Roberto Flores Honorato
Expediente 795/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 795/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 22/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca · Morelos
Partes del expediente
- Roberto Flores Honorato
- José Isabel Neri Bahena
- Ministerio Público de la Federación Adscrito A Este Juzgado Federal
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintidós de agosto de dos mil veintidós. Estado procesal del sumario Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término a que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiese recurrido la sentencia definitiva dictada el veintisiete de julio de dos mil veintidós, en la que, en su único punto resolutivo, se sobreseyó en el juicio de amparo. Firmeza del fallo definitivo En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por el dispositivo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la misma, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar. Notificación a las partes y anotaciones respectivas Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes y efectúense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal. Se decreta archivo del presente juicio En virtud de lo antes expuesto y en atención a que no se encuentra escrito o promoción pendiente por acordar, se ordena archivar el presente expediente, como asunto totalmente concluido. Valoración documental Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21, párrafo primero, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte); por tanto, dicho cuaderno es susceptible de destrucción. Transferencia del expediente principal En virtud de lo anterior, de conformidad con el numeral 18, párrafos tercero y cuarto, del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años, contado a partir de que se ordenó el archivo del presente expediente como asunto concluido, y terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia del presente expediente principal a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Asunto carece de relevancia documental, jurídica e histórica Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. De la información reservada, documentos originales y de la exhibición de garantías Además, el presente asunto no contiene información reservada ni documentos originales, además no se exhibió billete de depósito, póliza o fianza alguna, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Notifíquese.
- Principal
V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 795/2022; R E S U L T A N D O: I Presentación de la demanda: El ocho de junio de dos mil veintidós. II Admisión de la demanda. El catorce de junio de dos mil veintidós, se admitió a trámite. III Emplazamiento del Agente del Ministerio Público de la Federación: El quince de junio de dos mil veintidós. IV Preceptos constitucionales que la parte quejosa considera vulnerados. Los artículos 1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. C O N S I D E R A N D O: I Competencia Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 Constitucionales, 1, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 1 fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los Acuerdos Generales 3/2013 y 26/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, vigente; en virtud de que el acto reclamado se atribuye a una autoridad que reside dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. II Precisión del acto reclamado. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, al estudiar íntegramente las actuaciones, se advierte que el acto reclamado al Presidente Ejecutor del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, se hace consistir en: a La omisión de emitir medida u mandato jurisdiccional para el cumplimiento del laudo en el juicio laboral *** III Existencia del acto reclamado El Presidente Ejecutor del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, al rendir su informe justificado, negaron el acto que se les atribuye; además, remiten copias certificadas de diversas actuaciones del expediente de referencia, que acredita dicha aceptación y corroboran su inexistencia Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ahora bien, es preciso citar que los quejosos reclaman del Presidente Ejecutor del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, la omisión de realizar las gestiones correspondientes a efecto de que el Ayuntamiento cumpla lo condenado en el laudo dictado dentro del juicio laboral ****; sin embargo, lo señalan de forma genérica, pues no especifican acto u omisión en concreto. En ese sentido, de las constancias que obran en el presente juicio de amparo, se advierte lo siguiente: 1 El quince de noviembre de dos mil diecinueve, la autoridad responsable dictó el auto por el que se decretó el requerimiento de pago, por la cantidad de ****(****pesos 03/100) a favor de los aquí quejosos y otros trabajadores 2 Atento a lo anterior, el tres de septiembre de dos mil veinte, se llevaron a cabo las diligencias de reinstalación de los ahora quejosos y el requerimiento de pago a la parte demandada Ayuntamiento de Coatlán del Río, Morelos. 