Roberto Esquivel Hernández
Expediente 1277/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 5 actuaciones registradas, la última del 6 de enero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1277/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 06/01/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Roberto Esquivel Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
La Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, con sede en Pacho Viejo rinde informe justificado, con su contenido y las constancias anexas, dese vista a las partes por el término de ocho días, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo en vigor. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase como prueba de su parte, las documentales que allegó al oficio que se provee, sin perjuicio de hacer relación de éstas en la audiencia constitucional. Para un mejor manejo de las actuaciones, consérvense en un tomo por separado las constancias remitidas por la autoridad, colocándoles la carátula que lo identifique, relativos al expediente en que se actúa. DIGITALIZACIÓN Acorde con lo establecido en los artículos 89, 90 y 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, y atendiendo a la certificación secretarial de cuenta, se ordena digitalizar únicamente la(s) constancia(s) necesarias, para ser agregada(s) al expediente electrónico relativo a este juicio. Asimismo, las constancias cuya digitalización no fuera materialmente posible, se dejan a disposición de las partes en forma impresa en un tomo por separado, a efecto de que acudan a consultarlas en la Secretaría de este juzgado.
- Principal
De la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término para interponer recurso de queja contra el acuerdo en el cual se desechó parcialmente la demanda de amparo, sin que la parte quejosa lo haya hecho valer; por tanto, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otra parte, de la constancia relativa al emplazamiento de la parte tercero interesada Miguel Ángel Yunes Linares realizado en cumplimiento a lo ordenado el quince de diciembre de dos mil dieciséis (fojas 43 a 45), se advierte que éste no se efectuó en términos de lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, pues la Actuaria judicial omitió asentar si requirió la presencia del directo tercero interesado o bien si en ese lugar habitaba o trabajaba, por tanto, el emplazamiento efectuado podría estar afectado de nulidad. Acorde con lo anterior, a fin de que la parte tercero interesada se encuentre en aptitud de comparecer a juicio, se comisiona al actuario de la adscripción para que realice el emplazamiento de la parte tercero interesada en términos de lo dispuesto del artículo 27 de la Ley de Amparo y surta los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Roberto Esquivel Hernández cumple la prevención realizada en autos. a) DESECHAMIENTO PARCIAL DE LA DEMANDA Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo faculta al Juez de Distrito a examinar la demanda de amparo y en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia a desecharla de plano. PROPUESTA DEMOSTRATIVA Se considera respetuosamente que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5° de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado consistente en la reserva de la carpeta de investigación ministerial número FESP/236/2016, del índice de la Fiscalía Primera Especializada en Delitos de Hechos de Corrupción y cometidos por Servidores Públicos, con sede en esta ciudad, instruida en contra del quejoso Roberto Esquivel Hernández respecto del delito de enriquecimiento ilícito, a fin de continuar con su integración, como se explica a continuación: HIPÓTESIS NORMATIVAS El artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo prevé que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5 de la citada Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. Por su parte, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos dispone que las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, por lo que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos en dicha Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Asimismo, el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo establece que son partes en el juicio de amparo el quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la Ley mencionada y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. De la interpretación sistemática de los artículos mencionados, se deduce que es requisito esencial para la procedencia del juicio de amparo que el acto reclamado produzca una afectación real y actual en la esfera jurídica de la parte quejosa, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. HECHOS En el caso, los actos reclamados que se estudian en este apartado consisten en lo siguiente: La reserva de la carpeta de investigación ministerial número FESP/236/2016, del índice de la Fiscalía Primera Especializada en Delitos de Hechos de Corrupción y cometidos por Servidores Públicos, con sede en esta ciudad, instruida en contra del quejoso Roberto Esquivel Hernández respecto del delito de enriquecimiento ilícito, a fin de continuar con su integración. CONCLUSIÓN En ese sentido, se concluye que se actualiza la causa de improcedencia que prevé la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, debido a que, por regla general, el inicio y trámite de la investigación ministerial a cargo del representante social, se encuentran exentas de cualquier acción tendiente a su suspensión o paralización, incluso, del control constitucional mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, porque los actos verificados durante aquella etapa, como la integración de la carpeta respectiva por la autoridad ministerial, no irrogan perjuicio al gobernado, ya que no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica, al ser susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando el fiscal formule la imputación ante el Juez de control (lo