Roberto González Campo

Expediente 1773/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 8 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1773/2018
Año
2018
Actuaciones
8
Última actuación
19/12/2018

Partes del expediente

  • Roberto González Campo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra el auto en el que se sobreseyó fuera de audiencia el juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que el mismo ha causado estado. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la parte quejosa, ya que únicamente a ésta afectó el sobreseimiento. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I y III, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente ya que se sobreseyó fuera de audiencia y carece de relevancia documental; y de depuración el original del incidente de suspensión, pues se negó y concedió la medida cautelar solicitada, por ende glósese al presente. Una vez que transcurran seis meses, destrúyase el duplicado del incidente.

  2. Principal

    Intégrese únicamente para que obre como corresponda el escrito signado por el quejoso, a través del cual informa que compareció ante la autoridad ministerial para el desahogo de la diligencia ordenada por una de las responsables; sin embargo, no se realiza mayor pronunciamiento en atención a que mediante proveído de treinta de noviembre del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia el presente sumario constitucional, de ahí que se acuerde en los términos precisados. Cúmplase.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, treinta de noviembre de dos mil dieciocho. DESECHAMIENTO Visto el estado de autos, de los cuales se advierte que el veintinueve de los cursantes, se tuvo por rendido el informe justificado de la responsable Agente del Ministerio ´Público adscrita a la Mesa Segunda de Trámite de la Unidad "A2" de Investigación Metepec, Estado de México. Ahora, el impetrante en esta vía constitucional reclama el citatorio de veinticinco de octubre de la anualidad que transcurre, emitido por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa Dos de Trámite de Investigación en Metepec, Estado de México, dentro de la carpeta de investigación NUC: TOL/TOL/MET/057/211052/17/09. Eco: 513/17. En ese sentido, resulta improcedente el juicio de amparo, en atención a que se actualiza la causa prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que literalmente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "(.)" "XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la Presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." Dicha disposición hace referencia a la fracción I del numeral 5°, también de esa legislación, que es del tenor literal siguiente: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." De lo anterior es dable decir, que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos de la parte quejosa; en el entendido de que el quejoso es el titular, en el caso, de un derecho subjetivo o bien, en otros casos, de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos a que se hace referencia en el artículo 1o de la ley de la materia y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Cabe decir además, que los elementos constitutivos del interés jurídico, el cual en el caso interesa, consisten en demostrar: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Requisitos anteriores, que en caso de no satisfacerse alguno de ellos, el juicio de amparo será improcedente. De lo que se sigue, que para que el juicio de amparo sea procedente, se requiere, indispensablemente, que quien lo promueva demuestre la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis aislada 2a. LXXX/2013 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIV, Septiembre de 2013 Tomo 3, página 1854, materia común, Décima Época, que establece: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." Ahora bien, como ya quedó de manifiesto, el acto reclamado corresponde a un citatorio dirigido a Roberto González Campos, para que se presentaran, ante el agente del Ministerio Público, a fin de llevar a cabo una diligencia ministerial; lo que de ninguna manera puede considerarse como un acto de autoridad que pueda afectar o restringir su libertad personal. Lo anterior es así, porque de inicio, por citatorio debe entenderse, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, edición 22.ª, publicada en 2001, como el documento con que se convoca a una persona para que comparezca ante alguien; y, dicho sea de paso, por citar debe entenderse, en lo que interesa, avisar a alguien señalándole día, hora y lugar para tratar de algún negocio; o bien, en Derecho, notificar una resolución administrativa o judicial con el fin de que su destinatario comparezca ante la autoridad que la dictó. Además, los párrafos primero y segundo del artículo 91 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que resulta ser la legislación procedimental que corresponde a los actos realizados dentro de la carpeta de investigación, establecen lo siguiente: "Artículo 91. Forma de realizar las citaciones Cuando sea necesaria la presencia de una persona para la realización de un acto procesal, la autoridad que conoce del asunto deberá ordenar su citación mediante oficio, correo certificado o telegrama con aviso de entrega en el domicilio proporcionado, cuando menos con cuarenta y ocho horas de anticipación a la celebración del acto. También podrá citarse por teléfono al testigo o perito que haya manifestado expresamente su voluntad para que se le cite por este medio, siempre que haya proporcionado su número, sin perjuicio de que si no es posible realizar tal citación, se pueda realizar por alguno de los otros medios señalados en este Capítulo. [.]." De lo anterior, se advierte que un citatorio emitido por una autoridad como en el caso corresponde al agente del Ministerio Público, no es otra cosa, más que el mero aviso de dicha autoridad al aquí quejoso, para que comparezca o se presente en determinado día, hora y lugar para cierta cuestión; sin que ello represente un acto de molestia al destinatario del aviso, pues de ninguna manera se le está obligando a comparecer, pues bien puede no acudir a la cita; de ahí que en el caso no se da el segundo requisito para tener por constituido el interés jurídico del quejoso, a fin de promover el juicio de amparo contra dicho citatorio, relativo a la afectación de un derecho subjetivo y en esa medida el juicio de amparo resulta improcedente. Lo anterior, sin que sea óbice que el Ministerio Público podrá imponerle alguna medida de apremio en caso de no comparecer; ya que ello es un acto de realización futura e incierta, por la cual en todo caso, de actualizarle alguna medida, tendrán expedito su derecho de acción para promover el correspondiente juicio de amparo contra la misma. Tal criterio ha sido sostenido por el Cuarto y Segundo Tribunales Colegiados en Materia Penal del Segundo Circuito, al resolver el recurso de revisión 236/2016, quejas 94/2017 y 151/2017, respetivamente. En las relatadas circunstancias, al existir motivo manifiesto e indudable de la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5, fracción I, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia el sumario en que se actúa. Finalmente, se deja sin efectos la audiencia constitucional fijada para las diez horas del diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho.

  4. Incidental

    Por lo expuesto y fundado se, R E S U E L V E: PRIMERO. Se niega a Roberto González Campo, la suspensión definitiva solicitada contra los actos reclamados a las autoridades responsables precisados en el considerando primero y segundo de esta resolución. SEGUNDO. Se concede a Roberto González Campo, la suspensión definitiva solicitada contra los actos reclamados a las autoridades responsables precisados en el considerando primero de esta resolución, en términos de lo expuesto en el diverso tercero de la misma.

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