Roberto González Cadena

Expediente 1787/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1787/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
10/03/2017

Partes del expediente

  • Roberto González Cadena

Actuaciones

  1. Principal

    VISTA LA CERTIFICACIÓN QUE ANTECEDE Y EL ESTADO DE LOS AUTOS, SE DECLARA QUE HA CAUSADO EJECUTORIA LA SENTENCIA, ARCHÍVESE, ESTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. COMO EXISTEN DOCUMENTOS REQUIÉRASE A LA QUEJOSA POR EL PLAZO DE 90 DÍAS PARA QUE ACUDA A RECOGERLOS, CON APERCIBIMIENTO. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  2. Principal

    VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo 1787/2016, promovido por Roberto González Cadena, contra actos del Titular de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito recibido en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México el veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, turnado el mismo día a este Juzgado Federal, Roberto González Cadena, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridad que a continuación se enuncian: "III. AUTORIDAD RESPONSABLE: A) TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS INTERNOS DE LA POLICIA FEDERAL. IV.- ACTO RECLAMADO.- La omisión por parte de dicha autoridad, de atender y resolver la solicitud formulada por esta parte quejosa. Misma solicitud que fue realizada y presentada en fecha 31 de Octubre de 2016; sin embargo ha transcurrido más de un mes sin que el suscrito haya obtenido respuesta por la autoridad, actualizándose lo que se conoce en materia administrativa como negativa ficta La OMISION de la autoridad responsable de otorgarme el derecho a intervenir en el expediente de investigación iniciado en mi contra, violando con ello la garantía constitucional de la defensa adecuada." SEGUNDO. La parte quejosa consideró el acto reclamado como violatorio de los artículos 1, 8, 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como diversas normas de fuente internacional. TERCERO. Mediante proveído de veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis (folios 10 y 11), este Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México admitió a trámite la demanda de amparo; requirió el informe justificado a la autoridad responsable; dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano judicial; y, señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual, dio inicio en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERA. El suscrito, Juez Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo. Lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo, y 52, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el contenido del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal número 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; dado que se reclama una omisión atribuida a autoridad administrativa, con residencia dentro de la competencia territorial que le corresponde a este órgano. SEGUNDA. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Así, de la interpretación íntegra de la demanda de amparo, el acto reclamado al Titular de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal es el siguiente: La omisión de dar contestación al escrito de treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis. TERCERA. Es cierto el acto reclamado del Titular de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal (folios 20 y 21), consistente en la omisión de dar contestación al escrito de treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis. Esto es así porque, aun cuando obra en autos copia certificada de las siguientes constancias: El oficio PF/UAI/DGII/13689/2016 de uno de diciembre de dos mil dieciséis, suscrito por el Director General de Investigación Interna (foja 23). La cédula de notificación de dos de diciembre de dos mil dieciséis (foja 22). Se sabe que el oficio PF/UAI/DGII/13689/2016 de uno de diciembre de dos mil dieciséis, por medio del cual la autoridad responsable le dio respuesta a la petición, así como la cedula de notificación, se emitieron posteriormente a la presentación del escrito de demanda (veintidós de noviembre de dos mil dieciséis), lo que quiere decir que a la fecha de presentación de aquella existía tal omisión. Apoya lo anterior, por lo que informa, la tesis II. 1o. C. T. 217 K del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo XIV, octubre de 1994, página 313, que establece: "INEXISTENCIA Y CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO LO RECLAMADO ES LA FALTA DE CONTESTACIÓN A UN ESCRITO. Cuando lo que se reclama es la falta de contestación a un escrito formulado por el gobernado, entonces la inexistencia del acto reclamado provendrá o de que no existe la solicitud, o bien, que antes de interponerse la demanda ya se haya dado la respuesta por escrito a dicha solicitud; en cambio, si a la fecha de presentación de la demanda no se ha dado contestación a la solicitud del gobernado pero tal respuesta se produce con posterioridad, entonces no es dable concluir con la inexistencia del acto reclamado, sino con la improcedencia del juicio porque han cesado los efectos del acto negativo reclamado, en términos del artículo 73 fracción XVI de la Ley de Amparo." CUARTA. En principio, debe examinarse la procedencia del juicio de amparo por ser una cuestión de estudio preferente al fondo del asunto, de acuerdo con lo dispuesto por el 62, de la Ley de Amparo; ello, con base en las causas propuestas por las partes o las que, en el caso, se adviertan de oficio. En tal sentido, la autoridad responsable propone la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo; por lo que, a efecto de determinar lo fundado o infundado de dicha causa, es importante transcribir lo que dispone ese precepto: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" Del contenido de la disposición legal citada, se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos de los actos reclamados. Se entiende que cesan dichos efectos cuando el acto es revocado o modificado, o simplemente porque se colma el objeto por el cual se emitió, por lo que, al acontecer alguna de esas circunstancias