que en este caso aún no acontece) y, se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada, o bien, se determine el no ejercicio de la acción penal. Sirven de apoyo a lo anterior, las tesis siguientes: Época: Décima Época Registro: 2012423 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 33, Agosto de 2016, Tomo IV Materia(s): Común Tesis: (X Región)2o.1 P (10a.) Página: 2592 "INVESTIGACIÓN INICIAL. LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA RESPECTIVA POR EL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE ESTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ORAL, POR REGLA GENERAL, ESTÁ EXENTA DEL CONTROL CONSTITUCIONAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR NO AFECTAR EL INTERÉS JURÍDICO NI LEGÍTIMO DEL GOBERNADO. Conforme a los artículos 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214, 216, 217, 218 y 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio oral, tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los requisitos o datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal, por lo cual, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso. En efecto, el inicio y trámite de la investigación inicial a cargo del representante social, por regla general, están exentos de cualquier acción tendiente a su suspensión o paralización, incluso, del control constitucional mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, porque los actos verificados durante esta etapa, como la integración de la carpeta respectiva por la autoridad ministerial, no irrogan perjuicio al gobernado, pues no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando el fiscal formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Se afirma lo anterior, porque de considerar que los actos dictados durante la sustanciación de la investigación inicial, afectan el interés jurídico o legítimo del gobernado y con ello la procedencia del juicio de amparo, se obstaculizaría injustificadamente la potestad-deber del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Así, cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama la integración de la carpeta mencionada, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 5o., fracción I, de la ley de la materia, relativa a la falta de interés jurídico y legítimo del quejoso, ya que no le causa una afectación real y actual, directa, ni derivada de su especial situación frente al orden jurídico, aunque esta regla general puede admitir excepciones que deben examinarse en lo particular." Novena Época Registro: 180028 Instancia: Primera Sala Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XX, Diciembre de 2004, Materia(s): Penal Tesis: 1a. CXXXV/2004 Página: 351 "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone al Ministerio Público la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos, lo cual se da a través de las etapas de averiguación previa y de ejercicio de la acción penal. En este sentido, es indudable que no procede el juicio de amparo indirecto promovido contra la integración de la averiguación previa y el ejercicio de la acción penal, ya que en dicha fase procedimental no le irrogan al quejoso perjuicio alguno pues éste se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al de la sociedad." En consecuencia, procede DESECHAR PARCIALMENTE LA DEMANDA DE AMPARO RESPECTO DEL ACTO RECLAMADO CONSISTENTE EN LA RESERVA DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN MINISTERIAL NÚMERO FESP/236/2016, DEL ÍNDICE DE LA FISCALÍA PRIMERA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE HECHOS DE CORRUPCIÓN Y COMETIDOS POR SERVIDORES PÚBLICOS, CON SEDE EN ESTA CIUDAD, INSTRUIDA EN CONTRA DEL QUEJOSO ROBERTO ESQUIVEL HERNÁNDEZ RESPECTO DEL DELITO DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, A FIN DE CONTINUAR CON SU INTEGRACIÓN, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. b) ADMISIÓN DE LA DEMANDA RESPECTO DE DIVERSOS ACTOS RECLAMADOS Ahora bien, por cuanto hace a los actos reclamados consistentes en: a) Auto de vinculación a proceso de diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis dictado en los autos del expediente penal 221/2016-III, del índice del Juzgado de Control responsable, por la probable responsabilidad de la parte quejosa en la comisión de los delitos de tráfico de influencia y abuso de autoridad, cometidos en agravio del servicio público y, b) La consignación de la carpeta de investigación ministerial número FESP/236/2016 del índice de la Fiscalía Primera Especializada en Delitos de Hechos de Corrupción y cometidos por Servidores Públicos, con sede en esta ciudad formada con motivo de la investigación del delito de tráfico de influencias imputado al quejoso Roberto Esquivel Hernández, lo que originó que se formulara la acusación de la parte quejosa, por parte de la fiscalía, en los autos del proceso penal 221/2016-III, del índice del Juzgado de Control responsable; con apoyo en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I, 107, fracción II, 35, 108, 110, 115, y demás relativos de la Ley de Amparo, SE ADMITE; en consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Sin tramitarse incidente de suspensión, por no haber sido solicitado por la parte quejosa, en términos del artículo 128 de la Ley de Amparo. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En términos del artículo 115 de la Ley de Amparo, se fijan las DOCE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL TRES DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE, para la celebración de la audiencia. INFORME JUSTIFICADO Con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables, para que en el término de quince días, rindan su respectivo informe justificado. Dicho informe deberá ser rendido en términos del artículo que antecede, remitiendo a este juzgado: 1) Copia certificada de todas y cada una de las constancias que conforman el acto reclamado, de conformidad con lo establecido en el artículo 121 de la Ley de Amparo. 