Roberto Genaro Campa Ambriz

Expediente 1060/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 6 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1060/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
18/10/2023

Partes del expediente

  • Roberto Genaro Campa Ambriz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    El dieciocho de octubre de dos mil veintitrés, se da cuenta con una promoción con folio 16901. Conste. Zacatecas, Zacatecas, dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Analizando el oficio emitido por el Actuario Judicial Adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, en el cual se informa que ha sido admitido el recurso de queja presentado por la parte quejosa contra el desechamiento de la demanda de amparo, se solicita que dicho documento sea agregado a los autos del expediente. Notifíquese. En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del diecinueve de octubre de dos mil veintitrés, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente, por oficio o en forma electrónica; se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy Fe

  2. Principal

    El nueve de octubre de dos mil veintitrés, se da cuenta con la promoción con folio 16459. Conste. Zacatecas, Zacatecas, nueve de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos la promoción con folio 16459 suscrito por Roberto Genaro Campa A********************, parte quejosa en el presente juicio de amparo, en atención a su contenido, con apoyo en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de queja contra el auto de veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, por el que se desechó la demanda promovida, contra actos del Juez Segundo del Ramo Mercantil de Fresnillo, Zacatecas. En consecuencia, con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo, ríndase el informe sobre la materia de la queja que nos ocupa en el sentido de que ES CIERTO el acto reclamado, ya que efectivamente en el juicio de amparo que se actúa, se dictó el auto recurrido. En tales condiciones, se encomienda a la Oficial Judicial "A", para que realice las acciones correspondientes a efecto de que la Superioridad pueda visualizar el contenido íntegro del expediente electrónico del presente juicio de amparo 1060/2023. Lo anterior, en acatamiento a los lineamientos relativos a la utilización preferente de los medios tecnológicos, comunicaciones y soluciones digitales entre órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese. En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del diez de octubre de dos mil veintitrés, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente, por oficio o en forma electrónica; se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy Fe

  3. Principal

    El dos de octubre de dos mil veintitrés, se da cuenta con una promoción con folio 16128. Conste. Zacatecas, Zacatecas, dos de octubre de dos mil veintitrés. Visto el escrito signado por Susana Gutiérrez Velarde apoderada de Fertilizantes Guayaberos y Cañeros sociedad anónima de capital variable, mediante el cual solicita que le sea devuelto el poder notarial con el acredita la representación de la moral mencionada, agréguese a los autos para los efectos legales correspondientes, e indíquesele que no ha lugar a proveer de conformidad lo solicitado, ello en virtud que mediante auto de veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, se desechó la demanda de amparo, empero, aún se encuentra pendiente de causar estado; sin embargo, una vez que cause firmeza la resolución correspondiente en el presente juicio de amparo, se acordara lo conducente. Notifíquese. En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del tres de octubre de dos mil veintitrés, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente, por oficio o en forma electrónica; se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy Fe

