Roberto García Cárdenas
Expediente 48/2023 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito. 19 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 48/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 27/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Roberto García Cárdenas
- Norma Angélica Contreras Magadan
- Aurelio Martínez Díaz
- Tribunal de Justicia Laboral Burocrática del Estado de Zacatecas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Amparo en revisión
Visto el estado que guardan los presentes autos y que mediante ejecutoria de veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, dictada en este asunto, en la materia de la revisión, se confirmó la resolución impugnada y se concedió la suspensión definitiva a la quejosa; y con el oficio 10200/2023, del índice de este Tribunal, se remitió al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, testimonio autorizado de la sentencia dictada en el presente expediente, mismo que fue recibido el cinco de octubre del año en curso, según la constancia de entrega de notificaciones por oficio, archívese el expediente y es CONSERVABLE.
- Juicio de Amparo Directo
ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ***, por su propio derecho, en contra de los actos y autoridades precisados en el resultando primero de la presente ejecutoria.
- Juicio de Amparo Directo
Como se ordenó en la sesión ordinaria virtual de la misma fecha, este Primer Tribunal Colegiado de Circuito, anunció la posible actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, quedando en lista a fin de dar vista a la parte quejosa para que en el plazo de tres días, manifieste lo a que su derecho convenga, en torno a la causal de improcedencia señalada en el proyecto de resolución que se sometió a consideración; lo anterior en aras de velar por el derecho de audiencia y, en su caso, que la parte interesada se encuentra en oportunidad de expresar argumentos tendientes a favorecer su situación jurídica y se esté en aptitud de resolver lo que conforme a derecho corresponda una vez que, en su caso, se desahogue la vista conducente la cual se sustenta en las siguientes consideraciones: "SEXTO. Procedencia. Este órgano colegiado estima que es improcedente el presente juicio de control constitucional. Lo anterior es así en atención a que el quejoso señaló como acto reclamado la sentencia emitida en fecha veintitrés de Noviembre del dos mil veintidós, dentro del Proceso Penal número ********************, por la Juez Penal del Sistema Tradicional de la Región Centro Sur de la Ciudad de Zacatecas. En el glosario de esa resolución se precisó que la ley adjetiva aplicable es el Código de Procedimientos Penales del Estado de Zacatecas, en atención a que el seis de enero de dos mil diez se ejerció acción penal en contra de, entre otros sujetos activos, ********************, por los delitos de privación ilegal de la libertad, en su modalidad de plagio o secuestro, robo calificado y asociación delictuosa, el primero y segundo en agravio del aquí quejoso ********************, el tercero en perjuicio de la sociedad, respecto de los hechos ocurridos en el mes de enero de dos mil nueve. Se estima pertinente destacar que la sentencia antes precisada fue dictada como parte del cumplimiento de la ejecutora pronunciada por este órgano colegiado al fallar el juicio de amparo directo penal 50/2021, promovido por ********************, en contra de la sentencia la ilegal sentencia dictada el treinta de septiembre del dos mil catorce, dentro de los autos del toca número ********************, por la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Zacatecas, en la cual se determinó conceder al quejoso la protección de la Justicia Federal para el efecto de para efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente el acto reclamado y emita otro en el que: 1. Ordene la reposición del procedimiento hasta antes del auto que declara agotada la averiguación, incluido éste, para efecto de que el juez natural dicte las providencias que estime conducentes a fin recabar la solicitud y la orden de arraigo por la cual el aquí quejoso y coinculpados permanecieron en calidad de arraigados en un inmueble bajo la supervisión de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco, en el mes de diciembre de dos mil nueve. 2. Obtenidas las actuaciones de mérito dará vista con ella a las partes y llevará el procedimiento hasta el cierre de instrucción a efecto de que puedan formular sus respectivas conclusiones. 