Roberto Estrada Mendizabal
Expediente 132/2021 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 28 actuaciones registradas, la última del 20 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 132/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 28
- Última actuación
- 20/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Roberto Estrada Mendizabal
- José Flores Cuamatzi
- José Flores Cuamatzi y Otros.
- Andrés Méndez Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 28.
- Juicio de Amparo Directo
Toda vez que de la certificación secretarial se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes se hubieren inconformado con la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el expediente, se declara que la misma ha causado estado. Archívese este asunto y hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno. Finalmente, tomando en consideración que este asunto no es de relevancia documental, se hace la declaratoria de que es susceptible de depuración.
- Juicio de Amparo Directo
se recibe Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable, a través de los oficios MA. 466/2022, 4 MA. 626/2022, 5 MA. 699/2022, 6 MA. 814/2022, 7 MA. 835/2022, 8 MA. 933/2022, 9 y MA. 989/202210 y MA. 989/2022 (sic),11 informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, y por auto de dos de diciembre del año próximo pasado, se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera, sin que lo hubiesen hecho, como consta en la certificación que antecede; en esas circunstancias, este tribunal hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia, protectora se encuentra cumplida o no. En sesión remota ordinaria de veintiocho de abril de dos mil veintidós, 12 este Tribunal dictó ejecutoria en el presente asunto, en la que concedió la protección constitucional solicitada por la quejosa, para los siguientes efectos: "1. Deje insubsistente lo actuado a partir del auto de diecisiete de septiembre de dos mil veinte, únicamente en lo relativo al otorgamiento del plazo para la formulación de alegatos y los acuerdos posteriores, incluyendo, desde luego, el laudo reclamado. 2. Ordene la reposición del procedimiento, para el efecto de pronunciarse sobre los medios de perfeccionamiento relacionados con las pruebas documentales ofrecidas por el actor que fueron ilegalmente inadmitidos, como se destacó en las consideraciones respectivas plasmadas en esta ejecutoria. 3. En su oportunidad, seguida la secuela procesal correspondiente, con libertad de jurisdicción, resuelva lo que en derecho corresponda. En la inteligencia que deberá hacerlo respecto de todas y cada una de las acciones hechas valer, tanto en el escrito inicial de demanda como en su ampliación, en relación con todas las demandadas, con puntual precisión de lo que se reclama o no a cada una de ellas. Lo anterior, con sustento en el ejercicio valorativo del haz probatorio, en el que tome en consideración las observaciones destacadas en esta sentencia y prescinda de considerar apreciaciones relacionadas con las cuestiones que no se aprecian del caudal probatorio, específicamente destacadas a lo largo estudio practicado en este fallo." Resulta importante precisar, que mediante auto de veintidós de noviembre de dos mil veintidós,13 este tribunal colegiado determinó tener por no cumplida la ejecutoria de mérito, por lo siguiente: "Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por la propia autoridad para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que: I. Por auto de veinticuatro de mayo del año en curso14, dejó insubsistente el laudo reclamado, así como lo actuado a partir del auto de diecisiete de septiembre de dos mil veinte, únicamente en lo relativo al otorgamiento del plazo para la formulación de alegatos y los acuerdos posteriores (efecto 1). II. En el auto citado en el punto que precede, admitió los medios de perfeccionamiento de las documentales ofrecidas por el actor; al respecto realizó lo siguiente: a) Con relación a la documental consistente en el acuerdo de diecisiete de agosto de dos mil cuatro, dictado en el juicio laboral 21/2004 de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje con sede en Ciudad de México, se cotejó y compulsó el quince de agosto de la presente anualidad15 (efecto 2). b) Respecto a la documental consistente en dos promociones relativas al juicio laboral 235/2003, tramitado ante la Junta mencionada en el punto anterior, en diligencia de quince de agosto del año que transcurre, el fedatario encargado de la misma asentó que no encontró dichos documentos. c) Por lo que hace a la prueba consistente en los instrumentos notariales 88,916 y 41,044, respecto del primero se cotejó y compulsó el ocho de agosto del año que transcurre16; con relación al segundo, por auto de dieciséis de agosto del presente año, se tuvo por desierto el medio de perfeccionamiento ofrecido y por no perfeccionado dicho medio de convicción17. d) Con relación a la documental consistente en el oficio número DJL-PBZ585/2007 de tres de octubre de dos mil siete, que dirige la subgerente de control procesal Pamela Bello Zárate a los encargados de las Juntas Especiales de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en diligencia de ocho de agosto del año en curso18, se hizo constar que en los expedientes que tuvo a la vista el fedatario público, no obra el documento referido, por lo que no fue posible el desahogo de la diligencia de cotejo y compulsa. e) Respecto a las pruebas consistentes en los gafetes números 529 y 30337, expedidos a favor del actor por Ferrocarriles Nacionales de México, por auto de uno de julio del año en curso, se tuvieron por perfeccionadas en razón de que la demandada no las exhibió, pese al requerimiento que al efecto se realizó19. III. El diecinueve de octubre del año que transcurre, la junta responsable dictó nuevo laudo20, en el cual, en uso de su libertad de jurisdicción, determinó absolver a la demandada de reinstalar al actor, así como de pagar todas las prestaciones reclamadas tanto en el escrito inicial, como en la ampliación del mismo, en razón de que "lo accesorio sigue la suerte de lo principal". De lo anterior se pone de manifiesto que la autoridad responsable dio cumplimiento a los efectos 1 y 2 de la sentencia de amparo. Sin embargo, se estima que el cumplimiento de la junta respecto del efecto 3 es defectuoso, por lo siguiente: En el efecto 3 se le otorgó libertad de jurisdicción para resolver el asunto conforme procediera en derecho. No obstante, para poder emitir un laudo en acatamiento al fallo protector, debía observar también diversos aspectos de forma, relacionados con la congruencia externa pues debía atender a la totalidad de las prestaciones reclamadas, y también valorar las pruebas acorde a su ofrecimiento a la verificación de los documentos que obraban en autos. Así, en los efectos del amparo se precisó que esa "libertad de jurisdicción" debía ejercerse sobre todas las acciones hechas valer en el escrito inicial de demanda y su ampliación, con precisión de lo que se reclamaba a cada una de las demandadas. También, la junta estaba obligada a efectuar un ejercicio valorativo completo, tomando en consideración las razones apuntadas a lo largo del cuerpo del fallo constitucional. Estas cuestiones fueron plasmadas en el considerando octavo de la sentencia, bajo las siguientes consideraciones: " Indebida valoración de pruebas Con todo, en la parte que sí asiste razón al justiciable es en lo atinente a un indebido ejercicio de valoración de pruebas, argumento que se suple en su deficiencia en lo que resulta necesario. Desde esa posición, este tribunal colegiado advierte que la justipreciación de otras de los medios de convicción ofrecidos por el actor no guarda correspondencia con lo que se aprecia de ellas. En efecto, la responsable fue plasmado sus apreciaciones valorativas, de las que destacan las que a continuación se citan a la letra: I. "(.) 