Roberto Flores Martínez

Expediente 599/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
599/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
03/07/2023

Partes del expediente

  • Roberto Flores Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 599/2023-IX. Puebla, Puebla, tres de julio de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído de trece de junio de dos mil veintitrés, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo causó estado (quedó firme). Asunto concluido. En consecuencia, en términos del artículo 3, fracción IX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, trasferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales1 -en adelante sólo Acuerdo General-; el presente expediente constituye un asunto concluido, pues el auto por el que se desechó la demanda, causó estado. Valoración documental. En uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, y 12, del Acuerdo General; se estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del Acuerdo General. Además, en términos del ordinal 20, fracción IV, del Acuerdo General; se determina que este sumario constitucional es susceptible de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado este acuerdo. Ello, porque se trata de un asunto donde se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Resguardo del expediente en el archivo de trámite. En consecuencia, este juicio deberá resguardarse en el archivo de trámite de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez que transcurra el lapso de conservación, el juicio de amparo deberá destruirse. Devolución de documentos a las partes. Toda vez que no se advierten documentos exhibidos por las partes cuya devolución sea necesaria (originales irremplazables), se deja de proveer al respecto. Incidente de suspensión original. 1Publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. No ha lugar a emitir pronunciamiento alguno, pues como la demanda de amparo se desechó, no se abrió dicho incidente. Carátula del juicio de amparo. Se instruye a la secretaria encargada de la conclusión de este expediente que, a través de sus oficiales judiciales, realice las anotaciones correspondientes en la carátula del juicio de amparo; ello, conforme a los sellos autorizados para tal efecto. Anotaciones internas. Se instruye a la Oficial Judicial "A", realice las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, respecto a la declaración de que causó estado el auto dictado y al archivo del presente asunto como concluido. Asimismo, deberá verificar que los datos asentados en la carátula de este expediente -conforme se encomendó en el apartado precedente- coincidan con las anotaciones en el libro electrónico. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo a la parte quejosa, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el auto que desechó la demanda de amparo. Aunado a que, si la parte quejosa deseará conocer el estado de este juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. Pese a lo anterior, se deja establecido que si alguna parte deseara conocer el estado procesal de este juicio, se le habrá de informar en caso de recibir oficio o escrito donde lo solicite. De ahí que este proveído se habrá de notificar a las partes por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Notifíquese; y cúmplase.

  2. Principal

    JUICIO DE AMPARO 599/2023-IX.. Puebla, Puebla, veinte de junio de dos mil veintitrés. Razón actuarial. Vista la razón de cuenta de la actuaria judicial adscrita a este juzgado federal; se advierte que, informa la imposibilidad de notificar a la parte quejosa el auto de trece de junio de dos mil veintitrés, por los motivos que expone en la misma (en esencia, que no se localizó el domicilio proporcionado para tal efecto). Notificación a la parte quejosa por lista. En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquese a la parte quejosa por lista el proveído de mérito, así como los subsecuentes acuerdos aún los de carácter personal, hasta en tanto señale domicilio correcto en la ciudad de Puebla para tal efecto. Notifíquese, por lista el acuerdo de trece de junio de dos mil veintitrés, y cúmplase.

  3. Principal

    JUICIO DE AMPARO 599/2023-VI. Puebla, Puebla, trece de junio de dos mil veintitrés. Radicación. Se recibe la demanda de amparo promovida por +++++++++, por propio derecho, contra actos del Fiscal General del Estado de Puebla. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese la demanda en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Digitalización de la demanda. Debido a que la demanda de amparo fue recibida de manera física por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del citado Acuerdo General, se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico, a través del uso de la firma electrónica. Tramitación electrónica del juicio de amparo. Se hace saber a las partes que, de conformidad con los artículos 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente -como los acuerdos emitidos por este órgano jurisdiccional- constarán únicamente en el expediente electrónico, pues una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Toda vez que el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de manera física, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes para que, transiten hacia la actuación del juicio desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación -donde podrán consultar íntegramente el expediente electrónico y presentar las promociones mediante el empleo de su firma electrónica-. Desechamiento de la demanda. -Improcedencia respecto de la emisión de las órdenes de aprehensión y presentación, atribuidas al Fiscal General del Estado de Puebla En primer término, se arriba a la convicción de que esta vía de amparo indirecto resulta improcedente respecto de los actos reclamados consistentes en la emisión de las órdenes de aprehensión y presentación, atribuidas al Fiscal General del Estado de Puebla. En efecto, respecto de los mencionados actos reclamados a dicho fiscal, se actualiza la causal de improcedencia (con las características de indudable y manifiesta) que resulta de relacionar la fracción XXIII del numeral 61 de la Ley de Amparo con los diversos 16, 20 y 21 constitucionales, estos últimos aplicados en sentido contrario. Se explica: Acorde con el artículo 20 constitucional y en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el sistema de justicia penal adversarial, una persona puede ser detenida a fin de ser presentada ante la autoridad jurisdiccional por tres supuestos: 1. Porque se le conduzca a proceso a través de un citatorio, orden de presentación o comparecencia a través de la fuerza pública, o se ejecute una orden de aprehensión en su contra, en términos de lo dispuesto en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 16 constitucional. Este tipo de actos sólo puede ser emitido por una autoridad jurisdiccional. 2. Se detenga a una persona en flagrancia en términos del artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 16 constitucional. La detención puede realizarla cualquier persona o autoridad, con la condición de poner a la persona detenida de forma inmediata a disposición del Ministerio Público, quien después de examinar la legalidad de la detención, podrá ordenar a retención por el plazo de constitucional. 