Roberto Fernando Solís Hernández
Expediente 1159/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1159/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 05/10/2018
Partes del expediente
- Roberto Fernando Solís Hernández
Actuaciones
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL SIGUIENTE PROVEIDO DE CINCO DE OCTUBRE DEL ACTUAL: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, cinco de octubre de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, de los cuales se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja que establece el numeral 97, fracción I, inciso a), de la propia ley, en contra del auto de veinte de septiembre de dos mil dieciocho, por el cual se desechó de plano la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2, se declara que ha causado estado dicho auto; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, y con base en lo establecido por el numeral 214 de la ley en la materia, se ordena el archivo de este asunto como totalmente concluido, en virtud de no existe actuación pendiente por realizar. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. 3. De conformidad con los puntos Segundo, fracción XVIII, Capítulo I y Décimo Primero, párrafo último, Capítulo Tercero, de dicho acuerdo, requiérase a la parte quejosa, a fin de que acuda al local de este Juzgado de Distrito dentro de un plazo de noventa días, a recoger la documental que exhibió en este juicio, apercibida que en caso de no hacerlo, podrá ser destruida junto con las constancias judiciales. Notifíquese personalmente a la parte quejosa
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL SSIGUIENTE PROVEIDO: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinte de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la demanda promovida por ********************, contra actos de la siguiente autoridad: 1. Sindicato del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Chiapas (SPAUNACH), residente en esta ciudad. ACTO RECLAMADO "IV. ACTO RECLAMADO: 1.- Lo hago consistir en la omisión para dar respuesta a mi escrito de petición, presentado ante la Secretaria General del Sindicado del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Chiapas (SPAUNACH), el días 20 de Agosto de 2018, para otorgarme respuesta en forma congruente y conforme derecho". ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 1159/2018-IV. DESECHAMIENTO Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo, este juzgador advierte que la misma es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo vigente, que establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato". "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De los numerales transcritos se observa, que dentro de las veinticuatro horas siguientes a partir de que fue recibida la demanda de amparo por el Órgano de Control Constitucional, dictará el auto de desechamiento, en su caso, cuando concurran los siguientes requisitos: a) Que exista un motivo de improcedencia y b) Que sea manifiesto y también indudable. Lo manifiesto, se materializa cuando se advierte en forma patente, absolutamente y clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios, de ampliación a la misma cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable, es la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en la hipótesis de estudio. Analizada que es la demanda de amparo de referencia, se aprecia que el promovente del amparo reclama en esta vía constitucional la omisión de dar respuesta a su escrito presentado el veinte de agosto de dos mil dieciocho. Ahora bien, en este caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en las fracciones Xll y XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 1, 5, fracciones l y ll, del mismo ordenamiento. Se estima así, dado que la quejosa, solicita el amparo y protección de la justicia federal en contra de la omisión por parte de las autoridades responsables en dar respuesta a las peticiones realizadas el veinticuatro de abril del año en curso. Ahora bien, atendiendo a lo dispuesto por el diverso artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que impone a los funcionarios y empleados públicos a que respeten el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; petición a la que deberá recaer un acuerdo por escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en BREVE TÉRMINO al solicitante. De lo anterior, se puede advertir que si bien el gobernado tiene la plena facultad de ejercer el derecho de petición de manera pacífica y respetuosa ante cualquier autoridad y/o funcionario público, lo cierto también es que esos empleados o funcionarios públicos tienen la obligación de dar contestación por escrito en breve término a quien elevó su petición. Bajo ese tenor, es preciso establecer a qué se refiere al dispositivo antes invocado cuando se refiere al breve término, pues éste debe entenderse como aquel en que racionalmente la autoridad pueda estudiar y acordar la petición respectiva, ya que deben tomarse en cuenta los trámites a que están sujetos los funcionarios para dar cuenta con las promociones que se les turnan. En efecto, de la demanda que nos ocupa, según el dicho de la parte quejosa, que le causa agravio que las autoridades designadas como responsables hayan hecho caso omiso a su petición planteada, violándose con ello lo establecido en el artículo 8° constitucional; empero, dicha actuación de ninguna manera puede concluirse que por el momento le ocasione un perjuicio en su esfera de derecho, pues a decir de la propia parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, señala que la petición se realizó el veinticuatro de abril del año en curso. Por lo que, se considera que a la fecha no ha transcurrido un "breve término", para que la autoridad dé contestación a tal petición, ya que, desde la presentación de ésta, a la de la presentación de la demanda de amparo únicamente transcurrieron doce días hábiles; es decir, no existe un término transcurrido razonable y suficiente; entre otras palabras, no se advierte que materialmente se le cause una afectación real y actual a su esfera jurídica, de ahí que la substanciación de este juicio de amparo deviene improcedente al actualizarse la causal de improcedencia