7.- DOCUMENTAL, consistente en Contrato Individual de Trabajo; prueba que carece de valor probatorio por tratarse de copias simples (.)". Empero, del escrito de ofrecimiento de la indicada prueba se aprecia que se hizo en los siguientes términos: "7.- LA DOCUMENTAL CONSISTENTE EN CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO DE FECHA 1° DE SEPTEIMBRE DEL 2004, en original con firmas autógrafas (.)". El afirmado extremo es susceptible de corroborarse a partir de la observación de la documental en cuestión que refleja las referidas firmas autógrafas, de ahí que resulte ilegal la desestimación de su valor por afirmar que se trataba de una copia simple. II. "(.) 11.- DOCUMENTAL, consistente en Informe de conformidad con el artículo 803 de la Ley Federal del Trabajo; prueba que tiene valor probatorio en virtud de tratarse de documentos públicos, acorde a lo que dispone el artículo 795 de la Ley Federal del Trabajo; (.) 13.- DOCUMENTAL, consistente en Inspección o reconocimiento judicial de documentos, que se practique en el local de esta Junta Especial; prueba que tiene valor probatorio en virtud de no haberlas exhibido la parte demandada, (foja 708) de los autos (.)". El análisis en relación con estos dos pronunciamientos amerita de sendas precisiones, en el caso de la prueba consistente en el informe referido, si bien la responsable determinó concederle valor probatorio, lo cierto es que nada dijo respecto de su alcance demostrativo, es decir, la razón por la que no benefició a los intereses del actor, lo que era indispensable, atento a lo que dispone el artículo 841 de la Ley Federal del Trabajo aplicable al caso, numeral que impone la obligación a la autoridad laboral de dictar los laudos a verdad sabida y buena fe guardada, con estimación de las pruebas con expresión de los motivos y fundamentos legales en que apoyen su decisión, lo que en el caso es patente no aconteció. Y luego, en relación con la prueba de inspección del contenido del auto de admisión, emitido el veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, se desprende lo siguiente: "(.) se señalan las (.) para que el actuario de esta H. Junta, proceda al desahogo de la INSPECCIÓN ofrecida por la parte actora, en el numeral 13 de su escrito de ofrecimiento de pruebas, en la forma y términos que fue admitida. Quedando apercibido el demandado FER*LES NA*LES DE MÉXICO que de no exhibir la documentación base de la inspección se tendrán por presuntivamente ciertos los hechos o cuestiones que con la misma pretende acreditar el oferente de la prueba, esto de conformidad con lo dispuesto por el artículo 828 de la Ley Federal del Trabajo (.)". En ese contexto, no existe congruencia legal entre la forma en que se admitió la prueba con la estimación que de ella realizó la responsable, pues, en el laudo reclamado, según puede apreciarse de lo transcrito en párrafos precedentes, determinó "prueba que tiene valor probatorio en virtud de no haberlas exhibido la parte demandada", cuando, en todo caso, debió llevar a cabo un análisis puntual de su desahogo para establecer si era dable o no hacer efectivo el apercibimiento formulado y, en su caso, precisar en uno u otro sentido el alcance de la eficacia demostrativa relacionado con la postura de valoración asumida. III. "(.) 14.- DOCUMENTAL, consistente en comprobación de gastos; prueba que carece de valor probatorio por tratarse de copias simples; 15.- DOCUMENTAL, consistente en oficio de fecha: 30 de enero de 2008; prueba que carece de valor probatorio por tratarse de copias simples (...)". En este caso, como en los anteriores descritos, se observa la errada apreciación de la junta responsable, pues el actor fue preciso al destacar que las documentales consistentes en comprobación de gastos como se describen en la transcripción que antecede, cuentan con sellos auténticos de recepción, lo que puede corroborarse a partir del examen de las indicadas documentales, por lo que tampoco en esta ocasión resulta legal la ponderación practicada por la responsable. IV. (.) 16.- TESTIMONIAL SINGULAR, a cargo del C. LIC. MPM, (fojas 860 a 861) de los autos; prueba que carece de valor probatorio, dado que la parte actora no refiere en su escrito de demanda ni ampliación de la misma, que el hoy testigo haya estado presente al momento de ocurrir el despido y mucho menos que él le haya ratificado el despido; de donde se sigue que [se] trata de un testigo aleccionado (.)". Este pronunciamiento también se aprecia errado, pues, contrario a lo que destacó la autoridad responsable, en la audiencia de derecho que tuvo verificativo el siete de agosto de dos mil trece, se aprecia que el propio actor, en uso de la voz, formuló aclaración de su escrito inicial de demanda, en los siguientes términos: "(.) Manifiesto que el despido del cual fui objeto el día y hora señalado por la Lic. ISS, al retirarse ella del lugar donde ocurrió el mismo esperé unos minutos para que se me explicara del o de las c[a]usas de dicho despido, como lo refiere el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, siendo que minutos siguientes y en el mismo lugar en donde ocurrió el injustificado despido, se aproxima a mí el Lic. MMP quien me manifestó lo siguiente: '.R por instrucciones precisas de la Lic. ISS y en mi calidad de apoderado y representante legal de Fer*les Nac*es de México en liquidación te ratificó el despido del cual eres objeto.', este hecho aconteció en presencia de varias personas y como se refiere en la fecha y hora en que se señala el despido en el hecho IV que se precisa, asimismo en este acto me permito ampliar y aclarar mi demanda inicial esto en términos de un escrito constante de 13 fojas útiles tamaño carta y de fecha 3 de julio de 2012 el cual es elaborado y firmado por el de la voz, escrito del cual me permito correr copia de traslado al apoderado de mis contra[r]ias .". Con lo anterior, queda de manifiesto que la referencia al testigo tuvo lugar en la parte relativa a la aclaración del punto de hechos IV, lo cual fue ilegalmente inadvertido por la junta responsable. V. "(.) 17.