2) En orden. 3) Completa y legible. 4) Asimismo, cuando la autoridad advierta que cesaron los efectos del acto reclamado, o se actualice alguna causa de sobreseimiento, deberá informarlo a este juzgado, remitiendo al efecto, copia certificada de las constancias que así lo acredite, lo anterior con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Se apercibe a las autoridades responsables que, en caso de no hacerlo así, y con las copias respectivas, si no existe alguna causa legal que justifique el incumplimiento, con apoyo en lo que dispone los artículos 117, en relación con el diverso 260, ambos de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa. TERCERO INTERESADO Con fundamento en el artículo 5°, párrafo III, inciso a), de la Ley de Amparo se tiene como tercero interesado a Miguel Ángel Yunes Linares, quien deberá ser emplazado a juicio por conducto de cualquiera de los actuarios adscritos en el domicilio señalado para tal efecto. Asimismo, requiérasele para que en el término de tres días legalmente computado, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta localidad, con el apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, incluso las de carácter personal, se le harán por lista de acuerdos que se publica en este Juzgado de Distrito, con fundamento en los artículos 26, fracción III en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo. NOTIFICACIONES MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN Notifíquese la radicación del presente juicio a la Agente del Ministerio Público adscrita mediante lista de acuerdos, de conformidad con el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo y dese la intervención que legalmente le corresponde; asimismo, dígasele que se deja a su disposición en la actuaría de este juzgado copia simple de la demanda. AUTORIDADES RESPONSABLES Mediante atento oficio que al efecto se gire, notifíquese la radicación del presente juicio a las autoridades responsables, en el domicilio señalado para tal efecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 26, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios judiciales para que los posibles diferimientos de la audiencia constitucional se notifiquen a las autoridades responsables por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, con fundamento en los artículos 26, fracción I, interpretado a contrario sensu y 29 de la Ley de Amparo, pues la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercera interesada; máxime que la nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional que se señale, puede consultarse en la lista de acuerdos que se publica en la página de internet http://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/ acuerd_ini.asp. La anterior medida tiende también a contribuir a la protección del medio ambiente, en términos del artículo 4° Constitucional, al evitar consumo de papel, tinta y energía eléctrica innecesariamente. Por otra parte, hágase del conocimiento del Juez responsable que conoce del proceso penal, que deberá de suspender en este caso el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia que se dicte. PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Con fundamento en el artículo 4°, párrafo cinco, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se determina que los acuses de recibo relativos a acuerdos que no sean trascendentes, por ser de mero trámite, no deberán ser escaneados ni vinculados en el expediente electrónico, pero sí agregados en autos sin mayor pronunciamiento; lo anterior, para tratar de reducir los niveles de contaminación, lo cual se logrará con la disminución progresiva del consumo de papel, tinta y energía eléctrica empleados por este órgano jurisdiccional; máxime que con ello no se causa perjuicio a las partes. INEXISTENCIA DE AUTORIDADES Por otra parte, conforme con lo dispuesto por el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, el cual establece que la parte quejosa deberá señalar la denominación de las autoridades responsables, se hace del conocimiento de la parte quejosa que en caso de que las autoridades que señaló como responsables no existan con la denominación o en la localidad indicada, sin mayor trámite se tendrán por inexistentes y será suspendida toda comunicación con éstas.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO B DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA ROBERTO ESQUIVEL HERNÁNDEZ, EL AUTO QUE DICE: Roberto Esquivel Hernández cumple la prevención realizada en autos. a DESECHAMIENTO PARCIAL DE LA DEMANDA Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo faculta al Juez de Distrito a examinar la demanda de amparo y en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia a desecharla de plano. PROPUESTA DEMOSTRATIVA Se considera respetuosamente que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5 de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado consistente en la reserva de la carpeta de investigación ministerial número FESP/236/2016, del índice de la Fiscalía Primera Especializada en Delitos de Hechos de Corrupción y cometidos por Servidores Públicos, con sede en esta ciudad, instruida en contra del quejoso Roberto Esquivel Hernández respecto del delito de enriquecimiento ilícito, a fin de continuar con su integración, como se explica a continuación: HIPÓTESIS NORMATIVAS El artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo prevé que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5 de la citada Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. Por su parte, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos dispone que las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, por lo que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos en dicha Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Asimismo, el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo establece que son partes en el juicio de amparo el quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la