3. Una vez celebrada la audiencia de ley a que aluden los numerales 298 y 299 de la Ley Procesal Penal de la entidad, emitirá sentencia en la que: 3.1. Si advierte que la orden por la que permanecieron arraigados ********************y coinculpados, fue solicitada y/o emitida por autoridad incompetente, según lo establecido en esta ejecutoria, deberá excluir en su valoración de pruebas, todos aquellos medios de convicción que se relacionen de manera directa o indirecta con dicha orden. 3.2. Además, deberá excluir en su valoración de pruebas todos aquellos medios de prueba que pudieran incriminar al aquí quejoso y que se relacionen con el arraigo que en forma inconstitucional se decretó en contra de ********************, ********************y ********************. 3.3. Lo establecido en el punto que precede, sin perjuicio de que por virtud de lo establecido en el inciso b) del considerando sexto de esta ejecutoria, deberá omitir otorgarle valor probatorio a la declaración que ante el Ministerio Público rindió ********************, el veinticinco de septiembre de dos mil nueve, así como las diversas declaraciones ministeriales recabadas a ********************y ********************, el dos y veintiocho de septiembre de dos mil nueve. 3.4. Observados los puntos que precedente y con plenitud de jurisdicción, atendiendo al resto del caudal probatorio, resolverá lo que en derecho proceda. En este orden de ideas, una vez que el procedimiento penal de primera instancia fue repuesto para cumplir con los efectos de la ejecutoria protectora, la Juez de primera instancia pronunció la resolución en que determinó absolver a ********************. Esa resolución es la que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. Atendiendo a la legislación adjetiva que rige el procedimiento, precisada en el glosario contenido en el acto reclamado (Código de Procedimientos Penales del Estado de Zacatecas), esa sentencia de primera instancia es susceptible de ser impugnada a través del recurso de apelación previsto en el artículo 318, fracción I, de la ley adjetiva en cita; asimismo, en términos de los artículos 135 y 316, de ese cuerpo de leyes que rige el procedimiento penal de origen, el ahora quejoso, con el carácter de ofendido en la causa penal génesis del acto reclamado, estuvo en aptitud material y jurídica de interponer el medio ordinario de defensa antes precisado (apelación), pues el ahora quejoso en su denuncia de hechos ante la representación social, de veinticinco de enero de dos mil nueve (fojas 247 a 253 del tomo I, de la causa penal de origen), reclamó la restitución y precisó el monto a que asciende el pago de la reparación del daño, por tanto, resulta evidente que la sentencia absolutoria que constituye el acto reclamado afecta su derecho a obtener en esa causa penal el monto de lo robado y la cantidad a que ascendió el pago del rescate con motivo del secuestro denunciado, por tanto, ello legitimó al aquí quejoso para que promoviera el recurso de apelación a que se hace referencia. Sin perjuicio de lo anterior, se estima pertinente destacar que al momento en que el ahora quejoso fue notificado de la sentencia señalada como acto reclamado, además de informarle del derecho que tiene para interponer el recurso de inconformidad contra el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, también se hizo de su conocimiento los derechos que a favor de la víctima se prevé en los artículo 7, fracción XXIX, 12, fracciones III y XII y 14, de la Ley General de Víctimas, en los cuales se establecen: Artículo 7. Los derechos de las víctimas que prevé la presente Ley son de carácter enunciativo y deberán ser interpretados de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, los tratados y las leyes aplicables en materia de atención a víctimas, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de sus derechos. Las víctimas tendrán, entre otros, los siguientes derechos: (I.). XXIX. Derecho a ejercer los recursos legales en contra de las decisiones que afecten sus intereses y el ejercicio de sus derechos; Artículo 12. Las víctimas gozarán de los siguientes derechos: (I.). III. A coadyuvar con el Ministerio Público; a que se les reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuenten, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio como partes plenas ejerciendo durante el mismo sus derechos los cuales en ningún caso podrán ser menores a los del imputado. Asimismo, tendrán derecho a que se les otorguen todas las facilidades para la presentación de denuncias o querellas; XII. A que se les notifique toda resolución que pueda afectar sus derechos y a impugnar dicha resolución, y. Artículo 14. Las víctimas tienen derecho a intervenir