Roberto González Cu
Expediente 237/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche. 7 actuaciones registradas, la última del 4 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 237/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 04/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche · Campeche
Partes del expediente
- Roberto González Cu
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
San Francisco de Campeche, Campeche, cuatro de marzo de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede, con apoyo en las disposiciones contenidas en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, que recobró vigencia respecto de los asuntos del conocimiento de los órganos jurisdiccionales distintos a los pertenecientes a los del Primero, Segundo, Decimoctavo, Decimosexto y Decimoquinto, Circuitos, a partir del doce de enero de dos mil veintiuno, según lo dispone la circular SECNO/1/2021, emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, el ocho de enero anterior, este juzgado determina el levantamiento de la suspensión decretada, lo que implica la continuación del trámite del presente asunto -desde el punto en que quedó pausado, pero no su reinicio-, de conformidad con la normatividad aplicable y sin restricción alguna, pero con los debidos ajustes derivados del citado Acuerdo. Por otra parte, visto lo asentado en la certificación que antecede, se advierte que las partes no recurrieron el auto de doce de noviembre de dos mil veinte, que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, dentro del término de diez días previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su ordinal 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales a que haya lugar. Comuníquese lo anterior a las responsables; háganse las anotaciones en el libro respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, además como ya no existe cuestión pendiente en este asunto, se declara como concluido. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte1, se indica que el presente EXPEDIENTE es susceptible de DESTRUCCIÓN. Lo anterior, pues en el caso: se sobreseyó en el presente juicio de amparo y éste carece de relevancia documental en términos del numeral 15 del referido Acuerdo General. Entonces, este expediente, al ser destruible, se conservará por el término de tres años en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I, y 9 del citado Acuerdo General, contados a partir de que se ordenó el archivo como asunto concluido, y una vez concluido dicho plazo, dentro de los siguientes treinta días deberá procederse a su destrucción, hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo establece el penúltimo párrafo del artículo 21 del referido Acuerdo General. Terminado el proceso de depuración, el órgano jurisdiccional deberá solicitar la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Hágase constar su valoración en la carátula del expediente principal, mediante la leyenda "DESTRUIBLE", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del citado Acuerdo archivístico, así como en la relación que se integre. Notifíquese.
- Principal
San Francisco de Campeche, Campeche, doce de noviembre de dos mil veinte. Visto el estado que guardan estos autos, se advierte del análisis integral de la demanda de amparo promovida por **********, que el ejercicio de la acción constitucional se realizó, en contra del acto y las autoridades que a continuación se especifican: ACTO RECLAMADO: La omisión de dar continuidad al procedimiento laboral ******, en específico emplazar a los ahí demandados. AUTORIDADES RESPONSABLES: Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. Actuario adscrito a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. En el presente caso, se advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, de manera que con ningún medio de prueba puede desvirtuarse y que conduce a decretar el sobreseimiento del presente asunto fuera de audiencia. Lo anterior, porque de existir alguna causal de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional, con el ímpetu de privilegiar el principio de acceso efectivo a la justicia establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al respecto, cabe señalar que este juzgado advierte de oficio la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de los efectos de los actos reclamados. Para justificar lo anterior, se acude al contenido del citado ordenamiento legal que establece la causal relativa a la cesación de efectos, el cual a la letra dice lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." Con la finalidad de comprender los alcances de la causa de improcedencia citada, debe señalarse que los efectos de los actos reclamados no cesan sino cuando son derogados o revocados, y esto origina una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se combate. Lo anterior también se produce cuando una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo a la promoción del amparo repone al quejoso en el goce de la garantía violada. Así, la cesación de efectos del acto reclamado significa que se deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, lo que implica no