- TESTIMONIAL, a cargo de los CC. LPL Y YARH, (fojas 895 a 896) de los autos; prueba que carece de valor probatorio, dado que la parte actora no refiere en su escrito de demanda ni ampliación de la misma, que los hoy testigos hayan estado presente al momento de ocurrir el despido y tampoco resulta creíble que ambos testigos exactamente a la hora del despido hayan ido a dejar sus Currículum; de donde se sigue que trata de testigos aleccionados (.)". En relación con esta testimonial, resulta indispensable señalar que, por lo menos el primer motivo de desestimación no deviene legal, pues, la responsable no funda su determinación relativa a la existencia legal, si acaso la hubiese, de un requisito que exigiera la mención en el escrito inicial de demanda en cuanto al nombre de los testigos que presenciaron los hechos sobre los que deponen. En todo caso, el contenido del artículo 813 de la Ley Federal del Trabajo aplicable, no revela esa exigencia legal, como se aprecia de su lectura: "Artículo 813. (se transcribe)". Por tales motivos, este tribunal advierte una evidente infracción a las reglas previstas en el invocado artículo 841 de la Ley Federal del Trabajo, que irroga perjuicio al quejoso, lo que conduce a calificar de fundados los conceptos de violación formulados, suplidos en lo necesario en su deficiencia. Cobra aplicación al caso la tesis XVIII.1o.8 L del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito Nación, que se comparte, cuyo rubro y texto son: "LAUDOS. FACTORES DE DECISIÓN QUE DEBEN OBSERVARSE EN SU DICTADO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 841 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO). (se transcribe)." Laudo incongruente En diverso aspecto, como acertadamente lo destacó el impetrante, otro aspecto relevante que se aprecia en la resolución reclamada es la omisión de emitir pronunciamiento respecto de todas las prestaciones reclamadas, las que se obtienen tanto del escrito inicial de demanda, como de su ampliación. Lo anterior, teniendo en consideración que no se trata sólo de la acción principal que se traduce en la reinstalación demandada, sino de otras prestaciones, como puede apreciarse de la lectura de los escritos de referencia, a saber: Prestaciones contenidas en el escrito inicial de demanda: "I.- El cumplimiento obligatorio y forzoso del contrato individual de trabajo por obra determinada de fecha 1° de Septiembre de 2004, que tengo celebrado con la demandada Ferrocarriles Nacionales de México y/o Ferrocarriles Nacionales de México en liquidación, y como consecuencia de ello la reinstalación y el pago de salarios caídos y aquellos devengados en la misma forma, términos y condiciones en las que venía desempeñando (.). II.- El pago de las horas extras que los demandados omitieron cubrirme desde enero del 2007 y hasta un día anterior a la fecha en que ocurrió el despido injustificado del cual fui objeto. III.- El exacto y fiel cumplimiento del contrato colectivo de trabajo correspondiente al bienio 1998-2000 que Ferrocarriles Nacionales de México y/o Fer*iles Na*les de México en liquidación tienen celebrado con el Sindicato de Trabajadores Fer*eros de la República Mexicana, y como consecuencia de ello el pago de las prestaciones consistentes en ayuda de renta y de canasta básicas mensuales, las cuales se reclaman desde la fecha de ingreso hasta aquella fecha en que se llegue a cumplimentar el laudo en el presente juicio. IV.- La entrega de las constancias de aportaciones que los demandados deben de realizar ante el INFONAVIT, IMSS y SAR, y que omitieron entregar con motivo del despido injustificado de que fui objeto. V.- El reconocimiento por parte de Fer*les Na*es de México y/o Ferrocarriles Nacionales de México en Liquidación de mi antigüedad la cual corresponde a partir del 1 de enero de 1997. VI.- El pago de diferencias salariales que los demandados adeudan al actor desde el 1° de mayo del 2008 hasta aquella fecha del despido injustificado del cual fui objeto, ya que el artículo 86 de la Ley Federal del Trabajo señala que: 'a trabajo igual, desempeñado en puesto, jornada y condiciones de eficacia también iguales, debe corresponder un salario igual'. VII.- El pago de prima de antigüedad. VIII.- El pago de las indemnizaciones a que se refiere el artículo 439 de la Ley Federal del Trabajo. IX.- El pago de aguinaldo a razón de 40 días, que resulte durante la tramitación del presente juicio y el pago correspondiente a 2008 que la demandada se abstuvo de pagarme. X.- El pago de todas y cada una de las prestaciones a las que tengo derecho, y que las demandadas se abstuvieron de pagarme, durante todo el tiempo que perduró la relación de trabajo, y aquellas que se sigan generando durante la tramitación del presente juicio. XI.- El pago de viáticos que las demandadas se abstuvieron de cubrirme del 14 [de] enero al 30 de abril del 2008, la cual corresponde a $*0 diariis correspondientes de lunes a viernes de cada semana, de acuerdo al manual de viáticos nacionales para servidores públicos en desempeño de funciones oficiales, que acostumbra llevar la demanda[da]. XII.- La nulidad de cualquier documento, que contenga renuncia de derechos en contra del actor". Lo subrayado es propio. Escrito de ampliación de demanda "(.) III.- Se aclara que el tiempo extraordinario que laboré para la demandada y que nunca me cubrió era el correspondiente de 3 horas y media diarias de los días lunes a viernes. Y que es el comprendido, aproximadamente desde enero del 2007, y hasta un día anterior a la fecha del despido injustificado del cual fui objeto. Precisándose que cuando representaba al Organismo Público Descentralizado Fe*les Nac*les de México y/o Ferr*les Na*es de México en liquidación (y/o como en el futuro se le denomine) y que también presentaba (sic) mis servicios personales, subordinados y directos para NACIONAL FINANCIERA SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO y/o NACIONAL FINANCIERA SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO DENOMINADO FERROCARRILES-JUB (.). En cuanto al inciso III, se aclara y se reclama también el pago de 40 días de aguinaldo, 54 días incentivo, ayuda de útiles y las prestaciones reclamadas en el escrito de demanda en ese inciso III, que se reclaman solo con un año de antelación a la fecha de la presentación de la demanda y que se encuentran contenidas en el Contrato Colectivo de Trabajo del bienio 1998- 2000, que continúa rigiendo la vida laboral en FE*ES NAC*ES DE MÉXICO (.). En cuanto a la prestación IV, se reclama el pago de la inscripción retroactiva de aportaciones y la expedición de las constancias a favor del actor con el salario real, y por todo el tiempo que duró la relación de trabajo y desde la fecha de ingreso, ello por parte de la FERROCARRILERA ante el IMSS, el SAR e INFONAVIT, ya que es obligación de esta realizar sus aportaciones a mi favor (.). En cuanto al inciso XIII, se demanda la NULIDAD DE CUALQUIER DOCUMENTO que implique renuncia de derechos a favor del trabajador, ya que desde la fecha de ingreso y en diversas ocasiones la demanda[da] ferrocarrilera me hizo firmar diversos documentos en blanco y renuncias (.)". A pesar de lo anterior, la lectura del laudo controvertido, revela que la responsable, en esencia, solamente se ocupó de emitir pronunciamiento respecto de la terminación laboral aducida por la demandada Ferrocarriles Nacionales de México y el despido injustificado alegado por el actor, sin agregar nada más en relación con las restantes prestaciones pese a la obligación de exhaustividad y congruencia que impone el artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo aplicable, en detrimento del