Ley mencionada y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. De la interpretación sistemática de los artículos mencionados, se deduce que es requisito esencial para la procedencia del juicio de amparo que el acto reclamado produzca una afectación real y actual en la esfera jurídica de la parte quejosa, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. HECHOS En el caso, los actos reclamados que se estudian en este apartado consisten en lo siguiente: La reserva de la carpeta de investigación ministerial número FESP/236/2016, del índice de la Fiscalía Primera Especializada en Delitos de Hechos de Corrupción y cometidos por Servidores Públicos, con sede en esta ciudad, instruida en contra del quejoso Roberto Esquivel Hernández respecto del delito de enriquecimiento ilícito, a fin de continuar con su integración. CONCLUSIÓN En ese sentido, se concluye que se actualiza la causa de improcedencia que prevé la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, debido a que, por regla general, el inicio y trámite de la investigación ministerial a cargo del representante social, se encuentran exentas de cualquier acción tendiente a su suspensión o paralización, incluso, del control constitucional mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, porque los actos verificados durante aquella etapa, como la integración de la carpeta respectiva por la autoridad ministerial, no irrogan perjuicio al gobernado, ya que no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica, al ser susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando el fiscal formule la imputación ante el Juez de control lo que en este caso aún no acontece) y, se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada, o bien, se determine el no ejercicio de la acción penal. Sirven de apoyo a lo anterior, las tesis siguientes: Época: Décima Época Registro: 2012423 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 33, Agosto de 2016, Tomo IV Materia(s): Común Tesis: (X Región)2o.1 P (10a.) Página: 2592 INVESTIGACIÓN INICIAL. LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA RESPECTIVA POR EL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE ESTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ORAL, POR REGLA GENERAL, ESTÁ EXENTA DEL CONTROL CONSTITUCIONAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR NO AFECTAR EL INTERÉS JURÍDICO NI LEGÍTIMO DEL GOBERNADO. Conforme a los artículos 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214, 216, 217, 218 y 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio oral, tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los requisitos o datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal, por lo cual, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso. En efecto, el inicio y trámite de la investigación inicial a cargo del representante social, por regla general, están exentos de cualquier acción tendiente a su suspensión o paralización, incluso, del control constitucional mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, porque los actos verificados durante esta etapa, como la integración de la carpeta respectiva por la autoridad ministerial, no irrogan perjuicio al gobernado, pues no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando el fiscal formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Se afirma lo anterior, porque de considerar que los actos dictados durante la sustanciación de la investigación inicial, afectan el interés jurídico o legítimo del gobernado y con ello la procedencia del juicio de amparo, se obstaculizaría injustificadamente la potestad-deber del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Así, cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama la integración de la carpeta mencionada, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 5o., fracción I, de la ley de la materia, relativa a la falta de interés jurídico y legítimo del quejoso, ya que no le causa una afectación real y actual, directa, ni derivada de su especial situación frente al orden jurídico, aunque esta regla general puede admitir excepciones que deben examinarse en lo particular. Novena Época Registro: 180028 Instancia: Primera Sala Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XX, Diciembre de 2004, Materia(s): Penal Tesis: 1a. CXXXV/2004 Página: 351 ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone al Ministerio Público la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos, lo cual se da a través de las etapas de averiguación previa y de ejercicio de la acción penal. En este sentido, es indudable que no procede el juicio de amparo indirecto promovido contra la integración de la averiguación previa y el ejercicio de la acción penal, ya que en dicha fase procedimental no le irrogan al quejoso perjuicio alguno pues éste se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al de la sociedad. En consecuencia, procede DESECHAR PARCIALMENTE LA DEMANDA DE AMPARO RESPECTO DEL ACTO RECLAMADO CONSISTENTE EN LA RESERVA DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN MINISTERIAL NÚMERO FESP/236/2016, DEL ÍNDICE DE LA FISCALÍA PRIMERA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE HECHOS DE CORRUPCIÓN Y COMETIDOS POR SERVIDORES PÚBLICOS, CON SEDE EN ESTA CIUDAD, INSTRUIDA EN CONTRA DEL QUEJOSO ROBERTO ESQUIVEL HERNÁNDEZ RESPECTO DEL DELITO DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, A FIN DE CONTINUAR CON SU INTEGRACIÓN, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. b ADMISIÓN DE LA DEMANDA RESPECTO DE DIVERSOS ACTOS RECLAMADOS Ahora bien, por cuanto hace a los actos reclamados consistentes en: a) Auto de vinculación a proceso de diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis dictado en los autos del expediente penal 221/2016-III, del índice del Juzgado de Control responsable, por la probable responsabilidad de la parte quejosa en la comisión de los delitos de tráfico de influencia y abuso de autoridad, cometidos en