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, téngase por perdido el derecho de las demás partes para expresarlos; se cierra esta fase y al no existir diligencia pendiente que desahogar, se procede a dictar la resolución que conforme a derecho corresponda. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 451/2022 PC-I-C; y, I. Antecedentes y trámite del juicio de amparo Presentación de la demanda. Mediante escrito de demanda recibido el siete de abril de dos mil veintidós, en el buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora y turnado a este órgano jurisdiccional al día siguiente hábil, MXC Properties sociedad de responsabilidad limitada de capital variable por conducto de su apoderado para pleitos y cobranzas, Roberto González Núñez, promovió demanda de amparo, en contra de un acto del juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora. Admisión la presente demanda. El diecinueve siguiente, se admitió a trámite la demanda, se solicitó a la autoridad responsable informe justificado; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional la cual previos diferimientos, se celebró en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: II. Competencia Este juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 1, 6, 33, fracción IV, 37, y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de un juicio de amparo indirecto promovido contra un acto cuya ejecución tuvo lugar dentro del ámbito territorial en el que este juzgado ejerce jurisdicción. III. Precisión del acto reclamado Del estudio integral de la demanda de amparo, y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como acto reclamado el siguiente: La resolución incidental de quince de marzo de dos mil veintidós dictada por el juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora, dentro del incidente de actualización de intereses moratorios derivado del juicio ordinario civil 899/2019. Existencia del acto reclamado Es cierto el acto reclamado, por así declararlo al rendir su informe justificado, el juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora; certeza que se corrobora con las constancias que remitió, de las cuales se advierte el acto impugnado. Actuaciones a las que se les concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2, ya que se tratan de documentos expedidos por un servidor público en ejercicio de las atribuciones que la ley le asigna. Causas de improcedencia En virtud de que las partes no hicieron valer causas de improcedencia, y este juzgado no advierte de oficio que se actualice alguna de las previstas en el numeral 61 de la Ley de Amparo, resulta procedente entrar al estudio del fondo de la litis constitucional planteada, sin que este órgano jurisdiccional tenga la obligación de analizar todas las causas de improcedencia que hipotéticamente prevé tal precepto. Sobre dicha cuestión, es aplicable la jurisprudencia P./J. 22/91 sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expresa: "IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Si el Juez de Distrito no encuentra causal de improcedencia que amerite su estudio oficioso para sobreseer en el juicio, no está obligado a hacerse cargo del estudio de todas y cada una de las contempladas en el artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que el último párrafo de dicho precepto no lo obliga a que analice todos y cada uno de los supuestos de improcedencia contenidos en la ley, bastando que estudie y se pronuncie sobre las causales específicamente invocadas por las partes y las que oficiosamente considere aplicables, para tener por satisfecho el precepto en comento." (No. de Registro: 205800, Octava Época, Instancia: Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación, Junio de 1991, Tomo VII, página: 60). Conceptos de violación Si bien no se transcriben los conceptos de violación, se tienen por insertos en aras de economía procesal, toda vez que no existe disposición en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción; no obstante, para su análisis se sintetizarán más adelante. Cobra aplicación la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 publicada en la página ochocientos treinta, tomo XXXI, mayo de dos mil diez, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a continuación se transcribe: ''CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." (No. de Registro: 164618, Novena Época, Instancia: Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 2010, Tomo XXXI, página: 830). Estudio de fondo Son infundados por un lado e inoperantes por otro los conceptos de violación que formula la