justiciable. Como sustento de lo considerado, se invoca la jurisprudencia VI.2o. J/324 del entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que se comparte, del tenor siguiente: "LAUDO INCONGRUENTE. (se transcribe)." Como se ve, en la ejecutoria de amparo, además de ordenarse dejar sin efectos el laudo correspondiente, reponer el procedimiento hasta la fase indicada, admitir los medios de perfeccionamiento de las documentales que indicó el trabajador quejoso, la junta también estaba obligada a: a) Valorar las pruebas ofrecidas por la parte quejosa (documentales, inspección y testimoniales), bajo los lineamientos indicados en la sentencia concesoria, y b) Dictar un laudo congruente con todas las prestaciones reclamadas en el escrito inicial de demanda y su ampliación, y respecto de todas las demandadas debiendo hacer puntual precisión de lo que se reclama a cada una de ellas. Y no obstante ello, en cuanto a la forma de valoración de las pruebas, la junta reiteró el pronunciamiento que ya había sido materia del presente amparo, pues lo hizo bajo los siguientes términos: Misma situación aconteció en cuanto a la obligación de emitir un laudo congruente con todas las prestaciones reclamadas y con todos los demandados señalados, bajo la precisión exacta de cuáles prestaciones le fueron demandadas a cada uno, pues de la lectura del laudo de diecinueve de octubre de dos mil veintidós, se aprecia que la junta responsable únicamente se limitó a sostener: "Una vez analizadas y valoradas las pruebas que ofrecieron, a verdad sabida y buena fe guardada, el demandado acreditó sus excepciones, así como sus defensas y por consiguiente, se ABSUELVE a FERR*ES NA*LES DE MÉXICO y/o FE*LES NAC*ES DE MÉXICO EN LIQUIDACIÓN, de reinstalar al actor ROEM AL, así como al pago de todas y cada una de las prestaciones que demandara en su escrito inicial de demanda, así como en su ampliación de la misma, esto a que lo accesorio sigue la suerte de lo principal; ya que como se determinó en líneas anteriores se acreditó que no sufrió despido injustificado alguno y que no se acredita que el demandado le adeudara prestación alguna." Además, no se aprecia que hubiere emitido pronunciamiento alguno respecto a los diversos codemandados Nacional Financiera, S. N. C. Institución de Banca en Desarrollo, en su calidad de fiduciaria del Fideicomiso Ferronales Jub. y Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), ni que fuera precisa en referir qué prestaciones le fueron reclamadas a cada una de ellas. De lo anterior se concluye que, atento a lo resuelto por la autoridad responsable, no ha quedado debidamente cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de garantías, por lo que la junta responsable deberá: 1. Dejar sin efectos el laudo de diecinueve de octubre de dos mil veintidós. 2. Dictar uno nuevo en el que al valorar las pruebas documentales, inspección y testimoniales ofrecidas por el actor, lo haga atendiendo a las consideraciones del fallo protector, y que se transcribieron en párrafos precedentes. 3. Se pronuncie de manera congruente y precisa respecto de todas las prestaciones, y de todas las demandadas, con puntual precisión de lo que se reclamad a cada una de ellas. 4. Finalmente, con libertad de jurisdicción resuelva lo que en derecho corresponda [.]." De la transcripción anterior, se desprende que quedaron cumplidos los efectos uno y dos de la sentencia de amparo, además se precisaron con puntualidad los lineamientos para que la responsable diera cabal cumplimiento al tercero de ellos. Ahora bien, del examen de las constancias remitidas, por la propia autoridad para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que: 1. Por auto de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós,21 se dejó insubsistente el laudo (dictado en cumplimiento) de diecinueve de octubre de dos mil veintidós. 2. Luego, el treinta de noviembre de dos mil veintidós,22 se emitió uno nuevo en el que la responsable: (i) Valoró las pruebas documentales, de inspección, y testimoniales ofrecidas por el actor, atendiendo las consideraciones plasmadas en la ejecutoria de amparo.23 (ii) Se pronunció24 de manera congruente y precisa respecto de todas las prestaciones y de todas las demandadas, haciendo la precisión del reclamo que se les hizo, a cada una de ellas, puntualizando para ello que: El demandado Fer*les Na*s de México y/o Ferro*es Na*es de México en liquidación, reconoció la relación laboral que existió entre éste y la actora. Respecto del demandado Nacional Financiera, sociedad nacional de crédito, institución de banca de desarrollo en su calidad de fiduciaria del fideicomiso denominado Fe*es Jub, determinó que le asiste el carácter de obligado solidario de Fe*es Nac*es de México y/o Ferr*les Nac*es de México en liquidación, en el supuesto de que resultaran procedentes las reclamaciones hechas por el actor en su escrito inicial de demanda y ampliación de la misma. De la diversa codemandada Irma Sierra Sandoval, en virtud de que el actor se desistió de la acción intentada en su contra, la junta resolvió absolverla de todas las prestaciones que inicialmente se le reclamaron. Por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), advirtió que esta negó lisa y llanamente la demanda, que la parte actora no acreditó que fuera solidario responsable y por ello le absolvió de todas las prestaciones. (iii) Tuvo por acreditado el despido injustificado y, con base en ello, analizó cada una de las prestaciones reclamadas, emitiendo su determinación al respecto.25 3. Finalmente resolvió conforme a derecho en ejercicio de su libertad de jurisdicción otorgada, y condenó a Fer*es Nac*les de México o Ferro*es Na*es de México en liquidación, así como al obligado solidario Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca en Desarrollo en su calidad de fiduciaria del fideicomiso denominado Fer*les-Jub, a reinstalar al actor, en los mismos términos y condiciones que se venía desempeñando, así como al pago de salarios caídos, horas extraordinarias, cuotas obrero-patronales al régimen de seguridad social, aportaciones a AFORE e INFONAVIT;también determinó absolver respecto del pago de diferencias salariales, prima de antigüedad, indemnizaciones, prestaciones que se encuentran en el manual de percepciones de los servidores públicos, viáticos, nulidad de renuncia, 40 días de aguinaldo, 54 días de incentivos, ayuda de útiles, reconocimiento de antigüedad, y 40 días de aguinaldo del año 2008. De lo anterior se concluye que la autoridad responsable dio cumplimiento al fallo protector, como se hace patente de la confrontación entre los efectos para los cuales se concedió la protección constitucional solicitada y las actuaciones practicadas por aquélla en los términos reseñados en párrafos anteriores. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se declara cumplida totalmente sin excesos ni defectos la ejecutoria dictada. Hágase del conocimiento a las partes el presente acuerdo para los efectos señalados en el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo y, en su caso, una vez transcurrido el término de quince días establecido en el numeral 202, párrafo primero de la citada ley, archívese el expediente como asunto concluido.
