Roberto Franco Subías

Expediente 191/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
191/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
22/10/2021

Partes del expediente

  • Roberto Franco Subías

Actuaciones

  1. Principal

    Por recibido el oficio con evidencia criptográfica de la Secretaría del Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Baja California Sur, con residencia en la Paz, por medio del cual acusa recibo de los autos originales del juicio de amparo 191/2021, e informa que aceptó la competencia declinada a su favor; al respecto, este juzgado toma conocimiento de su contenido y se archiva el presente expediente como asunto concluido. De conformidad con el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; procédase a su destrucción, una vez que transcurra el término de tres años que se establece en el punto de referencia, aunado a que el expediente en que se actúa carece de relevancia documental. Notifíquese.

  2. Principal

    Visto el estado procesal, se advierte que en auto de veinticinco de febrero del año en curso, este juzgado no aceptó la competencia declinada por el Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Baja California Sur, por lo que devolvió los autos originales del juicio de amparo 858/2020, del índice a su lugar de origen; sin embargo, no obra en autos el acuse de recibo correspondiente. En virtud de lo anterior, se solicita al Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Baja California Sur, informe si se avocó al conocimiento del juicio de amparo 858/2020, de su índice, a efecto de proveer lo que en derecho corresponda, en el cuaderno de antecedentes en que se actúa . Notifíquese.

