Roberto Galarza Rodriguez

Expediente 1073/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1073/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
20/09/2017

Partes del expediente

  • Roberto Galarza Rodriguez

Actuaciones

  1. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo, a veinte de septiembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y desprendiéndose de la certificación secretarial que antecede, de la cual se advierte que no se recurrió el auto de seis de septiembre de dos mil diecisiete, dentro del término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo según lo refiere el artículo 2, se declara que, HA CAUSADO ESTADO la determinación por la cual se desechó de plano por improcedente la demanda de amparo promovida por Roberto Galarza Rodríguez, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido. En cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 01/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgado de Distrito, se determina que el presente expediente carece de relevancia documental, por lo que el cuaderno principal es destruible. Notifíquese.

  2. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo, a veinte de septiembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y desprendiéndose de la certificación secretarial que antecede, de la cual se advierte que no se recurrió el auto de seis de septiembre de dos mil diecisiete, dentro del término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo según lo refiere el artículo 2, se declara que, HA CAUSADO ESTADO la determinación por la cual se desechó de plano por improcedente la demanda de amparo promovida por Roberto Galarza Rodríguez, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido. En cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 01/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgado de Distrito, se determina que el presente expediente carece de relevancia documental, por lo que el cuaderno principal es destruible. Notifíquese.

