Roberto Fuentes Matus

Expediente 247/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de junio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
247/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
17/06/2016

Partes del expediente

  • Roberto Fuentes Matus

Actuaciones

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, diecisiete de junio de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de los que se advierte que ha transcurrido el término legal de cinco días, que establece el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiere el recurso de queja en contra del acuerdo de fecha siete de junio del año en curso, en el que se desechó por notoriamente improcedente la demanda de garantías; con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en los términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho proveído para los efectos legales procedentes; y con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de destrucción, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Hágase del conocimiento de las partes que el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión. Se hace del conocimiento de las partes que la sentencia dictada en este juicio, y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que señala el artículo 3º., fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisan los preceptos 22 y 59, párrafo segundo, de la ley referida, atento a los numerales 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Notifíquese. IIB

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, siete de junio de dos mil dieciséis. Vista la demanda de amparo en materia penal promovida por Roberto Fuentes Matus, contra actos del Juez de Garantía, con residencia en Juchitán, Oaxaca, Directora General de la Defensoría Pública del Estado de Oaxaca y Directora Operativa del Sistema Acusatorio de la Defensoría Pública del Estado de Oaxaca, ambos con residencia en Reyes Mantecón, Oaxaca, que hace consistir en lo siguiente: IV.- ACTO RECLAMADO: "Del Juez de Garantía señalada como autoridad responsable ordenadora, reclamo: a) Todo lo actuado en la audiencia celebrada a las trece horas del día cinco de abril del año dos mil dieciséis, en la causa penal número 268/2015, que se sigue en contra del imputado Roberto Fuentes Matus por el hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado con ventaja en agravio de quienes en vida respondieron a los nombres de Rosendo Carrillo y Juan Carlos Sorrosa García. b) La negativa de proporcionarme a la Defensora Pública, licenciada ALMA DELIA GREGORIO MENDOZA, par que fungiera como mi defensora en la causa penal número 268/2015 durante la audiencia intermedia celebrada a las tres horas del día 05 de abril de 2016 en el Juzgado de Garantía de Juchitán, Oaxaca. De la Directora Operativa del Sistema Acusatorio de la Defensoría Pública, del Estado de Oaxaca, señalada como responsable ejecutora, reclamo: El cumplimiento de la negativa de proporcionarme a la Defensora Pública, licenciada ALMA DELIA GREGORIO MENDOZA, par que fungiera como mi defensora en la causa penal número 268/2015 durante la audiencia intermedia celebrada a las tres horas del día 05 de abril de 2016 en el Juzgado de Garantía de Juchitán, Oaxaca, ordenada por la responsable ordenadora, Directora General de la Defensoría Pública del Estado de Oaxaca" (sic). Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 247/2016. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor, se desecha de plano la misma, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, tal como se expondrá a continuación. Para ello, resulta necesario fijar claramente el acto reclamado, para lo cual debe analizarse íntegramente la demanda de garantías, pues constituyen un todo, tal como dispone la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 55/98 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 227, Tomo VIII, Agosto de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el siguiente rubro: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS." De la lectura integral a la demanda, se advierte que la parte quejosa, substancialmente reclama 1) todo lo actuado dentro de la audiencia intermedia celebrada el cinco de abril de dos mil dieciséis, dentro de la causa penal 268/2015, y 2) el contenido del oficio DP/DEFPUB/OAX/74/2016, de fecha treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, por medio del cual le informa la Directora Operativa del Sistema Acusatorio de la Defensoría Pública, del Estado de Oaxaca, que su defensa estaría sustituida a cargo de la nueva defensora pública, licenciada Eva Maricela Santa Ana Florean, en virtud de que la anterior defensora, licenciada Alama Delia Gregorio Mendoza, fue cambiada de adscripción al Juzgado de Garantías de Putla de Guerrero, Oaxaca. Ahora bien, de acuerdo a los antecedentes de los actos reclamados, que bajo protesta de decir verdad narra el impetrante de amparo, se advierten los siguientes antecedentes del juicio natural que dieron origen a la emisión de los actos reclamados: 1. Ante el Juzgado de Garantías de Juchitán, Oaxaca, obra la causa penal 268/2015, instruida contra el quejoso Roberto Fuentes Matus, por el hecho que la ley señala como el delito de homicidio calificado con ventaja, en el que se señalaron las trece horas del día cinco de abril de dos mil dieciséis, para que tuviera desahogo la audiencia intermedia. 2. La defensa del imputado estaba a cargo de la defensora pública licenciada Alma Delia Gregorio Mendoza, sin embargo, dicha profesionista, previo a la celebración de dicha audiencia intermedia, fue cambiada de adscripción al Juzgado de Garantías de Putla de Guerrero, Oaxaca. 