3 Ante la negativa de realizar el pago por la parte demandada en el juicio de origen, se emitió el auto de tres de diciembre de dos mil veinte, mediante el cual se hizo efectiva una multa al presidente municipal de Coatlán del Río, Morelos, por la cantidad de quince unidades de medida de actualización, en virtud de no dar cumplimiento al auto de tres de septiembre de dos mil veinte En las apuntadas circunstancias, se colige que el Presidente Ejecutor del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, ha dictado acuerdos dentro del juicio laboral de origen, respecto al cumplimiento a la ejecución del laudo, por lo que es evidente que la autoridad responsable ha actuado para lograr la ejecución en el procedimiento burocrático, independientemente de que a la fecha aún no se haya podido ejecutar Ahora bien, en el caso en particular se advierte que el quejoso no reclama en el presente juicio de amparo un acto u omisión en concreto a la autoridad responsable, sino que de manera genérica reclama la omisión de realizar las gestiones correspondientes a efecto de que el Ayuntamiento Constitucional de Coatlán del Río, Morelos, cumpla lo condenado en el laudo dictado dentro del juicio laboral *****, lo que torna improcedente el juicio de amparo Ello es así, pues debe recordarse que el artículo 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado que regula la ejecución de los laudos, y de aplicación supletoria a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos de conformidad con su artículo 11, dispone lo siguiente: "Artículo 151 Cuando se pida la ejecución de un laudo, el tribunal despachará auto de ejecución y comisionará a un actuario para que, asociado de la parte que obtuvo, se constituya en el domicilio de la demandada y la requiera para que cumpla la resolución, apercibiéndola que, de no hacerlo, se procederá conforme a lo dispuesto en el capítulo anterior" En ese contexto, debe decirse que el artículo 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado dispone que cuando se pida la ejecución de un laudo, el Tribunal despachará auto de ejecución y comisionará a un actuario para que asociado de la parte que obtuvo, se constituya en el domicilio de la demandada y la requiera para que cumpla la resolución, de lo que se colige que el impulso de la ejecución no corresponde al presidente ejecutor sino a la parte actora, pues como se advierte es necesaria su intervención en la ejecución que lleve al cumplimiento del laudo Es aplicable por analogía de razón, la tesis de la Décima Época, de registro 2002144, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 3, página 1860, del siguiente rubro y texto: "EJECUCIÓN DE LAUDO EN EL JUICIO LABORAL BUROCRÁTICO DEL ESTADO DE MORELOS. PARA LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO ES INDISPENSABLE LA SOLICITUD EXPRESA Y LA POSTERIOR INTERVENCIÓN DE QUIEN OBTUVO RESOLUCIÓN FAVORABLE. Conforme al artículo 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, de aplicación supletoria a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, la primera actuación en el procedimiento de ejecución por parte del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje se inicia a petición expresa del actor, para enseguida dictar acuerdo ordenando la ejecución del laudo a través de la presencia de un actuario en compañía de la parte actora en el domicilio de la demandada, a fin de requerirle el cumplimiento de la resolución bajo el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, se le impondrán las medidas de apremio previstas en la ley, específicamente las descritas en el artículo 124 de la citada ley del servicio civil, es decir, para llevar a cabo el procedimiento de ejecución de un laudo es indispensable la solicitud expresa y la posterior intervención de quien obtuvo resolución a su favor, adquiriendo por esa razón el carácter de ejecutante. Sostener lo contrario, implicaría desconocer la razón de ser de la figura jurídica de la prescripción prevista en el artículo 106, fracción III, de la referida ley, que establece que prescriben en dos años las acciones para ejecutar las resoluciones del tribunal. De ahí que el impulso para la ejecución de un laudo burocrático no corresponde al presidente ejecutor, pues es necesaria la intervención del actor" También sustenta lo anterior la Jurisprudencia de número de registro: 2010031, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo II, Materia Laboral, página: 845, del siguiente rubro y texto: "PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL LAUDO BUROCRÁTICO CORRESPONDE AL EJECUTANTE SU INICIO Y PROSECUCIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 151 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. El citado numeral de la Ley Federal Burocrática, dispone que cuando se pida la ejecución de un laudo, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje despachará auto de ejecución y comisionará a un actuario para que, asociado de la parte que obtuvo, requiera a la demandada el cumplimiento de la resolución, apercibida que de no hacerlo se le impondrá una multa hasta por mil pesos, en términos del artículo 148 del referido ordenamiento laboral; de ahí que no sólo corresponda a la ejecutante la solicitud de inicio del procedimiento de ejecución forzosa del laudo, sino que también, se encuentra obligada a intervenir en la prosecución de ese procedimiento hasta su conclusión, al resultar necesaria