- Juicio de Amparo Directo
ASUNTO QUE SE LISTA POR SEGUNDA OCASIÓN PARA CONOCIMIENTO DE LA PARTE QUEJOSA DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable, a través de los oficios MA. 466/2022, 4 MA. 626/2022, 5 MA. 699/2022, 6 MA. 814/2022, 7 MA. 835/2022, 8 MA. 933/2022, 9 y MA. 989/202210 y MA. 989/2022 (sic),11 informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, y por auto de dos de diciembre del año próximo pasado, se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera, sin que lo hubiesen hecho, como consta en la certificación que antecede; en esas circunstancias, este tribunal hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia, protectora se encuentra cumplida o no. En sesión remota ordinaria de veintiocho de abril de dos mil veintidós, 12 este Tribunal dictó ejecutoria en el presente asunto, en la que concedió la protección constitucional solicitada por la quejosa, para los siguientes efectos: "1. Deje insubsistente lo actuado a partir del auto de diecisiete de septiembre de dos mil veinte, únicamente en lo relativo al otorgamiento del plazo para la formulación de alegatos y los acuerdos posteriores, incluyendo, desde luego, el laudo reclamado. 2. Ordene la reposición del procedimiento, para el efecto de pronunciarse sobre los medios de perfeccionamiento relacionados con las pruebas documentales ofrecidas por el actor que fueron ilegalmente inadmitidos, como se destacó en las consideraciones respectivas plasmadas en esta ejecutoria. 3. En su oportunidad, seguida la secuela procesal correspondiente, con libertad de jurisdicción, resuelva lo que en derecho corresponda. En la inteligencia que deberá hacerlo respecto de todas y cada una de las acciones hechas valer, tanto en el escrito inicial de demanda como en su ampliación, en relación con todas las demandadas, con puntual precisión de lo que se reclama o no a cada una de ellas. Lo anterior, con sustento en el ejercicio valorativo del haz probatorio, en el que tome en consideración las observaciones destacadas en esta sentencia y prescinda de considerar apreciaciones relacionadas con las cuestiones que no se aprecian del caudal probatorio, específicamente destacadas a lo largo estudio practicado en este fallo." Resulta importante precisar, que mediante auto de veintidós de noviembre de dos mil veintidós,13 este tribunal colegiado determinó tener por no cumplida la ejecutoria de mérito, por lo siguiente: "Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por la propia autoridad para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que: I. Por auto de veinticuatro de mayo del año en curso14, dejó insubsistente el laudo reclamado, así como lo actuado a partir del auto de diecisiete de septiembre de dos mil veinte, únicamente en lo relativo al otorgamiento del plazo para la formulación de alegatos y los acuerdos posteriores (efecto 1). II. En el auto citado en el punto que precede, admitió los medios de perfeccionamiento de las documentales ofrecidas por el actor; al respecto realizó lo siguiente: a) Con relación a la documental consistente en el acuerdo de diecisiete de agosto de dos mil cuatro, dictado en el juicio laboral 21/2004 de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje con sede en Ciudad de México, se cotejó y compulsó el quince de agosto de la presente anualidad15 (efecto 2). b) Respecto a la documental consistente en dos promociones relativas al juicio laboral 235/2003, tramitado ante la Junta mencionada en el punto anterior, en diligencia de quince de agosto del año que transcurre, el fedatario encargado de la misma asentó que no encontró dichos documentos. c) Por lo que hace a la prueba consistente en los instrumentos notariales 88,916 y 41,044, respecto del primero se cotejó y compulsó el ocho de agosto del año que transcurre16; con relación al segundo, por auto de dieciséis de agosto del presente año, se tuvo por desierto el medio de perfeccionamiento ofrecido y por no perfeccionado dicho medio de convicción17. d) Con relación a la documental consistente en el oficio número DJL-PBZ585/2007 de tres de octubre de dos mil siete, que dirige la subgerente de control procesal Pamela Bello Zárate a los encargados de las Juntas Especiales de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en diligencia de ocho de agosto del año en curso18, se hizo constar que en los expedientes que tuvo a la vista el fedatario público, no obra el documento referido, por lo que no fue posible el desahogo de la diligencia de cotejo y compulsa. e) Respecto a las pruebas consistentes en los gafetes números 529 y 30337, expedidos a favor del actor por Ferrocarriles Nacionales de México, por auto de uno de julio del año en curso, se tuvieron por perfeccionadas en razón de que la demandada no las exhibió, pese al requerimiento que al efecto se realizó19. III. El diecinueve de octubre del año que transcurre, la junta responsable dictó nuevo laudo20, en el cual, en uso de su libertad de jurisdicción, determinó absolver a la demandada de reinstalar al actor, así como de pagar todas las prestaciones reclamadas tanto en el escrito inicial, como en la ampliación del mismo, en razón de que "lo accesorio sigue la suerte de lo principal". De lo anterior se pone de manifiesto que la autoridad responsable dio cumplimiento a los efectos 1 y 2 de la sentencia de amparo. Sin embargo, se estima que el cumplimiento de la junta respecto del efecto 3 es defectuoso, por lo siguiente: En el efecto 3 se le otorgó libertad de jurisdicción para resolver el asunto conforme procediera en derecho. No obstante, para poder emitir un laudo en acatamiento al fallo protector, debía observar también diversos aspectos de forma, relacionados con la congruencia externa pues debía atender a la totalidad de las prestaciones reclamadas, y también valorar las pruebas acorde a su ofrecimiento a la verificación de los documentos que obraban en autos. Así, en los efectos del amparo se precisó que esa "libertad de jurisdicción" debía ejercerse sobre todas las acciones hechas valer en el escrito inicial de demanda y su ampliación, con precisión de lo que se reclamaba a cada una de las demandadas. También, la junta estaba obligada a efectuar un ejercicio valorativo completo, tomando en consideración las razones apuntadas a lo largo del cuerpo del fallo constitucional. Estas cuestiones fueron plasmadas en el considerando octavo de la sentencia, bajo las siguientes consideraciones: " Indebida valoración de pruebas Con todo, en la parte que sí asiste razón al justiciable es en lo atinente a un indebido ejercicio de valoración de pruebas, argumento que se suple en su deficiencia en lo que resulta necesario. Desde esa posición, este tribunal colegiado advierte que la justipreciación de otras de los medios de convicción ofrecidos por el actor no guarda correspondencia con lo que se aprecia de ellas. En efecto, la responsable fue plasmado sus apreciaciones valorativas, de las que destacan las que a continuación se citan a la letra: I. "(.) 7.- DOCUMENTAL, consistente en Contrato Individual de Trabajo; prueba que carece de valor probatorio por tratarse de copias simples (.)". Empero, del escrito de ofrecimiento de la indicada prueba se aprecia que se hizo en los siguientes términos: "7.