agravio del servicio público y, b) La consignación de la carpeta de investigación ministerial número FESP/236/2016 del índice de la Fiscalía Primera Especializada en Delitos de Hechos de Corrupción y cometidos por Servidores Públicos, con sede en esta ciudad formada con motivo de la investigación del delito de tráfico de influencias imputado al quejoso Roberto Esquivel Hernández, lo que originó que se formulara la acusación de la parte quejosa, por parte de la fiscalía, en los autos del proceso penal 221/2016-III, del índice del Juzgado de Control responsable; con apoyo en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I, 107, fracción II, 35, 108, 110, 115, y demás relativos de la Ley de Amparo, SE ADMITE; en consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Sin tramitarse incidente de suspensión, por no haber sido solicitado por la parte quejosa, en términos del artículo 128 de la Ley de Amparo. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En términos del artículo 115 de la Ley de Amparo, se fijan las DOCE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL TRES DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE, para la celebración de la audiencia. INFORME JUSTIFICADO Con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables, para que en el término de quince días, rindan su respectivo informe justificado. Dicho informe deberá ser rendido en términos del artículo que antecede, remitiendo a este juzgado: 1 Copia certificada de todas y cada una de las constancias que conforman el acto reclamado, de conformidad con lo establecido en el artículo 121 de la Ley de Amparo. 2 En orden. 3 Completa y legible. 4 Asimismo, cuando la autoridad advierta que cesaron los efectos del acto reclamado, o se actualice alguna causa de sobreseimiento, deberá informarlo a este juzgado, remitiendo al efecto, copia certificada de las constancias que así lo acredite, lo anterior con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Se apercibe a las autoridades responsables que, en caso de no hacerlo así, y con las copias respectivas, si no existe alguna causa legal que justifique el incumplimiento, con apoyo en lo que dispone los artículos 117, en relación con el diverso 260, ambos de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa. TERCERO INTERESADO Con fundamento en el artículo 5, párrafo III, inciso a), de la Ley de Amparo se tiene como tercero interesado a Miguel Ángel Yunes Linares, quien deberá ser emplazado a juicio por conducto de cualquiera de los actuarios adscritos en el domicilio señalado para tal efecto. Asimismo, requiérasele para que en el término de tres días legalmente computado, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta localidad, con el apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, incluso las de carácter personal, se le harán por lista de acuerdos que se publica en este Juzgado de Distrito, con fundamento en los artículos 26, fracción III en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo. NOTIFICACIONES MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN Notifíquese la radicación del presente juicio a la Agente del Ministerio Público adscrita mediante lista de acuerdos, de conformidad con el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo y dese la intervención que legalmente le corresponde; asimismo, dígasele que se deja a su disposición en la actuaría de este juzgado copia simple de la demanda. AUTORIDADES RESPONSABLES Mediante atento oficio que al efecto se gire, notifíquese la radicación del presente juicio a las autoridades responsables, en el domicilio señalado para tal efecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 26, fracción II, inciso a, de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios judiciales para que los posibles diferimientos de la audiencia constitucional se notifiquen a las autoridades responsables por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, con fundamento en los artículos 26, fracción I, interpretado a contrario sensu y 29 de la Ley de Amparo, pues la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercera interesada; máxime que la nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional que se señale, puede consultarse en la lista de acuerdos que se publica en la página de internet http://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/ acuerd_ini.asp. La anterior medida tiende también a contribuir a la protección del medio ambiente, en términos del artículo 4 Constitucional, al evitar consumo de papel, tinta y energía eléctrica innecesariamente. Por otra parte, hágase del conocimiento del Juez responsable que conoce del proceso penal, que deberá de suspender en este caso el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia que se dicte. PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Con fundamento en el artículo 4, párrafo cinco, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se determina que los acuses de recibo relativos a acuerdos que no sean trascendentes, por ser de mero trámite, no deberán ser escaneados ni vinculados en el expediente electrónico, pero sí agregados en autos sin mayor pronunciamiento; lo anterior, para tratar de reducir los niveles de contaminación, lo cual se logrará con la disminución progresiva del consumo de papel, tinta y energía eléctrica empleados por este órgano jurisdiccional; máxime que con ello no se causa perjuicio a las partes. INEXISTENCIA DE AUTORIDADES Por otra parte, conforme con lo dispuesto por el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, el cual establece que la parte quejosa deberá señalar la denominación de las autoridades responsables, se hace del conocimiento de la parte quejosa que en caso de que las autoridades que señaló como responsables no existan con la denominación o en la localidad indicada, sin mayor trámite se tendrán por inexistentes y será suspendida toda comunicación con éstas.
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