Roberto Espíndola Carreto
Expediente 52/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 10 actuaciones registradas, la última del 11 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 52/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 11/08/2021
Partes del expediente
- Roberto Espíndola Carreto
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Cúmplase
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA ROBERTO ESPINDOLA CARRETO EL AUTO DE VEINTICUATRO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Vista la razón de cuenta y advirtiéndose que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido la sentencia constitucional dictada en el presente juicio de amparo. Declaración de ejecutoria. Ha causado ejecutoria la sentencia en que se sobreseyó el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 2 de la Ley de Amparo, en relación con el 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Aclaración de sentencia ejecutoria Por otra parte, de la sentencia dictada en autos, se advierte que como fecha de emisión de la misma, se asentó el día cuatro de septiembre de dos mil veinte. Ahora bien, del último párrafo del artículo 74 de la Ley de Amparo señala: Artículo 74. La sentencia debe contener: El órgano jurisdiccional, de oficio podrá aclarar la sentencia ejecutoriada, solamente para corregir los posibles errores del documento a fin de que concuerde con la sentencia, acto jurídico decisorio, sin alterar las consideraciones esenciales de la misma. Del citado precepto se tiene que el órgano jurisdiccional de oficio podrá aclarar la sentencia ejecutoriada a fin de corregir los posibles errores del documento y ésta concuerde con el acto jurídico decisorio, sin que se alteraren las consideraciones esenciales de la misma. Lo anterior es así toda vez que la aclaración de sentencias es una institución procesal que, sin reunir las características de un recurso, tiene por objeto hacer comprensibles los conceptos ambiguos, rectificar los contradictorios y explicar los oscuros, así como subsanar omisiones y, en general, corregir errores o defectos. En ese sentido, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estimó que de conformidad con el derecho fundamental previsto en el artículo 17 Constitucional, se establece una administración de justicia por los tribunales en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, siendo obvio que estos atributos no se logran con sentencias que, por inexistencia de la institución procesal aclaratoria, tuvieran que conservar palabras y concepciones oscuras, confusas o contradictorias. En virtud de lo asentado en los párrafos que anteceden, el suscrito Juzgador realiza la aclaración de la sentencia ejecutoriada en su apartado relativo a la fecha en la que se emitió la sentencia en el presente asunto, siendo la correcta el día cuatro de marzo de dos mil veintiuno, aclaración que se hace únicamente para los efectos legales a los que haya lugar. Archivo de asunto Ahora bien, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales", publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido; toda vez que en el presente sumario constitucional se dictó sentencia definitiva. Valoración Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que sí existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3°, fracción XVIII del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Asimismo, que mediante sentencia de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, se sobreseyó en el presente juicio biinstancial; en consecuencia, se considera que es susceptible de destrucción, de conformidad con los criterios de valoración a que aluden los citados numerales 12 y 14; en virtud que encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c) del referido Acuerdo General. Glósese el original del incidente de suspensión. Guárdese por separado el duplicado del incidente de suspensión. Destrúyase el original del incidente de suspensión, una vez transcurridos tres años, toda vez que se negó la medida cautelar definitiva y no existe denuncia de violación a la suspensión, exceso o defecto con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a) del citado Acuerdo General. Destrúyase el duplicado del incidente de suspensión transcurrido seis meses siguientes a su archivo, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo General. Además, se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo citado; esto es, no versó sobre delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Existencia de documentos originales Por otra parte, vistos los anexos del escrito de demanda, se advierte el original del contrato privado de comodato de bien inmueble, de cuatro de enero de dos mil diecinueve, celebrado entre José Francisco Davis Blázquez Ramírez y el quejoso Roberto Espíndola, al respecto, se provee: Requiérase al quejoso, para el efecto de que se presente ante este Juzgado debidamente identificado dentro del término de noventa días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación de este proveído, a recoger la documental mencionada en el párrafo que antecede, se le apercibe que de no hacerlo, una vez que transcurra dicho plazo la citada documental será destruida junto con el juicio de amparo en que se actúa. Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto, así como la destrucción del cuaderno original del incidente de suspensión. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Firma del expediente De conformidad con lo dispuesto en los artículos 13 y 28 del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta determinación se firmará electrónicamente. