Roberto Godinez García
Expediente 917/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 8 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 917/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 05/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Roberto Godinez García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Incidental
En la ciudad de Acapulco, Guerrero, siendo las diez horas con cuarenta y cinco minutos del cinco de octubre de dos mil veintitrés, hora y fecha señaladas en autos para la celebración de la audiencia en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 917/2023-V, promovido por *****, encontrándose presente Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida por César Barajas García, Secretario que autoriza y da fe, con fundamento en los artículos 144 y 146 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia personal de las partes. A continuación, el Secretario hace relación de las constancias que obran en el expediente en los que se destacan: copia simple del escrito de demanda y anexos; escritos aclaratorios; auto que ordenó formar incidente de suspensión y proveyó sobre la suspensión provisional; y constancias de notificación a las partes. Asimismo, da cuenta con el oficio registrado en el libro de correspondencia con el número de promoción 12988, mediante el cual la Jueza Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, rinde su informe previo. Acto seguido, la Jueza acuerda: Téngase por hecha la anterior relación de constancias de autos, y con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, por rendido el informe previo de la autoridad responsable, mismo que será tomado en consideración al momento de resolver en definitiva la incidencia en que se actúa. Abierto el período de pruebas, el Secretario da cuenta con las documentales exhibidas por la parte quejosa. Acto seguido, la Jueza acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 143 de la Ley de Amparo, se admite la prueba de referencia, misma que se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza; sin más pruebas por recepcionar, se cierra esta etapa. Abierto el período de alegatos: El Secretario hace constar que las partes no los formularon. Acto continuo, la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se tiene por perdido el derecho de las partes para formular alegatos con posterioridad. No habiendo promoción pendiente por acordar, pruebas que admitir, alegatos que reproducir, se da por terminada la presente audiencia, procediéndose a emitir la siguiente resolución interlocutoria. Vistos los autos para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 917/2023-V; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. El incidentista Roberto Godínez García, solicitó la suspensión del acto reclamado, en los términos siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES "JUEZ SEGUNDA INSTANCIA DE MATERIA FAMILIAR DE ESTE DISTRITO JUDICIAL DE TABARES" ACTO RECLAMADO "La irregularidad El auto publicado mediante acuerdo 9 de junio y notificado el 10 de agosto del año en curso, cuyo tenor dice: que una ejecución de sentencia es una demanda que solicita una de las partes tras el incumplimiento de las obligaciones de la otra que debe adquirir tras una resolución judicial. Si alguno no cumple, la/el perjudicada/o debe solicitar a su abogado que interponga demanda de Ejecución de Sentencia. Como incidente de incumplimientos a la pensión alimenticia provisional agréguese a sus autos el escrito de cuenta, atento a su contenido, como lo solicita, requiérase al C. *****, que fue por oficio, y en juicio de divorcio encausado no existe un oficio de requerimiento por el actuario judicial por lo tanto requiérase para que el termino de tres días se ponga al corriente del pago de la pensión alimenticia decretada en autos, por otro lado, se le tiene exhibiendo su planilla de liquidación de las cantidades sin mencionarlos que dice la deudora el demando, y con la misma dese vista personalmente a dicho deudor alimentista para que el termino de tres días manifieste lo que su derecho convenga, tal como lo establece el artículo 422 fracción l, del código procesal civil en vigor, apercibido que de no hacerlo, se le decretara la ejecución por la cantidad que importe, pero moderada prudentemente por la juzgadora, notifíquese y cúmplase a por lo cual solicito a este juzgado de distrito se le requiera a la juez segunda instancia del ramo familiar de este distrito judicial de Tabares, para que remita el expediente 1283-3/2014 del juicio de divorcio encausado y del incidente de ejecución de sentencia o incidente de pensión alimenticia provisional, (.)