Roberto García Raya
Expediente 102/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 102/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 12/04/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Roberto García Raya
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos el oficio que suscribe el Juez Civil de Partido de Moroleón, Guanajuato, mediante el cual acusa recibo del oficio 4200/2016, por el que se le devolvió los autos del juicio ejecutivo mercantil M-72/2005 y un sobre con documentos.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio que suscribe el Juez Civil de Partido de Moroleón, Guanajuato, mediante el cual remite la constancia de notificación realizada al quejoso ***********, del acuerdo de ocho de febrero pasado, por el que se desechó la demanda de amparo; y toda vez que se encuentra ajustada a los términos del artículo 27 de la Ley de Amparo, se tiene por practicada en sus términos. Por otra parte, visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el proveído dictado el ocho de febrero del año en curso, en el que este Juzgado desechó la demanda promovida por ***********, no fue recurrida dentro del término legal de cinco días que dispone el artículo 98, párrafo primero, de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracciones I y III, del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido. En consecuencia, devuélvase al juez responsable las actuaciones originales y sobre con documentos que envío en apoyo a su informe justificado.
- Principal
A sus autos el oficio del Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito, al que anexa escrito presentado por ************** quien se ostenta apoderado legal de "************, virtud a que el asunto al que va dirigido, se remitió por incompetencia a este juzgado, por tanto se provee. Visto el escrito *********** quien se ostenta apoderado legal de ***********, mediante el cual formula diversas manifestaciones a manera de alegatos, sin que haya lugar a acordar de conformidad su petición, toda vez que por auto de ocho de febrero pasado, se desechó la demanda de amparo interpuesta por el quejoso ************* y en el asunto en que se actúa no se le ha reconocido ningún carácter.
- Principal
Visto el oficio del Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, registrado con número 1574, al que adjunta original de la demanda de amparo; copia certificada del informe justificado; original del escrito de siete de diciembre del año en curso; emplazamiento del tercero interesado; autos originales del juicio mercantil 72/2005 y un sobre cerrado con documentos exhibidos en el citado juicio; virtud a que el Magistrado Presidente de ese Tribunal, por acuerdo de fecha dos de febrero del año en curso, dictada en el amparo directo civil número 103/2016-III, determinó que carece de competencia para conocer de la demanda promovida por el citado quejoso, al no reclamar una resolución definitiva ni resolución que puso fin al juicio. Acúsese el recibo de estilo. Con apoyo en el artículo 45 de la Ley de Amparo, este juzgado toma conocimiento del juicio de amparo. Fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), en el entendido de que se encuentra registrada con el número 102/2016. Ahora bien, analizada en su integridad la demanda de amparo que se plantea, se advierte que el quejoso señala como acto reclamado el acuerdo de once de noviembre de dos mil quince, dictado por el Juez Civil del Partido Judicial de Moroleón, Guanajuato, que desechó por notoriamente improcedente el recurso de apelación que promovió contra la resolución de veintidós de octubre pasado, a través de la cual se declaró procedente el incidente de prescripción para ejecutar la sentencia dentro del juicio ejecutivo mercantil M-72/2005. De los antecedentes del acto reclamado narrados por la superioridad en la determinación que se atiende, emitida en el amparo directo civil número 103/2016-III, así como del expediente ejecutivo mercantil M-72/2005, del índice del Juzgado Civil de Partido en Moroleón, Guanajuato, se desprenden las siguientes actuaciones: 1. ************ por conducto de su endosatario en procuración ***********, en la vía ejecutiva mercantil demandó a "***********", el pago de la cantidad de ciento diecisiete mil setecientos treinta y ocho pesos con cincuenta y un centavos ($117,738.51), y demás prestaciones; demanda que fue radicada en el Juzgado Civil de Partido, con residencia en Moroleón, Guanajuato, con el número de expediente M-72/2005. 2. Una vez concluidas las etapas del juicio, por sentencia de veintiocho de noviembre de dos mil seis, el juez responsable condenó a la parte demandada al pago de las prestaciones reclamadas por la parte actora. 3. Posteriormente, en etapa de ejecución ************ representante de ************ promovió incidente de prescripción del derecho a ejecutar la sentencia definitiva, mismo que se resolvió el veintidós de octubre de dos mil quince, declarando fundado el incidente y por ende, la prescripción del derecho de la parte actora para ejecutar la sentencia dictada en el juicio principal. 