su asociación con el Actuario comisionado por el Tribunal burocrático, cuantas veces sean necesarias, a efecto de requerir el cumplimiento del laudo. Además de que estimar lo contrario, implicaría desconocer la figura de la prescripción contenida en el numeral 114, fracción III, de la referida ley, que establece que prescriben en dos años las acciones para ejecutar las resoluciones del tribunal, y si bien es cierto que en términos del artículo 150 de la ley burocrática, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje tiene la obligación de proveer a la inmediata y eficaz ejecución de sus laudos, también es verdad que esa obligación es correlativa con la parte interesada en el sentido de que ésta tiene a su vez la obligación de manifestar su voluntad de continuar con la acción de ejecución ejercida, lo cual debe realizar dentro del término de dos años, ya que de no hacerlo, su falta de interés daría lugar, en su caso, a que opere la prescripción de la acción para ejecutar el laudo, pues razonar en sentido contrario implicaría que dicha ejecución se tornara indefinida, lo que contravendría el principio de certeza jurídica que prevé el artículo 14 constitucional" En razón de lo antes expuesto, no podría constreñirse al Tribunal burocrático para que, de manera genérica, mediante la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, ordene proveer lo conducente, de oficio y dentro de los términos legales, a la ejecución del convenio, de conformidad con lo previsto por el artículo 151 de la Ley Burocrática Federal, de aplicación supletoria a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, como lo dispone su artículo 11, pues, como ya se dijo, ese impulso precisamente corresponde al ejecutante y no al presidente ejecutor, dada la necesaria intervención del actor Por lo tanto, se está en presencia de un acto jurídicamente inexistente al momento de la presentación de la demanda y de realización incierta, razón por la cual, no puede tenerse por actualizada la omisión genérica de ejecutar el laudo que se atribuye al Tribunal responsable. Además de que estimar lo contrario, implicaría desconocer la figura de la prescripción contenida en el numeral 114, fracción III, de la referida ley, que establece que prescriben en dos años las acciones para ejecutar las resoluciones del tribunal, y si bien es cierto que en términos del artículo 150 de la ley burocrática, de aplicación supletoria a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje tiene la obligación de proveer a la inmediata y eficaz ejecución de sus laudos, también es verdad que esa obligación es correlativa con la parte interesada en el sentido de que ésta tiene a su vez la obligación de manifestar su voluntad de continuar con la acción de ejecución ejercida, lo cual debe realizar dentro del término de dos años, ya que de no hacerlo, su falta de interés daría lugar, en su caso, a que opere la prescripción de la acción para ejecutar el cumplimiento del convenio, pues razonar en sentido contrario implicaría que dicha ejecución se tornara indefinida, lo que contravendría el principio de certeza jurídica que prevé el artículo 14 Constitucional. En ese contexto, se concluye que como en el caso se reclama de forma genérica, la omisión de realizar las gestiones correspondientes a efecto de que el Ayuntamiento Constitucional de Coatlán del Río, Morelos, cumpla lo condenado en el laudo dictado dentro del juicio laboral ****, por parte de la autoridad responsable, el presente juicio es improcedente, en términos la fracción IV, del numeral 63, de la Ley de Amparo, porque estamos en presencia de un acto jurídicamente inexistente al momento de la presentación de la demanda de garantías y de realización incierta, porque la ejecución forzosa depende básicamente de la previa petición e impulso del ejecutante, razón por la cual no puede tenerse por actualizada la omisión genérica que se atribuye al Presidente Ejecutor del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Es aplicable la tesis de la Décima Época, de número de registró 2010025, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo II, Materia(s): Común, página: 844, del siguiente rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO DEBE SOBRESEERSE CUANDO SE RECLAMA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE LA OMISIÓN GENÉRICA DE PROVEER LO CONDUCENTE PARA LA EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. Conforme al artículo 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, corresponde a la parte que obtuvo resolución favorable la solicitud de inicio del procedimiento de ejecución forzosa del laudo, así como su necesaria intervención en la prosecución de ese procedimiento a fin de lograr el cumplimiento de dicha resolución. De ahí que de señalarse como acto reclamado en amparo indirecto, la omisión genérica del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de proveer lo conducente para la ejecución del laudo, el juicio de amparo debe sobreseerse en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor, habida cuenta que el acto reclamado se tornaría jurídicamente inexistente al momento de presentarse la demandada y además de realización futura e incierta, en razón de que no podría constreñirse al Tribunal burocrático para