3. El Ministerio Público ordene la detención de una persona por tratarse de caso urgente, conforme lo dispone el artículo 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 16 constitucional. Esta hipótesis, constituye una restricción a la libertad personal de carácter extraordinaria, pues se aparta de la regla de detención de control judicial previo; esto es, para que un representante social ordene una detención por causa urgente es necesario medien condiciones no ordinarias, como que por la hora o el lugar sea imposible acudir ante una autoridad a solicitar una orden de aprehensión o que de hacerlo existan datos que evidencien de manera objetiva que el imputado podría evadir la acción de la justicia. Con base en lo anterior, resulta inconcuso que en el caso no es posible adjudicar a la autoridad responsable indicada, señalada en la demanda, la facultad de emitir las órdenes privativas o restrictivas de la libertad que se combaten (órdenes de aprehensión y presentación); ya que esa potestad se encuentra reservada a la autoridad judicial, tal como lo prevén de manera expresa los artículos 16, constitucional, 141 y 168, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales; habida cuenta que en términos del diverso 21 de la constitución federal, al agente del ministerio público (incluyendo al fiscal aquí señalado como responsable) le corresponde la persecución e investigación de los delitos, lo que implica que esa autoridad responsable sólo podría actuar en ese marco legal a través de los representantes sociales a su cargo y para ese exclusivo fin. De ahí, es evidente la improcedencia en la especie respecto de dichos actos. A mayor abundamiento debe explicarse lo siguiente. Como se expuso, no puede ordenarse la detención del quejoso por dicha autoridad administrativa señalada como responsable a través de los actos aquí reclamados; salvo que se trate de causa urgente; sin embargo, para que esto último sea posible, se deben cumplir con los requisitos previstos en el artículo 16 constitucional y 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, que existan datos que establezcan la existencia de un hecho señalado como delito grave y que exista la probabilidad de que el ahora impetrante lo cometió o participó en su comisión; exista riesgo fundado de que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia, y que por razón de la hora, lugar o cualquier otra circunstancia, el representante social no pueda ocurrir ante la autoridad judicial, o que de hacerlo, el aquí quejoso pueda evadirse. Lo anterior diluye cualquier posibilidad de que la autoridad responsable señalada en la demanda, hubiera ordenado la detención por caso urgente de la parte quejosa; aunado a que no se reclama así como acto. Ello evidencia de manera indudable que, si acaso, existiera el desarrollo de una investigación en contra del quejoso, ello no implicaría necesariamente que el representante social respectivo ordenara aprehenderlo o presentarlo. De donde se sigue que resulta inconcusa la actualización del motivo de improcedencia de esta vía de amparo respecto de los actos reclamados ya precisados. Por tanto, de conformidad con la fracción XXIII del numeral 61 de la Ley de Amparo con los artículos 16, 20 y 21 constitucionales, estos últimos aplicados en sentido contrario; es improcedente la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, porque los actos reclamados del Fiscal General del Estado de Puebla, actualizaron la causal en mención, de manera manifiesta e indudable, en términos de las consideraciones expuestas. -Improcedencia respecto de la orden de citación atribuida al Fiscal General del Estado de Puebla-. Debe señalarse que respecto del acto consistente en la orden de citación (a averiguación previa o carpeta de investigación), reclamada del Fiscal General del Estado, la presente vía constitucional de amparo resulta igualmente improcedente. En efecto, respecto de dicho acto reclamado, se configura la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción IV, del artículo 107, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley; [.]". Por su parte, la fracción I, del artículo 5° de la ley de la materia establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;[.]". Se afirma lo anterior, porque acorde con la naturaleza de dicha orden de citación, no puede considerarse como un acto que restrinja la libertad personal del quejoso, pues ése no es su objeto, sino (en dado caso) lograr la comparecencia para la realización de una diligencia ministerial dentro de la integración de una indagatoria, y al tratarse de un acto que no es restrictivo de libertad, no viola derechos fundamentales del promovente. Además, debe destacarse que -en caso de ser existente-, constituye una actuación de la representante social tendente a la integración de la carpeta de investigación; contra lo cual es improcedente el juicio de amparo. Se invoca al respecto la tesis XXVII.3o.47 P, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, de rubro siguiente: "CARPETA DE INVESTIGACIÓN. SU INICIO NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL IMPUTADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE." Bajo ese contexto, la orden citación reclamada, no transgrede derecho humano alguno, que permita la procedencia del amparo indirecto en su contra, sobre todo porque de su contenido no se advierte la manifestación del quejoso de que lo hayan apercibido o amenazado la autoridad que señala como responsable, de hacerlo acreedor a una sanción ante su inasistencia; más bien, se advierte correspondería (en su caso) a una citación o citatorio emitido dentro de un expediente de investigación en la etapa inicial, sin apercibimiento de por medio; de ahí que, en dicha etapa incluso no es posible concluir si se va a constituir un acto privativo de la libertad, o no. En ese orden de ideas, la orden de citación reclamada, no afecta la libertad del quejoso, pues dicha representación legal está actuando en el ámbito de sus atribuciones constitucionales; habida cuenta que la autoridad del ministerio público, debe atender al ejercicio de su facultad de investigación estatuida en el numeral 21 constitucional, y está en posibilidad de emitir citaciones a cualquier persona, de conformidad con lo previsto en los artículos 90, 91 y 92, en relación con el diverso 127, todos del Código Nacional de Procedimientos Penales, con las salvedades que los mismos preceptos establecen, siendo éstos del tenor siguiente: "Artículo 90. Citación. Toda persona está obligada a presentarse ante el Órgano jurisdiccional o ante el Ministerio Público, cuando sea citada. Quedan exceptuados de esa obligación el Presidente de la República y los servidores públicos a que se refieren los párrafos primero y quinto del artículo 111 de la Constitución, el Consejero Jurídico del Ejecutivo, los magistrados y jueces y las personas imposibilitadas físicamente ya sea por su edad, por enfermedad grave o alguna otra que dificulte su comparecencia. Cuando haya que examinar a los servidores públicos o a las personas señaladas en el párrafo anterior, el Órgano jurisdiccional dispondrá que dicho testimonio sea desahogado en el juicio por sistemas de reproducción a distancia de imágenes y sonidos o cualquier otro medio que permita su trasmisión, en sesión privada. La citación a quien