ROBERTO FERMIN DE LA CRUZ MOLINA y Otros.
Expediente 597/2020 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 597/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 18/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- ROBERTO FERMIN DE LA CRUZ MOLINA y Otros.
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y tomando en consideración que mediante las Circulares SECNO/29/2020, de cuatro de diciembre de dos mil veinte, SECNO/1/2021 de ocho de enero, SECNO/4/2021 de dieciséis de enero, SECNO/6/2021 de veintitrés de enero y SECNO/9/2021 de seis de febrero, todas de dos mil veintiuno emitidas por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se informó que la Comisión Especial adoptó medidas del 5 de diciembre de 2020 al 15 de febrero de 2021 en los órganos jurisdiccionales en el Primer Circuito, por lo que ordenó regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV2, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que durante dicho periodo se suspendieron los plazos y términos, asimismo, se determinó que una vez transcurrido el plazo previsto, se reanudaran los plazos y términos procesales, conforme a las condiciones previstas en los artículos 2 y 32 del Acuerdo General 21/2020. Asimismo, mediante la Circular SECNO/10/2021, de trece de febrero de dos mil veintiuno, se informó que la Comisión Especial adoptó medidas el 16 y 17 febrero de 2021 en relación con la Ciudad de México, será aplicable el esquema de contingencia previsto por el artículo 1, fracciones I, II, III y IV del Acuerdo General 13/2021, periodo durante el cual se suspenden plazos y términos. En esas circunstancias dado que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedó pausado el presente juicio y no su reinicio, tal como lo contempla la fracción I del artículo 2 del Acuerdo General 21/2020. Ahora, vista la certificación de cuenta, ya que de la misma se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de queja previsto en la fracción I, inciso a) del artículo 97 del mismo cuerpo de leyes, sin que hasta estos momentos se haya hecho valer dicho medio de impugnación en contra del proveído que desechó la demanda de amparo, tal como se advierte de la cuenta secretarial; en consecuencia, se declara firme dicho proveído, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Se declara que este expediente susceptible de destrucción, toda vez que se encuentra contemplado en la hipótesis prevista en el artículo vigésimo primero, inciso d), del citado Acuerdo, por lo que una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la notificación de este proveído se procederá a la destrucción en los términos presentados en el citado Acuerdo General, sin necesidad de mandato previo, pues no constituye un asunto de relevancia documental, y procédase a realizar la anotación en la carátula como se ordena en el acuerdo antes referido. Se ordena el archivo del presente expediente y se declara que es susceptible de ser destruido. Notifíquese.
- Principal
...fórmese expediente impreso y electrónico y regístrese en el libro de gobierno con el número 597/2020. Del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado se hace consistir esencialmente, en el decreto a través del cual el Juez Octavo en Materia Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México señaló las doce horas del uno de julio de dos mil veintiuno para la celebración de la audiencia dentro del juicio sucesorio de origen, expediente 1162/2019...Como se advierte, que el acto reclamado se hace consistir en el decreto a través del cual el Juez Octavo en Materia Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México señaló las doce horas del uno de julio de dos mil veintiuno para la celebración de la audiencia dentro del juicio sucesorio de origen, expediente 1162/2019. Por otra parte, los artículos 684 y 685 del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, disponen: "Artículo 684. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dicta, o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio, sea por la interposición del recurso de revocación o por la regularización del procedimiento que se decrete de oficio o a petición de parte, previa vista a la contraria por tres días, para subsanar toda omisión que exista en el procedimiento o para el solo efecto de apegarse al procedimiento." "Artículo 685. En los juicios en que la sentencia definitiva sea apelable, la revocación es procedente únicamente contra determinaciones de trámite, en los términos del artículo 79, fracción I de éste Código. En aquellos casos en que la sentencia no sea apelable, la revocación será procedente contra todo tipo de resoluciones con excepción de la definitiva. En todo caso, debe interponerse por escrito dentro de los tres días siguientes a la notificación, pudiéndose resolver de plano por el juez, o dar vista a la contraria por un término igual y la resolución deberá pronunciarse dentro del quinto día. En contra de esta resolución no se admitirá ningún recurso." En las relatadas condiciones, los promoventes debieron recurrir la resolución que constituye el acto reclamado, de conformidad con los artículos citados, a través del recurso de revocación, por tratarse de una determinación de trámite dictada en un juicio sucesorio; y como consecuencia de ello, antes de promover el juicio de amparo, debieron agotar dicho medio de defensa a que se hace alusión y al no haberlo hecho así, es lógico que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece categóricamente que para que proceda el juicio de amparo, es necesario, previo a su promoción, agotar los recursos o medios ordinarios de defensa que la ley que rige el acto, establece para el efecto de que puedan ser modificados, revocados o nulificados. En tal virtud se actualiza la causal de improcedencia aludida, dado que contra el acto reclamado consistente, en el decreto a través del cual el Juez Octavo en Materia Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México señaló las doce horas del uno de julio de dos mil veintiuno para la celebración de la audiencia dentro del juicio sucesorio de origen, expediente 1162/2019, procedía el recurso de revocación, por lo que no puede reclamarse directamente en este juicio constitucional, más aún, porque en forma genérica el numeral en cita establece la procedencia del medio de impugnación en comento; de ahí que no se está en la hipótesis de una resolución irrecurrible a través de los recursos ordinarios de impugnación; por tanto, se insiste que a través del recurso ordinario antes señalado era posible modificar o revocar el acto reclamado. Luego, si de la lectura del código procesal local, se advierte que la resolución reclamada puede ser revocable, en tal virtud los promoventes se encontraban obligados a respetar el principio de definitividad que rige al juicio constitucional, y al no hacerlo así, violaron el principio aludido, que supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario del recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo; de tal suerte que, al existir dicho medio ordinario de impugnación, y al no haber sido interpuesto por los impetrantes de garantías, el amparo es improcedente. El principio mencionado se fundamenta en la naturaleza del amparo, que es un medio extraordinario de control constitucional para invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera cuando ya se hayan recorrido todas las instancias previstas en la Ley de la materia, en virtud de los recursos ordinarios que procedan. De ahí, que si se admitiera la demanda de que se trata, tal circunstancia violaría el principio de economía procesal, ya que de darse curso a dicha demanda, se tramitaría un juicio a todas luces improcedentes, distrayendo al órgano jurisdiccional del conocimiento, con mengua de la atención que debe otorgarse a los demás juicios, cuya improcedencia no está controvertida desde su inicio; razones por las que en ese supuesto la demanda de amparo debe desecharse al surtirse la hipótesis que contempla el artículo 145 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, se desecha por notoriamente improcedente la demanda aludida, con fundamento en el artículo 61 fracción XVIII, en relación con el artículo 113, ambos de la Ley de Amparo. Ahora, respecto del correo electrónico que señala para oír y recibir notificaciones, dígase al promovente que no ha lugar, ya que la Ley de Amparo no contempla dicho medio para tal efecto, por lo cual, hasta que proporcione un domicilio dentro de la jurisdicción de este juzgado las notificaciones se realizarán por medio de lista, incluso las de carácter personal. Notifíquese, y por lista a los quejosos.
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