- LA DOCUMENTAL CONSISTENTE EN CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO DE FECHA 1° DE SEPTEIMBRE DEL 2004, en original con firmas autógrafas (.)". El afirmado extremo es susceptible de corroborarse a partir de la observación de la documental en cuestión que refleja las referidas firmas autógrafas, de ahí que resulte ilegal la desestimación de su valor por afirmar que se trataba de una copia simple. II. "(.) 11.- DOCUMENTAL, consistente en Informe de conformidad con el artículo 803 de la Ley Federal del Trabajo; prueba que tiene valor probatorio en virtud de tratarse de documentos públicos, acorde a lo que dispone el artículo 795 de la Ley Federal del Trabajo; (.) 13.- DOCUMENTAL, consistente en Inspección o reconocimiento judicial de documentos, que se practique en el local de esta Junta Especial; prueba que tiene valor probatorio en virtud de no haberlas exhibido la parte demandada, (foja 708) de los autos (.)". El análisis en relación con estos dos pronunciamientos amerita de sendas precisiones, en el caso de la prueba consistente en el informe referido, si bien la responsable determinó concederle valor probatorio, lo cierto es que nada dijo respecto de su alcance demostrativo, es decir, la razón por la que no benefició a los intereses del actor, lo que era indispensable, atento a lo que dispone el artículo 841 de la Ley Federal del Trabajo aplicable al caso, numeral que impone la obligación a la autoridad laboral de dictar los laudos a verdad sabida y buena fe guardada, con estimación de las pruebas con expresión de los motivos y fundamentos legales en que apoyen su decisión, lo que en el caso es patente no aconteció. Y luego, en relación con la prueba de inspección del contenido del auto de admisión, emitido el veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, se desprende lo siguiente: "(.) se señalan las (.) para que el actuario de esta H. Junta, proceda al desahogo de la INSPECCIÓN ofrecida por la parte actora, en el numeral 13 de su escrito de ofrecimiento de pruebas, en la forma y términos que fue admitida. Quedando apercibido el demandado FER*LES NA*LES DE MÉXICO que de no exhibir la documentación base de la inspección se tendrán por presuntivamente ciertos los hechos o cuestiones que con la misma pretende acreditar el oferente de la prueba, esto de conformidad con lo dispuesto por el artículo 828 de la Ley Federal del Trabajo (.)". En ese contexto, no existe congruencia legal entre la forma en que se admitió la prueba con la estimación que de ella realizó la responsable, pues, en el laudo reclamado, según puede apreciarse de lo transcrito en párrafos precedentes, determinó "prueba que tiene valor probatorio en virtud de no haberlas exhibido la parte demandada", cuando, en todo caso, debió llevar a cabo un análisis puntual de su desahogo para establecer si era dable o no hacer efectivo el apercibimiento formulado y, en su caso, precisar en uno u otro sentido el alcance de la eficacia demostrativa relacionado con la postura de valoración asumida. III. "(.) 14.- DOCUMENTAL, consistente en comprobación de gastos; prueba que carece de valor probatorio por tratarse de copias simples; 15.- DOCUMENTAL, consistente en oficio de fecha: 30 de enero de 2008; prueba que carece de valor probatorio por tratarse de copias simples (...)". En este caso, como en los anteriores descritos, se observa la errada apreciación de la junta responsable, pues el actor fue preciso al destacar que las documentales consistentes en comprobación de gastos como se describen en la transcripción que antecede, cuentan con sellos auténticos de recepción, lo que puede corroborarse a partir del examen de las indicadas documentales, por lo que tampoco en esta ocasión resulta legal la ponderación practicada por la responsable. IV. (.) 16.- TESTIMONIAL SINGULAR, a cargo del C. LIC. MPM, (fojas 860 a 861) de los autos; prueba que carece de valor probatorio, dado que la parte actora no refiere en su escrito de demanda ni ampliación de la misma, que el hoy testigo haya estado presente al momento de ocurrir el despido y mucho menos que él le haya ratificado el despido; de donde se sigue que [se] trata de un testigo aleccionado (.)". Este pronunciamiento también se aprecia errado, pues, contrario a lo que destacó la autoridad responsable, en la audiencia de derecho que tuvo verificativo el siete de agosto de dos mil trece, se aprecia que el propio actor, en uso de la voz, formuló aclaración de su escrito inicial de demanda, en los siguientes términos: "(.) Manifiesto que el despido del cual fui objeto el día y hora señalado por la Lic. ISS, al retirarse ella del lugar donde ocurrió el mismo esperé unos minutos para que se me explicara del o de las c[a]usas de dicho despido, como lo refiere el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, siendo que minutos siguientes y en el mismo lugar en donde ocurrió el injustificado despido, se aproxima a mí el Lic. MMP quien me manifestó lo siguiente: '.R por instrucciones precisas de la Lic. ISS y en mi calidad de apoderado y representante legal de Fer*les Nac*es de México en liquidación te ratificó el despido del cual eres objeto.', este hecho aconteció en presencia de varias personas y como se refiere en la fecha y hora en que se señala el despido en el hecho IV que se precisa, asimismo en este acto me permito ampliar y aclarar mi demanda inicial esto en términos de un escrito constante de 13 fojas útiles tamaño carta y de fecha 3 de julio de 2012 el cual es elaborado y firmado por el de la voz, escrito del cual me permito correr copia de traslado al apoderado de mis contra[r]ias .". Con lo anterior, queda de manifiesto que la referencia al testigo tuvo lugar en la parte relativa a la aclaración del punto de hechos IV, lo cual fue ilegalmente inadvertido por la junta responsable. V. "(.) 17.- TESTIMONIAL, a cargo de los CC. LPL Y YARH, (fojas 895 a 896) de los autos; prueba que carece de valor probatorio, dado que la parte actora no refiere en su escrito de demanda ni ampliación de la misma, que los hoy testigos hayan estado presente al momento de ocurrir el despido y tampoco resulta creíble que ambos testigos exactamente a la hora del despido hayan ido a dejar sus Currículum; de donde se sigue que trata de testigos aleccionados (.)". En relación con esta testimonial, resulta indispensable señalar que, por lo menos el primer motivo de desestimación no deviene legal, pues, la responsable no funda su determinación relativa a la existencia legal, si acaso la hubiese, de un requisito que exigiera la mención en el escrito inicial de demanda en cuanto al nombre de los testigos que presenciaron los hechos sobre los que deponen. En todo caso, el contenido del artículo 813 de la Ley Federal del Trabajo aplicable, no revela esa exigencia legal, como se aprecia de su lectura: "Artículo 813. (se transcribe)". Por tales motivos, este tribunal advierte una evidente infracción a las reglas previstas en el invocado artículo 841 de la Ley Federal del Trabajo, que irroga perjuicio al quejoso, lo que conduce a calificar de fundados los conceptos de violación formulados, suplidos en lo necesario en su deficiencia. Cobra aplicación al caso la tesis XVIII.1o.8 L del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito Nación, que se comparte, cuyo rubro y texto son: "LAUDOS. FACTORES DE DECISIÓN QUE DEBEN OBSERVARSE EN SU DICTADO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 841 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO). (se transcribe)." Laudo incongruente En diverso aspecto, como acertadamente lo destacó el impetrante, otro aspecto relevante que se aprecia en la resolución reclamada es la omisión de emitir pronunciamiento respecto de todas las prestaciones reclamadas, las que se obtienen tanto del escrito inicial de demanda, como de su ampliación. Lo anterior, teniendo en consideración que no se trata sólo de la acción principal que se traduce en la reinstalación demandada, sino de otras prestaciones, como puede apreciarse de la lectura de los escritos de referencia, a saber: Prestaciones contenidas en el escrito inicial de demanda: "I.