Roberto González Montes

Expediente 380/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
380/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
07/06/2021

Partes del expediente

  • Roberto González Montes
  • Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social Federal

Actuaciones

  1. Principal

    Se informa a las partes que en términos de la determinación de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, de treinta de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio SECNO/STCCNO/274/2021, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se estableció el regreso para este Juzgado, al esquema de trabajo contenido en el Acuerdo General 13/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, derivado de las medidas en relación con contagios de la enfermedad COVID-19 del personal de este órgano jurisdiccional, del periodo del treinta y uno de mayo al trece de junio de dos mil veintiuno, por lo que durante ese plazo no corren términos. Estado procesal Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal de autos, se advierte que transcurrieron los cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de doce de mayo del año en curso, a través del cual se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes. Archivo del expediente Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el expediente como concluido.?????????????? Devolución de documentos De la certificación de cuenta, se advierte que en el expediente en que se actúa, no existen documentos originales e importantes pendientes de devolver a las partes. Destino del expediente principal En otro orden de ideas, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se hace la indicación que el expediente es susceptible de destrucción; ya que se desechó la demanda de amparo, ello con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I, por lo que una vez que trascurra el termino de cinco años de archivado el expediente procederá a su destrucción Clasificación del asunto Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, de conformidad con el Decreto por el que se reforman los artículos 11, fracción XIX y 81, fracciones XVIII y XXXIV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se remitirá a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal; y como se mencionó una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, doce de mayo de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Roberto González Montes, por propio derecho, contra los actos y las autoridades responsables que enseguida se precisan: Actos reclamados Falta de atención médica. Autoridades responsables Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social Federal; Coordinador General de Prevención y Readaptación Social del Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social; Coordinador General de Centros Federales Directora del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano". Radicación de demanda Se ordena registrar este asunto en el libro de gobierno correspondiente con el número de juicio de amparo indirecto 380/2021-III y constriñe formar los expedientes físicos y electrónicos, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo. Desechamiento Ahora bien, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar la demanda para saber si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario destacar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Por tanto, después de analizar la demanda de amparo y el escrito aclaratorio en su integridad, este órgano de control constitucional advierte que en la especie, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, con relación a los preceptos 1, párrafo tercero, 18, párrafos primero y segundo, 19, párrafo octavo, y 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para sustentar la presente determinación, se parte del análisis del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, con relación a los preceptos 1, párrafo tercero, 18, párrafos primero y segundo, 19, párrafo octavo, y 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los que se obtiene, en lo que se interesa, es improcedente la demanda de amparo contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo contra los que proceda algún recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos que los mismos alcances que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la normatividad de garantías; y, que las condiciones de internamiento de una persona privada de su libertad y cuestiones relacionadas con las mismas, como es la ubicación de una persona en un centro penitenciario y la clasificación de sus áreas forman parte del sistema penitenciario y servicios, competencia del juez de ejecución y la autoridad penitenciaria; lo que conlleva a desechar de plano por su manifiesta e indudable procedencia la presente demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo. Sobre el tema la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial 79/2018(10a.), del rubro: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO" establece; 1) que del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, del 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos; 2) que este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; 3) que en el caso de que el caso sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por el juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; 4) que se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes; 5) que el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida; y, 6) que si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, se actualizará la causal de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo en atención al principio de definitividad. Con relación a este último aspecto, es de destacarse que el Pleno del Máximo Tribunal del País, al emitir la tesis de jurisprudencia P./J. 17/2012, precisó que con la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen de modificación y duración de las penas, confiriendo exclusivamente al Poder Judicial la facultad de ejecutar lo juzgado, para lo cual se creó la figura de los "Jueces de ejecución de sentencias". De manera que todos los eventos de trascendencia jurídica que durante la ejecución de la pena puedan surgir a partir de la reforma constitucional, tales como la determinación de los lugares donde debe cumplirse la pena y situaciones conexas, corresponde conocerlas a tales jueces. En el mismo orden de ideas, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la tesis 1a. CLXVI/2014 (10a.) sostuvo que la interpretación realizada por el Tribunal en Pleno respecto a que la autoridad judicial es la competente para autorizar el traslado de un sentenciado de un centro de reclusión a otro, debe extenderse a la orden de traslado que se emita en la fase o etapa de proceso, pues el tiempo de la prisión preventiva es parte de la pena de prisión. Entonces, es dable concluir, como lo señaló la propia Primera Sala del Más Alto Tribunal del País, en la jurisprudencia 1a./J. 33/2007, emitida al resolver la contradicción de tesis 22/2006-PS, que la prisión preventiva comparte la misma naturaleza que la punitiva, en tanto que ambas entrañan la privación de la libertad del gobernado. En ese sentido, el sistema penitenciario se organizará sobre la base al respeto a los derechos humanos, siendo que todo mal tratamiento en las prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo legal, toda gabela o contribución, en las cárceles, son abusos que serán corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades. Tales disposiciones constitucionales se encuentran recogidas en la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuyos artículos 1, 2 y 3, fracciones III, IX, XI, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX y XXII, prevén que dicho ordenamiento tiene como objeto establecer las normas que deben de observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial. Dicho ordenamiento es de orden público y de observancia general para la Federación y las entidades federativas, respecto del internamiento por prisión preventiva, así como en la ejecución de penas y medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los tribunales de fuero federal y local. Debiéndose entender como juez de ejecución a la autoridad judicial especializada del fuero federal o local, competente para resolver las controversias en materia de ejecución penal, así como aquellas atribuciones que prevé dicho ordenamiento y por persona privada de su libertad a la persona procesada (sujeto a proceso penal sometido a prisión preventiva) o sentenciada (sujeto que se encuentra cumpliendo una sanción penal en virtud de una sentencia condenatoria) que se encuentre en un Centro Penitenciario, en términos del artículo 32 de la referida Ley. Con relación a lo anterior, los artículos 117, fracciones I y II, 120, párrafo primero, 121, fracción I, 122, 124, 126, 127, 128 y 129, de la consabida Ley Nacional de Ejecución Penal, establecen que los sujetos legitimados para interponer peticiones administrativas (entre los que se encuentra la persona privada de la libertad), también tendrán acción judicial ante el Juez de Ejecución con el objeto de resolver las controversias relacionadas con las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas; como en la especie es la falta de atención médica, en cuyo caso, es requisito indispensable haber agotado la petición administrativa, salvo que se trate de casos urgentes, como se verá en seguida. La controversia judicial mencionada se presentará por escrito ante el juez, y atendiendo a la naturaleza de la pretensión de oficio o a petición de parte, ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente (sin exigir requisito de efectividad alguno ni mayor trámite o condición para su substanciación), así como el desahogo de pruebas que estime conducentes. Una vez admitida la controversia y rendido el informe y contestación de la acción se fijará fecha y hora para la celebración de la audiencia, la cual se realizará al menos tres días después de la notificación, sin exceder de diez días. Celebrada la audiencia principal en sus etapas, el juez declarará cerrado el debate y emitirá su resolución, la cual incluso podrá tener efectos generales que beneficien a todas las personas privadas de su libertad que se encuentren en las mismas condiciones que motivaron la resolución, previendo el ordenamiento legal en cita un procedimiento de ejecución a fin de cumplir con dicha resolución, así como la revisión por parte del juez para analizar si la actuación de la actualidad cumple los efectos de la concesión otorgada. De lo hasta aquí expuesto deviene claro