Roberto Enrique Silva Medina

Expediente 1145/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 6 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1145/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
14/12/2021

Partes del expediente

  • Roberto Enrique Silva Medina

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; catorce de diciembre de dos mil veintiuno. SE RECIBE RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE QUEJA. Agréguense el oficio y anexo de cuenta. Acúsese recibo. Hágase saber a las partes que el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, en el recurso de queja administrativa 235/2021, resolvió: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja interpuesto por Roberto Enrique Silva Medina, contra el auto de cinco de octubre de dos mil veintiuno, dictado por la Jueza Primera de Distrito en el Estado de Hidalgo en el amparo indirecto 1145/2021-VI-B". Notifíquese; (.)" Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ARCHIVO. Por lo anterior, y toda vez que el expediente físico coincide con el expediente electrónico, con fundamento en el artículo 3, penúltimo párrafo y 214 de la Ley de Amparo, remítase el expediente al archivo definitivo como asunto totalmente concluido Asimismo, de conformidad con el artículo vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes 01/07/23 18:27:39 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.94.34 Gabriel César Téllez Sánchez generados en los Juzgados de Distrito, se hace constar que el presente expediente es susceptible de destrucción

  2. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; veintinueve de octubre de dos mil veintiuno. COLEGIADO CONFIRMA RECEPCIÓN Y RADICACIÓN DE RECURSO DE QUEJA. Agréguese a los autos el oficio referido en la cuenta secretarial; visto su contenido, se tiene a la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito acusando recibo del oficio por el cual se rindió informe sobre la materia de la queja interpuesta por Roberto Enrique Silva Medina, dentro del presente juicio de amparo 1145/2021-VI-B, así como de los anexos que se acompañaron al mismo. Además, informa que dicho medio de impugnación quedó registrado bajo el número de queja 235/2021

  3. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; quince de octubre de dos mil veintiuno. RECURSO DE QUEJA. Visto el escrito de cuenta, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se acuerda: 1. Téngase a Roberto Enrique Silva Medina, interponiendo recurso de queja contra el auto de cinco de octubre del año en curso; y, 2. Una vez que se notifique a la parte recurrente el presente auto y sin necesidad de acuerdo previo, envíense a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales del Vigésimo Noveno Circuito, para que esta la turne al órgano jurisdiccional que corresponda, las siguientes constancias:  Informe sobre la materia de la queja;  El original y copia del escrito de agravios; asimismo,  Copia certificada del expediente en que se actúa.