ya señalada. Tiene aplicación a lo anterior, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, visible en la página 633 del tomo XIX, septiembre de 1996, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "DERECHO DE PETICIÓN. SI NO HA TRANSCURRIDO EL TERMINO QUE LA AUTORIDAD TIENE PARA EL ACUERDO DE PROMOCIONES, NINGUNA VIOLACIÓN EXISTE AL. Cuando en la demanda de amparo se reclama la violación al derecho de petición por la falta de provisión de la solicitud relativa y se advierte que el promovente no dejó transcurrir ni siquiera el lapso necesario para que materialmente la autoridad pueda dar contestación a su escrito y hacerle conocer el acuerdo recaído, es indudable que no existe ningún acto de autoridad que pueda ser objeto del juicio de garantías. Por tanto, la demanda de amparo presentada en estos términos debe desecharse con fundamento en el artículo 145 de la Ley de Amparo." De igual forma, resulta aplicable al particular, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, sexta época, volumen Xll, tercera parte, página 60, registro electrónico 268600, que dice: "PETICIÓN, DERECHO DE.- Si pasan más de cuatro meses desde que una persona presenta un ocurso y ningún acuerdo recae al mismo, se viola la garantía que consagra el artículo 8° constitucional." Así mismo, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, sexta época, volumen XXXVI, tercera parte, página 59, registro electrónico 267898, de rubro y texto siguiente: "PETICIÓN.- El artículo 8° constitucional se ciñe a prevenir que las autoridades han de resolver las peticiones de los particulares y poner en conocimiento del interesado el acuerdo recaído, todo esto dentro de "breve término", pero sin que el precepto de la Carta Magna determine el sentido preciso de tal expresión. Por su parte, la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios y Empleados de la Federación, ordena que se impongan, como sanciones, la destitución del cargo, una multa de cien a dos mil pesos y de uno a nueve años de prisión (artículo19, fracción VIII), al funcionario o al empleado que incurran en la conducta de "volver nugatorio el derecho de petición, no comunicando por escrito, al peticionario, el resultado de su gestión, dentro de los treinta días, siguientes a la presentación de la solicitud (artículo 18, fracción XXXVI)". Así como la diversa tesis emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, octava época, tomo Xlll, febrero de 1994, página 390, registro electrónico 213551, que dice: "PETICIÓN. DERECHO DE. CONCEPTO DE BREVE TÉRMINO. La expresión "breve término", a que se refiere el artículo 8° constitucional, que ordena que a cada petición debe recaer el acuerdo correspondiente, es aquel en que individualizado al caso concreto, sea el necesario para que la autoridad estudie y acuerde la petición respectiva sin que, desde luego, en ningún caso exceda de cuatro meses." En consecuencia, al advertirse en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en las fracciones Xll y XXIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 1, 5, fracciones l y ll, del mismo ordenamiento, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la ley de la materia. Lo anterior es así, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, contenido en la página 1631, tomo XX, septiembre de 2004, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". Asimismo, es aplicable el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Segundo Circuito, publicado en la página 618, tomo V, mayo de 1997, del Semanario Judicial de la Federación, Novena época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO POR CAUSA NOTORIA Y MANIFIESTA DE IMPROCEDENCIA. ÉSTA DEBE ESTAR PLENAMENTE PROBADA. Para desechar una demanda de amparo por causa notoria y manifiesta de improcedencia se requiere que la causal sea indudable, esto es, que esté plenamente demostrada, pues en caso contrario, es indispensable admitir la demanda a trámite, para que en el curso del procedimiento se dilucide si efectivamente se actualiza o no la causal, pues no debe olvidarse que las causales de improcedencia deben estar debidamente acreditadas por ser denegatorias de justicia, y si al acordar sobre la admisión de la demanda tal causal no está fehacientemente probada, y pese a ello se desecha aquélla, se estaría privando al afectado de su derecho a instar el juicio constitucional sin posibilidad de prueba al respecto". Cabe destacar que con la determinación adoptada no se deja en estado de indefensión a la parte quejosa, ya que una vez que transcurra un término prudente, que este juzgador estima de treinta días, quedan a salvo sus derechos para promover de nueva cuenta el juicio de amparo, ya que lo resuelto no constituye cosa juzgada, por el contrario, la violación al derecho de petición sí se actualizaría cuando transcurran términos mayores sin que se obtenga una respuesta. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que al efecto indica en esta ciudad y autorizando en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que designa, por así haberlo solicitado expresamente el quejoso. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República; además, de que el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo impone el cuidar de que los juicios de amparo no queden paralizados, para el caso de que en este juicio de amparo deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Con fundamento en los artículos 1, 6, 8, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a los criterios de clasificación y conservación de la información reservada o confidencial para garantizar el respeto a la privacidad; hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en la sentencia respectiva, en el entendido que de no realizar manifestación alguna serán omitidos y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el Juez José Antonio Lozano Batarse, titular del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistido del secretario que autoriza, Sergio Alejandro Sánchez de la O, quien certifica que la promoción que generó este acuerdo y el proveído mismo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe. JALB´SASO´DHGC/_____
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