quejosa MXC Properties sociedad de responsabilidad limitada de capital variable. Por las consideraciones siguientes. En sus motivos de inconformidad la impetrante refiere substancialmente como violación procesal, que la admisión del incidente de actualización de intereses moratorios derivado del juicio ordinario civil 899/2019 del índice del juez responsable, fue incorrecta pues con motivo de su tramitación y resolución, la citada autoridad ejecuta una sentencia que no está firme, al haber presentado la parte quejosa recurso de queja contra la determinación en la que el juez natural la elevó a cosa juzgada Asimismo, refiere que en la resolución reclamada el juez natural indebidamente determinó procedente el incidente referido, soslayando lo establecido por los cánones 484 fracción I en relación con el diverso 227, fracción VI, ambos de la codificación civil adjetiva de la Entidad, pues no obstante la demanda incidental propuesta por las morales actoras -aquí terceras interesadas- no realizaron una narración clara y suscitan de los hechos en la cual la fundaban, la autoridad les "suplió la deficiencia de la queja" y resolvió declaró fundado el incidente propuesto. Motivos de disenso, que a decir de la parte quejosa, violan los principios de seguridad jurídica y legalidad estatuidos los artículos 14 y 16 de la Carta Magna. A fin de dar respuesta a lo reseñado, es menester invocar lo que al respecto establece el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora: ARTÍCULO 351.- Sólo se requerirá declaración judicial de que han causado ejecutoria, respecto de las sentencias de primera instancia que sean apelables: (.) El auto que declara que la sentencia ha causado o no ejecutoria es recurrible en queja. En los demás casos, las sentencias causarán ejecutoria por ministerio de la ley, sin necesidad de declaración expresa que lo indique, una vez que no estén sujetas a impugnación. (.) ARTÍCULO 382.- La admisión de la apelación en el efecto suspensivo se sujetará a las siguientes reglas: I.- Sólo podrá admitirse la apelación en el efecto suspensivo en lo(sic) siguientes casos: (.) c) Las sentencias definitivas dictadas en los juicios ordinarios; (.) III.- No obstante la admisión de la apelación en el efecto suspensivo, el que obtuvo sentencia favorable de condena puede pedir que se efectué(sic) embargo provisional para el aseguramiento de lo sentenciado y de las medidas que puedan garantizar la ejecución. Estas medidas provisionales sólo se llevarán a cabo si se otorga caución para responder de los perjuicios que ocasionen a la contraparte, pero sin que se requiera prueba para acreditar su necesidad. Si la resolución contiene una parte que se refiera a alimentos, en esta parte se ejecutará sin necesidad de caución. El remate o adjudicación no podrán llevarse adelante, pero si podrán tener verificativo las diligencias previas como avaluó(sic), incidentes de liquidación de sentencia y otras similares. En caso de que a petición de alguna parte se lleven a cabo estas medidas de aseguramiento, y posteriormente se revocare la sentencia, la parte que las pidió indemnizará a la otra de los daños y perjuicios que le hubiere ocasionado con el embargo o medidas provisionales, haciéndose en su caso efectiva la caución; (.) ARTÍCULO 394.- El recurso de queja deberá interponerse dentro de los dos días siguientes al de la notificación de la resolución recurrida o de la fecha en que se ejecute el acto que lo motiva. ARTÍCULO 395.- El recurso de queja contra el juez se interpondrá ante el superior inmediato y dentro del término antes mencionado, dentro del cual, el que lo interponga lo hará saber al juez, el que tan pronto como tenga conocimiento de la queja, deberá remitir al superior informe con justificación, y el superior, dentro del tercero día de recibido, decidirá de plano y bajo su responsabilidad lo que corresponda. (.) ARTÍCULO 400.- Salvo los casos en que la ley disponga otra cosa, para que tenga lugar la ejecución forzosa se requerirá instancia de parte legítima, y sólo podrá llevarse a cabo una vez que haya transcurrido el plazo fijado en la resolución respectiva o en la ley, para el cumplimiento voluntario por parte del obligado. ARTÍCULO 401.- El término para el cumplimiento voluntario será el que fije la sentencia, resolución o convenio que trate de ejecutarse; en su defecto, el término para el cumplimiento voluntario será de cinco días. Los términos se contarán a partir de la fecha en que la resolución sea susceptible de ejecución conforme a las reglas contenidas en el artículo siguiente. En los casos de sentencias que condenan a prestación futura, el plazo para el cumplimiento voluntario comenzará a contarse desde que la prestación se haya hecho exigible. Si hubiere término de gracia, el plazo será a partir de la fecha en que expire este término, a menos que se de por vencido anticipadamente cuando la ley lo disponga. ARTÍCULO 402.