desempeñe un empleo, cargo o comisión en el servicio público, distintos a los señalados en este artículo, se hará por conducto del superior jerárquico respectivo, a menos que para garantizar el éxito de la comparecencia se requiera que la citación se realice en forma distinta. En el caso de cualquier persona que se haya desempeñado como servidor público y no sea posible su localización, el Órgano jurisdiccional solicitará a la institución donde haya prestado sus servicios la información del domicilio, número telefónico, y en su caso, los datos necesarios para su localización, a efecto de que comparezca a la audiencia respectiva." "Artículo 91. Forma de realizar las citaciones. Cuando sea necesaria la presencia de una persona para la realización de un acto procesal, la autoridad que conoce del asunto deberá ordenar su citación mediante oficio, correo certificado o telegrama con aviso de entrega en el domicilio proporcionado, cuando menos con cuarenta y ocho horas de anticipación a la celebración del acto. También podrá citarse por teléfono al testigo o perito que haya manifestado expresamente su voluntad para que se le cite por este medio, siempre que haya proporcionado su número, sin perjuicio de que si no es posible realizar tal citación, se pueda realizar por alguno de los otros medios señalados en este Capítulo. En caso de que las partes ofrezcan como prueba a un testigo o perito, deberán presentarlo el día y hora señalados, salvo que soliciten al Órgano jurisdiccional que por su conducto sea citado en virtud de que se encuentran imposibilitados para su comparecencia debido a la naturaleza de las circunstancias. En caso de que las partes, estando obligadas a presentar a sus testigos o peritos, no cumplan con dicha comparecencia, se les tendrá por desistidos de la prueba, a menos que justifiquen la imposibilidad que se tuvo para presentarlos, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la fecha fijada para la comparecencia de sus testigos o peritos. La citación deberá contener: I. La autoridad y el domicilio ante la que deberá presentarse; II. El día y hora en que debe comparecer; III. El objeto de la misma; IV. El procedimiento del que se deriva; V. La firma de la autoridad que la ordena, y VI. El apercibimiento de la imposición de un medio de apremio en caso de incumplimiento." "Artículo 92. Citación al imputado Siempre que sea requerida la presencia del imputado para realizar un acto procesal por el Órgano jurisdiccional, según corresponda, lo citará junto con su Defensor a comparecer. La citación deberá contener, además de los requisitos señalados en el artículo anterior, el domicilio, el número telefónico y en su caso, los datos necesarios para comunicarse con la autoridad que ordene la citación. "Artículo 127. Competencia del Ministerio Público Compete al Ministerio Público conducir la investigación, coordinar a las Policías y a los servicios periciales durante la investigación, resolver sobre el ejercicio de la acción penal en la forma establecida por la ley y, en su caso, ordenar las diligencias pertinentes y útiles para demostrar, o no, la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión (.)". O bien, en caso de tratarse de una citación en el sistema tradicional, al respecto, el artículo 73 del Código Federal de Procedimientos Penales abrogado establece: "Artículo 73.- Con excepción de los altos funcionarios de la Federación, toda persona está obligada a presentarse ante los tribunales y ante el Ministerio Público cuando sea citada, a menos que no pueda hacerlo porque padezca alguna enfermedad que se lo impida, o tenga alguna otra imposibilidad física para presentarse." Así, debe destacarse en este punto que una vez terminada la diligencia -a la que en su caso se le haya citado-, la persona citada podrá reincorporarse a sus actividades cotidianas, ya que ésta no es sino una actuación más para integrar el material probatorio del cual el representante social se debe allegar para poder judicializar la carpeta de investigación, y que de no lograrse, no constituye un impedimento para que, en su caso, el fiscal correspondiente ejerza la acción penal de estimar actualizados los presupuestos para tal efecto. En ese sentido, la citación para el desahogo de una diligencia en una integración de carpeta de investigación, por sí misma -se considera- no afecta a la libertad personal de la parte citada, pues, se insiste, se trata de un acto que tiene como finalidad, simplemente, comunicarle la necesidad de su presencia para el desarrollo de una diligencia ministerial que constituye en sí un acto de investigación (contra lo cual, como ya se dijo, es improcedente esta vía de amparo). Apoya lo anterior la jurisprudencia PC.VI.P. J/3 P (11a.), emitida por el Pleno en Materia Penal del Sexto Circuito, visible a página 3937, Tomo IV, Libro 21, Enero de 2023, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro digital 2025762, de rubro "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA CITACIÓN GIRADA POR EL MINISTERIO PÚBLICO PARA QUE EL INVESTIGADO ACUDA ANTE SU POTESTAD CON EL FIN DE QUE SE LE HAGAN SABER LOS HECHOS DENUNCIADOS Y, EN SU CASO, SE TOME SU ENTREVISTA COMO IMPUTADO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 107, FRACCIÓN IV, EN SENTIDO CONTRARIO, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO". Así como la diversa sostenida por el Pleno en Materia Penal del Sexto Circuito, dentro de la contradicción de tesis 1/2018, en la que esencialmente se sostuvo que el juicio de amparo indirecto no era procedente contra una citación emitida por el agente del ministerio público en una averiguación previa seguida en el sistema penal mixto o tradicional, cuando en dicho citatorio no se contenía apercibimiento en el supuesto de que el gobernado no asistiera a la cita, cuyo rubro es: "ORDEN DE CITACIÓN EMITIDA POR EL MINISTERIO PÚBLICO EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA SEGUIDA EN EL SISTEMA PENAL MIXTO O TRADICIONAL. EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO NO CONTIENE APERCIBIMIENTO EN CASO DE INASISTENCIA. " Entonces, se reitera, que contra los actos y diligencias llevados a cabo por el ministerio público tendentes a la integración de una carpeta de investigación por regla general, el amparo es improcedente, en el caso, porque como se vio, no se está afectando la libertad deambulatoria de peticionario del amparo ni se le está apercibiendo con alguna sanción o multa; caso contrario que se afectaran derechos sustantivos de los gobernados, entendiéndose como tales los inherentes al ser humano, verbigracia, la vida, la libertad, las posesiones, la defensa adecuada y la exclusión de prueba ilícita; lo que en la especie no ocurre. En ese sentido, si a la parte quejosa se le citó únicamente con la finalidad de que declare en relación a hechos que se le investigan; se estima que la posible citación en cuestión no afecta derechos sustantivos, pues se traduce en una mera comunicación que la responsable realizó en cumplimiento de las obligaciones y las facultades que constitucional y legalmente tiene encomendadas, con base en la facultad que le otorga el artículo 21 constitucional. Lo anterior, sin que sea óbice que el ministerio público puede imponerle alguna medida de apremio en caso de no comparecer, o a realizar las gestiones que