Roberto Garay Gonzalez

Expediente 1174/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 1 actuación registrada, la última del 14 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1174/2022
Año
2022
Actuaciones
1
Última actuación
14/10/2022

Partes del expediente

  • Roberto Garay Gonzalez

Actuaciones

  1. Principal

    MESA III "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de octubre de dos mil veintidós. REGISTRO DE EXPEDIENTE De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 1174/2022. PARTE QUEJOSA ROBERTO GARAY GONZALEZ parte demandada en el juicio natural. AUTORIDADES RESPONSABLE 2. Juez Mixto de Primera Instancia de Acatlán de Pérez Figueroa, Oaxaca. 1. Secretario de Acuerdos del Juzgado Mixto de Acatlán de Pérez Figueroa, Oaxaca. 3. Actuario Judicial del Juzgado Mixto de Acatlán de Pérez Figueroa, Oaxaca. ACTO RECLAMADO: La certificación de veinticinco (sic) de agosto de dos mil veintidós. El auto de veintidós (sic) de agosto de dos mil veintidós. Ambos dictados en el juicio ordinario civil 221/2019, (relativo a la nulidad de la escritura pública de compraventa), seguido por Jovita Soledad Quirino contra Roberto Garay González, del índice del Juzgado responsable. En tal certificación se hizo constar que el término de cinco días concedido a las partes para apelar el auto de siete de julio de dos mil veintidós transcurrió para la parte demandada, aquí quejosa, del quince al veintidós de julio de dos mil veintidós. En auto de veintidós (sic) de agosto de dos mil veintidós, se determinó que no había lugar a tener al demandado -aquí quejoso- interponiendo el recurso de apelación contra el auto de siete de julio de dos mil veintidós, en virtud de que dicho recurso fue interpuesto extemporáneo. Y en el citado auto de siete de julio se acordó que se le tenía por no contestando la demanda entablada en su contra, por hacerlo en forma extemporánea y se le declaró rebelde y presuntivamente confeso de los hechos de la demanda. También se reclama, la notificación del auto de veintidós de agosto de dos mil veintidós realizada en el expediente ya mencionado. DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS VIOLADAS Derechos fundamentales contenidos en el artículo 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. IMPROCEDENCIA De conformidad con lo dispuesto en los artículos 61 y 62 de la Ley de Amparo, se procede a examinar de oficio, si en el caso existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En el caso, respecto del acto reclamado consistente en la certificación de veinticinco (sic) de agosto de dos mil veintidós, emitidos en el expediente 221/2019, relativo al juicio ordinario civil, que le atribuye al Secretario de Acuerdos del Juzgado Mixto de Acatlán de Pérez Figueroa, Oaxaca, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 1° y 5º, fracción II, del mismo ordenamiento legal, de los que se advierte que el juicio de amparo procede únicamente contra leyes o actos de la autoridad que violen derechos humanos. En el caso, el secretario no tiene el carácter de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, ello, atendiendo a que de conformidad con el artículo 5º fracción II de la Ley de Amparo, es autoridad responsable aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, de lo cual se sigue que las características de las autoridades responsables para los efectos del amparo, son de imperio y con capacidad decisoria y de ejecución de la ley o el acto reclamado; de tal suerte que a dicho secretario no puede estimársele como autoridad responsable cuando únicamente interviene como fedatario de las resoluciones que dicte el titular de su adscripción, y en el caso, su proceder, se circunscribe única y exclusivamente a dar fe de las resoluciones que dicta el titular; por tanto, su conducta no afecta en manera alguna la esfera privada de la peticionaria del amparo, puesto que su función carece de los requisitos a que se refiere el artículo 5º fracción II de la Ley de Amparo. ... En consecuencia, con fundamento en fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 1° y 5º, fracción II, del mismo ordenamiento legal, se DESECHA DE PLANO LA DEMANDA de amparo por notoriamente improcedente, respecto Secretario de Acuerdos del Juzgado Mixto de Acatlán de Pérez Figueroa, Oaxaca. Por otro lado, debe decirse que también, del acto atribuido al juez responsable, a saber, el auto de veintidós (sic) de agosto de dos mil veintidós, en que se determinó que no había lugar a tener al demandado -aquí quejoso- interponiendo el recurso de apelación contra el auto de siete de julio de dos mil veintidós, en virtud de que dicho recurso fue interpuesto extemporáneo, se surte LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, del mismo ordenamiento legal, PUES LOS ACTOS RECLAMADOS NO SON DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, YA QUE NO SE AFECTAN LOS DERECHOS SUSTANTIVOS DEL QUEJOSO Y ÚNICAMENTE TIENEN EFECTOS INTRAPROCESALES. Tales preceptos legales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 107. El amparo indirecto procede. . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Es así, porque conforme al artículo 107, fracción V, invocado, el juicio de amparo indirecto procede contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Respecto a lo anterior cabe precisar que en el precepto 107, fracción V, de la ley de la materia, quedó redactado que el amparo indirecto procede contra actos en juicio que sean de imposible reparación, dándole esta connotación únicamente a los que afecten derechos sustantivos, ello a pesar de la existencia delos criterios orientadores que interpretaban lo que debía entenderse por ese tipo de actos (derechos sustantivos o derechos adjetivos o procesales que causaran afectación exorbitante o en grado superior); lo que indica que se limitó el sentido que debía dársele a los actos de imposible reparación, en donde ya no se pueden comprender los de naturaleza adjetiva o procesal que causen afectación exorbitante o en grado superior, por no encontrarse así previsto en la actual legislación de amparo. En consecuencia, ya no es factible combatir las violaciones procesales aducidas (es decir, las que causen afectación en grado exorbitante o superior), a través de amparo indirecto pues, se insiste, la norma contenida en el numeral 107, fracción V, de la actual Ley de Amparo, señala que los actos en juicio de imposible reparación se entienden como aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sin incluir violaciones procesales consideradas de afectación en grado predominante o exorbitante. Entonces, como la Ley de Amparo, para la procedencia del amparo indirecto, considera que los actos emitidos dentro de juicio que resultan ser de imposible reparación, sólo son aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos, entonces no queda comprendido en esa connotación la resolución que constituye el acto reclamado, esto es, la determinación de la autoridad judicial responsable en la que determinó, con base en la certificación del secretario, en que se hizo constar que el término de cinco días concedido a las partes para apelar el auto de siete de julio de dos mil veintidós transcurrió para la parte demandada, aquí quejosa, del quince al veintidós de julio de dos mil veintidós, que no había lugar a tener al demandado interponiendo el recurso de apelación contra el auto de siete de julio de dos mil veintidós, en que se le tuvo por no contestada la demanda entablada en su contra, en virtud de que dicho recurso fue interpuesto extemporáneo. Por lo cual es de estimarse, que dichas determinaciones sólo afectan derechos adjetivos, pero en modo alguno lesiona los de naturaleza sustantiva o material, como serían la vida, la libertad, la propiedad o la posesión, entre otros, sino que sólo trae como consecuencia que el juicio continúe por las secuelas procesales correspondientes ante el citado juzgador, pues sólo trae como consecuencia que el juicio siga por las secuelas procesales correspondientes como si no se hubiese interpuesto el recurso de mérito. Cobra aplicación al caso, por identidad jurídica sustancial, la Jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 39, del Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que dispone: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Lo anterior queda de relieve, si se toma en consideración de que, de serle favorable la sentencia con que culmine el juicio, no habría afectación a su esfera jurídica; que, para el caso contrario, sería susceptible de repararse mediante el recurso de apelación, si procediere, y de no ser así, entonces sería susceptible de reparación en la vía de amparo directo, en términos del artículo 172, fracción IX de la Ley de Amparo, por haber trascendido las violaciones alegadas al resultado del fallo. Respecto del diverso acto consistente en la notificación del auto de veintidós (sic) de agosto de dos mil veintidós realizada en el expediente ya mencionado, se actualiza, POR NO HABER AGOTADO EL QUEJOSO EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. e) Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; Dicho precepto prevé el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, que consiste en la carga procesal de la parte quejosa de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medias de defensa ordinarios previstos en la legislación reguladora del acto reclamado, que pueden conducir a su modificación, revocación o nulidad. En efecto, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo; de tal suerte que existiendo medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga la parte quejosa, el amparo es improcedente. Ahora, en el caso, contra el precisado acto reclamado, consistente en la notificación del auto de veintidós (sic) de agosto de dos mil veintidós, procede el incidente de nulidad a que se refiere el artículo 73 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, que a la letra prescribe: Art. 73 Las notificaciones hechas en forma distinta a la prevenida en el capítulo VI del título II, serán nulas; pero si la persona notificada se hubiere manifestado en juicio sabedora de la providencia, la notificación surtirá desde entonces sus efectos como si estuviese legítimamente hecha. De ahí que al no haberse agotado, sea evidente a actualización de la causal de improcedencia de que se trata. Se puntualiza que, en la especie, no existen las excepciones que refiere el artículo 61, fracción XVIII, de la ley de la materia, pues, como ya se dijo, la quejosa no es tercero extraño al juicio ordinario civil, ni el acto reclamado se refiere a uno que importe peligro de privación de la vida de quien solicita el amparo, su deportación o su destierro, así como tampoco se trata de alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en última instancia, aun cuando el agraviado estime que el reclamado es un acto carente de fundamentación y motivación, tal deficiencia no lo exime de acudir antes que al amparo, a los medios de impugnación ordinarios. Por tanto, con apoyo en el ordinal 113 de la referida ley de la materia DE PLANO, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO, al advertirse la existencia de LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA ANOTADAS. HABILITACIÓN DE HORAS Y DÍAS INHÁBILES Desde este momento SE AUTORIZA para que CUALQUIER DILIGENCIA que se ordene en el presente juicio de amparo, se realice, de ser necesario, EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, ya que el suscrito lo estima pertinente para el adecuado despacho de este asunto. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones en el lugar que indica y por autorizados únicamente para ese efecto a las personas que para ello autoriza. CORREO ELECTRONICO. Por otra parte, con apoyo en el artículo 5, fracción I, y 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, prorrogado en cuanto a su periodo de vigencia por el diverso 21/2022, del citado Pleno, se tiene a la parte quejosa señalando el correo electrónico que menciona únicamente para establecer comunicaciones no procesales, en su caso, cuyos registros se conservarán y certificarán para incorporarlos al expediente. Asimismo, para que se establezca el contacto respectivo cuando sea necesario llevar a cabo notificaciones personales, a fin de lograr el éxito de la diligencia y para seguridad de quienes intervengan en la misma, en cumplimiento a las medidas de aislamiento social y sana distancia. Lo anterior, dado que si bien, para recibir notificaciones electrónicas, debe contarse con el nombre de usuario o contraseña que se crea al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o su firma electrónica (FIREL), en términos de los artículo 55 y 60 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, tiene que obrar la manifestación expresa de la parte quejosa en ese sentido. AUTORIZACIÓN PARA CONSULTA DE EXPEDIENTE ELECTRONICO. En relación con la consulta vía internet del expediente electrónico que solicita en el presente juicio; requiérasele para que exhiba la copia del acuse que genera el sistema donde le autoriza el nombre del usuario que menciona para ingresar, una vez que cumpla con lo requerido y previo su análisis se acordará lo procedente. PETICIÓN ESPECIAL A LAS PARTES En otro aspecto, se exhorta a la parte quejosa a que, de ser posible y no obstante las probables dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúe la tramitación del presente juicio mediante el esquema de juicio en línea; por tal motivo, se hace del conocimiento que podrán presentar promociones y realizar consulta del expediente electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con dirección web https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. De igual forma, se exhorta a las partes, con fundamento en el artículo 22, fracción II del Acuerdo General 21/2020, para que propongan una forma especial y expedita de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se pueden implementar las comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. ATENCIÓN VÍA TELEFÓNICA Con fundamento en el artículo 5 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y considerando el riesgo sanitario como una constante en los meses por venir, hágase del conocimiento de las partes que se encuentra a su disposición el número telefónico 9515023565, con un horario de atención de las nueve a las catorce treinta horas, de lunes a viernes, únicamente para la atención de aspectos que permitan facilitar el trámite de los juicios y procedimientos que se siguen ante este órgano jurisdiccional, no así para comunicaciones de carácter procesal. MEDIDAS SANITARIAS Como medida preventiva respecto a la epidemia generada por el virus SARS-CovV2 (COVID-19), a efecto de aminorar el riesgo de contagio con motivo de la práctica de diligencias en el presente juicio de amparo, adoptar medidas estrictas de distanciamiento social y de esquemas para salvaguardar la salud de nuestra comunidad, se hace del conocimiento de las partes que dicha audiencia se llevará a cabo sin la presencia física de las partes; no obstante, podrán presentar por escrito de manera física o electrónica los alegatos y pruebas que consideren pertinentes de conformidad con lo previsto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 5, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, prorrogado en cuanto a su periodo de vigencia por el diverso 21/2022 del mismo Pleno. En el entendido de que tratándose de la práctica de diligencias, audiencias y demás comparecencias que suelan requerir la presencia física de las partes o de otros intervinientes, se puedan practicar mediante el uso de herramientas tecnológicas como las videoconferencias, cuando resulte necesaria su intervención, circunstancia que será aplicable incluso cuando la tramitación de un expediente se realice bajo el esquema tradicional y no mediante el modelo de juicio en línea. En otro aspecto, hágase de su conocimiento que, con fundamento en el artículo 6 del acuerdo antes mencionado, el modelo de atención presencial será basado en citas, que se generarán desde la modalidad del programa "Agenda OJ", con la que se realizará dicha funcionalidad, siguiendo y acatando los supuestos y las reglas señaladas en los incisos a, b, c, d, e y f del citado artículo 6. Asimismo, comuníqueseles que tratándose de comunicaciones no procesales, es posible brindar atención vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas de comunicación instantánea como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, como lo establece el artículo 5, fracción I, del Acuerdo General invocado. De igual manera, conforme a lo dispuesto por el artículo 23, fracción I, para la realización de notificaciones personales, podrá establecerse contacto con el Actuario, a través de dichas herramientas, para el éxito de la diligencia y la seguridad de quienes intervengan en la misma. Con fundamento en el artículo 7 de Acuerdo General 21/2020, respecto a las medidas sanitarias para el acceso a los inmuebles del Poder Judicial de la Federación, los que acudan a este órgano judicial deberán respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. Cuando tengan una cita programada las personas justiciables deberán acudir puntualmente a la misma y mantenerse en los espacios dentro del vestíbulo del órgano jurisdiccional marcados conforme a las reglas de sana distancia. El incumplimiento a estas indicaciones generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. AUTORIZACIÓN DE FIRMA DE OFICIOS Se hace del conocimiento de las partes, que esta determinación y las subsecuentes se firmarán de manera electrónica y que, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, tienen validez legal suficiente, por lo que no será necesaria su posterior firma autógrafa ni una certificación para ser agregada al expediente impreso respectivo, sino que bastará con que conste en ella su evidencia criptográfica. Por último, se autoriza al Secretario encargado del trámite del presente expediente para que firme los oficios que deriven de este asunto NOTIFÍQUESE PRESONALMENTE.

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