en el proceso penal y deberán ser reconocidas como sujetos procesales en el mismo, en los términos de la Constitución y de los Tratados Internacionales de derechos humanos, pero si no se apersonaran en el mismo, serán representadas por un Asesor Jurídico o en su caso por el Ministerio Público, y serán notificadas personalmente de todos los actos y resoluciones que pongan fin al proceso, de los recursos interpuestos ya sean ordinarios o extraordinarios, así como de las modificaciones en las medidas cautelares que se hayan adoptado por la existencia de un riesgo para su seguridad, vida o integridad física o modificaciones a la sentencia. En esta tesitura, este tribunal arriba a la conclusión de que las normas procesales que rigen el acto reclamado si facultaban a la víctima, aquí quejoso, para que promoviera el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, además, en el acto de la notificación personal de la sentencia combatida se hizo del conocimiento del ahora quejoso el derecho de recurrir la resolución que afecte sus derechos, lo cual permite establecer que ********************, previo a instaurar la demanda de control constitucional, sí se encontraba obligado a promover el medio ordinario de defensa previsto en la ley adjetiva que rige el procedimiento penal génesis del acto reclamado. Al respecto, interpretando a contrario sensu, se estima aplicable la jurisprudencia 81/2015, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO. ESTÁ FACULTADO PARA IMPUGNAR LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA A TRAVÉS DEL RECURSO DE APELACIÓN O DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO, SIN QUE ESTÉ OBLIGADO A AGOTAR EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD CUANDO LAS NORMAS PROCESALES NO LO LEGITIMEN PARA INTERPONER LA APELACIÓN. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que cuando las normas procesales no legitimen a la víctima u ofendido del delito para interponer el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, éstos, en su calidad de parte en el proceso penal, podrán: i) interponer dicho recurso contra esa sentencia, en virtud de una interpretación conforme de sus derechos constitucionales; o bien, ii) promover amparo directo contra la resolución de segunda instancia en caso de que las partes expresamente legitimadas hubieren interpuesto el recurso de apelación que confirme, modifique o revoque en el fondo la resolución de primera instancia y la víctima u ofendido no hubiere agotado ese medio de defensa, en virtud de la redacción restrictiva de la norma procesal que no les reconoce legitimación para promover el recurso ordinario, supuesto en el que no les será exigible agotar el principio de definitividad. Lo anterior, en consonancia con los derechos constitucionales de acceso a la justicia y equidad, perseguidos por el legislador federal, con lo que se brinda seguridad jurídica a las partes en el proceso penal, ya que el análisis del juicio de amparo directo promovido por la víctima u ofendido del delito garantizará que las sentencias definitivas en el orden penal se emitan en un plano de equidad en torno a los derechos que involucran a los sujetos activos y pasivos en el proceso, atendiendo a las consecuencias legales producidas por la comisión de delitos. En esta tesitura, al no haberse interpuesto el recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva de primera instancia, es que se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, lo cual impone sobreseer en el juicio de amparo conforme a lo dispuesto en el precepto 63, fracción V, de la ley de la materia." En tales condiciones, con fundamento en el artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se da vista a la parte quejosa, por el plazo de tres días, para que manifieste lo a que su derecho convenga, en torno a la causal de improcedencia advertida de oficio por el magistrado ponente y puesta a consideración del Pleno de este Tribunal Colegiado. Por otra parte y sin necesidad de un nuevo acuerdo, una vez que transcurra dicho plazo, devuélvase el presente expediente a la ponencia de para que se dé cuenta al pleno. Notifíquese, por lista a la parte quejosa.
- Amparo en revisión
PRIMERO. En la materia de la revisión, se confirma la resolución impugnada. SEGUNDO. Se concede la suspensión definitiva solicitada por la quejosa ***, contra el acto que reclamó del Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, para los efectos precisados en el considerando cuarto de la interlocutoria recurrida.
Quedan 15 actuaciones en este expediente
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