  4. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; cinco de octubre de dos mil veintiuno. Vista la comparecencia de cuenta a cargo del quejoso Roberto Enrique Silva Medina, se le tiene ratificando el escrito recibido presentado en el veinte de septiembre del año en curso en la oficina de correspondencia común, y recibido en este juzgado federal el veintidós de septiembre de este mismo año; en consecuencia, se acuerda: SUBSANA PREVENCIÓN. Visto el escrito signado por Roberto Enrique Silva Medina, se le tiene desahogando la prevención hecha por este juzgado federal en proveído de veintitrés de septiembre del año en curso. DESECHAMIENTO. De un análisis integral de la demanda y del escrito aclaratorio se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable; por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desecharla de plano. En efecto, el precepto citado es del tenor siguiente: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De lo transcrito se advierte la obligación del juez de distrito de realizar un examen integral de la demanda de amparo, con la finalidad de determinar si el juicio de derechos fundamentales es procedente, pues de lo contrario dicha demanda debe ser desechada, ya que la acción constitucional sólo está reservada 08/09/22 14:52:54 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.bf.e0 VERONICA GARCIA ALVAREZ para aquellos casos previstos en el numeral 107 de la Ley de Amparo. En el presente caso, se estima actualizada de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención a lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dic actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; El precepto transcrito establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio conforme a las leyes que los rijan o proceda en su contra algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que no se esté ante alguna de las excepciones que el propio legislador previó en esa disposición. 08/09/22 14:52:54 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.bf.e0 VERONICA GARCIA ALVAREZ Esta causa de improcedencia tiene sustento en la fracción IV del artículo 107 de la Norma Fundamental, el cual es del tenor siguiente: Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) IV.- En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución Los preceptos transcritos contemplan el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, el cual encuentra su justificación en el hecho de que el juicio constitucional, al tratarse de un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad violatorios de derechos humanos, es improcedente si previamente no se acude a las instancias ordinarias que permitan modificar, revocar o nulificar el acto de la autoridad, salvo los casos de excepción previstos en tales numerales. Al respecto, debe precisarse que los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los 08/09/22 14:52:54 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.bf.e0 VERONICA GARCIA ALVAREZ hagan valer, y solo en caso de no obtener resolución favorable, el juicio de amparo será procedente. Afirmar lo contrario, sería tanto como sostener que el juicio de amparo es un recurso ordinario y, a su vez, permitiría al juez federal suplantar las facultades del órgano de primera instancia. Sin embargo, dicho principio no es absoluto, toda vez que existen excepciones que habilitan al particular a acudir directamente al juicio constitucional no obstante exista un medio ordinario de defensa contra el acto reclamado. Efectivamente, la primera excepción al principio de definitividad está referida a la figura de la suspensión del acto reclamado, de modo que se pueden obviar los recursos ordinarios en los siguientes casos: ? Cuando la ley de la materia no prevea esa medida cautelar con la interposición del recurso, o bien, que pueda ser decretada oficiosamente por la autoridad respectiva; ? Que aun cuando se contemple la suspensión del acto, no lo sea con los mismos alcances que establece la ley de amparo; ? Que la ley ordinaria no prevea mayores requisitos que los que consigna la Ley de Amparo para otorgar la suspensión definitiva; y, ? Que el plazo para conceder la medida cautelar no sea mayor que el dispuesto para la suspensión provisional. La segunda excepción al principio de definitividad está relacionada con el principio de fundamentación que debe observarse en todos los actos de autoridad, de modo que se surtirá la excepción aludida cuando el acto reclamado carezca de modo absoluto de ese elemento. Al respecto, debe hacerse la precisión que dicho supuesto no se actualiza cuando la parte quejosa desconozca el acto reclamado, por lo que no es posible obligar a los particulares a 08/09/22 14:52:54 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.bf.e0 VERONICA GARCIA ALVAREZ agotar los recursos conducentes cuando no se le han dado a conocer los fundamentos del acto. De esta manera, si la autoridad emite un acto de molestia, pero en él se omite invocar precepto alguno que lo justifique, entonces el juicio de amparo será procedente, sin necesidad de desahogar previamente algún medio de defensa. Consecuentemente, no se ubica dentro de esta excepción el reclamo de la indebida o deficiente fundamentación, toda vez que en esta hipótesis el acto sí contempla preceptos legales, aunque éstos sean exacta o debidamente aplicables, lo que en todo caso será materia de análisis en el medio ordinario de defensa que se establezca para tal efecto. Por otro lado, la siguiente excepción al principio de definitividad se surte cuando en relación con el acto reclamado únicamente se aleguen violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; excepción que en un principio se reconoció en la práctica jurisprudencial de los tribunales federales. Finalmente, se actualiza también una excepción al principio de definitividad cuando el recurso o medio ordinario de defensa se encuentre previsto en un reglamento y no en una ley, lo que no implica que el quejoso no pueda interponer el medio de defensa establecido en ordenamientos distintos a las leyes, sino que solamente se traduce en que su falta de agotamiento no es susceptible de producir la improcedencia del juicio de amparo. Supuestos que en el caso no se actualizan, dado que la parte quejosa reclama el acuerdo la resolución que desechó de plano de la reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado, que interpuso