." Asimismo, en el escrito aclaratorio de fecha once de septiembre pasado, precisó lo siguiente: "Vengo a dar mediante escrito la aclaratorio del acto reclamado es mediante acuerdo de fecha 21 y publicada el 22 de agosto del año en curso, la autoridad responsable, no se admite el recurso de apelación que interpone en contra del 9 de junio del año en curso en contra de la cedula de fecha 9 de junio y notificado el 10 de agosto del año en curso, cuyo tenor dice: que una ejecución de sentencia es una demanda que solicita una de las partes tras el incumplimiento de las obligaciones de la otra que debe adquirir tras una resolución judicial. La autoridad responsable no admite el recurso de apelación en contra del auto de nueve de junio del año en curso y notificada el 10 de agosto del 2023, por lo cual la autoridad responsable no tiene facultad para determinar la situación jurídica de los procedimientos civiles el Artículo 422.- Liquidación de cantidades a que condenó la sentencia. Si la resolución cuya ejecución se pide no contiene cantidad líquida para llevar adelante la ejecución debe previamente liquidarse conforme a las siguientes prevenciones: (.)." A su vez, con el escrito de fecha veintiocho de septiembre de este año, aclaró en los términos siguientes: "Vengo a aclarar que del acto reclamado es mediante el auto de fecha 21 y publicada el 22 de agosto de año en curso, la autoridad responsable, señala agréguese a autos el escrito de cuenta, atento a su contenido, dígase al promovente que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 9 fracción I y IV, del código procesal civil en vigor, no se admite a trámite el recurso de apelación que interpone en contra de auto de nueve de junio del año en curso de apelación que interpone en contra de auto 9 de junio del año en curso, toda vez que el artículo 386 fracción Il del código adjetivo civil, refiere que solo podrán ser objeto de apelación. II.- los autos cuando expresamente lo disponga el código; hipótesis que en el caso no acontece, en virtud de en dicho proveído se ordenó requerir para que se ponga al corriente del pago de los alimentos y se le dio vista con la planilla de liquidación que exhibió acreedora alimentista, en el caso no hay disposición legal que establezca que dicho auto sea apelable; por ello no ha lugar a admitir el medio impugnación que hace valer, sin embargo, se deja a salvo su derecho para que lo haga valer en la vía y forma que corresponde." SEGUNDO. Como se ordenó en el cuaderno principal, por auto de veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, se formó por separado el incidente de suspensión; se proveyó lo procedente respecto de la suspensión provisional; se pidió a la autoridad responsable rindiera su informe previo, se señaló hora y día para la celebración de la audiencia incidental, la cual, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, ello con apoyo en lo dispuesto por los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 128, 144 y 146 de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa solicitó la medida cautelar en el juicio de amparo del que deriva este incidente. SEGUNDO. Por razón de técnica jurídica, este órgano de control constitucional se avocará inicialmente al análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados en el incidente de suspensión en que se actúa, luego, y sólo en el caso de que se declare su existencia, estudiará de conformidad con la naturaleza de los efectos y consecuencias de los mismos, si éstos son susceptibles de suspenderse, y en el supuesto de que así sea, entonces analizará si es procedente o no conceder la suspensión definitiva atendiendo a si se surten los requisitos previstos en las fracciones I y II, del artículo 128, de la Ley de Amparo y, finalmente, en el caso de que proceda, se fijará la garantía correspondiente. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I. 1o. A. J/2, de rubro: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA, TÉCNICA QUE DEBE SEGUIRSE EN EL ESTUDIO DE LA." (Localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, enero a junio de 1988, tomo I, parte-2). TERCERO. El acto que el incidentista reclama, es: El proveído de veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, en el que la Jueza Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, residente en esta ciudad, no admite a trámite el recurso de apelación hecho valer en contra del auto de nueve de junio del año en curso, en el que dicha juzgadora requirió al incidentista se pusiera al corriente con el pago por concepto de alimentos y le dio vista con la planilla de liquidación que exhibió la acreedora alimentista. CUARTO. La Jueza Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con sede en Acapulco, Guerrero, al rendir su informe previo, negó el acto que se le reclama; sin embargo, con las manifestaciones evidencia su existencia, mismas que se corroboran con las documentales exhibidas por el incidentista, de ahí que se tenga por cierto. QUINTO. Una vez precisados el acto reclamado, lo procedente es negar la suspensión definitiva, toda vez que no se satisfacen los requisitos previstos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, ya que de concederse la medida cautelar se seguiría perjuicio al interés social y se contravendría disposiciones de orden público, tal y como lo establece el artículo 129 fracción IX de la Ley de Amparo, pues se impediría el pago de una pensión alimenticia, dicho numeral es del tenor literal siguiente: "Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: (.) IX. Se impida el pago de alimentos; (.)" En efecto, los alimentos son de orden público, en la medida de que tienden a proteger la subsistencia del acreedor alimentario, por lo que, el Estado reconoce en éstos una obligación de tipo económico a través de la cual se provee a una persona determinada de los recursos necesarios para cubrir sus necesidades físicas o intelectuales, a fin de que pueda subsistir y por tanto, con la concesión de la medida provisional solicitada se contravendrían las disposiciones legales de interés social que han establecido la protección de los acreedores alimentarios. Resulta aplicable al caso la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, visible en la página 331, del tomo XII, Agosto de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, registro número 215245, que se lee: "ALIMENTOS. NEGATIVA DE LA SUSPENSION TRATANDOSE DE. De la lectura de las jurisprudencias cuyos rubros versan: "ALIMENTOS IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSION CONTRA EL PAGO DE" Y "ALIMENTOS. PROCEDENCIA DE LA SUSPENSION TRATANDOSE DE PENSIONES CAIDAS", consultables en las páginas 236, 237 y 261, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, segunda parte, salas y tesis comunes; se advierte que, si los actos reclamados cuya suspensión se solicita se refiere al pago de alimentos decretados por resolución judicial de manera provisional, y al cual el inconforme ha sido omiso en cumplir voluntariamente, la suspensión solicitada, resulta improcedente de conformidad con la primera de las tesis citadas, la que resulta aplicable por tratar esta lo relativo a pensiones alimenticias actuales que los acreedores no han recibido, en contravención a disposiciones de orden público; y no la segunda de las tesis mencionadas, porque esta se refiere a pensiones caídas, es decir, los alimentos que el acreedor alimentario dejó de recibir durante el tiempo anterior a la presentación de la demanda respectiva." Por lo expuesto y fundado, se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega a *****, la suspensión definitiva, por los fundamentos y motivos expuestos en el último considerando de esta resolución. Notifíquese. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de César Barajas García, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; veintiocho de septiembre de dos mil veintitres. Visto; se tiene por recibido el escrito signado por el quejoso *****, mediante el cual desahoga la prevención formulada en acuerdo de diecinueve de septiembre actual y de la diversa de veintidós de septiembre del año en curso y al efecto precisa el acto reclamado en esta instancia constitucional, así como los antecedentes del mismo. Toda vez que a criterio de este órgano jurisdiccional de momento no se advierten causales de improcedencia que conduzcan al desechamiento de la demanda de amparo, así como tampoco de incompetencia que impidan a este tribunal conocer del presente asunto; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1°, 33, fracción IV, 107, 108, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la ley reglamentaria, se admite a trámite. En la inteligencia que del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, se considerará como acto reclamado únicamente el proveído de veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, dictado en el expediente 1283/2014-3, de su índice, en el que refiere no se admitió a trámite el recurso de apelación interpuesto en contra del auto de nueve de junio del año en curso. Tramítese el incidente de suspensión por así haberlo solicitado la parte quejosa. De conformidad con lo establecido en el artículo 115 de la Ley de Amparo, cítese a las partes para la audiencia constitucional, que deberá tener lugar a las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. En términos del artículo 117 del ordenamiento legal citado, se requiere informe justificado a la autoridad responsable, el que deberá rendir respecto de los actos que en específico se le atribuyen, en el plazo de quince días, computados a partir del día siguiente al en que les surta efectos la notificación del presente proveído. Se apercibe que ante la omisión sobre el particular, se presumirán ciertos los actos reclamados, salvo prueba en contrario, conforme al artículo 117, párrafo cuarto de la ley de la materia. Conforme al artículo 117 del ordenamiento legal citado, se requiere para que en el mismo plazo, expongan las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio, la constitucionalidad o legalidad de los actos atribuidos y remitan copia certificada de la totalidad de las constancias que acrediten la veracidad de su dicho, las que deberán ser legibles. En la inteligencia que no serán admitidas copias al carbón o reproducciones de éstas, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para dictar sentencia en la que analice el fondo de la cuestión que le fue planteada, por lo que se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar, en su caso, el impedimento legal que tengan para hacerlo. En el entendido de que ese informe deberán remitirlo a este juzgado, con