Roberto Espinosa Fabars

Expediente 1185/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1185/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
06/01/2023

Partes del expediente

  • Roberto Espinosa Fabars

Actuaciones

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, seis de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que conste como corresponda el oficio remitido vía electrónica por el Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa; en atención a su contenido, téngasele acusando recibo del oficio 11307 de veintinueve de noviembre del año en curso, con el cual se le informó que no se aceptaba la competencia planteada y se ordenaba devolver los autos del juicio de amparo ********************/2022/IV de su índice. Asimismo, se le tiene informando que ante las consideraciones expuestas en el proveído en cita, ese juzgado no insiste en la incompetencia planteada y continua con el conocimiento de ese asunto; por tanto, háganse las anotaciones y archívese el presente cuaderno de antecedentes como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso j) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, toda vez que se trata de un expediente en el que no se aceptó la competencia legal para conocer del asunto; por lo que se establece como fecha probable el seis de enero de dos mil veintiséis. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintinueve de diciembre de dos mil veintidós. Visto el oficio y anexo remitido por el Secretario del Juzgado Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, a través del cual, en cumplimiento al acuerdo de veintisiete de diciembre de la presente anualidad, remite la demanda de amparo que dio origen a su juicio 1305/2022, promovido por Juan Antonio Mendoza Trujillo, a favor de Roberto Espinosa Fabars, de nacionalidad cubana; lo anterior, derivado de que el titular de dicho órgano jurisdiccional se declaró legalmente incompetente para conocer del asunto por las razones que ahí señala. En consecuencia, regístrese en el libro de gobierno bajo el número 1185/2022-1, que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, del oficio de cuenta se aprecia que el Juez federal declinó la competencia para conocer del presente asunto a favor de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en Boca del Río, Veracruz, con motivo de que el promovente Juan Antonio Mendoza Trujillo, a favor de Roberto Espinosa Fabars, de nacionalidad cubana reclama: "DE LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO ORDENADORA Y EJECUTORA RECLAMO: A. LA PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD DE LA QUE ACTUALMENTE SON OBJETO POR PARTE DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES LOS HOY QUEJOSOS. B. LA ILEGAL ORDEN DE DEPORTACIÓN DEL PAÍS MEXICANO. DE LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO EJECUTORAS RECLAMO C.- RECLAMO LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO PRESCISAMENTE VIOLATORIO DE DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES." Asimismo, se observa que el Juez Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, en el aludido auto de veintiséis de octubre del año en curso, atendiendo a las manifestaciones que formuló la parte promovente, concedió la suspensión de plano de los actos reclamados incluyendo actos previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, en los siguientes términos: "Por tanto, con fundamento en los artículos 125 y 126, en relación con el artículo 15 de la Ley de la Amparo, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO a favor del directo quejoso ROBERTO ESPINOSA FABARS, de nacionalidad cubana, por lo que las autoridades responsables, a fin de prevenir la transgresión a los derechos humanos de la libertad personal, dignidad e integridad física del agraviado, deberá adoptar como medidas urgentes las siguientes: 1. Cese de inmediato cualquiera de los actos previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, a saber, actos que importen ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o desaparición forzada de personas. 2. El quejoso NO SEA DEPORTADO, a su país de origen de manera arbitraria, es decir fuera de procedimiento o sin causa legal alguna." 3. PREVIO A FIJAR LAS MEDIDAS ALTERNATIVAS A LA DETENCIÓN APTAS PARA LOGRAR EL SEGUIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO MIGRATORIO, PONGA DE INMEDIATA LIBERTAD AL QUEJOSO. (.) 4. Otorgue el derecho fundamental de asistencia consular en términos del artículo 36, inciso C), de la Convención de Viena, sobre las relacione consulares, esto es deberá informar al migrante sobre su derecho a comunicarse con el representante consular de su país, quien libremente puede decir si ejerce o no tal derecho." Ahora bien, el Juez declinante sustenta su determinación en el primer supuesto del artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece que es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; pues refiere que el directo quejoso Roberto Espinosa Fabars, de nacionalidad cubana, se encuentra privado de su libertad en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con sede en Veracruz, Veracruz; y por ende, estima que es competente el Juez