sólo la contención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada de la insubsistencia del acto reclamado, pues la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar su constitucionalidad cuando ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y no dejó huella alguna en el conjunto de derechos del gobernado que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En esa tesitura, de la interpretación coherente al artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, así como de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre el tema, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando se reúnen los siguientes elementos, a saber: a) Insubsistencia del acto reclamado, o bien, constitución de una nueva situación jurídica que destruye la que dio motivo al juicio de amparo; b) Desaparición de todos los efectos del acto reclamado en forma inmediata, total e incondicional; y c) Que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. II. Argumentos del sobreseimiento. De las constancias que remitieron la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, Presidente y Actuario de su adscripción, domiciliadas en esta ciudad, con su informe justificado, que obran en autos, a las cuales se concede valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimiento Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2, aparece que: Ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, se tramita el juicio reclamatorio ***** donde las personas morales "********************", S.R.L. DE C.V., "************", S.R.L. DE C.V., "**************", S.R.L. DE C.V., tienen el carácter de demandados. Por acuerdo de dieciocho de septiembre de dos mil veinte, la Junta responsable regularizó ese procedimiento y fijó las catorce horas del diecinueve de octubre de dos mil veinte, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, por lo que ordenó al Actuario de su adscripción notificar al actor y realizara el emplazamiento de las partes demandadas. En cumplimiento a lo anterior, el actuario responsable realizó los emplazamientos de los demandados, en el domicilio que le fue proporcionado por su superior jerárquico, de esta ciudad, según diligencias de veintitrés y veinticuatro de septiembre de dos mil veinte. Bajo esa condición, se colige que en el presente caso sí se cumplen con los lineamientos citados con antelación, ya que para que se pueda configurar la causal de improcedencia relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, es necesario que: a) El acto reclamado ha quedado insubsistente. Es de esa forma pues se ha demostrado que si bien la omisión de las responsable de dar continuidad al juicio laboral de origen, a través de los emplazamientos de la parte demandada, existía al momento de la presentación de la demanda de amparo, tal proceder ha finalizado, pues al haber emitido auto de regularización del procedimiento de origen, con el señalamiento de fecha cercana para la celebración de la audiencia de ley, ordenar la notificación al actor y el emplazamiento de los demandados, lo cual acató el fedatario comisionado para tal efecto, según diligencias de veintitrés y veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, esto es, durante la sustanciación del juicio de amparo, esas circunstancias produjeron de manera natural una situación jurídica que puso fin a la existencia y efectos de la omisión reclamada. b) Desaparecieron los efectos del acto reclamado en forma inmediata, total e incondicional. Esto es así, tomando en cuenta que la Junta Local ordenó al Actuario de su adscripción realizar el emplazamiento de las patronales demandadas en el juicio laboral ******, lo cual llevó a cabo en las fechas anotadas, tal y como consta de las diligencias que desahogó en el domicilio que le fue proporcionado; de ahí que se suprimieron del mundo fáctico los efectos de las omisiones reclamadas de forma inmediata, total e incondicional. c) Las cosas volvieron al estado que tenían antes de la supuesta violación constitucional. Lo anterior acontece, porque al haber realizado el emplazamiento de la parte demandada en el juicio laboral de origen, esa circunstancia trae como consecuencia que se le reponga en el goce de los derechos fundamentales que el quejoso consideró vulnerados con las omisiones reclamadas, restableciéndose así las cosas al estado que tenían antes de la supuesta violación constitucional, sin dejar huella alguna en los derechos de la parte agraviada, por lo anterior, resulta evidente que han cesado los efectos del acto reclamado como si se hubiera otorgado el amparo impetrado, esto es, como si las omisiones de que se tratan no hubieran invadido la esfera jurídica del quejoso, y si lo hizo no dejara consecuencia alguna. Pues bien, al haberse acreditado los lineamientos establecidos por el más alto tribunal de la nación, es evidente la materialización en el caso de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia, relativa a la cesación de los efectos del acto reclamado. III. Manifiesta e indudable causa de improcedencia. Así, se estima que la improcedencia del juicio constitucional es manifiesta e indudable. Es manifiesta, porque