la anticipación que permita su conocimiento por las partes con por lo menos ocho días antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional de este juicio, ya que de lo contrario se propiciaría su diferimiento, con la consecuente dilación en la impartición de justicia. Por otro lado, en aras de una pronta impartición de justicia, se exhorta a la responsable para que remita su informe justificado a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o bien, a través del correo electrónico institucional 4jdo21cto@correo.cjf.gob.mx, escaneado de manera clara y legible, con evidencia criptográfica que acredite el empleo de la Firma Electrónica Certificada "FIREL" o "e.firma", del Servicio de Administración Tributaria, en términos del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. En el entendido de que no se acordarán de conformidad las promociones que se presenten sin firma electrónica de la persona servidora pública que las suscriba. Apoya lo anterior, el criterio contenido en la jurisprudencia PC.XVII. J/3 k (11ª.) del Pleno del Decimoséptimo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Noviembre de 2021, Tomo III, pagina 2537, registro digital 2023740, de rubro siguiente: "DEMANDAS, PROMOCIONES Y RECURSOS EN EL JUICIO DE AMPARO. SI SE PRESENTAN EN EL CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL EN FORMA DIGITAL, DEBEN DESECHARSE SI NO CUENTAN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL)". Indíquese a la autoridad responsable que en términos de los numerales 260 y 238, de la Ley de Amparo, y de conformidad con los artículos primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, se les impondrá una multa de cincuenta días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectiva la medida de apremio, en caso de que no rindan su informe justificado, o lo hagan sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio. Comuníqueseles que se sancionará de igual forma, en caso de negativa a recibir la notificación a que se refiere el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, tal como lo establece el diverso numeral 245 de la ley de la materia; habida cuenta la obligación de recibir los oficios que se les dirijan, pues en caso de negarse bajo cualquier excusa que no resulte trascedente, se tendrán por hechas las notificaciones. Se informa a las autoridades responsables que las notificaciones se les practicarán por medio de lista, salvo las que por su trascendencia se les deban notificar mediante oficio en términos del artículo 26, fracción II, inciso a) de la Ley de Amparo. Con fundamento en los artículos 64 y 16 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que en el supuesto de que tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento o del fallecimiento del quejoso o alguno de los terceros interesados , lo comuniquen de inmediato a este órgano jurisdiccional, y de ser posible , acompañen las constancias que lo acrediten o proporcionen los datos necesarios para ese efecto, apercibidas que de no hacerlo se les impondrán las multas previstas en los numerales 251 y 242 del ordenamiento legal en cita, respectivamente. De igual forma, para que informen a este juzgado federal sobre la existencia de diversos juicios de amparo promovidos contra actos derivados del juicio, proceso o procedimiento de origen, o bien que pudieren estar relacionados con los actos reclamados en el presente sumario, a efecto de evitar el dictado de sentencias contradictorias . En términos del numeral 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas como pruebas de la parte quejosa las documentales que exhibió, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. Previo cotejo y certificación de las copias de los documentos que la promovente anexo a la demanda de amparo, se ordena su inserción dentro del cuaderno incidental. Lo anterior, de conformidad con la Jurisprudencia 19/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digita: 2000319, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 1, página 401, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ORDENARLA DE OFICIO, RESPECTO DE LOS EXHIBIDOS CON LA DEMANDA DE AMPARO, PARA QUE OBREN EN EL CUADERNO INCIDENTAL, AL DICTAR LA RESOLUCIÓN ATINENTE A LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA (REQUISITO CONTENIDO EN LA JURISPRUDENCIA P./J. 71/2010)." De conformidad con el artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese la intervención legal que le corresponde a la Fiscal de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional. Ahora bien, conforme a lo establecido en el artículo 5°, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, se tiene como tercera interesada a Gloria Lucia de Jesús ; sin embargo, se reserva acordar lo conducente a su emplazamiento, hasta en tanto obre en autos el expediente del cual derivan los actos reclamados en la presente instancia constitucional. Se comunica a las partes que las personas autorizadas para acceder a los expedientes judiciales, incluidas quienes actúen bajo el esquema físico, deberán consultarlo en su versión electrónica, en