Roberto Gonzalez Cota
Expediente 611/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 57 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 611/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 57
- Última actuación
- 28/11/2023
Partes del expediente
- Roberto Gonzalez Cota
- Roberto Gonzalez Cota y Otros.
- José Omar Osuna Lizarraga
Actuaciones
Las 4 más recientes de 57.
- Principal
Mexicali, Baja California, a veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado que guarda el presente expediente, del cual se advierte que a la fecha las autoridades responsables Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, no ha dado cumplimiento al fallo protector. Efectos del fallo protector: Cabe recordar que los efectos del fallo protector fueron los siguientes: SÉPTIMO. Efectos de la concesión. En virtud de lo hasta aquí narrado, con sustento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, la protección constitucional otorgada es para los efectos siguientes: i) Que el Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, proceda con prontitud a dictar y tomar todas las medidas necesarias para lograr el total cumplimiento del laudo condenatorio, emitido en el juicio laboral burocrático 75/2009-VI, de su índice. Sólo de esa forma se podrá restituir a los quejosos el pleno goce de los derechos humanos violentados en su perjuicio, como el artículo 77 de la Ley de Amparo ordena. En el entendido que cualquier otra autoridad que esté relacionada al cumplimiento del laudo en cuestión, pueda vincularse eventualmente, desde luego, en el ámbito de sus respectivas competencias, al cumplimiento de este fallo protector, en los términos indicados en la parte final del considerando que antecede." Requerimiento. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, y tomando en consideración los efectos del fallo protector, requiérase a las responsables Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, de nueva cuenta, para que dentro del término de tres días, contado a partir de su legal notificación, den cumplimiento al fallo protector, y en su caso remitan copia certificada de las constancias que así lo acrediten. Apercibimiento de multa. Con el apercibimiento que de no hacerlo así, sin causa justificada, con fundamento en los artículos 258, 192 y 193 todos de la Ley de Amparo, se les impondrá en lo particular, esto es, a la PERSONA FÍSICA que ocupe el cargo correspondiente a las autoridades obligadas al cumplimiento del fallo protector, una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicada por CIEN, de conformidad con el decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; misma multa que deberán cubrir con su propio peculio y no con recursos públicos. Por lo que si conforme a la página oficial de Internet https://www.inegi.org.mx/temas/uma/, el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el presente año (2023) equivale a $103.74 M.N. (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional), al multiplicarla por CIEN, la citada multa es equivalente a la cantidad de $10,374.00 M.N. (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional). Separación del cargo y consignación. Asimismo, una vez impuesta la multa respectiva, se remitirá el presente expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que podrá culminar con la SEPARACIÓN DE SU CARGO y su consignación ante el Agente del Ministerio Público de la Federación, por el delito de DESACATO A UN MANDAMIENTO JUDICIAL; lo anterior, con fundamento en los artículos 108 párrafo tercero, 109 fracción III y 110 párrafos segundo y tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 267, fracción I, y último párrafo, de la Ley de Amparo. ***Desde luego, no sobra mencionar que se considerará como incumplimiento del fallo protector, diversos actos de retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales, de las propias autoridades responsables o de cualquier otra que intervenga en el trámite correspondiente. *** Notifíquese.
- Principal
Mexicali, Baja California, a treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Oficio. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio y anexo remitidos por la Apoderada Legal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno del Estado de Baja California, mediante el cual informa las gestiones que ha realizado para dar cumplimiento al fallo protector. Se requiere a parte quejosa. Ahora bien, se requiere a la parte quejosa para que, dentro del término de tres días contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, realice las gestiones que se refiere la autoridad responsable, o en su defecto, manifieste ante este órgano jurisdiccional la imposibilidad que tenga para hacerlo. Apercibimiento a la parte quejosa. Con el apercibimiento que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior, se le impondrá una multa por el equivalente cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 237, fracción I, con concordancia con el numeral 259, ambos de la Ley de Amparo. Ello, a fin de agilizar el cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada en autos, cuyo retardo, en el caso, ya no es imputable a la autoridad responsable, sino a la parte quejosa. ****Notifíquese y personalmente.
- Principal
Y TODA VEZ QUE LA PARTE QUEJOSA *****, NO ATENDIO EL CITATORIO QUE LE FUE DEJADO EL 6 DE NOVIEMBRE DE 2023, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I, INCISO B, DE LA LEY DE AMPARO, SE LE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO CONTENIDO EN EL MISMO Y SE LE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Mexicali, Baja California, a treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Oficio. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio y anexo remitidos por la Apoderada Legal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno del Estado de Baja California, mediante el cual informa las gestiones que ha realizado para dar cumplimiento al fallo protector. Se requiere a parte quejosa. Ahora bien, se requiere a la parte quejosa para que, dentro del término de tres días contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, realice las gestiones que se refiere la autoridad responsable, o en su defecto, manifieste ante este órgano jurisdiccional la imposibilidad que tenga para hacerlo. Apercibimiento a la parte quejosa. Con el apercibimiento que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior, se le impondrá una multa por el equivalente cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 237, fracción I, con concordancia con el numeral 259, ambos de la Ley de Amparo. Ello, a fin de agilizar el cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada en autos, cuyo retardo, en el caso, ya no es imputable a la autoridad responsable, sino a la parte quejosa. ****Notifíquese y personalmente.