que de manera genérica, mediante la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, ordene proveer lo conducente, de oficio y dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución de un laudo, pues ese impulso precisamente corresponde al ejecutante, por lo que no podría considerarse que los actos así reclamados tuvieran el carácter de inminentes, puesto que los mismos deben estimarse de realización futura e incierta, cuya existencia se encuentra sujeta a la voluntad del ejecutante" También, da sustento a lo anterior por analogía la jurisprudencia de la Décima Época, de número de registro 2000011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, página: 2771, del siguiente rubro y texto: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse" En ese contexto, ante la inexistencia de los actos reclamados, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76 y 77, de la Ley de Amparo; se resuelve: Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ****, ******, ****, ***, ***y ***, por las razones expuestas en el considerando tercero de la presente resolución. Notifíquese
- Principal
Cuernavaca, Morelos, doce de julio de dos mil veintidós. Estado procesal de autos. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para hoy, en virtud de que mediante proveído de once de julio de dos mil veintidós, se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por la autoridad responsable; por lo que, a la fecha, no ha transcurrido el término a que se refiere el párrafo segundo del artículo 117 de la Ley de Amparo. Diferimiento de audiencia constitucional. En consecuencia, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día y, en su lugar, se fijan las doce horas con veinte minutos del veintisiete de julio de dos mil veintidós. A lo anterior, sirve de apoyo la contradicción de tesis número 29/98.PL, entre la sustentada por la anterior Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolverse la diversa contradicción de tesis 19/89, denunciada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito y el criterio que sostiene la actual Segunda Sala de este Alto Tribunal, al resolver el amparo en revisión 2639/97, que al rubro dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, DEBE EN PRINCIPIO DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDAN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO" Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, once de julio de dos mil veintidós. Informe justificado. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos y Secretaria General del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Vista a las partes. Por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés convenga. Domicilio y delegados. Además, con apoyo en el ordinal 9 de la ley de la materia, se tienen como delegados de las autoridades responsables a los profesionistas que designan y, conforme a lo que establece el numeral 26, fracción II, de la legislación en consulta, se tiene por señalado como domicilio procesal el que indican, siempre y cuando corresponda al de su residencia oficial. Pruebas. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en los preceptos 119 y 123 de la legislación de la materia, se tienen por anunciadas las pruebas documentales que ofrece, mismas que se desahogan dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación al momento de celebrar la audiencia constitucional respectiva. Clasificación de la información remitida. En lo relativo al presente rubro, las autoridades responsables manifiestan que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 108, 113, 114 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, no advierte que dentro de las constancias relativas al juicio laboral de origen remitidas exista información que pueda ser clasificada como reservada, por el contrario, estima que contiene información confidencial, ya que se tratan de datos personales concernientes a una persona identificada e identificable; sin embargo, no acompaña acta de clasificación alguna en relación a las documentales ofertadas o, en su defecto, su versión pública. En ese sentido, dado que no se cuenta con acta de clasificación expedida por autoridad competente, se hace efectivo el apercibimiento previsto en auto admisorio y se ordena glosar las constancias ofertadas de manera normal al presente sumario, al estimarse de acceso público. Medios electrónicos. Ahora bien, se autoriza a las responsables el uso de medios electrónicos exclusivamente para imponerse de los acuerdos dictados en el presente juicio, en la inteligencia que el facsímil que se obtenga no tendrá validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009; lo anterior, a fin de no transgredir disposiciones relativas a la transparencia y acceso a la información pública, respecto de los expedientes que se tramitan en este juzgado. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Para concluir, acorde con lo estatuido por el numeral 64 de la legislación de la materia, esta sede constitucional toma conocimiento de las causales de sobreseimiento e improcedencia que hacen valer las responsables, respecto de las cuales se hará relación dentro del fallo definitivo que recaiga al presente asunto. Notifíquese.
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