virtud de que el expediente electrónico será el que tenga validez para su consulta desde el Portal de Servicios en Línea, y quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente a consultarlo en los equipos de cómputo dispuestos para tal efecto, ya que la documentación recibida vía electrónica únicamente constará en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso, pues éste sólo servirá como referencia de los documentos recibidos físicamente. Las constancias de consulta que genere el sistema servirán como constancia de notificación, serán válidas y no necesitarán de certificación del Actuario, Secretario o funcionario, y se integrarán únicamente al expediente electrónico. Las listas de acuerdos quedarán a disposición del público usuario para su consulta en la página de internet del Consejo a través del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, y tienen validez legal suficiente, por lo que no es necesaria su posterior certificación para agregarse al expediente electrónico. Por lo que se les exhorta para que cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. En la inteligencia de que, bajo ninguna circunstancia se obstaculizará la posibilidad de que las partes actúen y presenten promociones por medios impresos. El horario de atención al público en los órganos jurisdiccionales será de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos, y se realizará privilegiando el uso de medios electrónicos y soluciones digitales, tales como el teléfono y las videoconferencias, con excepción de la Oficialía de Partes. Para ello, en el área de atención al público se colocará un teléfono con la señalización de las extensiones de los servidores públicos, a efecto de que cualquier persona los pueda contactar para la atención correspondiente. En el entendido de que tratándose de las audiencias constitucionales e incidentales, se podrán realizar a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes, salvo en aquéllos asuntos en los que sea necesaria la presencia de las partes, en cuyo caso la diligencia se realizará por videoconferencia. Las personas autorizadas para consultar un expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren el aquél. Cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, ya que el proceso de firmado electrónico les da la característica de inalterables. Para la consulta de las carpetas digitales y la práctica de notificaciones electrónicas, las partes deberán formular expresamente la solicitud respectiva, y tratándose de órganos estatales, contar con un convenio de interconexión o colaboración. Se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, en virtud de que los artículos 122 de la Ley de Amparo y 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, establecen que los documentos pueden ser objetados por las partes, y que estos no podrán devolverse hasta en tanto no precluya el derecho de objetarlos, mientras no se haya resuelto definitivamente el punto relativo a las objeciones que se hubieren formulado, o bien, mientras el negocio no haya sido resuelto definitivamente. Por otro lado, tomando en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que deban llevarse a cabo en el presente juicio. Se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de las constancias que integran el expediente en que se actúa, así como la expedición de copias simples o certificadas de las actuaciones que integran este sumario, con excepción de las constancias que tengan el carácter de reservada o confidencial. La demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes y/o Firma Electrónica (FESE - FIREL); en ese sentido y para otorgar esa autorización y acceso, las partes deberán solicitarlo por escrito y por única ocasión; lo anterior, con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo. En caso de que las partes exhiban documentación o información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla debidamente resguardada en sobre cerrado con la leyenda respectiva, en términos de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Con fundamento en los artículos 2, 5, 8 y 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 1, 6 y 8, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales en la sentencia definitiva que dicte este juzgado federal o en las resoluciones intermedias que hayan puesto fin a una instancia o recurso, con independencia de que al elaborarse la versión pública se suprima la información considerada como reservada o confidencial. Notifíquese; y personalmente a la Fiscal de la Federación adscrita. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de César Barajas García, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Incidental