- El cumplimiento obligatorio y forzoso del contrato individual de trabajo por obra determinada de fecha 1° de Septiembre de 2004, que tengo celebrado con la demandada Ferrocarriles Nacionales de México y/o Ferrocarriles Nacionales de México en liquidación, y como consecuencia de ello la reinstalación y el pago de salarios caídos y aquellos devengados en la misma forma, términos y condiciones en las que venía desempeñando (.). II.- El pago de las horas extras que los demandados omitieron cubrirme desde enero del 2007 y hasta un día anterior a la fecha en que ocurrió el despido injustificado del cual fui objeto. III.- El exacto y fiel cumplimiento del contrato colectivo de trabajo correspondiente al bienio 1998-2000 que Ferrocarriles Nacionales de México y/o Fer*iles Na*les de México en liquidación tienen celebrado con el Sindicato de Trabajadores Fer*eros de la República Mexicana, y como consecuencia de ello el pago de las prestaciones consistentes en ayuda de renta y de canasta básicas mensuales, las cuales se reclaman desde la fecha de ingreso hasta aquella fecha en que se llegue a cumplimentar el laudo en el presente juicio. IV.- La entrega de las constancias de aportaciones que los demandados deben de realizar ante el INFONAVIT, IMSS y SAR, y que omitieron entregar con motivo del despido injustificado de que fui objeto. V.- El reconocimiento por parte de Fer*les Na*es de México y/o Ferrocarriles Nacionales de México en Liquidación de mi antigüedad la cual corresponde a partir del 1 de enero de 1997. VI.- El pago de diferencias salariales que los demandados adeudan al actor desde el 1° de mayo del 2008 hasta aquella fecha del despido injustificado del cual fui objeto, ya que el artículo 86 de la Ley Federal del Trabajo señala que: 'a trabajo igual, desempeñado en puesto, jornada y condiciones de eficacia también iguales, debe corresponder un salario igual'. VII.- El pago de prima de antigüedad. VIII.- El pago de las indemnizaciones a que se refiere el artículo 439 de la Ley Federal del Trabajo. IX.- El pago de aguinaldo a razón de 40 días, que resulte durante la tramitación del presente juicio y el pago correspondiente a 2008 que la demandada se abstuvo de pagarme. X.- El pago de todas y cada una de las prestaciones a las que tengo derecho, y que las demandadas se abstuvieron de pagarme, durante todo el tiempo que perduró la relación de trabajo, y aquellas que se sigan generando durante la tramitación del presente juicio. XI.- El pago de viáticos que las demandadas se abstuvieron de cubrirme del 14 [de] enero al 30 de abril del 2008, la cual corresponde a $*0 diariis correspondientes de lunes a viernes de cada semana, de acuerdo al manual de viáticos nacionales para servidores públicos en desempeño de funciones oficiales, que acostumbra llevar la demanda[da]. XII.- La nulidad de cualquier documento, que contenga renuncia de derechos en contra del actor". Lo subrayado es propio. Escrito de ampliación de demanda "(.) III.- Se aclara que el tiempo extraordinario que laboré para la demandada y que nunca me cubrió era el correspondiente de 3 horas y media diarias de los días lunes a viernes. Y que es el comprendido, aproximadamente desde enero del 2007, y hasta un día anterior a la fecha del despido injustificado del cual fui objeto. Precisándose que cuando representaba al Organismo Público Descentralizado Fe*les Nac*les de México y/o Ferr*les Na*es de México en liquidación (y/o como en el futuro se le denomine) y que también presentaba (sic) mis servicios personales, subordinados y directos para NACIONAL FINANCIERA SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO y/o NACIONAL FINANCIERA SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO DENOMINADO FERROCARRILES-JUB (.). En cuanto al inciso III, se aclara y se reclama también el pago de 40 días de aguinaldo, 54 días incentivo, ayuda de útiles y las prestaciones reclamadas en el escrito de demanda en ese inciso III, que se reclaman solo con un año de antelación a la fecha de la presentación de la demanda y que se encuentran contenidas en el Contrato Colectivo de Trabajo del bienio 1998- 2000, que continúa rigiendo la vida laboral en FE*ES NAC*ES DE MÉXICO (.). En cuanto a la prestación IV, se reclama el pago de la inscripción retroactiva de aportaciones y la expedición de las constancias a favor del actor con el salario real, y por todo el tiempo que duró la relación de trabajo y desde la fecha de ingreso, ello por parte de la FERROCARRILERA ante el IMSS, el SAR e INFONAVIT, ya que es obligación de esta realizar sus aportaciones a mi favor (.). En cuanto al inciso XIII, se demanda la NULIDAD DE CUALQUIER DOCUMENTO que implique renuncia de derechos a favor del trabajador, ya que desde la fecha de ingreso y en diversas ocasiones la demanda[da] ferrocarrilera me hizo firmar diversos documentos en blanco y renuncias (.)". A pesar de lo anterior, la lectura del laudo controvertido, revela que la responsable, en esencia, solamente se ocupó de emitir pronunciamiento respecto de la terminación laboral aducida por la demandada Ferrocarriles Nacionales de México y el despido injustificado alegado por el actor, sin agregar nada más en relación con las restantes prestaciones pese a la obligación de exhaustividad y congruencia que impone el artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo aplicable, en detrimento del justiciable. Como sustento de lo considerado, se invoca la jurisprudencia VI.2o. J/324 del entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que se comparte, del tenor siguiente: "LAUDO INCONGRUENTE. (se transcribe)." Como se ve, en la ejecutoria de amparo, además de ordenarse dejar sin efectos el laudo correspondiente, reponer el procedimiento hasta la fase indicada, admitir los medios de perfeccionamiento de las documentales que indicó el trabajador quejoso, la junta también estaba obligada a: a) Valorar las pruebas ofrecidas por la parte quejosa (documentales, inspección y testimoniales), bajo los lineamientos indicados en la sentencia concesoria, y b) Dictar un laudo congruente con todas las prestaciones reclamadas en el escrito inicial de demanda y su ampliación, y respecto de todas las demandadas debiendo hacer puntual precisión de lo que se reclama a cada una de ellas. Y no obstante ello, en cuanto