- Principal
Mexicali, Baja California, a diez de octubre de dos mil veintitrés. Escrito. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el escrito de cuenta, signado por los directos quejosos; atento a su contenido se acuerda: Efectos del fallo protector: Cabe recordar que los efectos del fallo protector otorgado a **********, fueron los siguientes: "SÉPTIMO. Efectos de la concesión. En virtud de lo hasta aquí narrado, con sustento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, la protección constitucional otorgada es para los efectos siguientes: i) Que el Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, proceda con prontitud a dictar y tomar todas las medidas necesarias para lograr el total cumplimiento del laudo condenatorio, emitido en el juicio laboral burocrático *****, de su índice. Sólo de esa forma se podrá restituir a los quejosos el pleno goce de los derechos humanos violentados en su perjuicio, como el artículo 77 de la Ley de Amparo ordena. En el entendido que cualquier otra autoridad que esté relacionada al cumplimiento del laudo en cuestión, pueda vincularse eventualmente, desde luego, en el ámbito de sus respectivas competencias, al cumplimiento de este fallo protector, en los términos indicados en la parte final del considerando que antecede. ****** Se vincula nueva autoridad relacionada con el cumplimiento al fallo protector. Atento lo manifestado por los ocursantes; y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 197 de la Ley de Amparo, procede vincular al cumplimiento del fallo protector, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, ISSSTECALI, a efecto de que dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo en el ámbito de sus funciones; y remita a esta autoridad constancia de reconocimiento de cumplimiento de pago de cuotas y aportaciones en relación a los quejoso ******, por parte del Ayuntamiento de Mexicali, Baja California. Lo anterior, para que dentro del término de tres días, contado a partir de la notificación del presente proveído, cumpla con la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, y remitan de inmediato las constancias con las que acrediten lo anterior. Apercibimiento de multa. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento al fallo protector, dentro del término requerido, con fundamento en los artículos 258, 192 y 193 todos de la Ley de Amparo, se le impondrá a la PERSONA FÍSICA que ocupe el cargo correspondiente a la autoridad obligada al cumplimiento del fallo protector, una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicada por CIEN, de conformidad con el decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, misma que deberán cubrir con ingresos propios y no con recursos públicos. Separación del cargo y consignación. Asimismo, una vez impuestas las multas respectivas, se remitirá el presente expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que podrá culminar con la SEPARACIÓN DE SU CARGO y su consignación ante el Agente del Ministerio Público de la Federación, por el delito de DESACATO A UN MANDAMIENTO JUDICIAL; lo anterior, con fundamento en los artículos 108 párrafo tercero, 109 fracción III y 110 párrafos segundo y tercero de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 267, fracción I, y último párrafo, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 29/2019 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2019625, publicada en cinco de abril de dos mil diecinueve, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DELITO DE DESACATO A UNA SENTENCIA DE AMPARO. EL ARTÍCULO 267, FRACCIÓN I, EN RELACIÓN CON EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL MISMO NUMERAL, DE LA LEY DE AMPARO, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. Del citado precepto se advierte que el tipo penal se integra por los siguientes elementos: a) que el sujeto activo tenga la calidad de autoridad, b) con esa calidad incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir y c) que la acción u omisión sea en forma dolosa, lo que revela que se está en presencia de un tipo penal mixto alternativo, pues basta que se realice cualquiera de las conductas, ya sea incumplir una sentencia de amparo o no hacerla cumplir, para que se consume el ilícito. Ahora bien, por incumplir debe entenderse no llevar a efecto, dejar de cumplir, esto es, el tipo penal requiere que se deje de cumplir una sentencia de amparo, también el término "no la haga cumplir", redunda en el incumplimiento del fallo, lo que revela que en ambos supuestos se pretende sancionar la conducta que implica una resistencia de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en una sentencia protectora, ya sea a la responsable obligada al cumplimiento o a su superior jerárquico. Aunado a lo anterior, el legislador expresamente señaló en el referido artículo 267, último párrafo, de la Ley de Amparo que las mismas penas que se impongan por incumplir una sentencia de amparo o no hacerla cumplir, serán impuestas al superior de la autoridad responsable. Asimismo, estableció el rango de punibilidad para ambas conductas, a saber, pena de cinco a diez años de prisión, entre otras sanciones, ya que conforme al precepto 194 de la ley citada, en caso de que no se logre el cumplimiento de la sentencia, el superior jerárquico incurre en responsabilidad en los términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiere concedido el amparo. Por tanto, la porción normativa impugnada señala las diversas conductas que están plenamente descritas en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo, lo que hace posible a la autoridad responsable directamente vinculada con el cumplimiento y a su superior jerárquico, anticipar cuál es la conducta penalmente relevante, el parámetro de punibilidad y, en consecuencia, la pena que les sería aplicable en caso de incumplir o no hacer cumplir dolosamente una sentencia de amparo, pues el juzgador cuenta con un rango mínimo y máximo de cinco a diez años de prisión, el que también es aplicable a la autoridad directamente vinculada con el cumplimiento y su superior jerárquico, por lo que el precepto mencionado cumple con el grado de determinación necesario de la conducta que es objeto de prohibición y contempla una penalidad clara, de forma tal, que dota de certeza jurídica a su destinatario y, por ende, no es contrario al principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, contenido en el artículo 14, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Desde luego, no sobra mencionar que se considerará como incumplimiento del fallo protector, diversos actos de retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales, de las propias autoridades responsables o de cualquier otra que intervenga en el trámite correspondiente **** Notifíquese.
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