  3. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo, seis de septiembre de dos mil diecisiete. Visto el escrito de demanda de amparo promovido por Roberto Galarza Rodríguez, por propio derecho, contra actos del Juez Penal de Control Adscrito al Tercer Circuito Judicial de Tula de Allende Hidalgo, con Residencia en Actopan y otras autoridades, por considerarlos violatorios de los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número 1073/2017-3, del índice de este juzgado federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. DETERMINACIÓN JUDICIAL El artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de derechos para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. De ahí que a continuación se proceda a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del otrora Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". La tesis en cuestión sostiene que para el desechamiento de plano de una demanda de derechos, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo que resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Para una mejor comprensión del presente asunto, es necesario precisar algunos antecedentes del acto reclamado, los cuales se desprenden del diverso juicio de amparo 912/2017-2 del índice de este órgano jurisdiccional; el cual el secretario que acuerda da fe de tener a la vista como hecho notorio al momento de resolver el presente asunto, sin que se ordene agregar copias certificadas por ser innecesario y por economía procesal; a las cuales son reproducción fiel y exacta del expediente que se tuvo a la vista; a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los numerales 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en términos del ordinal 2°, advirtiéndose que el mismo se reclamó: Mediante resolución terminada de engrosar el catorce de diciembre de dos mil dieciséis, emitida en el diverso amparo 912/2016, se negó el amparo de la justicia federal al aquí quejoso, la cual causo ejecutoria el uno de febrero del año en curso. Amparo que se presentó en contra de la orden de aprehensión de diez de agosto de dos mil dieciséis, dictada por el Juez Penal de Control Adscrito al Tercer Circuito Judicial de Tula de Allende Hidalgo, con Residencia en Actopan, dentro de la causa penal 13/2016, por la probable responsabilidad del aquí quejoso en el delito de lesiones dolosas calificadas, competidas en agravio de Sara Calva Orta. Apoya a tal consideración, la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que por contradicción de tesis 4/2007, resolvió entre las sustentadas por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 285 en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXV, Junio de 2007, Novena Época, del rubro y texto, siguientes: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista". También es aplicable por analogía la jurisprudencia emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 249 del Semanario Judicial de la Federación 97-102 Cuarta Parte, Séptima Época, del rubro y texto, siguientes: "PRUEBAS, EXAMEN DE LAS, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE FAVOREZCAN A QUIEN NO LAS OFRECIO. Pesa en el juzgador el deber de examinar absolutamente todas las pruebas de autos, a fin de determinar con el resultado de ese análisis si se probaron o no y en qué medida los hechos fundatorios del derecho exigido o de las excepciones o defensas opuestas; de tal manera que inclusive las pruebas de una de las partes pueden ser benéficas para la demostración de las pretensiones de la otra y a la inversa, sin que obste naturalmente el hecho de que la pretensión de quien la haya ofrecido y rendido no haya sido coadyuvar en el triunfo de los intereses de su contraria; porque lo que interesa al Estado, a través del Juez, es realizar la justicia, no denegarla, a sabiendas de que aparece demostrada, y tanto es así, que dentro de las funciones del juzgador de administrar justicia, se encuentra incluso la facultad de tomar en consideración, en forma oficiosa, las presunciones que resulten de las actuaciones y los hechos notorios; esto es, se insiste, sin que importe que tales pruebas hayan sido o no rendidas por la parte que obtiene, pues faltaría el Juez a la congruencia si introdujera oficiosamente hechos o pruebas no relacionados con el debate; pero no porque cumpla con la obligación de justipreciar todas las pruebas, ya favorezcan a una de las partes o la otra". Precisado lo anterior, quien aquí resuelve advierte que en el presente juicio constitucional se actualiza la causal de improcedencia prevista la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo. La fracción y artículo en cita señala lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; (.)." De las transcripciones anteriores, se colige que la finalidad de la causa de improcedencia citada, es evitar que los tribunales pronuncien sentencias que pueden ser contradictorias, así como la promoción de nuevos juicios constitucionales planteados por los quejosos con idéntico objetivo. En efecto, se actualiza esta causal de improcedencia, cuando los actos reclamados fueron materia de una ejecutoria en otro juicio de derechos, debiendo concurrir como requisitos los siguientes: La identidad en el quejoso, autoridades responsables y, del acto reclamado. Lo anterior es así, en virtud de que la expresión materia de una ejecutoria, se refiere a juicios completamente terminados, pues la estabilidad, seguridad y firmeza de las relaciones jurídicas en que se basa el principio de cosa juzgada, impiden que se abra nuevamente la controversia. En el caso particular, como quedó precisado en el apartado respectivo de los antecedentes del acto reclamado, se advierte el quejoso presentó demanda de amparo reclamando la misma orden de aprehensión de diez de agosto de dos mil dieciséis, dictada dentro de la causa penal 13/2016, emitida por el Juez Penal de Control Adscrito al Tercer Circuito Judicial de Tula de Allende Hidalgo, con Residencia en Actopan, por la probable responsabilidad del aquí quejoso en el delito de lesiones dolosas calificadas, competidas en agravio de Sara Calva Orta. Como se mencionó en los antecedentes del acto reclamado, mediante resolución terminada de engrosar el catorce de diciembre de dos mil dieciséis, emitida en el diverso amparo 912/2016, se negó el amparo de la justicia federal al aquí quejoso, la cual causo ejecutoria el uno de febrero del año en curso, expediente que se tiene como hecho notorio, que si bien, las constancias y resolución que se citan no obra en el presente sumario constitucional, lo cierto es que, el secretario que resolvió tuvo el expediente a la vista del cual dio fe. Cobra aplicación a lo expuesto, la jurisprudencia publicada en la tesis XXI.3o. J/7, del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, consultable en la página 804, Tomo XVIII, Octubre de 2003, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN PARA LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO LAS RESOLUCIONES QUE SE PUBLICAN EN LA RED INTRANET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. Las publicaciones en la red intranet de las resoluciones que emiten los diversos órganos del Poder Judicial de la Federación constituyen hecho notorio, en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, porque la citada red es un medio electrónico que forma parte de la infraestructura de comunicación del Poder Judicial de la Federación, creada para interconectar computadoras del Máximo Tribunal y todos los Tribunales y Juzgados Federales del país, permitiendo realizar consultas de jurisprudencia, legislación y de la base de datos que administra los asuntos que ingresan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que es válido que los Magistrados de Tribunales de Circuito y Jueces de Distrito invoquen de oficio las resoluciones que se publiquen en ese medio para resolver un asunto en particular, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes y aun cuando no se tenga a la vista de manera física el testimonio autorizado de tales resoluciones." Bajo ese contexto, se tiene que tocante al presente juicio de amparo, el quejoso presentó demanda de derechos reclamando el mismo acto que en el diverso juicio de amparo, el cual se hizo consistir en la orden de aprehensión de diez de agosto de dos mil dieciséis, emitida dentro de la causa penal 13/2016, por el Juez Penal de Control Adscrito al Tercer Circuito Judicial de Tula de Allende Hidalgo, con Residencia en Actopan, por la probable responsabilidad del aquí quejoso en el delito de lesiones dolosas calificadas, competidas en agravio de Sara Calva Orta. De lo anteriormente relatado se corrobora claramente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo. En efecto, entre los juicios de derechos seguidos ante este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, existe identidad del quejoso dado que estos juicios de amparo fueron promovidos por Roberto Galarza Rodríguez. Concomitante con lo anterior, se dice que existe coincidencia con las autoridades responsables, en razón de que el amparo anterior fue promovido en contra del Juez Penal de Control Adscrito al Tercer Circuito Judicial de Tula de Allende Hidalgo, con Residencia en Actopan y otras autoridades. De ahí que, al existir identidad de quejoso, autoridad y acto reclamado entre los juicios de amparo promovidos ante este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, el amparo resulta improcedente y por ende, este juzgador se encuentra en imposibilidad de estudiar la constitucionalidad del acto reclamado antes referido. En esa tesitura, resulta claro que la orden de aprehensión diez de agosto de dos mil dieciséis, emitida dentro de la causa penal 13/2016, por el Juez Penal de Control Adscrito al Tercer Circuito Judicial de Tula de Allende Hidalgo, con Residencia en Actopan, por la probable responsabilidad del aquí quejoso en el delito de lesiones dolosas calificadas, competidas en agravio de Sara Calva Orta, que impugna el quejoso en la presente instancia constitucional, fue reclamada en el diverso juicio de amparo indirecto 912/2016-2, del índice de este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, promovido por Roberto Galarza Rodríguez, contra el mismo acto reclamado; situación que impide a este Juzgador Constitucional analizar el acto que en esta instancia se reclama, porque se quebrantaría la estabilidad jurídica que tienen todos los procesos, de ahí que el presente juicio de amparo resulte improcedente al actualizarse la causal en comento. Por tanto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, en tal virtud SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO, por notoriamente improcedente, de conformidad con lo dispuesto en el diverso 113 del ordenamiento legal citado. PRECISIÓN CRITERIOS JURISPRUDENCIALES Es aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Instancia: Tribunal Colegiado de Circuito, tomo: XIV, agosto de 2001, tesis: I.13o.A.4 K, página: 1318, la cual es del texto y rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó, en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, a la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que refiere, esto por así haberlo solicitado expresamente. DOMICILIO Se tiene como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, las listas que se fijan en los estrados de este juzgado por así haberlo solicitado expresamente. Notifíquese.

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