a la forma de valoración de las pruebas, la junta reiteró el pronunciamiento que ya había sido materia del presente amparo, pues lo hizo bajo los siguientes términos: Misma situación aconteció en cuanto a la obligación de emitir un laudo congruente con todas las prestaciones reclamadas y con todos los demandados señalados, bajo la precisión exacta de cuáles prestaciones le fueron demandadas a cada uno, pues de la lectura del laudo de diecinueve de octubre de dos mil veintidós, se aprecia que la junta responsable únicamente se limitó a sostener: "Una vez analizadas y valoradas las pruebas que ofrecieron, a verdad sabida y buena fe guardada, el demandado acreditó sus excepciones, así como sus defensas y por consiguiente, se ABSUELVE a FERR*ES NA*LES DE MÉXICO y/o FE*LES NAC*ES DE MÉXICO EN LIQUIDACIÓN, de reinstalar al actor ROEM AL, así como al pago de todas y cada una de las prestaciones que demandara en su escrito inicial de demanda, así como en su ampliación de la misma, esto a que lo accesorio sigue la suerte de lo principal; ya que como se determinó en líneas anteriores se acreditó que no sufrió despido injustificado alguno y que no se acredita que el demandado le adeudara prestación alguna." Además, no se aprecia que hubiere emitido pronunciamiento alguno respecto a los diversos codemandados Nacional Financiera, S. N. C. Institución de Banca en Desarrollo, en su calidad de fiduciaria del Fideicomiso Ferronales Jub. y Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), ni que fuera precisa en referir qué prestaciones le fueron reclamadas a cada una de ellas. De lo anterior se concluye que, atento a lo resuelto por la autoridad responsable, no ha quedado debidamente cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de garantías, por lo que la junta responsable deberá: 1. Dejar sin efectos el laudo de diecinueve de octubre de dos mil veintidós. 2. Dictar uno nuevo en el que al valorar las pruebas documentales, inspección y testimoniales ofrecidas por el actor, lo haga atendiendo a las consideraciones del fallo protector, y que se transcribieron en párrafos precedentes. 3. Se pronuncie de manera congruente y precisa respecto de todas las prestaciones, y de todas las demandadas, con puntual precisión de lo que se reclamad a cada una de ellas. 4. Finalmente, con libertad de jurisdicción resuelva lo que en derecho corresponda [.]." De la transcripción anterior, se desprende que quedaron cumplidos los efectos uno y dos de la sentencia de amparo, además se precisaron con puntualidad los lineamientos para que la responsable diera cabal cumplimiento al tercero de ellos. Ahora bien, del examen de las constancias remitidas, por la propia autoridad para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que: 1. Por auto de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós,21 se dejó insubsistente el laudo (dictado en cumplimiento) de diecinueve de octubre de dos mil veintidós. 2. Luego, el treinta de noviembre de dos mil veintidós,22 se emitió uno nuevo en el que la responsable: (i) Valoró las pruebas documentales, de inspección, y testimoniales ofrecidas por el actor, atendiendo las consideraciones plasmadas en la ejecutoria de amparo.23 (ii) Se pronunció24 de manera congruente y precisa respecto de todas las prestaciones y de todas las demandadas, haciendo la precisión del reclamo que se les hizo, a cada una de ellas, puntualizando para ello que: El demandado Fer*les Na*s de México y/o Ferro*es Na*es de México en liquidación, reconoció la relación laboral que existió entre éste y la actora. Respecto del demandado Nacional Financiera, sociedad nacional de crédito, institución de banca de desarrollo en su calidad de fiduciaria del fideicomiso denominado Fe*es Jub, determinó que le asiste el carácter de obligado solidario de Fe*es Nac*es de México y/o Ferr*les Nac*es de México en liquidación, en el supuesto de que resultaran procedentes las reclamaciones hechas por el actor en su escrito inicial de demanda y ampliación de la misma. De la diversa codemandada Irma Sierra Sandoval, en virtud de que el actor se desistió de la acción intentada en su contra, la junta resolvió absolverla de todas las prestaciones que inicialmente se le reclamaron. Por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), advirtió que esta negó lisa y llanamente la demanda, que la parte actora no acreditó que fuera solidario responsable y por ello le absolvió de todas las prestaciones. (iii) Tuvo por acreditado el despido injustificado y, con base en ello, analizó cada una de las prestaciones reclamadas, emitiendo su determinación al respecto.25 3. Finalmente resolvió conforme a derecho en ejercicio de su libertad de jurisdicción otorgada, y condenó a Fer*es Nac*les de México o Ferro*es Na*es de México en liquidación, así como al obligado solidario Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca en Desarrollo en su calidad de fiduciaria del fideicomiso denominado Fer*les-Jub, a reinstalar al actor, en los mismos términos y condiciones que se venía desempeñando, así como al pago de salarios caídos, horas extraordinarias, cuotas obrero-patronales al régimen de seguridad social, aportaciones a AFORE e INFONAVIT;también determinó absolver respecto del pago de diferencias salariales, prima de antigüedad, indemnizaciones, prestaciones que se encuentran en el manual de percepciones de los servidores públicos, viáticos, nulidad de renuncia, 40 días de aguinaldo, 54 días de incentivos, ayuda de útiles, reconocimiento de antigüedad, y 40 días de aguinaldo del año 2008. De lo anterior se concluye que la autoridad responsable dio cumplimiento al fallo protector, como se hace patente de la confrontación entre los efectos para los cuales se concedió la protección constitucional solicitada y las actuaciones practicadas por aquélla en los términos reseñados en párrafos anteriores. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se declara cumplida totalmente sin excesos ni defectos la ejecutoria dictada. Hágase del conocimiento a las partes el presente acuerdo para los efectos señalados en el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo y, en su caso, una vez transcurrido el término de quince días establecido en el numeral 202, párrafo primero de la citada ley, archívese el expediente como asunto concluido.
- Juicio de Amparo Directo
se recibe y agrega el oficio de cuenta, mediante el cual, en cumplimiento a la resolución de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, remite copia certificada del laudo de treinta de noviembre de dos mil veintidós, dictado por la citada junta; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista de éste a las partes quejosa y terceros interesados, así como el diverso MA. 989/2022, que remitió la responsable en acatamiento a la referida ejecutoria y su respectivo anexo, para que dentro del término de diez días, contado a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, expresen lo que a su interés corresponda. En entendido que conforme a lo dispuesto en el artículo 66 de la codificación antes citada, las constancias con que se da vista quedan en la secretaría para que se impongan de ellas los interesados.
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