4. Inconforme con dicha determinación, el quejoso promovió recurso de apelación, el cual por acuerdo de once de noviembre de dos mil quince, se desechó por notoria improcedencia (determinación que constituye el acto reclamado). Ahora bien, la determinación que desechó el recurso de apelación es impugnable mediante el recurso de revocación previsto en el artículo 1334 del Código de Comercio . Medio de impugnación ordinario que debe agotarse antes de acudir al juicio de amparo, debido a que éste es un medio extraordinario de defensa y el principio de definitividad que rige su procedencia obliga al gobernado a agotar, previamente a su interposición, los recursos ordinarios o medios de defensa que la ley que rige el acto reclamado establecen para modificarlo, revocarlo o nulificarlo, causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo . En efecto, la causal de improcedencia en cuestión, se refiere a cuando se reclaman resoluciones jurisdiccionales respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. De ahí que si en la especie el peticionario del amparo reclama el auto que desechó el recurso de apelación, que interpuso contra la resolución que declaró procedente la prescripción de la ejecución de la sentencia, acto contra el que procede recurso de revocación, es inconcuso que la demanda de amparo resulta notoriamente improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia por contradicción número 1a./J. 101/2001 , de la Novena Época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual es tenor literal siguiente: "REVOCACIÓN. PROCEDE EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE NO ADMITE EL RECURSO DE APELACIÓN, EMITIDA EN UN JUICIO DE NATURALEZA MERCANTIL (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA REGISTRADA CON EL RUBRO "APELACIÓN EN MATERIA MERCANTIL, DESECHAMIENTO DEL RECURSO DE. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS."). Una nueva reflexión sobre el tema conlleva a esta Primera Sala a apartarse de las consideraciones que al respecto sustentara la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia de rubro "APELACIÓN EN MATERIA MERCANTIL, DESECHAMIENTO DEL RECURSO DE. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS.", en el sentido de que en contra de un auto que no admite el recurso de apelación, dictado dentro de un procedimiento mercantil, en primera instancia, resulta improcedente el recurso de revocación. Esto es así, ya que si bien nuestro Código de Comercio constituye un ordenamiento especial que reviste como nota característica, la expeditez de los procedimientos mercantiles que prevé y que contiene un sistema "cerrado" de recursos, a los cuales deben concretarse las contiendas de carácter mercantil, sin que se deba acudir a la ley supletoria, o sea la procesal común; sin embargo, la celeridad de los juicios no debe interpretarse de manera tal que se limite la facultad de las partes expresamente concedida por la legislación, de ejercer el derecho a impugnar las determinaciones que considere contrarias a sus intereses, pues con ello se vulnera lo que la doctrina ha denominado como "principio de impugnación" que consiste en que las partes de un procedimiento, por regla general, deben estar en aptitud de impugnar los actos que lesionen sus intereses o derechos. De ahí que si el auto pronunciado en un juicio mercantil, que no admite el recurso de apelación hecho valer en contra de la sentencia de primera instancia, constituye un auto que resuelve una cuestión de trámite con carácter definitivo pues impide la prosecución del procedimiento, es inconcuso que de conformidad con el artículo 1334 del Código de Comercio puede ser recurrido mediante el recurso de revocación, por la parte que le cause agravio; dado que el citado numeral establece en forma genérica la procedencia del recurso de revocación en contra de todos los autos que no sean apelables y los decretos, sin excluir expresamente a aquellos que resuelvan sobre la no admisión del recurso de apelación". Lo anterior es así, pues cuando existe certeza -como en el caso- de que contra el acto reclamado en un juicio de amparo procede un recurso ordinario dentro del procedimiento del que deriva, en términos de lo previsto en el numeral XVIII, del numeral 61 de la ley de la materia, ello constituye una causa manifiesta e indudable de improcedencia que conduce a desechar de plano la demanda en términos del diverso 113 de la propia Ley. Se hace del conocimiento de las partes que como el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales; en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que aceptan la publicación de la sentencia respectiva con dichos datos. Por otro lado, se tiene como autorizado con las restricciones a que se refiere el último párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ************, quien -como se advierte de la certificación de cuenta- no tiene inscrita su Cédula Profesional Federal, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Ahora bien, considerando que el quejoso señaló como domicilio para recibir notificaciones los estrados del tribunal que correspondiera analizar su demanda, y toda vez que de las constancias del juicio de origen, se advierte que el quejoso tiene su domicilio en Moroleón, Guanajuato; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27 de la ley de la materia, se ordena realizar la notificación del presente proveído, por conducto de la autoridad responsable, quien deberá llevarla a cabo en el último domicilio procesal que haya señalado ************, en los autos del juicio ejecutivo mercantil 72/2005. Igualmente deberá requerirlo a fin de que en el momento de la diligencia o dentro de los tres días, siguientes a la notificación que se le practique, señale domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad de Celaya, Guanajuato, apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes se le harán por lista, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Amparo. De las constancias que adjunta la autoridad oficiante (juicio ejecutivo mercantil 72/2005 y sobre con documentos), consérvense por separado y fórmese I tomo de pruebas. Finalmente, como el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, se hace del conocimiento de la quejosa que podrá oponerse a la publicación de sus datos personales; en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que acepta la publicación respectiva con dichos datos.
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