considere necesarias para la integración de la indagatoria respectiva, pero ello es un acto de realización futura e incierta, por la cual en todo caso, de actualizarse alguna medida, tendrá expedito su derecho de acción para promover el juicio de amparo contra la misma. De tal forma que el acto reclamado que refiere la parte quejosa, de ninguna manera puede constituir una violación a sus derechos sustantivos. Entonces, es dable concluir que tal acto, como lo es la orden de citación reclamada del Fiscal General del Estado de Puebla, no trasciende de manera irreparable a la esfera jurídica del gobernado, pues no le irroga un perjuicio, ya que éste, en todo caso, se podría materializar hasta que la autoridad judicial determine, en un momento dado, si resulta procedente o no la continuación de las etapas del proceso penal -esto es, una vez que la carpeta de investigación que pudiera estarse integrando, a la que podría habérsele citado al quejoso, sea sometida a control judicial-; estimar lo contrario sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones que constitucionalmente se le confieren a la autoridad ministerial señalada como responsable, anteponiendo el interés particular al interés de la sociedad. Apoya a lo anterior, la tesis XXVII.3o.47 P (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 1959, tomo III, noviembre de 2017, materia común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro: "CARPETA DE INVESTIGACIÓN. SU INICIO NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL IMPUTADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE." Y, la tesis XXVII.3o.48 P (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 1947, Tomo III, Noviembre de 2017, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro: "CARPETA DE INVESTIGACIÓN. POR REGLA GENERAL, SU INTEGRACIÓN NO CAUSA UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL INDICIADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE, HECHA EXCEPCIÓN CUANDO SE VEA COMPROMETIDO ALGÚN DERECHO HUMANO DEL QUEJOSO." Por lo tanto, de manera notoria, manifiesta e indudable, en ese caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, respecto de la orden de citación (a averiguación previa o carpeta de investigación), reclamada del Fiscal General del Estado de Puebla. -Improcedencia del acto consistente en la ejecución o cumplimiento de todas las antes mencionadas órdenes privativas de la libertad (órdenes de aprehensión y presentación), así como la diversa orden de citación, atribuido al Fiscal General del Estado de Puebla Respecto del acto combatido consistente en la ejecución o cumplimiento de todas las antes mencionadas órdenes privativas de la libertad (órdenes de aprehensión y presentación), así como la diversa orden de citación, atribuido al Fiscal General del Estado de Puebla, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5º, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, así como con los diversos 20 y 21, estos últimos de la constitución federal. Esto es así, pues basta decir que como un hecho notorio derivado de otros asuntos similares al presente, se desprende que los agentes del ministerio público, fiscales o titulares de las unidades de investigación, sólo comunican (en su caso) los mandamientos judiciales de molestia, como lo es (verbigracia) una orden de aprehensión o presentación, librada por una autoridad jurisdiccional. De ahí que en tales asuntos dichas autoridades niegan la existencia de la ejecución de las órdenes de captura. Luego, en el presente caso, no se estaría en aptitud jurídica y fáctica de materializar o concretar la captura y detención de la parte quejosa por parte del Fiscal General del Estado de Puebla, porque la emisión de las órdenes de aprehensión y presentación, es de carácter exclusivo de la autoridad judicial, mientras que su ejecución sólo corresponde a las diversas autoridades policiacas o aprehensoras o de seguridad pública, que cuentan con otras funciones y facultades para ello (tales como los comandantes o policías). Se afirma lo anterior, porque el Fiscal General del Estado de Puebla no es -propiamente- autoridad ejecutora de órdenes de aprehensión y presentación, pues la naturaleza jurídica de su función es la de investigación y prosecución de los delitos, como se puede desprender de la literalidad del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, en su caso, los agentes del ministerio público adscritos a órganos jurisdiccionales o encargados de los mandamientos judiciales se limitan a recibirlos y comunicárselos a las autoridades aprehensoras, policiacas, de seguridad pública, militares o de seguridad pública, para su ejecución o materialización -de la orden de captura-. Así, en el supuesto de llegarse a ejecutar contra un gobernado una orden de aprehensión o presentación, como la reclamada, los agentes policiales tendrán la obligación de efectuar la respectiva puesta a disposición del detenido ante el Agente del Ministerio Público que corresponda, quien a su vez lo hará ante la autoridad judicial respectiva, para solicitarle la celebración de la audiencia inicial para la formulación de imputación; pero no serán los agentes del ministerio público, fiscales o titulares de las unidades de investigación los que den cumplimiento material a esa orden. Todo ello, tal como se desprende del artículo 145, párrafos primero, segundo y tercero, del Código Nacional de Procedimientos Penales que prevé: "Artículo 145. Ejecución y cancelación de la orden de comparecencia y aprehensión La orden de aprehensión se entregará física o electrónicamente al Ministerio Público, quien la ejecutará por conducto de la Policía. Los agentes policiales que ejecuten una orden judicial de aprehensión pondrán al detenido inmediatamente a disposición del Juez de control que hubiere expedido la orden, en área distinta a la destinada para el cumplimiento de la prisión preventiva o de sanciones privativas de libertad, informando a éste acerca de la fecha, hora y lugar en que ésta se efectuó, debiendo a su vez, entregar al imputado una copia de la misma. Los agentes policiales deberán informar de inmediato al Ministerio Público sobre la ejecución de la orden de aprehensión para efectos de que éste solicite la celebración de la audiencia inicial a partir de la formulación de imputación. Los agentes policiales que ejecuten una orden judicial de comparecencia pondrán al imputado inmediatamente a disposición del juez de control que hubiere expedido la orden, en la sala donde ha de formularse la imputación, en la fecha y hora señalada para tales efectos. La policía deberá informar al ministerio público acerca de la fecha, hora y lugar en que se cumplió la orden, debiendo a su vez, entregar al imputado una copia de la misma (.)". Cobra aplicación al caso, por los argumentos que expone, la tesis aislada 1a. CCXCVI/2016 (10a.), libro 37, diciembre de 2016, tomo I, página 371 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "ORDEN DE APREHENSIÓN. AL EJECUTARLA, LA AUTORIDAD ESTÁ OBLIGADA A PRESENTAR, SIN DILACIÓN, A LA PERSONA APREHENDIDA ANTE EL JUEZ QUE LA ORDENA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 16, PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008 De ahí que se actualicen en la especie, la causal de improcedencia en estudio. En consecuencia, dada la actualización de los motivos de improcedencia expuestos con antelación, es inconcuso que debe desecharse la demanda de cuenta, por los actos y autoridad siguientes: Las órdenes de aprehensión, presentación y citación, así como su cumplimiento, todo atribuido al Fiscal General del Estado de Puebla. Por tanto, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, debido al análisis de las causales de improcedencia invocadas. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realice las anotaciones correspondientes. Domicilio procesal, autorizados (amplios y restringidos) de la parte quejosa y acceso al expediente electrónico. Se tiene como domicilio físico de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de demanda -ubicado en la ciudad de Puebla-. Por otra parte, se tiene como autorizada en términos amplios a +++++, porque se encontró registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales. Sin embargo, a +++++++++, se le tiene autorizado únicamente para imponerse de actuaciones, así como para oír y recibir notificaciones, porque no se encontró registro de su cédula profesional en el aludido sistema; así como también queda autorizado para los mismos efectos la persona restante que señala el impetrante, porque así lo solicitó en su demanda de cuenta. Además, se autoriza sólo el acceso y consulta del expediente electrónico al usuario "MICHRT", por lo cual se instruye se habilite en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En el entendido que la anterior autorización no incluye su notificación electrónica porque no la solicitó así expresamente. Luego, se toma nota del correo electrónico proporcionado únicamente como medio de contacto para comunicaciones no procesales, pues la ley de la materia no prevé dicho medio de comunicación para oír y recibir notificaciones. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Notifíquese; de manera personal a la parte quejosa

  4. Principal

    --EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN DE VEINTE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, ELDIVERSO AUTO DE TRECE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS POR MEDIO DE LISTA--- JUICIO DE AMPARO 599/2023-VI. Puebla, Puebla, trece de junio de dos mil veintitrés. Radicación. Se recibe la demanda de amparo promovida por +++++++++, por propio derecho, contra actos del Fiscal General del Estado de Puebla. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese la demanda en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Digitalización de la demanda. Debido a que la demanda de amparo fue recibida de manera física por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del citado Acuerdo General, se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico, a través del uso de la firma electrónica. Tramitación electrónica del juicio de amparo. Se hace saber a las partes que, de conformidad con los artículos 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente -como los acuerdos emitidos por este órgano jurisdiccional- constarán únicamente en el expediente electrónico, pues una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Toda vez que el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de manera física, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes para que, transiten hacia la actuación del juicio desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación -donde podrán consultar íntegramente el expediente electrónico y presentar las promociones mediante el empleo de su firma electrónica-. Desechamiento de la demanda. -Improcedencia respecto de la emisión de las órdenes de aprehensión y presentación, atribuidas al Fiscal General del Estado de Puebla En primer término, se arriba a la convicción de que esta vía de amparo indirecto resulta improcedente respecto de los actos reclamados consistentes en la emisión de las órdenes de aprehensión y presentación, atribuidas al Fiscal General del Estado de Puebla. En efecto, respecto de los mencionados actos reclamados a dicho fiscal, se actualiza la causal de improcedencia (con las características de indudable y manifiesta) que resulta de relacionar la fracción XXIII del numeral 61 de la Ley de Amparo con los diversos 16, 20 y 21 constitucionales, estos últimos aplicados en sentido contrario. Se explica: Acorde con el artículo 20 constitucional y en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el sistema de justicia penal adversarial, una persona puede ser detenida a fin de ser presentada ante la autoridad jurisdiccional por tres supuestos: 1. Porque se le conduzca a proceso a través de un citatorio, orden de presentación o comparecencia a través de la fuerza pública, o se ejecute una orden de aprehensión en su contra, en términos de lo dispuesto en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 16 constitucional. Este tipo de actos sólo puede ser emitido por una autoridad jurisdiccional. 2. Se detenga a una persona en flagrancia en términos del artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 16 constitucional. La detención puede realizarla cualquier persona o autoridad, con la condición de poner a la persona detenida de forma inmediata a disposición del Ministerio Público, quien después de examinar la legalidad de la detención, podrá ordenar a retención por el plazo de constitucional. 3. El Ministerio Público ordene la detención de una persona por tratarse de caso urgente, conforme lo dispone el artículo 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 16 constitucional. Esta hipótesis, constituye una restricción a la libertad personal de carácter extraordinaria, pues se aparta de la regla de detención de control judicial previo; esto es, para que un representante social ordene una detención por causa urgente es necesario medien condiciones no ordinarias, como que por la hora o el lugar sea imposible acudir ante una autoridad a solicitar una orden de aprehensión o que de hacerlo existan datos que evidencien de manera objetiva que el imputado podría evadir la acción de la justicia. Con base en lo anterior, resulta inconcuso que en el caso no es posible adjudicar a la autoridad responsable indicada, señalada en la demanda, la facultad de emitir las órdenes privativas o restrictivas de la libertad que se combaten (órdenes de aprehensión y presentación); ya que esa potestad se encuentra reservada a la autoridad judicial, tal como lo prevén de manera expresa los artículos 16, constitucional, 141 y 168, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales; habida cuenta que en términos del diverso 21 de la constitución federal, al agente del ministerio público (incluyendo al fiscal aquí señalado como responsable) le corresponde la persecución e investigación de los delitos, lo que implica que esa autoridad responsable sólo podría actuar en ese marco legal a través de los representantes sociales a su cargo y para ese exclusivo fin. De ahí, es evidente la improcedencia en la especie respecto de dichos actos. A mayor abundamiento debe explicarse lo siguiente. Como se expuso, no puede ordenarse la detención del quejoso por dicha autoridad administrativa señalada como responsable a través de los actos aquí reclamados; salvo que se trate de causa urgente; sin embargo, para que esto último sea posible, se deben cumplir con los requisitos previstos en el artículo 16 constitucional