- La ejecución forzosa tendrá lugar cuando se trate: I.- De sentencias definitivas, que tengan autoridad de cosa juzgada; (.) ARTÍCULO 408.- Si la resolución cuya ejecución se pide no contiene cantidad líquida, para llevar adelante la ejecución debe previamente liquidarse conforme a las siguientes prevenciones: I.- Si la resolución no contiene cantidad líquida, la parte a cuyo favor se pronuncio(sic), al promover la ejecución presentará su liquidación, de la cual se dará vista por tres días a la parte condenada. Si ésta no la objetare dentro del término fijado, se decretará la ejecución por la cantidad que importe, pero moderada prudentemente por el juez; mas si expresare su inconformidad, se dará vista de las razones que alegue a la parte promovente, por tres días, y de lo que replique, por otros tres al deudor. El juez fallará dentro de igual término lo que estime justo, y la resolución no será recurrible; Del texto normativo trasunto se advierte que: Solo podrán ejecutarse las sentencias definitivas que tengan autoridad de cosa juzgada. Previo al inicio de la etapa de ejecución forzosa, deberá concederse a la parte condenada, un término prudente a consideración del resolutor o en su defecto el plazo genérico de cinco días para el cumplimiento voluntario de lo sentenciado, plazo que comenzará a computarse a partir de que la resolución respectiva se encuentre firme. En caso de que la resolución que se pretenda ejecutar, contenga únicamente cantidad ilíquida, previo al inicio de la fase de ejecución deberá liquidarse la condena decretada. El recurso de queja procede contra el auto que declara firme una sentencia. Debe interponerse dentro de los dos días siguientes al de la notificación del acto que se pretenda combatir, ante el superior inmediato del juez. El citado código adjetivo de la entidad, no contempla que la queja suspenda la ejecución de la resolución impugnada, como lo prevé en el recurso de apelación en efecto suspensivo. El Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, al delimitar los efectos suspensivos de la apelación, establece como diligencias previas de la etapa de ejecución; los avalúos, incidentes de liquidación de sentencia y otros similares. De lo anterior, se colige que el hecho de que el juez responsable hubiera radicado y admitido el incidente de actualización de intereses moratorios presentado por las morales actoras -aquí terceras interesadas- no infringe lo previsto por el canon 402, fracción I de la multicitada legislación estatal, pues con meridiana claridad se advierte que dicho acto no surgió con motivo de la ejecución de la sentencia dictada en el juicio de origen, si no como un acto previo a dicha fase, cuyo fin es prepararla y servir como base para ésta. No obstante la parte quejosa refiere que la ejecución de las sentencias, deberá verificarse hasta en tanto éstas adquieran firmeza, pues en el caso concreto refiere que el auto mediante el cual se le otorgó la calidad de cosa juzgada a la sentencia dictada en el juicio natural no se encuentra firme, al haber sido recurrido por ella mediante el recurso de queja, lo cierto es que, el juicio natural aún no se encuentra en la etapa de ejecución que refiere. Aunado a lo anterior, el incidente de actualización de intereses moratorios, tampoco es un acto verificado durante la referida etapa, pues éste es independiente a los actos que tienden a la ejecución de la sentencia firme, pues su naturaleza es preparatoria a ésta, al encontrarse considerada por el artículo 382, fracción III del código adjetivo civil del Estado, como un acto previo a la etapa de ejecución, a diferencia de aquellos que tienden a la misma. A similar conclusión llegó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 20/97, en la que substancialmente definió la procedencia del amparo indirecto contra determinaciones que resuelven incidentes de liquidación de sentencia, por lo que consideró en lo que interesa lo siguiente: "El Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, en Puebla, Puebla, sostiene que la liquidación de la totalidad o parte de una sentencia, que condena a pagar una cantidad ilíquida constituye un medio preliminar para la ejecución del fallo para efectos del párrafo segundo, de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, rigurosamente hablando, no puede reputarse como un acto de ejecución de sentencia y sigue argumentando que el artículo 952 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala estatuye: 'La ejecución podrá despacharse: I.