de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, Veracruz, en virtud de tener jurisdicción en el lugar que corresponda el domicilio del centro de alojamiento temporal en el que se encuentra recluido el directo quejoso, por lo que estimó que en ese lugar es donde se materializaran los actos que se reclaman. Lo cual estimó así, atendiendo lo manifestado por el promovente del amparo en el ocurso de demanda, en la que indicó que actualmente el directo quejoso Roberto Espinosa Fabars, se encontraba alojado en la Estación Migratoria con sede en Veracruz, Veracruz, ubicada en Miguel Lerdo, número 311, esquina 5 de mayo colonia centro, Veracruz. Sin embargo, respetuosamente no se comparte el criterio del homólogo federal, para sostener la competencia de este órgano jurisdiccional, debido a que no se tiene certeza de que el directo quejoso se encuentre recluido en ese lugar, pues de lo narrado por el promovente de amparo en su demanda, se advierte que el veinticuatro de diciembre de dos mil veintidós, el quejoso Roberto Espinosa Fabars, fue detenido por Agentes del Instituto Nacional de Migración en Huehuetan, Chiapas, y que según refiere lo trasladaron a la Estación Migratoria de Veracruz, Veracruz; sin que obre constancia de la que se advierta que efectivamente se encuentra alojado en dicho lugar, y no existen datos objetivos que revelen el sitio en el que se localiza el quejoso, tan es así que, según lo manifestado en la demanda, fue detenido por Agentes del Instituto Nacional de Migración en Huehuetan, Chiapas. Cabe precisar que si bien, el referido órgano jurisdiccional ordenó girar exhorto al Juzgado de Distrito en el Estado de Veracruz, residente en esta ciudad, a efecto de localizar al directo quejoso, y notificarle dicho proveído, no se tiene conocimiento de su resultado, ni del contenido de los informes que en su caso hayan rendido las autoridades responsables en cumplimiento a la suspensión de plano decretada por el Juzgado oficiante, aunado a que en todo caso, se estima que una vez que cuente con los informes de suspensión de plano el homólogo federal estará en condiciones de proveer lo conducente. En consecuencia, respetuosamente se considera que no era factible declinar la competencia en favor de este órgano jurisdiccional, debido a que la mera mención en la demanda acerca de que en un determinado lugar se verificó el acto reclamado es insuficiente para sustentar la competencia legal; pues en este caso no existen constancias que revelen que el directo quejoso se encuentre en las instalaciones de la Estación Migratoria en Veracruz, Veracruz y, en cambio, en la demanda obran afirmaciones bajo protesta de decir verdad de que la detención fue llevada a cabo por agentes captores domiciliados en Chiapas, máxime que se reclamaron actos privativos de libertad, que dieron lugar a que el juzgador de origen concediera la suspensión de plano respecto de actos como la desaparición forzada, y actualmente no existe certeza de dónde se localice el directo quejoso. Consecuentemente, es claro que no se surte la competencia en favor de este órgano jurisdiccional, en los términos previstos por el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, de ahí que se considere que quién debe seguir conociendo es el Juez que previno, pues se desconoce el lugar en que el directo quejoso actualmente pudiera estar. A mayor abundamiento, es importante destacar que constituye un hecho notorio en términos de lo previsto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo segundo, para quien suscribe que el Primer Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito con residencia en esta ciudad, al resolver el conflicto competencial 26/2022 sostuvo lo siguiente: ".C. La competencia por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo en contra de hechos constitutivos de desaparición forzada. Para determinar qué órgano jurisdiccional es competente por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo que se presenta en contra de la desaparición forzada de una o varias personas, es menester considerar el artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual distingue tres reglas básicas: 1. Es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. 2. Es Juez competente aquel ante el que se presente la demanda de amparo, si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro. 3. Es Juez competente aquel en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda, cuando el acto reclamado no requiera ejecución material. A efecto de determinar cuál de estas reglas resulta aplicable al supuesto que nos ocupa, resulta importante reiterar que la desaparición forzada es un delito de naturaleza continua, constituido por los siguientes elementos: i. La privación de la libertad. ii. La intervención directa de agentes estatales o por la aquiescencia de éstos. iiii. La negativa de reconocer la detención de revelar la suerte o paradero de la persona interesada. De lo anterior se desprende que la ejecución del acto reclamado que nos ocupa no se lleva a cabo en un momento único, ni puede entenderse exclusivamente a través de la privación de la libertad de una o más personas, sino que continúa ejecutándose hasta en