y 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, que existan datos que establezcan la existencia de un hecho señalado como delito grave y que exista la probabilidad de que el ahora impetrante lo cometió o participó en su comisión; exista riesgo fundado de que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia, y que por razón de la hora, lugar o cualquier otra circunstancia, el representante social no pueda ocurrir ante la autoridad judicial, o que de hacerlo, el aquí quejoso pueda evadirse. Lo anterior diluye cualquier posibilidad de que la autoridad responsable señalada en la demanda, hubiera ordenado la detención por caso urgente de la parte quejosa; aunado a que no se reclama así como acto. Ello evidencia de manera indudable que, si acaso, existiera el desarrollo de una investigación en contra del quejoso, ello no implicaría necesariamente que el representante social respectivo ordenara aprehenderlo o presentarlo. De donde se sigue que resulta inconcusa la actualización del motivo de improcedencia de esta vía de amparo respecto de los actos reclamados ya precisados. Por tanto, de conformidad con la fracción XXIII del numeral 61 de la Ley de Amparo con los artículos 16, 20 y 21 constitucionales, estos últimos aplicados en sentido contrario; es improcedente la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, porque los actos reclamados del Fiscal General del Estado de Puebla, actualizaron la causal en mención, de manera manifiesta e indudable, en términos de las consideraciones expuestas. -Improcedencia respecto de la orden de citación atribuida al Fiscal General del Estado de Puebla-. Debe señalarse que respecto del acto consistente en la orden de citación (a averiguación previa o carpeta de investigación), reclamada del Fiscal General del Estado, la presente vía constitucional de amparo resulta igualmente improcedente. En efecto, respecto de dicho acto reclamado, se configura la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción IV, del artículo 107, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley; [.]". Por su parte, la fracción I, del artículo 5° de la ley de la materia establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;[.]". Se afirma lo anterior, porque acorde con la naturaleza de dicha orden de citación, no puede considerarse como un acto que restrinja la libertad personal del quejoso, pues ése no es su objeto, sino (en dado caso) lograr la comparecencia para la realización de una diligencia ministerial dentro de la integración de una indagatoria, y al tratarse de un acto que no es restrictivo de libertad, no viola derechos fundamentales del promovente. Además, debe destacarse que -en caso de ser existente-, constituye una actuación de la representante social tendente a la integración de la carpeta de investigación; contra lo cual es improcedente el juicio de amparo. Se invoca al respecto la tesis XXVII.3o.47 P, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, de rubro siguiente: "CARPETA DE INVESTIGACIÓN. SU INICIO NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL IMPUTADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE." Bajo ese contexto, la orden citación reclamada, no transgrede derecho humano alguno, que permita la procedencia del amparo indirecto en su contra, sobre todo porque de su contenido no se advierte la manifestación del quejoso de que lo hayan apercibido o amenazado la autoridad que señala como responsable, de hacerlo acreedor a una sanción ante su inasistencia; más bien, se advierte correspondería (en su caso) a una citación o citatorio emitido dentro de un expediente de investigación en la etapa inicial, sin apercibimiento de por medio; de ahí que, en dicha etapa incluso no es posible concluir si se va a constituir un acto privativo de la libertad, o no. En ese orden de ideas, la orden de citación reclamada, no afecta la libertad del quejoso, pues dicha representación legal está actuando en el ámbito de sus atribuciones constitucionales; habida cuenta que la autoridad del ministerio público, debe atender al ejercicio de su facultad de investigación estatuida en el numeral 21 constitucional, y está en posibilidad de emitir citaciones a cualquier persona, de conformidad con lo previsto en los artículos 90, 91 y 92, en relación con el diverso 127, todos del Código Nacional de Procedimientos Penales, con las salvedades que los mismos preceptos establecen, siendo éstos del tenor siguiente: "Artículo 90. Citación. Toda persona está obligada a presentarse ante el Órgano jurisdiccional o ante el Ministerio Público, cuando sea citada. Quedan exceptuados de esa obligación el Presidente de la República y los servidores públicos a que se refieren los párrafos primero y quinto del artículo 111 de la Constitución, el Consejero Jurídico del Ejecutivo, los magistrados y jueces y las personas imposibilitadas físicamente ya sea por su edad, por enfermedad grave o alguna otra que dificulte su comparecencia. Cuando haya que examinar a los servidores públicos o a las personas señaladas en el párrafo anterior, el Órgano jurisdiccional dispondrá que dicho testimonio sea desahogado en el juicio por sistemas de reproducción a distancia de imágenes y sonidos o cualquier otro medio que permita su trasmisión, en sesión privada. La citación a quien desempeñe un empleo, cargo o comisión en el servicio público, distintos a los señalados en este artículo, se hará por conducto del superior jerárquico respectivo, a menos que para garantizar el éxito de la comparecencia se requiera que la citación se realice en forma distinta. En el caso de cualquier persona que se haya desempeñado como servidor público y no sea posible su localización, el Órgano jurisdiccional solicitará a la institución donde haya prestado sus servicios la información del domicilio, número telefónico, y en su caso, los datos necesarios para su localización, a efecto de que comparezca a la audiencia respectiva." "Artículo 91. Forma de realizar las citaciones. Cuando sea necesaria la presencia de una persona para la realización de un acto procesal, la autoridad que conoce del asunto deberá ordenar su citación mediante oficio, correo certificado o telegrama con aviso de entrega en el domicilio proporcionado, cuando menos con cuarenta y ocho horas de anticipación a la celebración del acto. También podrá citarse por teléfono al testigo o perito que haya manifestado expresamente su voluntad para que se le cite por este medio, siempre que haya proporcionado su número, sin perjuicio de que si no es posible realizar tal citación, se pueda realizar por alguno de los otros medios señalados en este Capítulo. En caso de que las partes ofrezcan como prueba a un testigo o perito, deberán presentarlo el día y hora señalados, salvo que soliciten al Órgano jurisdiccional que por su conducto sea citado en virtud de que se encuentran imposibilitados para su comparecencia debido a la naturaleza de las circunstancias. En caso de que las partes, estando obligadas a presentar a sus testigos o peritos, no cumplan con dicha comparecencia, se les tendrá por desistidos de la prueba, a menos que justifiquen la imposibilidad que se tuvo para presentarlos, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la fecha fijada para la comparecencia de sus testigos o peritos. La citación deberá contener: I. La autoridad y el domicilio ante la que deberá presentarse; II. El día y hora en que debe comparecer; III. El objeto de la misma; IV. El procedimiento del que se deriva; V. La firma de la autoridad que la ordena, y VI. El apercibimiento de la imposición de un medio de apremio en caso de incumplimiento." "Artículo 92. Citación al imputado Siempre que sea requerida la presencia del imputado para realizar un acto procesal por el Órgano jurisdiccional, según corresponda, lo citará junto con su Defensor a comparecer. La citación deberá contener, además de los requisitos señalados en el artículo anterior, el domicilio, el número telefónico y en su caso, los datos necesarios para comunicarse con la autoridad que ordene la citación. "Artículo 127. Competencia del Ministerio Público Compete al Ministerio Público conducir la investigación, coordinar a las Policías y a los servicios periciales durante la investigación, resolver sobre el ejercicio de la acción penal en la forma establecida por la ley y, en su caso, ordenar las diligencias pertinentes y útiles para demostrar, o no, la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión (.)". O bien, en caso de tratarse de una citación en el sistema tradicional, al respecto, el artículo 73 del Código Federal de Procedimientos Penales abrogado establece: "Artículo 73.- Con excepción de los altos funcionarios de la Federación, toda persona está obligada a presentarse ante los tribunales y ante el Ministerio Público cuando sea citada, a menos que no pueda hacerlo porque padezca alguna enfermedad que se lo impida, o tenga alguna otra imposibilidad física para presentarse." Así, debe destacarse en este punto que una vez terminada la diligencia -a la que en su caso se le haya citado-, la persona citada podrá reincorporarse a sus actividades cotidianas, ya que ésta no es sino una actuación más para integrar el material probatorio del cual el representante social se debe allegar para poder judicializar la carpeta de investigación, y que de no lograrse, no constituye un impedimento para que, en su caso, el fiscal correspondiente ejerza la acción penal de estimar actualizados los presupuestos para tal efecto. En ese sentido, la citación para el desahogo de una diligencia en una integración de carpeta de investigación, por sí misma -se considera- no afecta a la libertad personal de la parte citada, pues, se insiste, se trata de un acto que tiene como finalidad, simplemente, comunicarle la necesidad de su presencia para el desarrollo de una diligencia ministerial que constituye en sí un acto de investigación (contra lo cual, como ya se dijo, es improcedente esta vía de amparo). Apoya lo anterior la jurisprudencia PC.VI.P. J/3 P (11a.), emitida por el Pleno en Materia Penal del Sexto Circuito, visible a página 3937, Tomo IV, Libro 21, Enero de 2023, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro digital 2025762, de rubro "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA CITACIÓN GIRADA POR EL MINISTERIO PÚBLICO PARA QUE EL INVESTIGADO ACUDA ANTE SU POTESTAD CON EL FIN DE QUE SE LE HAGAN SABER LOS HECHOS DENUNCIADOS Y, EN SU CASO, SE TOME SU ENTREVISTA COMO IMPUTADO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 107, FRACCIÓN IV, EN SENTIDO CONTRARIO, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO". Así como la diversa sostenida por el Pleno en Materia Penal del Sexto Circuito, dentro de la contradicción de tesis 1/2018, en la que esencialmente se sostuvo que el juicio de amparo indirecto no era procedente contra una citación emitida por el agente del ministerio público en una averiguación previa seguida en el sistema penal mixto o tradicional, cuando en dicho citatorio no se contenía apercibimiento en el supuesto de que el gobernado no asistiera a la cita, cuyo rubro es: "ORDEN DE CITACIÓN EMITIDA POR EL MINISTERIO PÚBLICO EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA SEGUIDA EN EL SISTEMA PENAL MIXTO O TRADICIONAL. EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO NO CONTIENE APERCIBIMIENTO EN CASO DE INASISTENCIA. " Entonces, se reitera, que contra los actos y diligencias llevados a cabo por el ministerio público tendentes a la integración de una carpeta de investigación por regla general, el amparo es improcedente, en el caso, porque como se vio, no se está afectando la libertad deambulatoria de peticionario del amparo ni se le está apercibiendo con alguna sanción o multa; caso contrario que se afectaran derechos sustantivos de los gobernados, entendiéndose como tales los inherentes al ser humano, verbigracia, la vida, la libertad, las posesiones, la defensa adecuada y la exclusión de prueba ilícita; lo que en la especie no ocurre. En ese sentido, si a la parte quejosa se le citó únicamente con la finalidad de que declare en relación a hechos que se le investigan; se estima que la posible citación en cuestión no afecta derechos sustantivos, pues se traduce en una mera comunicación que la responsable realizó en cumplimiento de las obligaciones y las facultades que constitucional y legalmente tiene encomendadas, con base en la facultad que le otorga el artículo 21 constitucional. Lo anterior, sin que sea óbice que el ministerio público puede imponerle alguna medida de apremio en caso de no comparecer, o a realizar las gestiones que considere necesarias para la integración de la indagatoria respectiva, pero ello es un acto de realización futura e incierta, por la cual en todo caso, de actualizarse alguna medida, tendrá expedito su derecho de acción para promover el juicio de amparo contra la misma. De tal forma que el acto reclamado que refiere la parte quejosa, de ninguna manera puede constituir una violación a sus derechos sustantivos. Entonces, es dable concluir que tal acto, como lo es la orden de citación reclamada del Fiscal General del Estado de Puebla, no trasciende de manera irreparable a la esfera jurídica del gobernado, pues no le irroga un perjuicio, ya que éste, en todo caso, se podría materializar hasta que la autoridad judicial determine, en un momento dado, si resulta procedente o no la continuación de las etapas del proceso penal -esto es, una vez que la carpeta de investigación que pudiera estarse integrando, a la que podría habérsele citado al quejoso, sea sometida a control judicial-; estimar lo contrario sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones que constitucionalmente se le confieren a la autoridad ministerial señalada como responsable, anteponiendo el interés particular al interés de la sociedad. Apoya a lo anterior, la tesis XXVII.3o.47 P (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 1959, tomo III, noviembre de 2017, materia común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro: "CARPETA DE INVESTIGACIÓN. SU INICIO NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL IMPUTADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE." Y, la tesis XXVII.3o.48 P (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 1947, Tomo III, Noviembre de 2017, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro: "CARPETA DE INVESTIGACIÓN. POR REGLA GENERAL, SU INTEGRACIÓN NO CAUSA UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL INDICIADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE, HECHA EXCEPCIÓN CUANDO SE VEA COMPROMETIDO ALGÚN DERECHO HUMANO DEL QUEJOSO. Por