Roberto Goldberg Grossman

Expediente 558/2022 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. 15 actuaciones registradas, la última del 19 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
558/2022
Año
2022
Actuaciones
15
Última actuación
19/06/2023

Partes del expediente

  • Roberto Goldberg Grossman

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Juicio de Amparo Directo

    Visto lo de cuenta se declara consentida la determinación que tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. Notifíquese a la autoridad responsable. Toda vez que en este expediente no falta notificación alguna, no contiene relevancia documental y tampoco documentos originales, se ordena su archivo como concluido, previas anotaciones de ley.

  2. Juicio de Amparo Directo

    Intégrese al expediente electrónico el oficio de cuenta, signado por la secretaria de acuerdos de la Primera Sala Colegiada Civil de Tlalnepantla, Estado de México, mediante el cual acusa recibo de la misiva 835 de este índice, con la que se remitió testimonio de la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria aquí dictada. Atendiendo al estado de autos, toda vez que se encuentra transcurriendo el término establecido por el artículo 202 de la Ley de Amparo, en el momento procesal oportuno dese nueva cuenta para proveer lo conducente.

  3. Juicio de Amparo Directo

    SE DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO.

  4. Juicio de Amparo Directo

    EN CUMPLIMIENTO AL PROVEÍDO DE TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, SE NOTIFICA LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE VEINTIDÓS DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, A LA PARTE TERCERA INTERESADA, POR MEDIO DE LISTA, MISMA QUE SURTE EFECTOS DE NOTIFICACIÓN PERSONAL, LA CUAL FUE DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO 558/2022, QUE A CONTINUACIÓN SE INSERTA: Toluca, Estado de México, a veintidós de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se constata que el presente juicio de amparo directo se encuentra en su etapa de cumplimiento. El artículo 192 de la ley de la materia establece que las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas; que cuando causa ejecutoria una sentencia dictada en amparo directo, el tribunal la notificará sin demora a las partes; requerirá a la autoridad responsable para que la cumpla dentro del plazo de tres días, bajo apercibimiento que de no hacerlo sin justa causa, se le impondrá una multa y el expediente se remitirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En el caso, la sentencia de amparo se dictó el quince de marzo de dos mil veintitrés y, en auto de diecisiete de abril siguiente se hizo constar que ninguna de las partes hizo valer el recurso de revisión previsto en el artículo 81, fracción II, de la Ley de Amparo. En ese mismo proveído se requirió a la autoridad responsable, para que en el plazo de tres días diera puntual cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Mediante oficio 895, de veinte de abril de dos mil veintitrés, la autoridad responsable comunicó que en esa misma fecha dejó insubsistente la sentencia de treinta de junio de dos mil veintidós, dictada en el toca de apelación 229/2022, así mismo solicitó una prórroga de quince días más para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; en auto de veinticuatro posterior se le otorgó dicho plazo para tal efecto. Mediante oficio 993, de veintisiete de abril de dos mil veintitrés, la autoridad responsable remitió copia certificada de la nueva sentencia pronunciada en esa misma fecha, dictada en cumplimiento al fallo protector. Con lo anterior, en acuerdo de dos de mayo de dos mil veintitrés, se dio vista a las partes para que en el término de diez días manifestaran lo que a su derecho correspondiera, notificándoles el tres posterior, por medio de lista electrónica que se publica diariamente en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Plazo que trascurrió del ocho al diecinueve de mayo de la presente anualidad, sin que ninguna de las partes la haya desahogado. A continuación, se procede a corroborar si la autoridad responsable dio exacto cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Para una mejor comprensión y análisis del fallo dictado por la autoridad responsable, en cumplimiento a la ejecutoria emitida por este órgano constitucional, se elabora el siguiente cuadro comparativo: EFECTOS DE LA EJECUTORIA: RESOLUCIÓN DE CUMPLIMIENTO. 1. La sala responsable emita una nueva sentencia, en la cual deje insubsistente la reclamada. 1. En acuerdo de veinte de abril de dos mil veintitrés, la autoridad responsable dejó insubsistente la sentencia dictada el treinta de junio de dos mil veintidós y dictó una nueva resolución. (Fojas 155 y 156 del cuaderno de amparo). 2. En la nueva decisión, examinará previamente a la acción reivindicatoria la excepción de usucapión opuesta por el quejoso, determinara si con las probanzas ofrecidas en autos acreditaba o no los elementos de la excepción de usucapión. 2. En la nueva sentencia, emitida el veintisiete de abril de dos mil veintitrés, examinó previamente a la acción reivindicatoria la excepción de usucapión opuesta por el quejoso, determinó que con las probanzas ofrecidas en autos no quedaron acreditados de forma alguna los elementos de la excepción de usucapión. -Lo anterior, porque el recurrente no aportó medio de prueba para acreditar que la actora haya autorizado a ++++++++++, para que trasmitiera la propiedad del local comercial en cuestión, sin que para ello fuera suficiente la mención en el contrato de que dicha persona actúo como representante de la vendedora, pues acorde con la naturaleza del acto jurídico debió demostrar que contaba con , representación, autorización o documento para celebrar el acto jurídico. -Arribó a que debe prevalecer la improcedencia de la acción de usucapión pues el quejoso no justificó que con el título que exhibió contara con el derecho de propiedad del inmueble controvertido, lo que era suficiente para establecer que contrario a lo aducido por este, la excepción no llevó a desvirtuar la acción