tanto se tenga la información necesaria para precisar el paradero de la víctima. En este sentido, tanto los instrumentos nacionales como internacionales son coincidentes en el sentido de que el delito de desaparición forzada continúa ejecutándose hasta en tanto la suerte y el paradero de la persona desaparecida no se hayan determinado. Ahora bien, dado que la desaparición forzada se caracteriza por la falta de información acerca del paradero de la persona, no es factible exigirle al quejoso que precise con toda certeza quienes son las autoridades responsables o el lugar en donde se está ejecutando el delito. Esto es, atendiendo a la naturaleza y los elementos que componen el delito en estudio, se concluye que al momento de la presentación de la demanda de amparo no es posible determinar con toda certeza cuáles son las autoridades responsables, ni precisar con exactitud donde se están ejecutando los hechos constitutivos del delito. Si bien la persona que presenta la demanda de amparo pudiese tener indicios de dichos elementos, lo cierto es que ello debe concatenarse con el hecho de que el acto reclamado es susceptible de materializarse en diversas jurisdicciones y por distintas autoridades, por lo que su dicho no es suficiente para poder concluir que las investigaciones correspondientes concluirán en el sentido de que el acto únicamente se llevó a cabo en un sólo lugar o por una sola autoridad. Ante tal circunstancia, toda vez que el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito, o incluso puede comenzar a ejecutarse en uno de ellos y continuar ejecutándose en otro, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que, en términos del artículo 37, fracción II, de la Ley de Amparo, resulta competente por razón de territorio para! conocer del juicio de amparo que se presenta en contra de hechos presuntamente constitutivos de desaparición forzada, el Juez ante quien se presente la demanda respectiva, que en el particular caso, lo fue el Juez Tercero de Distrito del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa. La conclusión alcanzada en esta resolución facilita que los familiares u otras personas allegadas a la víctima de desaparición forzada, como en el caso particular, lo es el promovente de la demanda, quien fue contactado por los familiares del no localizable quejoso, puedan acceder de manera rápida y eficiente a un recurso judicial efectivo. En atención a lo previamente expuesto, es inconcuso que el resolutor federal para seguir conociendo del amparo indirecto condigno, lo es el Juez de Distrito requirente ante quien se presentó la demanda de amparo, y en aplicación al caso concreto de la jurisprudencia 1a./J.83/2019 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, invocada por el juez requerido y que emergió de la ejecutoria en comento de líneas precedentes, Registro digital: 2021413, Décima Época, Materias(s): Común, Penal, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 74, Enero de 2020, Tomo I, página 617, de rubro y textos siguientes: "DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN SU CONTRA, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO ANTE QUIEN SE PROMUEVE" La desaparición forzada de personas es un delito de naturaleza permanente o continua, en el que predomina la falta de información de las autoridades estatales acerca del paradero de la persona o la negativa a reconocer la comisión del ilícito, por lo que no siempre es posible determinar con certeza las autoridades responsables ni el lugar o lugares donde se esté ejecutando. Ante tal circunstancia, toda vez que el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito, o incluso puede comenzar a ejecutarse en uno de ellos y continuar ejecutándose en otro, se concluye que en términos del artículo 37, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, es competente por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo que se presenta en contra de hechos presuntamente constitutivos de desaparición forzada, el juez ante quien se presente la demanda de amparo. Lo anterior, incluso, redunda en un mayor beneficio para las víctimas indirectas, puesto que se asegura que la persona que presenta la demanda de amparo indirecto tenga un acceso más allanado al juicio de amparo y pueda participar de manera inmediata en él, de tal modo que no se establezcan exigencias gravosas sobre circunstancias tales como la identificación del lugar de la detención o la determinación de la autoridad responsable, acceda de manera personal al expediente, obtenga copias, exprese su opinión, reciba información directa, aporte pruebas, formule alegatos y, en general, haga valer sus derechos de manera eficaz. En paralelo, subsiste un deber de auxilio a cargo de todos los órganos de gobierno, para que el juez competente pueda allegarse de la información necesaria para determinar cuál es el paradero de la víctima del multicitado delito y en su caso, obtenga su comparecencia, como un auténtico habeas corpus." La consecuencia fáctica del criterio que se mencionó trae consigo evitar la existencia de conflictos competenciales por razón de territorio cuando el acto reclamado es la desaparición forzada o desconocimiento