3. Inconforme con lo anterior, el peticionario solicitó al juez responsable, que su defensa siguiera a cargo de dicha profesionista, toda vez que ella ya tenía pleno conocimiento de su caso. 4. En atención a la petición del imputado el juez de origen giró oficio a la Directora General de la Defensoría Pública, la que estimó que dicha petición no era posible, toda vez que la licenciada Alma Delia Gregorio Mendoza, había sido cambiada de adscripción al Juzgado de Garantías de Putla de Guerrero, Oaxaca, pero en su lugar quedaría la licenciada Eva Maricela Santa Ana Florean. 5. Finalmente, llegada la fecha de referencia (05/04/2016), se llevó a cabo la audiencia intermedia, con asistencia de la nueva defensora pública. Circunstancia que constituyen los actos reclamados en este juicio. Precisado lo anterior, este órgano jurisdiccional, estima que se actualiza de manera notoria e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el numeral 17, ambos de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior, tomando en consideración que el ahora peticionario del amparo, tuvo conocimiento pleno conocimiento de los actos reclamados, por lo menos, desde el CINCO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS, fecha en que se llevó a cabo la audiencia intermedia y estuvo asistido de la nueva defensora pública. En tanto que la demanda de garantías se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con en esta ciudad, hoy siete de junio de dos mil dieciséis, esto es, fuera del plazo legal de quince días para la presentación oportuna de la demanda. Por tal razón, es inconcuso que el juicio de amparo resulta extemporáneo, por no haberse promovido dentro del término legal de quince días hábiles que prevé el artículo en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que establece como motivo de improcedencia del juicio de amparo, cuando se endereza "contra actos consentidos tácitamente", entendiéndose por tales, precisamente, aquéllos contra los que no se promueve el juicio de amparo dentro de los plazos que se señalan, entre otros, en el numeral 17, párrafo primero, invocado, como aconteció en el presente caso. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 14, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada a fojas 11, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, de la literalidad siguiente: "ACTOS CONSENTIDOS. TÁCITAMENTE.- Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil, y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala". Máxime que los actos reclamados, no encuadran en alguno de los casos de excepción previstos por alguna de las fracciones contenidas en el artículo 17 de la Ley de Amparo en vigor; de acuerdo con la cual tratándose del reclamo: de normas generales de carácter autoaplicativas, o el procedimiento de extradición, el plazo será de treinta días; de una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga una pena de prisión, el plazo será de ocho años; de actos que tengan o puedan tener por efecto privar parcial o totalmente, en forma temporal o definitiva de la propiedad, posesión o disfrute de derechos agrarios a los núcleos de población, ejidal o comunal, el plazo será de siete años; o del acto que implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Norma Fundamental, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales, la demanda de amparo podrá presentarse en cualquier tiempo. En consecuencia, al ser evidente que los actos reclamados en razón a su naturaleza, finalidad y particular contenido, en modo alguno encuadra en la hipótesis de excepción del plazo general para la promoción del juicio de amparo, y menos en específico a la contenida en la fracción IV, del numeral 17 invocado, pues se trata de una determinación emitida dentro de un procedimiento jurisdiccional, y por ende no implica peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Norma Fundamental, ni la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; y por ello que, en el caso particular, la presentación de la demanda de amparo se rija por la regla genérica de quince días prevista por el artículo 17 de la ley en comento, como se examinó en párrafos anteriores. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 12/2015 (10ª), registrada con el número 2009174, consultable en la página treinta y ocho, del Libro XVIII, Mayo de 2015, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con el tenor siguiente: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal." En consecuencia, lo procedente es desechar la demanda de amparo con fundamento en los artículos 112 y 113, por su manifiesta e indudable improcedencia. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que precisa en su ocurso Ahora bien, como el quejoso señala como domicilio para oír y recibir notificaciones "los estrados", indíquesele que como la Ley de Amparo no prevé ese tipo de notificaciones, las mismas se practicarán por medio de lista que se fija en lugar visible del Juzgado, en términos del artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, hasta en tanto señale domicilio para tal efecto. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y los diversos 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley antes mencionada, hágase saber a las partes: a) Que la sentencia que se dicte en este asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información; b) El derecho que le asiste para manifestar, hasta antes de que se dicte el fallo respectivo, su voluntad de que su nombre y datos personales a que alude el artículo 3, fracción II, de la ley en mención, no se incluyan en la publicación de la sentencia referida; en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevaría su consentimiento; y, c) que no será necesaria su aprobación cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que, específicamente, señalan los artículos 22 y 59, párrafo segundo, de la ley especial de referencia. Notifíquese. IIB

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