la parte quejosa, contenida en el acuerdo con número de oficio 600.602/RPEA/AOM/478/2021, 08/09/22 14:52:54 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.bf.e0 VERONICA GARCIA ALVAREZ folio 265047, prefolio 753, radicado ante la Subdirección de lo Contencioso de la Dirección Normativa de Procedimientos Legales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, dentro del expediente RP/91/2021. Al respecto, el artículo 3, fracción IX, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el cual establece: Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: (.) IX. Las que nieguen la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado, declaren improcedente su reclamación o cuando habiéndola otorgado no satisfaga al reclamante. También, las que por repetición, impongan la obligación a los servidores públicos de resarcir al Estado el pago correspondiente a la indemnización, en los términos de la ley de la materia; Del artículo transcrito, se desprende que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa es competente para conocer de los juicios de nulidad que se promuevan en contra de los actos administrativos o resoluciones a través de las cuales se niegue la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado, se declare improcedente su reclamación o cuando aun siendo otorgada no satisfaga al reclamante. Por su parte, del análisis de las disposiciones que rigen el juicio de nulidad en sede federal, establecidas en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se desprende que el referido juicio podrá promoverse dentro de los treinta días siguientes, salvo las excepciones señaladas De igual manera, se prevé la posibilidad de solicitar como medida cautelar la suspensión del acto impugnado, a fin de 08/09/22 14:52:54 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.bf.e0 VERONICA GARCIA ALVAREZ mantener la situación de hecho existente en el estado que se encuentra, debiendo proveer lo relativo dentro de las veinticuatro horas siguientes a la presentación de la solicitud. En efecto los artículos 24 y 28 de dicha norma disponen: Artículo 24. Una vez iniciado el juicio contencioso administrativo, salvo en los casos en que se ocasione perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público, y con el fin de asegurar la eficacia de la sentencia, el Magistrado Instructor podrá decretar la suspensión de la ejecución del acto impugnado, a fin de mantener la situación de hecho existente en el estado en que se encuentra, así como todas las medidas cautelares positivas necesarias para evitar que el litigio quede sin materia o se cause un daño irreparable al actor. La suspensión de la ejecución del acto impugnado se tramitará y resolverá exclusivamente de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 28 de esta Ley. Las demás medidas cautelares se tramitarán y resolverán de conformidad con el procedimiento previsto en la presente disposición jurídica y los artículos 24 Bis, 25, 26 y 27 de esta Ley. Durante los periodos de vacaciones del Tribunal, en cada región un Magistrado de Sala Regional cubrirá la guardia y quedará habilitado para resolver las peticiones urgentes sobre medidas cautelares o suspensión del acto impugnado, relacionadas con cuestiones planteadas en la demanda (.) Artículo 28. La solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, presentado por el actor o su representante legal, se tramitará y resolverá, de conformidad con las reglas siguientes: I. Se concederá siempre que: a) No se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, y b) Sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado. 08/09/22 14:52:54 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.bf.e0 VERONICA GARCIA ALVAREZ II. Para el otorgamiento de la suspensión deberán satisfacerse los siguientes requisitos: a) Tratándose de la suspensión de actos de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, se concederá la suspensión, la que surtirá sus efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. Al otorgar la suspensión, se podrá reducir el monto de la garantía, en los siguientes casos: 1. Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del solicitante, y 2. Si se tratara de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. b) En los casos en que la suspensión pudiera causar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el solicitante otorga garantía bastante para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que con ella se cause, si éste no obtiene sentencia favorable. En caso de afectaciones no estimables en dinero, de proceder la suspensión, se fijará discrecionalmente el importe de la garantía. c) En los demás casos, se concederá determinando la situación en que habrán de quedar las cosas, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal, hasta que se pronuncie sentencia firme. d) El monto de la garantía y contragarantía será fijado por el Magistrado Instructor o quien lo supla. III. El procedimiento será: a) La solicitud podrá ser formulada en la demanda o en escrito diverso presentado ante la Sala en que se encuentre radicado el juicio, en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia definitiva. b) Se tramitará por cuerda separada, bajo la responsabilidad del Magistrado Instructor. 08/09/22 14:52:54 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.bf.e0 VERONICA GARCIA ALVAREZ c) El Magistrado Instructor deberá proveer sobre la suspensión provisional de la ejecución, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la presentación de la solicitud. d) El Magistrado Instructor requerirá a la autoridad demandada un informe relativo a la suspensión definitiva, el que se deberá rendir en el término de cuarenta y ocho horas siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del acuerdo respectivo. Vencido el término, con el informe o sin él, el Magistrado resolverá lo que corresponda, dentro de los cinco días siguientes. IV. Mientras no se dicte sentencia definitiva en el juicio, el Magistrado Instructor podrá modificar o revocar la resolución que haya concedido o negado la suspensión definitiva, cuando ocurra un hecho superveniente que lo justifique. V. Cuando el solicitante de la suspensión obtenga sentencia favorable firme, el Magistrado Instructor ordenará la cancelación o liberación de la garantía otorgada. En caso de que la sentencia firme le sea desfavorable, a petición de la contraparte o en