que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé una jurisdicción especializada para resolver sobre los actos realizados por la autoridad penitenciaria en materia de prisión preventiva, la cual está reglamentada en la Ley Nacional de Ejecución Penal, en los términos ya indicados, incluso para el conocimiento de todo lo relativo al respeto, protección y garantía de los derechos fundamentales de las personas privadas de su libertad (ya sea en prisión preventiva o punitiva) y con facultades expresas para conocer del controvertido que derive de las condiciones de internamiento, o del plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas durante su internamiento en los Centros Penitenciarios. De ahí que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades administrativas relativos a las condiciones de internamiento de una persona privada de su libertad y cuestiones relacionadas con las mismas, como es la falta de atención médica, previstas en los artículos 74, 75, 76, 77 de la multicitada legislación, incluso si se alega violación a derechos fundamentales, dado que precisamente esa es la finalidad de la creación de la preindicada jurisdicción especializada, como entre otras normas ya invocadas lo estatuye el numeral 127 de la Ley Nacional de Ejecución Penal: ".En la resolución el juez deberá pronunciarse, incluso de oficio, sobre cualquier violación a los derechos fundamentales.". En suma, de los artículos 1, párrafo tercero, 17, párrafo séptimo, 18, párrafos primero y segundo, y 19, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con relación a la Ley Nacional de Ejecución Penal que recoge el sentido de los derechos que subyacen en aquellos y los regula e incluso pormenoriza, se advierte que tanto el Órgano Reformador de la Constitución como el legislador ordinario establecieron un sistema integral de justicia en materia de encarcelamiento que comprende todo lo concerniente a la vida de las personas privadas de su libertad, a fin de contar con los mecanismos necesarios para que las leyes y actos en esa materia estuvieran sujetos a control constitucional, haciendo una distribución de competencias constitucionales y legales en sede de jurisdicción ordinaria (entre jueces de ejecución penal y los jueces de proceso penal sea tradicional o acusatorio) que deben conocer en primera instancia de todo lo relativo a las condiciones de internamiento de tales personas. Así, conforme a la Constitución Federal y la Ley Nacional, existe un sistema de justicia en esa materia que permite, por un lado, impugnar vía acción tanto el actuar como las omisiones de las autoridades penitenciarias y, por otro, obtener medidas cautelares (suspensión), ya sea por vicios de legalidad o por violación directa a derechos fundamentales como son derechos sustantivos cuya ejecución sea de imposible reparación (cuyas consecuencias resultaran irreversibles o fatales al encontrarse en riesgo, por ejemplo, la vida, salud o integridad física de los internos), pues precisamente por ello es que se dotó de facultades expresas al juez de ejecución respectivo para suspender, incluso oficiosamente el acto u omisión controvertidos, sin necesidad de requisito alguno de sustanciación o de efectividad, atendiendo solamente a la naturaleza del acto u abstención, tal como lo prevé el numeral 122 e incluso el dispositivo 115 tratándose de casos urgentes. Luego, dichas reglas -cuyo origen y base son los preceptos inicialmente transcritos de nuestra Carta Magna- deben armonizarse con el juicio de amparo, previsto en los numerales 103, fracción I, y 107 igualmente constitucionales, cuyo objeto es la protección de los derechos fundamentales frente a leyes o actos de autoridad que aún después de aquél control por la jurisdicción especializada (previsto en los párrafos que anteceden) aún pudiesen vulnerar algún derecho humano reconocido por la Constitución o los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte o las garantías que aquélla otorga para su protección, debiendo comprenderse en la materia de estudio sólo ese aspecto, dada la naturaleza de éste último como medio extraordinario de defensa. Es decir, con la promoción del amparo no pueden tratarse de primera mano aquellos aspectos que atañan estrictamente a la materia de los servicios de atención médica que se deben proporcionar a toda persona privada de su libertad recluida en un centro penitenciario, como en el caso es la falta de atención médica que reclama el quejoso (prevista en los artículos 74 a 77 de la multicitada legislación), pues de acuerdo con el mencionado sistema constitucional y legal, dicho examen corresponde realizarlo a la jurisdicción especializada a través de los medios expresamente indicados en la ley para tal efecto. Resulta ilustrativa, en lo conducente, la tesis 2a. CLVII/2017 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente "COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS ACTOS RECLAMADOS A LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS DURANTE LA PRISIÓN PREVENTIVA Y EN LA EJECUCIÓN DE LAS PENAS. CORRESPONDE AL ÓRGANO ESPECIALIZADO EN MATERIA PENAL". Todas las anteriores consideraciones jurídicas, aplicadas al caso, conllevan a establecer que se actualiza la causal de inatacabilidad supraindicada. Por tanto, se considera que la falta de atención médica que reclama en