  4. Principal

    CUENTA. El veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, se da cuenta con la promoción registrada con el folio 15770. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Cumple prevención. Agréguese a los autos el escrito con folio 15770 mediante el cual se tiene a******************** parte quejosa, dando cumplimiento al requerimiento formulado el diecinueve del mes y año en curso, y al efecto señala bajo protesta de decir verdad los antecedentes que constituyen el acto reclamado; en consecuencia, se acuerda. Acto reclamado. De la lectura de la demanda de amparo, así como del escrito aclaratorio, se aprecia que el acto reclamado constituye únicamente, el auto de diecisiete de julio de dos mil veintitrés, dictado por el Juez Segundo del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, dentro del juicio mercantil ejecutivo 446/2015, en el que declaró improcedente el recurso de revocación contra el diverso de veintinueve de junio de este año. Desechamiento. Del artículo 113 de la Ley de Amparo, se aprecia la ineludible obligación de quien conozca de la demanda de amparo, de analizarla en su integridad y, en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Así, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo de demanda, así como de las constancias respectivas; y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En ese sentido, de la precisión del acto reclamado hecha con anterioridad, este resolutor federal de manera notoria y manifiesta, que el juicio de amparo es improcedente, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, el último aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. En efecto, los mencionados numerales son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior (.)" El primero de los ordinales transcritos estatuye lo que doctrinariamente se conoce como la causa de improcedencia legal y que consiste en que el juicio de amparo no es procedente cuando tal situación resulta de alguna disposición de la ley o de la norma suprema. A su vez, el diverso numeral reproducido, concretamente en cuanto a la hipótesis enunciada (107, fracción IV de la Ley de Amparo), señala que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de dos tipos de actos: (i) Los ejecutados fuera de juicio, o (ii) Los ejecutados después de concluido. Ahora, tratándose de los actos ejecutados después de concluido el juicio, es preciso que el juzgador analice qué tipo de acto es el que concretamente se está reclamando, pues de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo segundo de la fracción en análisis, cuando se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada, que es aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Asimismo en procedimientos de remate (que no es el caso) la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento, lo cual implica que respecto de las resoluciones intermedias de ese procedimiento no podrá promoverse el juicio de derechos. Entonces, para definir la procedencia del juicio de amparo indirecto una vez concluido el juicio, se pueden identificar los siguientes actos, respecto de los cuales es procedente la acción constitucional: a) Contra última resolución dictada en el periodo de ejecución de sentencia, esto es: (i) la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia; (ii) la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; y, (ii) la que ordena el archivo definitivo del expediente. b) Contra última resolución pronunciada en el procedimiento de remate, esto es, la que, indistintamente, en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y/o la que ordena la entrega de la posesión de los inmuebles rematados. c) Contra actos que gocen de autonomía y no tengan como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; y, d) Contra actos que afecten materialmente derechos sustantivos del ejecutante o ejecutado y sean ajenos a la cosa juzgada. Resulta aplicable la jurisprudencia siguiente: "ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO (ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA). REGLAS PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencialmente la procedencia del juicio constitucional contra actos dictados después de concluido el juicio y, específicamente, en el periodo de ejecución de sentencia en dos hipótesis: 1. Contra los actos que gocen de autonomía en el periodo de ejecución de sentencia; y, 2. Contra los actos de imposible reparación, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. Respecto a la primera hipótesis, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que los actos dictados después de concluido el juicio, en contra de los cuales sí es procedente el amparo indirecto, son aquellos que tienen autonomía propia y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; esto es, debe entenderse por resoluciones jurisdiccionales autónomas, las que se dictan de manera previa y son necesarias para preparar la ejecución, como las interlocutorias que fijan en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte vencida, o bien, las que impiden, obstaculizan o retrasan dicha ejecución en perjuicio del ejecutante. En cuanto a la segunda excepción a la regla general de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, el propio Alto Tribunal estableció que, excepcionalmente, procede contra actos que afectan de forma inmediata o inminente derechos sustantivos de los previstos en la Constitución General, o normas de derechos humanos contenidas en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte, pero con la condición de que sean ajenos a la cosa juzgada. Además, se dispuso que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la interlocutoria dictada en etapa de ejecución de sentencia que desestime la excepción sustancial y perentoria que opone el ejecutado, porque constituye un acto de imposible reparación. En consecuencia, tratándose de actos dictados en etapa de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto será procedente contra: 1. La última resolución dictada en el periodo de ejecución de sentencia, esto es, la que: a) Aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia; b) Declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; y, c) Ordena el archivo definitivo del expediente; 2. La última resolución pronunciada en el procedimiento de remate, esto es, la que, indistintamente, en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y/o la que ordena la entrega de la posesión de los inmuebles rematados; 3. Actos que gocen de autonomía y no tengan como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como las interlocutorias que fijan en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte vencida; y, 4. Actos que afecten materialmente derechos sustantivos del ejecutante o ejecutado y sean ajenos a la cosa juzgada." Ahora bien, con respecto a los dos últimos supuestos previamente identificados que hacen procedente la acción constitucional, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció al interpretar el artículo 114, fracciones III y IV de la abrogada Ley de Amparo, de contenido similar al artículo 107, fracciones IV y V de la Ley de Amparo vigente, que la amplitud de la norma contenida en la fracción IV, da pauta para interpretar la fracción III, esto es, que los actos reclamados emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia afecten de manera directa derechos sustantivos y sean ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." Entonces, la procedencia del juicio de amparo indirecto tratándose de actos después de concluido el juicio, se encuentra condicionada a que ese acto sea el último en ejecución de sentencia, pues de otro modo se entorpecería ese procedimiento de ejecución al intentar controvertir vía constitucional cualquier acto de autoridad que se considere vulnera la esfera jurídica del gobernado, dado que muchos de ellos son inocuos para los intereses del quejoso en tanto su contenido no lesione algún derecho ajeno a la cosa juzgada. Máxime que las sentencias son de interés público y los órganos jurisdiccionales deben velar en todo momento por su estricto cumplimiento; de ahí que sea claro el artículo 107 fracción IV de la Ley de Amparo, al precisar que la procedencia del amparo indirecto, en tratándose de actos después de concluido el juicio, por regla general será siempre cuando se reclame la última resolución dictada en el procedimiento respectivo. En ese sentido, de las constancias que integran el juicio mercantil ejecutivo 446/2015, así como los antecedentes narrados por el quejoso, se aprecia: 1. Ante el Juzgado Segundo del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, se radicó el juicio ejecutivo mercantil 446/2015, en el cual se dictó sentencia el catorce de noviembre de dos mil dieciséis (fojas 133 a 142 del tomo 1 de pruebas). 2. Posteriormente, en ejecución de sentencia, el actor Raúl Ernesto Lara Muro, revocó a sus autorizados designados con anterioridad y nombró como tales a Mario Eleobardo García Arellano y María Angélica Becerra Huerta, así como nuevo domicilio; lo que se acordó de conformidad el veintiuno de abril de dos mil veintitrés (fojas 307 a 311 ídem). 2. Luego, el cinco de junio de dos mil veintitrés, el juez responsable tuvo por recibido el escrito de uno del mismo mes y año, en el que Mario Eleobardo García Arellano, solicitó que se advirtiera a la parte demandada, aquí quejosa, que se abstuviera de promover de forma tendenciosa, pues indicó que se ha dedicado a promover con la finalidad de retardar o entorpecer el procedimiento; ordenando dicho juez dar vista al demandado con tal escrito y dejando expedito el derecho de la parte actora para promover lo que a sus intereses conviniera (fojas 340 y 341 ídem). 3. Con motivo de lo anterior, el ocho de junio siguiente, el quejoso planteó ante la responsable incidente de falta de personalidad de Mario Eleobardo García Arellano, exponiendo diversos hechos; escrito que no fue acordado de conformidad por la autoridad responsable mediante proveído de veintinueve de junio de dos mil veintitrés (fojas 344 a 352). 4. Finalmente, en contra de dicha determinación el quejoso interpuso recurso de revocación, el cual fue declarado improcedente en auto de diecisiete de julio de dos mil veintitrés (fojas 359 a 368 ídem), determinación que constituye el acto reclamado. Como se aprecia de los antecedentes expuestos, se concluye que el acto reclamado fue emitido en ejecución de sentencia, sin que se trate de la última resolución dictada en dicha etapa de ejecución; como tampoco es la última resolución pronunciada en el procedimiento de remate; además, el acto reclamado no goza de autonomía a la ejecución de sentencia, pues aunque en estricto sentido no tiene como finalidad ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, lo cierto es que al declarar improcedente el recurso intentado por la parte quejosa, se permite que se agilice la etapa de ejecución de sentencia. Finalmente, el acto reclamado tampoco afecta materialmente derechos sustantivos, sean o no ajenos a la cosa juzgada. Es así, pues los efectos del proveído que se reclama, son meramente procesales, al no afectar de manera directa e inmediata un derecho reconocido en la Constitución Federal. Se afirma de esa manera, pues si bien existen actos que indirectamente inciden en el derecho a la tutela judicial (artículo 17 de la Ley Fundamental), lo cierto es que esa garantía de seguridad jurídica no puede servir de fundamento para determinar la procedencia del amparo, porque tiene influencia en los derechos procesales, por ende, no toda violación que tenga su fundamento en esa precisión constitucional, puede ser impugnada inmediatamente en el amparo indirecto, ya que ello tornaría interminables los juicios ordinarios y tornaría inútil un aspecto básico del amparo. De ahí que la excepcionalidad del amparo bi-instancial se reduzca a la afectación a derechos sustantivos, dada la imposibilidad de su reparación. Es aplicable el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 24/92, que dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Efectivamente, el acto reclamado no puede considerarse como de ejecución de imposible reparación, en atención a que solo afecta derechos adjetivos o procesales dentro del procedimiento de ejecución de sentencia; es decir, dicha resolución no afecta irremediablemente un derecho sustantivo del quejoso. Entonces, la determinación combatida no conlleva una afectación directa a los derechos sustantivos del quejoso, pues éstos son los que se identifican con los bienes de la vida, como lo pudieran ser, a modo enunciativo, no limitativo, los derechos patrimoniales, los que surgen de las relaciones de familia y del estado civil de las personas, la vida misma, la libertad personal, la propiedad, la de conciencia, la de expresión, el derecho al honor, a la intimidad, entre otros. En cambio, los derechos procesales o instrumentales, también llamados adjetivos, son únicamente el medio para hacer observar o proteger el derecho sustantivo; lo que implica que no tienen por objeto su propio ejercicio, ni constituyen un fin en sí mismos, sino que se trata sólo de las reglas para obtener del Estado la protección de derechos sustantivos. Sirve como apoyo a lo anterior la jurisprudencia I.8o.C. J/2 (10a.), aprobada por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que señala: "DERECHOS SUSTANTIVOS. SU DIFERENCIA CON LOS DERECHOS ADJETIVOS. De acuerdo con la doctrina, son derechos sustantivos los que se identifican con los bienes de la vida. En ese sentido, pueden considerarse sustantivos, sin pretender asignarles un orden, entre otros, los derechos patrimoniales, los que surgen de las relaciones de familia y del estado civil de las personas, la vida misma, la libertad personal, la de conciencia, la de expresión, el derecho al honor, a la intimidad, etc. En cambio, los derechos procesales o instrumentales, también llamados adjetivos, son únicamente el medio para hacer observar o proteger el derecho sustantivo. Tales derechos procesales no tienen por objeto su propio ejercicio, ni constituyen un fin en sí mismos, sino que se trata sólo de las reglas para obtener del Estado la garantía del goce de los bienes de la vida." Se concluye entonces, que el acto reclamado no se encuentra en ninguno de los supuestos a que se refiere el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, por lo que resulta improcedente la acción constitucional intentada contra el mismo. Por tanto, al resultar manifiesta e indudable la causal de improcedencia analizada, con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO promovida por********************contra el acto reclamado al Juez Segundo del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas. Notifíquese personalmente.

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