- Por la cantidad líquida en dinero en efectivo o puede liquidarse conforma (sic) al artículo 1694 del Código Civil. II.- Por cantidad líquida en especie. III.- Por la entrega de un bien determinado.' Para llegar a lo siguiente, sí el requisito sine qua non para despacharse la ejecución es que las prestaciones se encuentren debidamente liquidadas, luego resulta inconcuso que la liquidación de una sentencia propiamente no forma parte del procedimiento de ejecución de la misma, igualmente argumenta su dicho en lo dispuesto por el artículo 1348 del Código de Comercio, de cuyo estudio se desprende que si la frase 'se decretará la ejecución por la cantidad que importe la liquidación', permite esclarecer el problema en cuestión, pues si el legislador autoriza al Juez decretar la ejecución por la cantidad que importe la liquidación, es inconcuso que, lógicamente primero debe liquidarse la sentencia y después despacharse su ejecución, por lo tanto la interlocutoria que aprueba una planilla de liquidación no constituye un acto de ejecución de sentencia en términos del párrafo segundo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo (.) (.) Precisado lo anterior, esta Primera Sala considera que, como lo sostiene el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito en Puebla, Puebla, que la interlocutoria que pone fin al incidente de liquidación de sentencia, es un acto de un Tribunal Judicial ejecutado después de concluido el juicio, que válidamente puede reclamarse a través del juicio de amparo biinstancial. (.) Consecuentemente, esta Primera Sala por las razones que se expresan coincide con el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 195 de la Ley de Amparo, la Tesis correspondiente debe quedar redactada con el siguiente rubro y texto: 'INTERLOCUTORIA QUE PONE FIN AL INCIDENTE DE LIQUIDACION DE SENTENCIA. ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO.- La liquidación de la totalidad o parte de una sentencia, que condena a pagar una cantidad liquida, constituye un medio preliminar para la ejecución del fallo, y para los efectos del párrafo segundo de la fracción III, del artículo 114 de la Ley de Amparo, no puede reputarse como un acto de ejecución de sentencia, pues tratándose de prestaciones en dinero, es requisito que éstas se encuentren debidamente liquidada. Por ello, la interlocutoria que pone fin al incidente de liquidación de sentencia debe ser considerada como un acto ejecutado después de concluido el juicio, o sea, como un acto de los considerados como aquellos que se pueden impugnar ante un Juez de Distrito, dado que emanaría de un Tribunal Judicial, ejecutado después de concluido el juicio, reclamable a través del juicio de amparo biinstancial en términos del numeral en comento.'" (Lo subrayado es propio) Si bien es cierto, en la contradicción de tesis de trato, la Primera Sala estableció la procedencia del juicio biinstancial contra actos dictados después de concluido el juicio, también es cierto, que para arribar a la conclusión expresada, partió de la consideración de que los incidentes de liquidación de sentencia y las determinaciones que los resuelven, son actos que no tienen relación con la ejecución de sentencia, al preparar ésta y ser de carácter previo e independientes a la misma. Por otro lado, en relación con el diverso motivo de inconformidad expresado por la parte quejosa, debe decirse que es inoperante, pues parte de una premisa falsa. Lo anterior es así, pues refiere que la parte actora no cumplió con narrar de manera clara y sucinta los hechos en que sustentó su demanda incidental conforme a lo previsto en el artículo 484, fracción I, en relación con el 227 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora. De las constancias del juicio natural, allegadas por la autoridad responsable, se advierte del escrito de demanda mediante el que solicita la radicación del incidente de actualización de intereses moratorios, lo siguiente: "HECHOS PRIMERO.