lo tanto, de manera notoria, manifiesta e indudable, en ese caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, respecto de la orden de citación (a averiguación previa o carpeta de investigación), reclamada del Fiscal General del Estado de Puebla. -Improcedencia del acto consistente en la ejecución o cumplimiento de todas las antes mencionadas órdenes privativas de la libertad (órdenes de aprehensión y presentación), así como la diversa orden de citación, atribuido al Fiscal General del Estado de Puebla Respecto del acto combatido consistente en la ejecución o cumplimiento de todas las antes mencionadas órdenes privativas de la libertad (órdenes de aprehensión y presentación), así como la diversa orden de citación, atribuido al Fiscal General del Estado de Puebla, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5º, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, así como con los diversos 20 y 21, estos últimos de la constitución federal. Esto es así, pues basta decir que como un hecho notorio derivado de otros asuntos similares al presente, se desprende que los agentes del ministerio público, fiscales o titulares de las unidades de investigación, sólo comunican (en su caso) los mandamientos judiciales de molestia, como lo es (verbigracia) una orden de aprehensión o presentación, librada por una autoridad jurisdiccional. De ahí que en tales asuntos dichas autoridades niegan la existencia de la ejecución de las órdenes de captura. Luego, en el presente caso, no se estaría en aptitud jurídica y fáctica de materializar o concretar la captura y detención de la parte quejosa por parte del Fiscal General del Estado de Puebla, porque la emisión de las órdenes de aprehensión y presentación, es de carácter exclusivo de la autoridad judicial, mientras que su ejecución sólo corresponde a las diversas autoridades policiacas o aprehensoras o de seguridad pública, que cuentan con otras funciones y facultades para ello (tales como los comandantes o policías). Se afirma lo anterior, porque el Fiscal General del Estado de Puebla no es propiamente autoridad ejecutora de órdenes de aprehensión y presentación, pues la naturaleza jurídica de su función es la de investigación y prosecución de los delitos, como se puede desprender de la literalidad del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, en su caso, los agentes del ministerio público adscritos a órganos jurisdiccionales o encargados de los mandamientos judiciales se limitan a recibirlos y comunicárselos a las autoridades aprehensoras, policiacas, de seguridad pública, militares o de seguridad pública, para su ejecución o materialización -de la orden de captura-. Así, en el supuesto de llegarse a ejecutar contra un gobernado una orden de aprehensión o presentación, como la reclamada, los agentes policiales tendrán la obligación de efectuar la respectiva puesta a disposición del detenido ante el Agente del Ministerio Público que corresponda, quien a su vez lo hará ante la autoridad judicial respectiva, para solicitarle la celebración de la audiencia inicial para la formulación de imputación; pero no serán los agentes del ministerio público, fiscales o titulares de las unidades de investigación los que den cumplimiento material a esa orden. Todo ello, tal como se desprende del artículo 145, párrafos primero, segundo y tercero, del Código Nacional de Procedimientos Penales que prevé: "Artículo 145. Ejecución y cancelación de la orden de comparecencia y aprehensión La orden de aprehensión se entregará física o electrónicamente al Ministerio Público, quien la ejecutará por conducto de la Policía. Los agentes policiales que ejecuten una orden judicial de aprehensión pondrán al detenido inmediatamente a disposición del Juez de control que hubiere expedido la orden, en área distinta a la destinada para el cumplimiento de la prisión preventiva o de sanciones privativas de libertad, informando a éste acerca de la fecha, hora y lugar en que ésta se efectuó, debiendo a su vez, entregar al imputado una copia de la misma. Los agentes policiales deberán informar de inmediato al Ministerio Público sobre la ejecución de la orden de aprehensión para efectos de que éste solicite la celebración de la audiencia inicial a partir de la formulación de imputación. Los agentes policiales que ejecuten una orden judicial de comparecencia pondrán al imputado inmediatamente a disposición del juez de control que hubiere expedido la orden, en la sala donde ha de formularse la imputación, en la fecha y hora señalada para tales efectos. La policía deberá informar al ministerio público acerca de la fecha, hora y lugar en que se cumplió la orden, debiendo a su vez, entregar al imputado una copia de la misma (.). Cobra aplicación al caso, por los argumentos que expone, la tesis aislada 1a. CCXCVI/2016 (10a.), libro 37, diciembre de 2016, tomo I, página 371 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "ORDEN DE APREHENSIÓN. AL EJECUTARLA, LA AUTORIDAD ESTÁ OBLIGADA A PRESENTAR, SIN DILACIÓN, A LA PERSONA APREHENDIDA ANTE EL JUEZ QUE LA ORDENA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 16, PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008 De ahí que se actualicen en la especie, la causal de improcedencia en estudio. En consecuencia, dada la actualización de los motivos de improcedencia expuestos con antelación, es inconcuso que debe desecharse la demanda de cuenta, por los actos y autoridad siguientes: Las órdenes de aprehensión, presentación y citación, así como su cumplimiento, todo atribuido al Fiscal General del Estado de Puebla. Por tanto, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, debido al análisis de las causales de improcedencia invocadas. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial judicial encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realice las anotaciones correspondientes. Domicilio procesal, autorizados (amplios y restringidos) de la parte quejosa y acceso al expediente electrónico. Se tiene como domicilio físico de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de demanda -ubicado en la ciudad de Puebla-. Por otra parte, se tiene como autorizada en términos amplios a +++++, porque se encontró registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales. Sin embargo, a +++++++++, se le tiene autorizado únicamente para imponerse de actuaciones, así como para oír y recibir notificaciones, porque no se encontró registro de su cédula profesional en el aludido sistema; así como también queda autorizado para los mismos efectos la persona restante que señala el impetrante, porque así lo solicitó en su demanda de cuenta. Además, se autoriza sólo el acceso y consulta del expediente electrónico al usuario ++++++por lo cual se instruye se habilite en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En el entendido que la anterior autorización no incluye su notificación electrónica porque no la solicitó así expresamente. Luego, se toma nota del correo electrónico proporcionado únicamente como medio de contacto para comunicaciones no procesales, pues la ley de la materia no prevé dicho medio de comunicación para oír y recibir notificaciones. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Notifíquese; de manera personal a la parte quejosa

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