Acapulco de Juárez, Guerrero; veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta secretarial que antecede y en cumplimiento a lo ordenado por auto de esta fecha dictado en el juicio de amparo 917/2023-V, promovido por ****, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, se apertura por separado y en términos de lo establecido en el artículo 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19, no se formará el duplicado físico del incidente de suspensión. Hágase saber a las partes que el siete de noviembre de dos mil veintidós, entró en vigor el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, conforme al cual se reanudan las labores de forma regular en los órganos jurisdiccionales. Por tal motivo, el expediente impreso sólo servirá como referencia de los documentos recibidos físicamente, y la documentación recibida vía electrónica únicamente constará en el expediente electrónico, sin que deba agregarse al expediente impreso. Se fijan las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL CINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la audiencia incidental. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 140, 141 y 142 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades señaladas como responsables su informe previo, que deberán rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de este acuerdo, solicitándoles que en el mismo se precise si son o no ciertos los actos reclamados que se les atribuyen, pudiendo expresar las razones que estime pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y deberá proporcionar los datos que tenga a su alcance que permitan al órgano jurisdiccional establecer el monto de la garantía correspondiente. Por otro lado, en aras de una pronta impartición de justicia, se exhorta a la responsable para que remita su informe previo a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o bien, a través del correo electrónico institucional 4jdo21cto@correo.cjf.gob.mx, escaneado de manera clara y legible, con evidencia criptográfica que acredite el empleo de la Firma Electrónica Certificada "FIREL" o "e.firma", del Servicio de Administración Tributaria, en términos del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. En el entendido de que no se acordarán de conformidad las promociones que se presenten sin firma electrónica de la persona servidora pública que las suscriba. Apoya lo anterior, el criterio contenido en la jurisprudencia PC.XVII. J/3 k (11ª.) del Pleno del Decimoséptimo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Noviembre de 2021, Tomo III, pagina 2537, registro digital 2023740, de rubro siguiente: "DEMANDAS, PROMOCIONES Y RECURSOS EN EL JUICIO DE AMPARO. SI SE PRESENTAN EN EL CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL EN FORMA DIGITAL, DEBEN DESECHARSE SI NO CUENTAN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL)". Luego, se hace saber a las autoridades responsables que la falta de la rendición oportuna de su informe previo, esto es, antes de la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia incidental, se sanciona con una corrección disciplinaria, y que de conformidad con el artículo 260, fracción I, en relación con el diverso 238, ambos de la ley de la materia, y de conformidad con los artículos primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, se les impondrá una multa de cincuenta días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectiva la medida de apremio, en caso de que no rindan su informe previo en el término antes señalado, resultando aplicable a este apercibimiento, la tesis IV.2o. P.C.4K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Civil del Cuarto Circuito, visible en la página 873, tomo IX, enero de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro señala: "MULTA. CORRECCIÓN DISCIPLINARIA IDÓNEA PARA SANCIONAR A LA AUTORIDAD RESPONSABLE QUE OMITE RENDIR INFORME PREVIO". Se informa a las autoridades responsables que las notificaciones se le practicarán por medio de lista, salvo las que por su trascendencia se le deban notificar mediante oficio en términos del artículo 26, fracción II, inciso a) de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Indicado lo anterior, es menester precisar que de la lectura integral de la demanda y escrito aclaratorio, se advierte que el acto que aquí se combate, consiste en lo siguiente: El proveído de veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, en el que la Jueza Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, residente en esta ciudad, no admite a trámite el recurso de apelación hecho valer en contra del auto de nueve de junio del año en curso, en el que dicha juzgadora requirió al incidentista se pusiera al corriente con el pago por concepto de alimentos y le dio vista con la planilla de liquidación que exhibió la acreedora alimentista. Una vez precisados el acto reclamado, lo procedente es negar la suspensión provisional, toda vez que no se satisfacen los requisitos previstos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, ya que de concederse la medida cautelar se seguiría perjuicio al interés social y se contravendría disposiciones de orden público, tal y como lo establece el artículo 129 fracción IX de la Ley de Amparo, pues se impediría el pago de una pensión alimenticia, dicho numeral es del tenor literal siguiente: "Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: (.) IX. Se impida el pago de alimentos; (.) " En efecto, los alimentos son de orden público, en la