la causal de improcedencia, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado quedó demostrada con las constancias que integran este expediente. También es indudable, si se toma en cuenta que lo anterior de ninguna manera podría ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente puedan ofrecer las partes en la audiencia constitucional, de modo que el sentido de la sentencia sería el mismo. IV. Se sobresee en el juicio. Por tanto, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, SE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO EN ESTE JUICIO, FUERA DE AUDIENCIA, y por ende, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DIEZ DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Se comunica lo anterior a las partes para los efectos legales correspondientes. V. Anotación en el libro de gobierno. Asimismo, se ordena al Secretario judicial encargado del libro uno de juzgado, relativo al registro de juicios de amparo, proceda a realizar la anotación correspondiente. VI. Registro en el S. I. S. E. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) en versión original conforme al "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales", aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. No obsta a la anterior conclusión, las manifestaciones hechas por *************, autorizado de la parte quejosa, relativas a la ilegalidad de las actas de emplazamientos realizadas por el fedatario responsable, dado que fueron practicadas en un domicilio diverso al que las patronales señalaron para oír y recibir notificaciones, lo que derivó en que fueran controvertidas en la controversia natural, vía incidental, por las empresas accionadas, sustituyéndose la celebración de la audiencia bifásica por la de nulidad de notificaciones. Lo anterior, en virtud que en el presente asunto, lo controvertido fue medularmente, la omisión de las autoridades laborales de mantener activo el juicio natural, por causa específica, a saber, la falta de emplazamiento de las morales demandadas, lo que en el particular ya aconteció, como se analizó en líneas precedentes; debiendo precisarse que el ejercicio de la acción constitucional materia de este expediente, no tiene por efecto examinar la legalidad de las diligencias efectuadas por el actuario de la junta responsable, menos ampliar su ejercicio como pretende la parte agraviada, respecto del auto de dieciocho de septiembre del año en curso, por el que se regularizó el juicio de origen, ni el acuerdo de dos de octubre en el que se admitió el incidente de nulidad de notificaciones referido, en virtud que esas actuaciones ya no forman parte de la omisión inicialmente reclamada, sino determinaciones de trámite que establecen un nuevo estado procesal del juicio de origen, por lo cual resultan inatendibles las manifestaciones de la parte agraviada e improcedente la ampliación de demanda que pretende. Notifíquese personalmente.
- Principal
Se tiene debidamente notificada a la parte quejosa el acuerdo de doce de noviembre del año en curso cuya síntesis dice: San Francisco de Campeche, Campeche, doce de noviembre de dos mil veinte. Visto el estado que guardan estos autos, se advierte del análisis integral de la demanda de amparo promovida por **********, que el ejercicio de la acción constitucional se realizó, en contra del acto y las autoridades que a continuación se especifican: ACTO RECLAMADO: La omisión de dar continuidad al procedimiento laboral ******, en específico emplazar a los ahí demandados. AUTORIDADES RESPONSABLES: Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. Actuario adscrito a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. En el presente caso, se advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, de manera que con ningún medio de prueba puede desvirtuarse y que conduce a decretar el sobreseimiento del presente asunto fuera de audiencia. Lo anterior, porque de existir alguna causal de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional, con el ímpetu de privilegiar el principio de acceso efectivo a la justicia establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al respecto, cabe señalar que este juzgado advierte de oficio la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de los efectos de los actos reclamados. Para justificar lo anterior, se acude al contenido del citado ordenamiento legal que establece la causal relativa a la cesación de efectos, el cual a la letra dice lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." Con la finalidad de comprender los alcances de la causa de improcedencia citada, debe señalarse que los efectos de los actos reclamados no cesan sino cuando son derogados o revocados, y esto origina una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se combate. Lo anterior también se produce cuando una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo a la promoción del amparo repone al quejoso en el goce de la garantía violada. Así, la cesación de efectos del acto reclamado significa que se deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, lo que implica no sólo la contención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada de la insubsistencia del acto reclamado, pues la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar su constitucionalidad cuando ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y no dejó huella alguna en el conjunto de derechos del gobernado que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En esa tesitura, de la interpretación coherente al artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, así como de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre el tema, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando se reúnen los siguientes elementos, a saber: a) Insubsistencia del acto reclamado, o bien, constitución de una nueva situación jurídica que destruye la que dio motivo al juicio de amparo; b) Desaparición de todos los efectos del acto reclamado en forma inmediata, total e incondicional; y c) Que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. II. Argumentos del sobreseimiento. De las constancias que remitieron la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, Presidente y Actuario de su adscripción, domiciliadas en esta ciudad, con su informe justificado, que obran en autos, a las cuales se concede valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimiento Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2, aparece que: Ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, se tramita el juicio reclamatorio ***** donde las personas morales "********************", S.R.L. DE C.V., "************", S.R.L. DE C.V., "**************", S.R.L. DE C.V., tienen el carácter de demandados. Por acuerdo de dieciocho de septiembre de dos mil veinte, la Junta responsable regularizó ese procedimiento y fijó las catorce horas del diecinueve de octubre de dos mil veinte, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, por lo que ordenó al Actuario de su adscripción notificar al actor y realizara el emplazamiento de las partes demandadas. En cumplimiento a lo anterior, el actuario responsable realizó los emplazamientos de los demandados, en el domicilio que le fue proporcionado por su superior jerárquico, de esta ciudad, según diligencias de veintitrés y veinticuatro de septiembre de dos mil veinte. Bajo esa condición, se colige que en el presente caso sí se cumplen con los lineamientos citados con antelación, ya que para que se pueda configurar la causal de improcedencia relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, es necesario que: a) El acto reclamado ha quedado insubsistente. Es de esa forma pues se ha demostrado que si bien la omisión de las responsable de dar continuidad al juicio laboral de origen, a través de los emplazamientos de la parte demandada, existía al momento de la presentación de la demanda de amparo, tal proceder ha finalizado, pues al haber emitido auto de regularización del procedimiento de origen, con el señalamiento de fecha cercana para la celebración de la audiencia de ley, ordenar la notificación al actor y el emplazamiento de los demandados, lo cual acató el fedatario comisionado para tal efecto, según diligencias de veintitrés y veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, esto es, durante la sustanciación del juicio de amparo, esas circunstancias produjeron de manera natural una situación jurídica que puso fin a la existencia y efectos de la omisión reclamada. b) Desaparecieron los efectos del acto reclamado en forma inmediata, total e incondicional. Esto es así, tomando en cuenta que la Junta Local ordenó al Actuario de su adscripción realizar el emplazamiento de las patronales demandadas en el juicio laboral ******, lo cual llevó a cabo en las fechas anotadas, tal y como consta de las diligencias que desahogó en el domicilio que le fue proporcionado; de ahí que se suprimieron del mundo fáctico los efectos de las omisiones reclamadas de forma inmediata, total e incondicional. c) Las cosas volvieron al estado que tenían antes de la supuesta violación constitucional. Lo anterior acontece, porque al haber realizado el emplazamiento de la parte demandada en el juicio laboral de origen, esa circunstancia trae como consecuencia que se le reponga en el goce de los derechos fundamentales que el quejoso consideró vulnerados con las omisiones reclamadas, restableciéndose así las cosas al estado que tenían antes de la supuesta violación constitucional, sin dejar huella alguna en los derechos de la parte agraviada, por lo anterior, resulta evidente que han cesado los efectos del acto reclamado como si se hubiera otorgado el amparo impetrado, esto es, como si las omisiones de que se tratan no hubieran invadido la esfera jurídica del quejoso, y si lo hizo no dejara consecuencia alguna. Pues bien, al haberse acreditado los lineamientos establecidos por el más alto tribunal de la nación, es evidente la materialización en el caso de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia, relativa a la cesación de los efectos del acto reclamado. III. Manifiesta e indudable causa de improcedencia. Así, se estima que la improcedencia del juicio constitucional es manifiesta e indudable. Es manifiesta, porque la causal de improcedencia, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado quedó demostrada con las constancias que integran este expediente. También es indudable, si se toma en cuenta que lo anterior de ninguna manera podría ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente puedan ofrecer las partes en la audiencia constitucional, de modo que el sentido de la sentencia sería el mismo. IV. Se sobresee en el juicio. Por tanto, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, SE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO EN ESTE JUICIO, FUERA DE AUDIENCIA, y por ende, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DIEZ DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Se comunica lo anterior a las partes para los efectos legales correspondientes. V. Anotación en el libro de gobierno. Asimismo, se ordena al Secretario judicial encargado del libro uno de juzgado, relativo al registro de juicios de amparo, proceda a realizar la anotación correspondiente. VI. Registro en el S. I. S. E. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) en versión original conforme al "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales", aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. No obsta a la anterior conclusión, las manifestaciones hechas por *************, autorizado de la parte quejosa, relativas a la ilegalidad de las actas de emplazamientos realizadas por el fedatario responsable, dado que fueron practicadas en un domicilio diverso al que las patronales señalaron para oír y recibir notificaciones, lo que derivó en que fueran controvertidas en la controversia natural, vía incidental, por las empresas accionadas, sustituyéndose la celebración de la audiencia bifásica por la de nulidad de notificaciones. Lo anterior, en virtud que en el presente asunto, lo controvertido fue medularmente, la omisión de las autoridades laborales de mantener activo el juicio natural, por causa específica, a saber, la falta de emplazamiento de las morales demandadas, lo que en el particular ya aconteció, como se analizó en líneas precedentes; debiendo precisarse que el ejercicio de la acción constitucional materia de este expediente, no tiene por efecto examinar la legalidad de las diligencias efectuadas por el actuario de la junta responsable, menos ampliar su ejercicio como pretende la parte agraviada, respecto del auto de dieciocho de septiembre del año en curso, por el que se regularizó el juicio de origen, ni el acuerdo de dos de octubre en el que se admitió el incidente de nulidad de notificaciones referido, en virtud que esas actuaciones ya no forman parte de la omisión inicialmente reclamada, sino determinaciones de trámite que establecen un nuevo estado procesal del juicio de origen, por lo cual resultan inatendibles las manifestaciones de la parte agraviada e improcedente la ampliación de demanda que pretende. Notifíquese personalmente.
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que aún no transcurre en su integridad el lapso de ocho días a que se refiere el artículo 1171 de la Ley de Amparo, entre el día siguiente a la fecha en que surtió efectos la notificación practicada a las partes, en la que se les dio vista con las constancias de la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en 1 "Artículo 117. (.) Entre la fecha de notificación al quejoso del informe justificado y la de celebración de la audiencia constitucional, deberá mediar un plazo de por lo menos ocho días; de lo contrario, se acordará diferir o suspender la audiencia, según proceda, a solicitud del quejoso o del tercero interesado". esta ciudad, y la presente fecha señalada, para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. Por tanto, con fundamento en el artículo 117, párrafo segundo, de la ley de la materia, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy, y en su lugar, se fijan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DIEZ DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, para llevar a cabo tal evento procesal. Sirve de sustento, la jurisprudencia 54/2000 emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO." 2 Con la fijación de la nueva fecha, se da oportunidad para que el plazo de ocho días a que se refiere el invocado numeral transcurra en su integridad para las partes (entre esta fecha en que se difiere la audiencia constitucional y la nueva señalada por ese motivo), permitiendo que las partes se impongan efectivamente de los informes, manifiesten lo que a su derecho corresponda y en su caso preparen las pruebas conducentes. Tiene aplicación a este punto la jurisprudencia 2a./J. 21/2008 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO." Sin que haya lugar a notificar a través de oficio el presente acuerdo a las autoridades señaladas como responsables, toda vez que ya existe constancia de su notificación en el presente juicio de garantías y, por ende, este Órgano Jurisdiccional, está en aptitud de notificarla por medio de lista. En apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Hágase del conocimiento de las partes el presente acuerdo para los efectos legales correspondientes. Notifíquese.
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