esta vía constitucional el promovente; a consideración de quien suscribe, no comprometen gravemente su dignidad e integridad personal, al grado de equipararse tal situación a un tormento, como son los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, entre los que se encuentran los actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos. Esto es así, porque no se trata de cuestiones de urgencia médica, cuya falta de atención oportuna somete al quejoso a cierto dolor físico y/o estado patológico que, incluso, pudiera tener consecuencias irreversibles en su salud o la pérdida de su vida, Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial 79/2019(10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en, del rubro: "SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE CONCEDERSE CUANDO UN INTERNO RECLAMA DE LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS LA OMISIÓN DE BRINDARLE ATENCIÓN MÉDICA, SI SE ADVIERTE QUE ESA SITUACIÓN COMPROMETE GRAVEMENTE SU DIGNIDAD E INTEGRIDAD PERSONAL, AL GRADO DE EQUIPARARSE A UN TORMENTO." Por ende, resulta manifiesta e indudable la improcedencia del juicio constitucional, en tanto que en su contra se prevé el controvertido previsto en el artículo 117, fracción I, del Código Nacional de Ejecución Penal. Ahora, no pasa inadvertido para el suscrito los lineamientos emitidos el veintitrés de junio de dos mil veinte, al resolverse el recurso de queja penal 70/2020 del índice del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, sin embargo, en el escrito inicial de demanda que se atiende, no se advierte que hayan agotado los mecanismos de control que prevé la Ley Nacional de Ejecución Penal, por lo que, es evidente que no se ha agotado los recursos previstos en dicha ley. En consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia contenida en el precepto 61, fracción XX, ibídem, con relación a los preceptos 1, párrafo tercero, 18, párrafos primero y segundo, 19, párrafo octavo, y 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de los actos reclamados de que se trata. Por tanto, con sustento en los artículos 111, 112, párrafo primero, y 113 de la Ley de Amparo, al existir causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desecha de plano la demanda de amparo. Se remite copia del escrito de demanda Ahora, aun cuando las cuestiones de internamiento son competencia del juez de control o de ejecución, según este conformado el Centro de Justicia Penal Federal; este juzgado en aras de dar cumplimiento al artículo 1° constitucional, en cuanto a que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, ordena remitir copia del escrito de demanda que se acuerda al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, a fin de que, el juez especializado en el sistema penal acusatorio, de estimarlo procedente, provea lo conducente sobre la falta de atención médica de que se trata reclamada a favor del quejoso; asimismo, se hace lo propio respecto del Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, para los efectos legales procedentes a fin que, de estimarlo, tome las medidas conducentes si es que está sucediendo en la salud del quejoso lo que se alude. Consulta de medios electrónicos Se faculta a las partes emplear para la consulta del expediente los medios electrónicos a que alude la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Domicilio y autorizado En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, téngase como domicilio procesal del promovente las listas que se publican en los estrados de este órgano jurisdiccional federal. Asimismo, se tiene por autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de la materia a la persona que menciona el ocursante siempre y cuando cuente con su registro en el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Habilitación de días y horas inhábiles En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. Gratuidad del servicio Se recuerda a las partes que de conformidad con lo que dispone el artículo 17 constitucional, todos los servicios que presta este juzgado de distrito son gratuitos. Información pública Con fundamento en los artículos 1 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con relación a los diversos 1 y 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce, en el Diario Oficial de la Federación; se hace del conocimiento de las partes que en todo tratamiento de datos personales en el presente asunto deberá de ponderar la existencia o no del consentimiento inequívoco de su titular para su publicación, otorgado por escrito, en forma libre, expresa e informada, con las excepciones previstas en los numerales en cita, en el entendido que de no hacerlo, se publicará la resolución que se dicte con la supresión de datos conforme a los lineamientos mencionados. Digitalización En términos de lo establecido por el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la firma electrónica para el seguimiento de expedientes (FESE); y en el Acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el seguimiento de expedientes (FESE), procédase en su momento, a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de contar con una copia digital para conservar y difundir su contenido. Notifíquese; personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión.

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