- Que en el año 2019 el suscrito CRAIG MURRAY RICKETTS, tal y como lo acredito con el poder emitido por la corte de california y su traducción que ya obra en autos del presente juicio, soy representante legal y presidente de las personas morales WESTRIDGE INVESTMENTE GROUP INC. Y WARRINGTON INVESTMENTS, LLC., y es por tal motivo que demande(sic) en la vía ordinaria civil- acción de pago de pesos hipotecario en donde entre otras cosas llegado el momento procesal oportuno se dictó sentencia en contra de la parte demandada MXC PROPERTIES S. DE R.L. DE C.V., además también en ese orden de ideas dicha sentencia ha causado ejecutoria. Derivado de lo anterior, a la hoy parte demandad se le condeno(sic) al pago de las prestaciones que fueron reclamadas en el escrito inicial e(sic) demanda y sus aclaraciones, y es por tal motivo que me permito desglosar cada una de ellas al tenor de las siguiente: PRESTACIONES" En ese tenor, debe concluirse que contrario a lo que refiere la parte quejosa, la parte accionante sí narró los hechos en los que sustentó su demanda. No pasa inadvertido por quien resuelve, el hecho de que la impetrante argumente que las morales actoras incidentales, no realizaron la narración de hechos aludida, y que por ende, el juez responsable "suplió la deficiencia" al determinar que la cantidad condenada a liquidar tenía como base el resolutivo segundo de la sentencia, sin embargo, dicha actuación se encuentra circunscrita a una cuestión de derecho que el propio juez responsable estimó, sin que el haber omitido dicha afirmación en el citado apartado de la demanda incidental pueda considerarse como un exceso en la resolución del incidente del que deriva el acto reclamado y por ende, un desequilibrio procesal entre las partes. Máxime que el escrito de demanda incidental, se insiste, cumplió con el requisito previsto en los arábigos 484, fracción I y 227, fracción VI, ambos de la legislación adjetiva civil del Estado. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia 2a/J.108/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE SUSTENTAN EN PREMISAS FALSAS. Los agravios cuya construcción parte de premisas falsas son inoperantes, ya que a ningún fin práctico conduciría su análisis y calificación, pues al partir de una suposición que no resultó verdadera, su conclusión resulta ineficaz para obtener la revocación de la sentencia recurrida." (No. de Registro: 2001825, Décima Época, Instancia: Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 3, página: 1326). También resulta ilustrativa la jurisprudencia XVII.1 .C.T. J/5 (10a.), cuyo contenido apoya lo determinado, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE TIENEN COMO SUSTENTO UN POSTULADO NO VERÍDICO [APLICACIÓN ANALÓGICA DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 108/2012 (10a.)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia en cita, determinó que los agravios cuya construcción parte de premisas falsas son inoperantes, ya que a ningún fin práctico conduciría su estudio pues, al partir de una suposición no verdadera, su conclusión es ineficaz para obtener la revocación de la sentencia recurrida; principio que aplica a los conceptos de violación cuyo sustento es un postulado que resultó no verídico; de ahí que sea ocioso su análisis y, por ende, merecen el calificativo de inoperantes." (No. de Registro: 2008226, Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 14, Enero de 2015, Tomo II, página: 1605). Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.4o.A. J/48, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, bajo el título y literal siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON INOPERANTES CUANDO LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL QUEJOSO O EL RECURRENTE SON AMBIGUOS Y SUPERFICIALES. Los actos de autoridad y las sentencias están investidos de una presunción de validez que debe ser destruida. Por tanto, cuando lo expuesto por la parte quejosa o el recurrente es ambiguo y superficial, en tanto que no señala ni concreta algún razonamiento capaz de ser analizado, tal pretensión de invalidez es inatendible, en cuanto no logra construir y proponer la causa de pedir, en la medida que elude referirse al fundamento, razones decisorias o argumentos y al porqué de su reclamación. Así, tal deficiencia revela una falta de pertinencia entre lo pretendido y las razones aportadas que, por ende, no son idóneas ni justificadas para colegir y concluir lo pedido. Por consiguiente, los argumentos o causa de pedir que se expresen en los conceptos de violación de la demanda de amparo o en los agravios de la revisión deben, invariablemente, estar dirigidos a descalificar y evidenciar la ilegalidad de las consideraciones en que se sustenta el acto reclamado, porque de no ser así, las manifestaciones que se viertan no podrán ser analizadas por el órgano colegiado y deberán calificarse de inoperantes, ya que se está ante argumentos non sequitur para obtener una declaratoria