  3. Principal

    Ciudad de México, veinticinco de febrero de dos mil veintiuno. Se recibe el oficio, signado electrónicamente por el secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, por el cual remite la demanda de amparo presentada por **** ante ese juzgado, así como el proveído de tres de diciembre de dos mil veinte, dictado en autos del juicio de amparo **** de su índice, por el cual el citado órgano de amparo declina la competencia legal para conocer del asunto a favor de este juzgado, al considerar que resulta legalmente incompetente por razón de territorio para conocer del asunto. Visto el oficio de cuenta y la demanda de amparo que promueve **** en contra de actos del Instituto Mexicano del Seguro Social de los Trabajadores al Servicio del Estado y otra autoridad, por considerarlos violatorios de los artículos 4° y 123 de la Constitución Federal, se provee lo siguiente. NO SE ACEPTA LA COMPETENCIA DECLINADA El juzgado oficiante estimó carecer de competencia para conocer de los actos reclamados al Instituto Mexicano del Seguro Social de los Trabajadores al Servicio del Estado y al Instituto Mexicano del Seguro Social, consistentes en: a) la baja del padrón de derechohabientes de pensión, así como b) el incumplimiento en el pago, o bien la omisión de pagar, la respectiva pensión otorgada a favor de ****, desde el mes de enero de dos mil veinte. Lo anterior, al considerar que tales actos tienen ejecución en la Ciudad de México, porque en aquí se encuentra el "padrón de derechohabientes" de los citados institutos de seguridad social; sin embargo, este órgano jurisdiccional considera que la ejecución material tiene lugar en el lugar donde reside ****, porque en dicho lugar resiente la afectación de los actos que reclama el solicitante de amparo. En efecto, para resolver la competencia del juzgador, se debe aplicar la regla que establece el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, el cual dispone que, si el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan los efectos. Esto es, donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado ya el acto reclamado. Este juzgado considera que la omisión de proporcionar determinada prestación económica a una persona y, en su caso, la orden de darlo de baja del padrón en donde se registran las personas que tienen derecho a la respectiva prestación, se trata de actos negativos cuya ejecución tiene lugar en el domicilio donde reside el quejoso, dado que tales actos producen consecuencias materiales en el estado socioeconómico de la parte quejosa, quien de acceder a la prestación que no se le otorga vería beneficios es su economía y nivel de vida. Así, los efectos de no proporcionar cierta prestación económica, como es la una pensión o cualquier otra prestación de seguridad social, se traduce en el menoscabo del nivel de vida al que tenga derecho la parte quejosa, en perjuicio de su derecho humano al mínimo vital. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 343/2019, precisó que existen actos omisivos que producen consecuencias fácticas sobre la esfera jurídica de las personas, cuyos efectos se producen en el lugar donde éstos se encuentran. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 86/2019 (10a.). emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 73, diciembre de 2019, Tomo I, página 254, que dice: "OMISIÓN DE BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA A PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD. ES LEGALMENTE COMPETENTE PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL DOMICILIO DONDE SE ENCUENTRE EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO EN EL QUE SE ENCUENTRE RECLUIDA LA PERSONA. De conformidad con el numeral 4o. de la Constitución Federal en relación con los artículos 34, 73, 74, 76 y 77 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las autoridades penitenciarias se encuentran obligadas a proporcionar atención médica a las personas que se encuentran privadas de su libertad. En ese contexto, la omisión de brindar atención médica por parte de las autoridades penitenciarias, produce consecuencias materiales en el mundo fáctico, pues existe un vínculo indisoluble entre: a) la obligación del Estado de proporcionar atención médica a las personas privadas de su libertad en su centro de reinserción social; b) la omisión de proporcionar dichos servicios a dichas personas; y c) la afectación del derecho fundamental a la salud en éstos, en el caso de que tal servicio no se proporcione. De esta manera, se actualiza la regla de competencia prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, por lo que debe conocer de dicha demanda el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio del centro penitenciario donde se encuentre recluido el promovente de amparo". En un contexto similar, la Segunda Sala del Alto Tribunal en la jurisprudencia 2a./J. 152/2009, determinó que el juez de distrito con sede en el lugar donde reside el quejoso es competente, por razón de territorio para conocer del juicio de amparo contra la cuantificación de determinada pensión, ya que tal cuantificación se resiente en el domicilio donde reside y se desenvuelve el quejoso. Mutatis mutandi, el juez con sede en el lugar donde reside el quejoso, también, es competente para conocer de la omisión de otorgar determinada pensión. Máxime que, como dijo la Segunda Sala del Alto Tribunal: "Este criterio es acorde con la voluntad del Constituyente acerca de que al atribuir competencia se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado"; en tanto de esta forma se permite un trámite judicial menos gravoso para la parte quejosa, al residir en el mismo lugar que el órgano jurisdiccional. La jurisprudencia citada se publicó en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, octubre de 2009, página 95, y dice: PENSIONES DEL ISSSTE. LA COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO EN EL QUE SE SEÑALE COMO ACTO RECLAMADO SU INDEBIDA CUANTIFICACIÓN, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL QUEJOSO. Si el acto reclamado en el juicio de garantías se hace consistir en la indebida cuantificación de la pensión jubilatoria por no aplicarse los aumentos a los que el quejoso considera tiene derecho, derivados de las reformas al párrafo tercero del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en vigor a partir del 5 de enero de 1993 y 1o. de enero de 2002, atribuida al Subdirector General de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto mencionado, implica la privación del ejercicio del derecho como es a disfrutar de una pensión correctamente cuantificada, pues por virtud de esa negativa la autoridad afecta la esfera jurídica del quejoso al pagarle incompleta su pensión. Por otro lado, el pago de la pensión jubilatoria está intrínsecamente ligado al domicilio del beneficiario por ser razonablemente el lugar en el que la cobra y disfruta, al ya no estar unido a su centro de trabajo. Bajo este tenor, cuando en el amparo se reclame la indebida cuantificación de la pensión por no aplicar los aumentos correspondientes, tal acto tiene consecuencias materiales en el ámbito privado de las personas jubiladas, el cual se desenvuelve en su domicilio y será éste el lugar en el que resientan su ejecución, por lo que conforme al artículo 36, párrafo primero, de la Ley de Amparo, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del quejoso, sin importar que no se demande destacadamente la falta de pago porque tal situación es consecuencia natural del indicado acto reclamado. Este criterio es acorde con la voluntad del Constituyente acerca de que al atribuir competencia se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado". En el caso, la parte quejosa, en su demanda de amparo, expone que: 1. Actualmente vive en el municipio de Los Cabos, Baja California Sur México, junto a su nieto, quien se encarga de sus cuidados y atención. 2. Tiene derecho a diversas pensiones por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social de los Trabajadores al Servicio del Estado y el Instituto Mexicano del Seguro Social. 3. Asimismo, que las autoridades de tales Institutos con residencia en Los Cabos, Baja California Sur México, se niegan a realizar las gestiones necesarias en tal ciudad, para que él pueda recibir las pensiones a las que tiene derecho, bajo el argumento de que él tiene un domicilio registrado en la Ciudad de México, no obstante que actualmente vive en Los Cabos, Baja California Sur México. 4. Finalmente, con base en estos antecedentes, reclama del Instituto Mexicano del Seguro Social de los Trabajadores al Servicio del Estado y del Instituto Mexicano del Seguro Social: a) la baja del padrón de derecho habientes de pensión, así como b) el incumplimiento en el pago, o bien la omisión de pagar, la respectiva pensión otorgada a favor de ****, desde el mes de enero de dos mil veinte. Los actos reclamados tienen ejecución material en de Los Cabos, Baja California Sur México porque ahí vive el quejoso. Con independencia del lugar donde se encuentre el padrón de beneficiarios o las oficinas encargadas de otorgar la pensión a la parte quejosa, es ahí es en donde se encuentra y en donde se ven afectados su salud y su bienestar por la falta de otorgamiento de las pensiones a las que tiene derecho. Además, de aceptar la competencia declinada, se le irrogaría un perjuicio a la parte quejosa, pues si reside en el lugar indicado y presentó la demanda ante el juzgado oficiante, es obvio que es ahí donde tiene mayores posibilidades de articular una defensa de sus intereses en el juicio de amparo. En razón de lo hasta aquí expuesto, de conformidad con lo previsto en el artículo 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito NO ACEPTA LA COMPETENCIA LEGAL DECLINADA POR RAZÓN DE TERRITORIO; y, en consecuencia, se ordena devolver los autos, vía electrónica, al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, solicitándole de la manera más atenta que informe a este juzgado si insistirá o no en declinar la competencia respectiva. Con la certificación de las constancias que obran en el expediente electrónico, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, para los efectos legales procedentes. Notifíquese.

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