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Vista la razón de cuenta y advirtiéndose que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido la sentencia constitucional dictada en el presente juicio de amparo. Declaración de ejecutoria. Ha causado ejecutoria la sentencia en que se sobreseyó el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 2 de la Ley de Amparo, en relación con el 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Aclaración de sentencia ejecutoria Por otra parte, de la sentencia dictada en autos, se advierte que como fecha de emisión de la misma, se asentó el día cuatro de septiembre de dos mil veinte. Ahora bien, del último párrafo del artículo 74 de la Ley de Amparo señala: Artículo 74. La sentencia debe contener: El órgano jurisdiccional, de oficio podrá aclarar la sentencia ejecutoriada, solamente para corregir los posibles errores del documento a fin de que concuerde con la sentencia, acto jurídico decisorio, sin alterar las consideraciones esenciales de la misma. Del citado precepto se tiene que el órgano jurisdiccional de oficio podrá aclarar la sentencia ejecutoriada a fin de corregir los posibles errores del documento y ésta concuerde con el acto jurídico decisorio, sin que se alteraren las consideraciones esenciales de la misma. Lo anterior es así toda vez que la aclaración de sentencias es una institución procesal que, sin reunir las características de un recurso, tiene por objeto hacer comprensibles los conceptos ambiguos, rectificar los contradictorios y explicar los oscuros, así como subsanar omisiones y, en general, corregir errores o defectos. En ese sentido, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estimó que de conformidad con el derecho fundamental previsto en el artículo 17 Constitucional, se establece una administración de justicia por los tribunales en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, siendo obvio que estos atributos no se logran con sentencias que, por inexistencia de la institución procesal aclaratoria, tuvieran que conservar palabras y concepciones oscuras, confusas o contradictorias. En virtud de lo asentado en los párrafos que anteceden, el suscrito Juzgador realiza la aclaración de la sentencia ejecutoriada en su apartado relativo a la fecha en la que se emitió la sentencia en el presente asunto, siendo la correcta el día cuatro de marzo de dos mil veintiuno, aclaración que se hace únicamente para los efectos legales a los que haya lugar. Archivo de asunto Ahora bien, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales", publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido; toda vez que en el presente sumario constitucional se dictó sentencia definitiva. Valoración Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que sí existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3°, fracción XVIII del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Asimismo, que mediante sentencia de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, se sobreseyó en el presente juicio biinstancial; en consecuencia, se considera que es susceptible de destrucción, de conformidad con los criterios de valoración a que aluden los citados numerales 12 y 14; en virtud que encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c) del referido Acuerdo General. Glósese el original del incidente de suspensión. Guárdese por separado el duplicado del incidente de suspensión. Destrúyase el original del incidente de suspensión, una vez transcurridos tres años, toda vez que se negó la medida cautelar definitiva y no existe denuncia de violación a la suspensión, exceso o defecto con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a) del citado Acuerdo General. Destrúyase el duplicado del incidente de suspensión transcurrido seis meses siguientes a su archivo, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo General. Además, se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo citado; esto es, no versó sobre delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Existencia de documentos originales Por otra parte, vistos los anexos del escrito de demanda, se advierte el original del contrato privado de comodato de bien inmueble, de cuatro de enero de dos mil diecinueve, celebrado entre José Francisco Davis Blázquez Ramírez y el quejoso Roberto Espíndola, al respecto, se provee: Requiérase al quejoso, para el efecto de que se presente ante este Juzgado debidamente identificado dentro del término de noventa días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación de este proveído, a recoger la documental mencionada en el párrafo que antecede, se le apercibe que de no hacerlo, una vez que transcurra dicho plazo la citada documental será destruida junto con el juicio de amparo en que se actúa. Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto, así como la destrucción del cuaderno original del incidente de suspensión. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Firma del expediente De conformidad con lo dispuesto en los artículos 13 y 28 del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta determinación se firmará electrónicamente. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por..., en contra de las autoridades y por los actos precisados en el considerando segundo de esta sentencia, con base en los motivos expuestos en el considerando tercero de la misma. Notifíquese.
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