cierto del paradero de una persona, con lo cual se allana el procedimiento respectivo en favor de las victimas." (.) Y, en el presente caso el promovente del amparo reclamó la privación de la libertad, así como la inminente deportación del país mexicano; en la inteligencia de que el juez federal concedió la suspensión por actos de incomunicación y desaparición forzada, entre otros. Ese sentido toda vez que la desaparición forzada de personas es un delito de naturaleza permanente o continua, en el que predomina la falta de información de las autoridades estatales acerca del paradero de la persona o la negativa a reconocer la comisión de un ilícito, por lo que no es posible determinar con certeza las autoridades responsables ni el lugar o lugares donde se esté ejecutando. Ante ello se reitera que en términos del artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, la circunstancia de que Roberto Espinosa Fabars, se encuentre privado de la libertad (desaparecido) puede tener ejecución en más de un distrito, o incluso puede comenzar a ejecutarse en uno de ellos y continuar ejecutándose en otro, por lo que se considera que es legalmente competente por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo que se presenta en contra de hechos presuntamente constitutivos de desaparición forzada, el Juez ante quien se presente la demanda de amparo. Además, sobre tal punto ya se pronunció con claridad la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el Juez de Distrito Competente, en esos casos en que se involucre desaparición o el desconocimiento del paradero de una persona, lo será aquel ante quien se presente la demanda; ello al resolver la contradicción de tesis 261/2018, cuya ejecutoria aparece visible bajo el registro 29329, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 75, Febrero 2020, Tomo I, pagina 515. "DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN SU CONTRA, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO ANTE QUIEN SE PROMUEVE" La desaparición forzada de personas es un delito de naturaleza permanente o continua, en el que predomina la falta de información de las autoridades estatales acerca del paradero de la persona o la negativa a reconocer la comisión del ilícito, por lo que no siempre es posible determinar con certeza las autoridades responsables ni el lugar o lugares donde se esté ejecutando. Ante tal circunstancia, toda vez que el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito, o incluso puede comenzar a ejecutarse en uno de ellos y continuar ejecutándose en otro, se concluye que en términos del artículo 37, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, es competente por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo que se presenta en contra de hechos presuntamente constitutivos de desaparición forzada, el juez ante quien se presente la demanda de amparo. Lo anterior, incluso, redunda en un mayor beneficio para las víctimas indirectas, puesto que se asegura que la persona que presenta la demanda de amparo indirecto tenga un acceso más allanado al juicio de amparo y pueda participar de manera inmediata en él, de tal modo que no se establezcan exigencias gravosas sobre circunstancias tales como la identificación del lugar de la detención o la determinación de la autoridad responsable, acceda de manera personal al expediente, obtenga copias, exprese su opinión, reciba información directa, aporte pruebas, formule alegatos y, en general, haga valer sus derechos de manera eficaz. En paralelo, subsiste un deber de auxilio a cargo de todos los órganos de gobierno, para que el juez competente pueda allegarse de la información necesaria para determinar cuál es el paradero de la víctima del multicitado delito y en su caso, obtenga su comparecencia, como un auténtico habeas corpus." Apoya la anterior determinación la resolución dictada en el conflicto competencial 46/2022, dictada por el Pleno del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, residente en esta ciudad. En tal razón, por los motivos expuestos, este resolutor federal estima que, de manera respetuosa, que no es dable aceptar la competencia planteada; en consecuencia, devuélvase el juicio de amparo y anexos, al Juzgado de Distrito declinante, para los efectos legales a que haya lugar, para lo cual se ordena formar cuaderno de antecedentes. PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se autoriza al Secretario, bajo criterio limitado y hábil, para que únicamente certifique y agregue a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y, c) acuses de recibo. Finalmente, se precisa que en virtud de que no se aceptó la competencia planteada, resulta innecesario realizar alguna notificación personal a la parte promovente de la acción constitucional, pues en todo caso, será el órgano declinante quien proveerá lo conducente, al ser quien tramita actualmente el juicio constitucional. Notifíquese por lista y cúmplase. Así lo proveyó y firma electrónicamente el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, Luis Rafael Bautista Cruz, asistido de Ivette Caballero Rodriguez, secretaria con quien actúa y da fe.

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