de invalidez." (No. de Registro: 173593, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Enero de 2007, Tomo XXV, página: 2121). De igual forma es aplicable, la tesis jurisprudencia J/4, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, que textualmente indica: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. RESULTAN INOPERANTES POR INSUFICIENTES SI NO ATACAN TODOS LOS ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN EL SENTIDO DE LA SENTENCIA COMBATIDA. Resultan inoperantes los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo directo que no controvierten todas las consideraciones y fundamentos torales del fallo reclamado, cuando, por sí solos, pueden sustentar el sentido de aquél, por lo que al no haberse controvertido y, por ende, no demostrarse su ilegalidad, éstos continúan rigiendo el sentido de la resolución combatida en el juicio constitucional. De ahí que los conceptos de violación resulten inoperantes por insuficientes, pues aun de resultar fundados no podrían conducir a conceder la protección constitucional solicitada." (No. de Registro: 178786, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2005, Tomo XXI, página: 1138). Finalmente son inatendibles los alegatos formulados por las morales terceras interesadas, dado que dichas manifestaciones no forman parte de la litis Constitucional, sin que ello implique transgresión a derecho procesal alguno. Tiene aplicación sobre el particular, la jurisprudencia P./J. 27/94, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos." (No. de Registro: 205449, Octava Época, Instancia: Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Agosto de 1994, Tomo 80, página: 14). Decisión. En las relatadas condiciones, ante lo infundado e inoperante de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa en relación con el acto reclamado precisado en el considerando III, lo que procede es negar el amparo solicitado. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se: IX. Resuelve Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a MXC Properties sociedad de responsabilidad limitada de capital variable, en contra del acto reclamado al juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora, señalado en el apartado III, por las razones expuestas en el considerando VII del presente fallo. Notifíquese; por oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Cleotilde Jáuregui Enríquez, secretaria de juzgado que autoriza y da fe. Doy Fe.

  4. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veintitrés de agosto de dos mil veintidós. Diferimiento de audiencia constitucional. Vista la certificación que antecede y del estado procesal que guardan los autos, se advierte la imposibilidad para llevar a cabo la celebración de la audiencia constitucional programada para esta fecha, toda vez que se encuentra transcurriendo a las partes la vista otorgada en auto de nueve de agosto de la anualidad que transcurre. En consecuencia, se difiere la aludida audiencia constitucional y se fijan las once horas con un minuto del siete de septiembre de dos mil veintidós, para su celebración. Al respecto, es aplicable en lo que interesa, la tesis XXI.2o.16 K, del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, publicada en el Tomo XIII, abril de 2001, página 1081, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, la cual es del texto y rubro siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. SE CONSTITUYE CON LAS CONSTANCIAS QUE LO APOYEN. Aun cuando la autoridad responsable rinda el informe justificado con la debida anticipación de al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia constitucional, si no acompañó al mismo la totalidad de las constancias debidamente legibles que lo apoyen y hubo necesidad de requerirlas con fundamento en el artículo 78, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se entiende que se integró debidamente dicho informe en el momento en que el Juez de Distrito recibió las constancias que le fueron enviadas por la autoridad responsable, en virtud de ser parte integrante del mismo, por lo que el término a que alude el artículo 149 de la Ley de Amparo empezará a contar desde el momento en que se dio vista a las partes con las referidas constancias". Notifíquese. Así lo acordó y firma Cleotilde Jáuregui Enríquez, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, encargada del despacho por vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, autorizada en términos del oficio CCJ/ST/3437/2022, de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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