medida de que tienden a proteger la subsistencia del acreedor alimentario, por lo que, el Estado reconoce en éstos una obligación de tipo económico a través de la cual se provee a una persona determinada de los recursos necesarios para cubrir sus necesidades físicas o intelectuales, a fin de que pueda subsistir y por tanto, con la concesión de la medida provisional solicitada se contravendrían las disposiciones legales de interés social que han establecido la protección de los acreedores alimentarios. Resulta aplicable al caso la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, visible en la página 331, del tomo XII, Agosto de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, registro número 215245, que se lee: "ALIMENTOS. NEGATIVA DE LA SUSPENSION TRATANDOSE DE. De la lectura de las jurisprudencias cuyos rubros versan: "ALIMENTOS IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSION CONTRA EL PAGO DE" Y "ALIMENTOS. PROCEDENCIA DE LA SUSPENSION TRATANDOSE DE PENSIONES CAIDAS", consultables en las páginas 236, 237 y 261, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, segunda parte, salas y tesis comunes; se advierte que, si los actos reclamados cuya suspensión se solicita se refiere al pago de alimentos decretados por resolución judicial de manera provisional, y al cual el inconforme ha sido omiso en cumplir voluntariamente, la suspensión solicitada, resulta improcedente de conformidad con la primera de las tesis citadas, la que resulta aplicable por tratar esta lo relativo a pensiones alimenticias actuales que los acreedores no han recibido, en contravención a disposiciones de orden público; y no la segunda de las tesis mencionadas, porque esta se refiere a pensiones caídas, es decir, los alimentos que el acreedor alimentario dejó de recibir durante el tiempo anterior a la presentación de la demanda respectiva. " De conformidad con el artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese la intervención legal que le corresponde a la Fiscal de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional. En términos del numeral 143 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas como pruebas de la parte quejosa las documentales que exhibió, misma que se desahoga por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación en la audiencia incidental. Se tiene como domicilio procesal de la parte quejosa el que se indica en la demanda de amparo; y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Miguel Ángel Ortiz Guzmán, en virtud de que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que lo acredita como Licenciados en Derecho; asimismo, proporciona número de teléfono y correo electrónico, a fin de establecer el contacto respectivo. Se comunica a las partes que las personas autorizadas para acceder a los expedientes judiciales, incluidas quienes actúen bajo el esquema físico, deberán consultarlo en su versión electrónica, en virtud de que el expediente electrónico será el que tenga validez para su consulta desde el Portal de Servicios en Línea, y quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente a consultarlo en los equipos de cómputo dispuestos para tal efecto, ya que la documentación recibida vía electrónica únicamente constará en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso, pues éste sólo servirá como referencia de los documentos recibidos físicamente. Las constancias de consulta que genere el sistema servirán como constancia de notificación, serán válidas y no necesitarán de certificación del Actuario, Secretario o funcionario, y se integrarán únicamente al expediente electrónico. Las listas de acuerdos quedarán a disposición del público usuario para su consulta en la página de internet del Consejo a través del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, y tienen validez legal suficiente, por lo que no es necesaria su posterior certificación para agregarse al expediente electrónico. Por lo que se les exhorta para que cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. En la inteligencia de que, bajo ninguna circunstancia se obstaculizará la posibilidad de que las partes actúen y presenten promociones por medios impresos. El horario de atención al público en los órganos jurisdiccionales será de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos, y se realizará privilegiando el uso de medios electrónicos y soluciones digitales, tales como el teléfono y las videoconferencias, con excepción de la Oficialía de Partes. Para ello, en el área de atención al público se colocará un teléfono con la señalización de las extensiones de los servidores públicos, a efecto de que cualquier persona los pueda contactar para la atención correspondiente. En el entendido de que tratándose de las audiencias constitucionales e incidentales, se podrán realizar a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes, salvo en aquéllos asuntos en los que sea necesaria la presencia de las partes, en cuyo caso la diligencia se realizará por videoconferencia. Las personas autorizadas para consultar un expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren el aquél. Cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, ya que el proceso de firmado electrónico les da la característica de inalterables. Para la consulta de las carpetas digitales y la práctica de notificaciones electrónicas, las partes deberán formular expresamente la solicitud respectiva, y tratándose de órganos estatales, contar con un convenio de interconexión o colaboración. Se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, en virtud de que los artículos 122 de la Ley de Amparo y 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, establecen que los documentos pueden ser objetados por las partes, y que estos no podrán devolverse hasta en tanto no precluya el derecho de objetarlos, mientras no se haya resuelto definitivamente el punto relativo a las objeciones que se hubieren formulado, o bien, mientras el negocio no haya sido resuelto definitivamente. Por otro lado, tomando en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que deban llevarse a cabo en el presente juicio. Se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de las constancias que integran el expediente en que se actúa, así como la expedición de copias simples o certificadas de las actuaciones que integran este sumario, con excepción de las constancias que tengan el carácter de reservada o confidencial. La demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes y/o Firma Electrónica (FESE - FIREL); en ese sentido y para otorgar esa autorización y acceso, las partes deberán solicitarlo por escrito y por única ocasión; lo anterior, con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo. En caso de que las partes exhiban documentación o información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla debidamente resguardada en sobre cerrado con la leyenda respectiva, en términos de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Con fundamento en los artículos 2, 5, 8 y 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 1, 6 y 8, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales en la sentencia definitiva que dicte este juzgado federal o en las resoluciones intermedias que hayan puesto fin a una instancia o recurso, con independencia de que al elaborarse la versión pública se suprima la información considerada como reservada o confidencial. Notifíquese. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de César Barajas García, Secretario que autoriza. Doy fe
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la comparecencia que antecede, se aprecia que el quejoso *****, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de doce de septiembre de dos mil veintitrés, ratifica la firma del escrito presentado el once de septiembre actual, por el cual dice desahogar la prevención que le fue formulada en el diverso auto de cuatro de los actuales; téngase por recibida y en atención al contenido del documento que ratifica, dígasele que no ha lugar a tener por desahogada la prevención en comento, ya que la lectura de su ocurso es de muy difícil entendimiento, pues además de que carece de una redacción ordenada, genera duda tanto del acto reclamado, como del origen de éste, pues si bien señala el desechamiento de un recurso, lo cierto es que también alude a cédulas de notificación y a una serie de actuaciones o acciones realizadas por la responsable que únicamente, como se dijo, originan duda acerca de lo que combate. En consecuencia, con fundamento en el artículo 114, en relación con los diversos numeral 108, fracción IV de la Ley de Amparo, prevéngasele para que por escrito y con copias suficientes del escrito aclaratorio para correr traslado a la responsable y a la Fiscal de la Federación adscrita, PRECISE DE MANERA CLARA, CONCISA Y ENTENDIBLE CUÁL O CUÁLES SON LOS ACTOS RECLAMADOS EN LA PRESENTE VÍA CONSTITUCIONAL, ASÍ COMO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MAYORES ANTECEDENTES ESPECÍFICAMENTE DE DICHOS ACTOS. En la inteligencia de que el escrito de desahogo deberá ser realizado forzosamente por la impetrante, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, motivo por el cual ningún autorizado puede desahogar tal prevención, pues ello se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la presentación de la demanda. Tiene aplicación la jurisprudencia número 88/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 348, del tomo XXIV, Julio de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 174745, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA." Lo anterior, en el entendido que el término que tiene para desahogar, así como el apercibimiento de este acuerdo, es el primigeniamente otorgado, esto es, el indicado en el citado auto de cuatro de septiembre del año en curso, mismo que continuará transcurriendo una vez que le surta efectos la notificación de este auto; en consecuencia, esta juzgadora se reserva a acordar sobre la admisión de la demanda de amparo hasta en tanto fenezca dicho lapso. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de César Barajas García, Secretario que autoriza. Doy fe.
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