reivindicatoria ejercida en su contra. -Indicó que, dada la naturaleza de la usucapión, lo que resultaba indispensable era justificar que se poseía a título de dueño de buena fe, y al no haberse acreditado así con el título presentado, no podían analizarse, para establecer si se acreditaban o no, las calidades de su posesión y el tiempo necesario para la prescripción adquisitiva del inmueble en litigio. -Además, la sala precisó que lo considerado por el juez de primera instancia, en cuanto a que no se acreditó que haya entrado a poseer de mala fe, tampoco tenía el alcance de declarar improcedente la acción reivindicatoria y procedente la excepción de usucapión, ya que no justificó la usucapión de buena fe que hizo valer al contestar la demanda. -Declaró inoperante lo aducido por el apelante en cuanto a que el juzgador otorgó pleno valor a las confesionales, pero no las tomó en cuenta para declarar procedente la excepción de usucapión, ya que si el juez concedió pleno valor a sus confesiones para tener por acreditada la posesión, no podía dejar de valorarlas para analizar la procedencia de la excepción de usucapión. -Lo anterior se determinó así, porque el hecho de que por virtud de su confesión se haya tenido por acreditada su posesión sobre el inmueble controvertido y con ello los elementos de la acción reivindicatoria, no implicaba que con base en esa misma confesión debiera declararse procedente la excepción de usucapión pues, por una parte, no debía soslayarse que la confesión solo puede considerarse y tener efecto en lo que perjudica al que la hace y no en lo que le beneficia, mientras que, por otro lado, de la sentencia apelada se desprendía que si el juzgador declaró la improcedencia de la excepción en comento, no fue porque considerara que el apelante no poseyera el inmueble referido, sino porque estimó que requería la demostración pormenorizada de las cualidades y circunstancias exigidas por la ley para la usucapión, tales como, entre otras, poseer en calidad de dueño, lo cual no quedó acreditado por virtud del título en el que el apelante fundó tal carácter, siendo ello suficiente para reiterar la improcedencia de la aludida excepción. (Fojas 197 vuelta a 206 del cuaderno de amparo). -Al proceder al análisis de los agravios de la actora, los declaró fundados, por considerar procedente la prestación marcada con el inciso c), consistente en el pago de las rentas reclamadas, en virtud de la procedencia de la acción reivindicatoria, desde el mes de marzo del año dos mil tres, hasta la desocupación y entrega de la localidad en conflicto, a excepción de la temporalidad correspondiente de noviembre de dos mil trece a octubre de dos mil catorce, toda vez que respecto de ese lapso de tiempo, la actora no ofreció medio de convicción que acreditara que el demandado efectivamente hubiese cobrado rentas por la ocupación del inmueble reclamado, pues si bien era cierto que el enjuiciado al momento de contestar la demanda instaurada en su contra, aceptó que dio en arrendamiento el referido inmueble, también lo era que manifestó diversos contratos de arrendamiento, entre otros, con ++++++++++por el periodo del treinta de octubre del año dos mil doce al treinta y uno de octubre de dos mil trece, y con ++++++++++del uno de noviembre del año dos mil catorce "a la fecha"; por ende, si el demandado solo confesó que dio en arrendamiento el inmueble por los periodos que señala, sin que aceptara que también cobró rentas por lo que corresponde al tiempo que transcurrió desde el mes de noviembre de dos mil trece al mes de octubre de dos mil catorce, con dicha confesión solo se podía tener por justificada la temporalidad aludida por el demandado, y no por todo el tempo que reclamaba la accionante. (Fojas 209 vuelta a 211 del cuaderno de amparo). 3. Hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción, resolviera conforme a sus atribuciones. 3. Con plenitud de jurisdicción la sala modificó la sentencia recurrida, para determinar, como consecuencia de la procedencia de la acción reivindicatoria, condenar al demandado al pago de la prestación marcada con el inciso c) de la demanda, por la temporalidad desde el mes de marzo del dos mil tres, hasta la desocupación y entrega de la localidad en conflicto, a excepción del periodo correspondiente a noviembre de dos mil trece a octubre de dos mil catorce, ello a razón de $++++++++++(++++++++++ pesos), respecto del periodo del mes de marzo a octubre de dos mil trece; $++++++++++(++++++++++ pesos), por lo que hace a los meses de noviembre y diciembre de dos mil catorce; $++++++++++(++++++++++pesos) de enero a diciembre de dos mil quince; $++++++++++(++++++++++pesos), de enero a diciembre de dos mil dieciséis; $++++++++++(trece mil quinientos pesos), de enero a diciembre de dos mil diecisiete; $++++++++++(++++++++++pesos) de enero a diciembre de dos mil dieciocho; y $++++++++++(++++++++++ pesos) de enero a diciembre de dos mil diecinueve. Condenó al demandado al pago de las rentas que haya seguido percibiendo de enero de dos mil veinte y por los meses que hayan transcurrido hasta la entrega del inmueble matera del juicio, a razón del monto que se fijara a juicio de peritos, cuya cantidad debía cuantificarse en ejecución de sentencia, dentro del incidente correspondiente. Condenó al demandado al pago de gastos y costas en ambas instancias. (Fojas 213 vuelta y 214 del cuaderno de amparo). Del anterior cuadro comparativo se advierte el cumplimiento de la ejecutoria pronunciada por este tribunal. En esas condiciones, la responsable cumplió la ejecutoria de amparo; sin que este órgano de control de constitucionalidad advierta exceso o defecto en el cumplimiento. En tal virtud, la Primera Sala Colegiada Civil de Tlalnepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, cumplió con lo determinado en el fallo protector, por lo que con apoyo en lo dispuesto en los artículos 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria; razón por la cual procede ordenar el archivo de este expediente como asunto concluido, una vez que cause estado la presente resolución.

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