su caso, del tercero, y previo acreditamiento de que se causaron perjuicios o se sufrieron daños, la Sala ordenará hacer efectiva la garantía otorgada ante la autoridad. Como se advierte, la lectura de los numerales antes transcritos, permite sostener válidamente que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no contempla mayores requisitos para el otorgamiento de la suspensión de la resolución impugnada con relación a lo que exige la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada IX.1o.2 A (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegido del Noveno Circuito, consultable en la página 1898, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 3, con registro electrónico 2003613, que dispone: JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. DEBE PROMOVERSE, PREVIO AL AMPARO, AL NO EXIGIR LAS LEYES FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 08/09/22 14:52:54 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.bf.e0 VERONICA GARCIA ALVAREZ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, MAYORES REQUISITOS QUE LA DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN. Del análisis comparativo de los artículos 1o., 2o. y 24 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, así como 14, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se advierte que no exigen mayores requisitos para suspender la ejecución de los actos impugnados en el juicio contencioso administrativo federal, que los consignados en los artículos 124, 125, 135 y 139 de la Ley de Amparo, para conceder la suspensión definitiva. Por su parte, el numeral 28 del ordenamiento inicialmente mencionado, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2010, en vigor a partir del 10 de marzo de 2011, tampoco prevé mayores requisitos para dicho efecto. Por tanto, al no configurarse la excepción al principio de definitividad contenida en el artículo 73, fracción XV, de la ley de la materia, debe promoverse el indicado medio de defensa ordinario, previo al juicio de amparo. Así como la diversa tesis aislada 2a. CLVII/20217 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1129, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 47, Octubre de 20217, Tomo II, que dispone: RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE RESUELVE UNA RECLAMACIÓN PROCEDE EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, INDEPENDIENTEMENTE DE SI EL PRONUNCIAMIENTO ES O NO DE FONDO [ABANDONO DE LAS JURISPRUDENCIAS 2a./J. 163/2015 (10a.) Y 2a./J. 104/2012 (10a.)]. En una nueva reflexión, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abandona el criterio contenido en las jurisprudencias citadas, al estimar que acorde con el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, en conjunción con los principios de interpretación más favorable a la persona y en caso de duda, a favor de la acción, contenidos en los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los operadores jurídicos, en especial los órganos jurisdiccionales, al interpretar las normas procesales respectivas, deben evitar formalismos o entendimientos no razonables que vulneren el derecho del 08/09/22 14:52:54 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.bf.e0 VERONICA GARCIA ALVAREZ justiciable a obtener una resolución sobre el fondo de la cuestión planteada, lo que supone tomar todas las medidas necesarias para remover los obstáculos existentes para que pueda disfrutar del derecho referido, lo que implica que el Estado no puede ni debe tolerar las circunstancias o condiciones que impidan acceder a los recursos internos adecuados para proteger sus derechos, como acontece con el derecho fundamental a obtener una indemnización por los daños causados por la actividad administrativa irregular, a que se refiere el precepto 109 de la Constitución Federal. A partir de lo anterior, la Segunda Sala considera pertinente sostener que los artículos 24 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado y 14, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (abrogada), deben entenderse en el sentido de que el juicio contencioso administrativo procede contra las determinaciones que resuelvan, en sede administrativa, las reclamaciones promovidas por responsabilidad patrimonial del Estado, independientemente de que la autoridad emita o no un pronunciamiento sobre "el fondo del asunto", pues de otro modo se afecta el grado de racionalidad, accesibilidad y sencillez con el que deben contar normas adjetivas referentes a la procedencia de ese medio de control del acto administrativo, ya que cuando los entes administrativos declaran improcedentes o desechan de plano tales reclamaciones, es inconcuso que están negando implícitamente la indemnización solicitada por los gobernados; de ahí que ambos supuestos -es decir, tanto las resoluciones de fondo, como las de forma encuadran en las referidas hipótesis jurídicas de procedibilidad del juicio contencioso administrativo. Todo lo anterior permite afirma válidamente que en contra del acto reclamado consistente en la determinación que desechó la reclamación de responsabilidad patrimonial, procede el juicio de nulidad, de conformidad con el artículo 3, fracción IX, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el cual constituye un medio ordinario de defensa por virtud del cual puede ser modificado, revocado o nulificado; que no fue agotado por el quejoso antes de acudir al juicio de amparo. 08/09/22 14:52:54 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.bf.e0 VERONICA GARCIA ALVAREZ Lo que acredita de manera manifiesta e indudable el motivo de improcedencia consignado en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por tanto, SE DESECHA la demanda de amparo. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. En atención al principio de economía procesal y, de conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento se autoriza a las partes para hacer uso de cámaras fotográficas, lectores de láser u otros medios electrónicos, para la reproducción de los acuerdos y resoluciones dictados en el presente sumario. ACUERDO SOBRE SOLICITUD DE HABILITACIÓN DE USUARIO. Con fundamento en los artículos 21 y 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza la consulta del expediente electrónico, por medio del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, mediante el usuario LealVite...VI

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