se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad y, en consecuencia, el juicio de amparo carece de litis sobre la cual deba existir pronunciamiento de fondo. Apoya tal consideración la jurisprudencia 2a./J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, tomo VII, febrero de 1998, página 210, que establece: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Asimismo, la jurisprudencia número 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, junio de 1999, página 38, cuyo texto establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En este sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que se actualiza tal causa de improcedencia en el juicio, cuando éste se promueva en contra de una omisión de la autoridad de dar contestación a una petición o instancia promovida por un particular y la autoridad emite una respuesta expresa a dicha petición, o se resuelve la instancia respectiva. Esto es, debe considerarse que ante la respuesta de la autoridad, los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la conducta omisiva de la responsable. Dicho criterio se asentó en la jurisprudencia 2a./J. 205/2008, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XXIX, enero de 2009, página 605, la cual es aplicable al caso por identidad de razón y que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto." En ese contexto, es fundada la causa de improcedencia propuesta. En efecto, en el caso, el promovente del amparo señaló como acto reclamado la falta de contestación al escrito que dirigió al Titular de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal. Ahora bien, la autoridad responsable, al rendir informe justificado, exhibió copia certificada del oficio PF/UAI/DGII/13689/20156 de uno de diciembre de dos mil dieciséis, por el que se le dio respuesta a la petición formulada. A dicha constancia se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 122 y 207, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos del artículo 2. Es oportuno destacar que el nueve de diciembre de dos mil dieciséis (notificado por lista a la parte quejosa el doce de ese mismo mes y año -folio 27), se le requirió para que dentro del plazo de quince días computados legalmente, manifestara si tenía interés en ampliar la demanda de amparo, en relación con las constancias remitidas por la autoridad responsable. Sin embargo, el promovente fue omiso en pronunciarse al respecto, motivo por el cual, ante dicha conducta, en acuerdo dictado en la audiencia constitucional se determinó que sólo se tendrán como autoridad y acto los señalados en la demanda. En efecto, al haber transcurrido el plazo legal otorgado, sin que la parte quejosa se haya pronunciado al respecto, se hizo efectivo el apercibimiento referido; por ende, no se tuvo como acto reclamado el oficio mencionado en las líneas que anteceden, por lo que no es jurídicamente posible entrar al estudio constitucional de éstos. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en la la jurisprudencia número 2a./J. 149/2006, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, octubre de dos mil seis, página 334, que en su rubro y texto precisa: "DEMANDA DE AMPARO. EL QUEJOSO PUEDE AMPLIARLA PARA IMPUGNAR LA RESPUESTA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, DURANTE LA TRAMITACIÓN DE UN JUICIO DE GARANTÍAS PROMOVIDO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. Si durante la tramitación de un juicio de garantías promovido por violación al derecho de petición, contenido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la autoridad responsable emite respuesta expresa a solicitud del quejoso, éste puede promover otro amparo o ampliar su demanda inicial contra ese nuevo acto, porque si bien es cierto que la respuesta de la autoridad responsable extingue la omisión original en que se encontraba y que motivó el juicio de amparo, también lo es que tal respuesta constituye un acto nuevo relacionado con aquella omisión que, por tanto, puede analizarse en el mismo juicio, a más de que por razones de concentración y economía procesal y en estricto cumplimiento al artículo 17 constitucional, es conveniente que así sea. Lo anterior no quebranta el sistema dispuesto en la Ley de Amparo, por el contrario, el quejoso tiene expeditos sus derechos para impugnar la respuesta de la autoridad responsable como corresponda y estime conveniente, y si opta por ampliar su demanda porque considera que ésta es la vía adecuada, el Juez de Distrito debe analizarla." En consecuencia, al haberse emitido la respuesta en relación con el escrito presentado por la quejosa, por parte de la autoridad competente para ello y al no haberse ampliado la demanda respecto de esas actuaciones, es claro que cesaron los efectos del acto reclamado. En efecto, debe considerarse que ante la respuesta de la autoridad los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de las conductas omisivas reclamadas. Así, al estar plenamente demostrada la actualización de la causa de improcedencia prevista por la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio, en términos de lo dispuesto por la fracción V, del diverso numeral 63, de la propia ley. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, 62, 63, 65, 74, 75, 76, 79 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Roberto González Cadena, por la omisión de dar contestación al escrito con sello de recepción de treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis, por los motivos expuestos en la última consideración de esta sentencia. Notifíquese, por estrados a la parte quejosa.

  3. Principal

    SE ADMITE A TRÁMITE LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO. SE FIJAN LAS 10:30 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2016, PARA QUE TENGA VERIFICATIVO LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. REQUIÉRASE A LA AUTORIDAD PARA QUE DENTRO DEL TÉRMINO DE 15 DÍAS RINDA SU INFORME JUSTIFICADO. REQUIÉRASE A LA AUTORIDAD COMO A LA QUEJOSA PARA QUE CUMPLAN CON LO SOLICITADO. SE TIENEN COMO PRUEBAS DE LA QUEJOSA LAS QUE SE PRECISAN. TÉNGASE POR AUTORIZADOS Y DOMICILIO EL QUE INDICA. NOTIFÍQUESE.

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