Roberto Enrique Bernal Valdes

Expediente 459/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 10 actuaciones registradas, la última del 9 de junio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
459/2016
Año
2016
Actuaciones
10
Última actuación
09/06/2016

Partes del expediente

  • Roberto Enrique Bernal Valdes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    VII) Toluca, Estado de México; nueve de junio de dos mil dieciséis. Vista la certificación precedente, se advierte que las partes no recurrieron, dentro del plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, contra la sentencia de veinte de mayo del año en curso (fojas 49 a 55), en la que se sobreseyó en el juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la primera ley invocada, se declara firme. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. En otro orden de ideas, el estado de autos evidencia que el presente asunto está concluido, por tanto en su momento archívese este expediente como asunto concluido. En tal virtud, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgado de Distrito, se hace la indicación de que con fundamento en el punto vigésimo primero, inciso I, en relación con el segundo, inciso XXI, el presente asunto es susceptible de destrucción; ello pues como se refirió en párrafos precedentes, en esta fecha adquirió firmeza procesal la sentencia de veinte de mayo del año en curso (fojas 49 a 55), en la que se sobreseyó en el juicio de amparo. - El cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción, (punto vigésimo, inciso III, del Acuerdo en mención), porque se negó la suspensión definitiva del acto reclamado. Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo proveyó y firma José Antonio Ruiz Rosales, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Encargado del Despacho por licencia otorgada al titular, en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el oficio CCJ/ST/1486/2016 de tres de mayo de dos mil dieciséis, con Jazmín Nallely Martínez Ramírez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    VII) VISTOS, para resolver, el juicio de amparo 459/2016-VII, promovido por Roberto Enrique Bernal Valdés, por propio derecho, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Roberto Enrique Bernal Valdés mediante escrito presentado el siete de abril de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en Toluca, Estado de México, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra las autoridades y actos que a continuación se precisan: "3.- AUTORIDADES RESPONSABLES. EN SU CARÁCTER DE ORDENADORA. C. JUEZ DE CONTROL EN MATERIA PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA, RESIDENCIA EN ALMOLOYA DE JUAREZ, ESTADO DE MEXICO. EN SU CARÁCTER DE EJECUTORA. C. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO. COMISARIO GENERAL DE LA POLICÍA MINISTERIAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO. 4.- ACTO RECLAMADO. La infundada, inmotivada, inconstitucional y anticonstitucional, citación a la audiencia de imputación por parte de la autoridad responsable ordenadora en la que pretenden fincarme responsabilidad y por consiguiente mi privación de mi libertad, por lo que conculca mis derechos humanos consagrados en la constitución, dentro de la carpeta administrativa número 280/16." SEGUNDO. Derechos humanos vulnerados. El quejoso señaló como derechos humanos vulnerados, los reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite de la demanda. El once de abril de dos mil dieciséis, este Juzgado Segundo de Distrito, formó expediente, lo registró con el número 459/2016-VII, admitió a trámite la demanda, requirió a las autoridades responsables su informe justificado, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que le corresponde, y señaló día y hora para la audiencia constitucional (fojas 6-9), la cual, previo diferimiento, se llevó a cabo en términos del acta anterior y que forma parte de esta resolución. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, es competente para conocer y resolver el juicio de amparo, ello, con fundamento en los artículos 103, fracción I y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República; 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48, en relación con el 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en concordancia con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por tratarse de un juicio de amparo en el que se reclaman actos privativos de libertad emitidos por autoridades jurisdiccionales, cuya ejecución se efectúa en el territorio en que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, la fracción I, de la Ley de Amparo, es conveniente precisar que del estudio integral practicado a la demanda de amparo, el acto reclamado se hace consistir esencialmente en: El auto de dieciocho de marzo de dos mil dieciséis dictado por el Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, en la carpeta administrativa 280/2016, en el que ordena la citación del quejoso Roberto Enrique Bernal Valdés para el once de abril de dos mil dieciséis, a la audiencia de formulación de imputación, con el apercibimiento de no asistir se ordenaría su aprehensión o comparecencia. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La Jueza de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado, en el ámbito de sus facultades (fojas 25). Por su parte el Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección General Jurídica y Consultiva en representación del Procurador General de Justicia del Estado de México y del Comisario General de la Policía Ministerial, al rendir su informe justificado negaron la existencia del acto reclamado (fojas 16 y 17), sin embargo, dado el carácter de autoridades ejecutoras con el que fueron señaladas y la inminencia del acto combatido, se les hace extensiva la afirmación vertida por el Juez responsable. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo, en la tesis número treinta y cinco, visible en la página cincuenta y seis del Tomo III, segunda parte -1 de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación correspondiente a los Tribunales Colegiados de Circuito, bajo el rubro: "ACTO RECLAMADO NEGADO POR AUTORIDADES EJECUTORAS Y ADMITIDO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA DEBE TENERSE POR CIERTO.- Si las autoridades ejecutoras en su informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado, pero aquellas a quienes se les atribuye haberlo ordenado lo aceptan, indudablemente que las autoridades ejecutoras por razón de jerarquía tienen obligación de darle cumplimiento a tal orden, por lo tanto, debe tenerse como cierto el acto a ellas reclamado.". La existencia del acto reclamado se corrobora con las copias certificadas de la carpeta administrativa 280/2016 y la videograbación derivada de la misma, a las cuales se les concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia por disposición expresa de su numeral 2°; de donde se advierte la existencia del acto reclamado. CUARTO. Causas de improcedencia. Previo al análisis de la litis constitucional, debe examinarse la procedencia del juicio de amparo, independientemente de que la autoridad responsable haya aceptado los actos reclamados, toda vez que constituye una cuestión de estudio oficioso en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo; máxime porque al actualizarse alguna causal de inejercitabilidad de la acción, se obstaculizaría el examen de los actos reclamados a la luz de los conceptos de violación propuestos. En el caso, este Juzgador considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y ." Para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia de nuestro máximo tribunal ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio de garantías, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción XXII antes transcrita, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de garantías. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIV, Diciembre de 2006, página 189, que dice: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." De la misma forma, la tesis 2a. XLVIII/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, abril de 1998, página 241 que señala: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." Ahora, de las copias certificadas de las constancias relativas a la carpeta administrativa 280/2016, que remitió el Juez responsable, la cual fue valorada con antelación, se advierte que: El dieciocho de marzo de dos mil dieciséis, la Agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa Especial de Delitos contra la Salud en Toluca, Estado de México María de los Ángeles Osorno García, solicitó audiencia de formulación de imputación sin detenido y/o en su caso orden de aprehensión en contra del aquí quejoso Roberto Enrique Bernal Valdés, por el hecho delictuoso de contra la salud (fojas 29-31). A tal solicitud, recayó acuerdo en la misma fecha, por el cual el Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, México, fijó las once horas del once de abril de dos mil dieciséis, para la celebración de la audiencia de formulación de imputación sin detenido y/o en su caso orden de aprehensión, asimismo, ordenó notificar personalmente al indiciado Roberto Enrique Bernal Valdés, para que compareciera a la hora indicada con asistencia de su defensor (foja 32). Determinación que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. El once de abril de dos mil dieciséis, el Juez responsable dio inicio a la audiencia de formulación de imputación sin detenido y/o en su caso orden de aprehensión, en la cual se hizo constar la inasistencia del investigado, por lo que el Juez responsable declaró sin materia la precitada audiencia y dejo a salvo los derechos de la fiscal (foja 37). Detallado lo anterior, se advierte que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo que dio origen a este sumario constitucional, surgió un cambio jurídico dentro del entorno en el cual existía el acto reclamado, lo que hace imposible restituir al imperante de amparo en el goce de sus garantías violadas. De ahí que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que si bien el acto reclamado (audiencia de formulación de imputación sin detenido y/o en su caso orden de aprehensión señalada para el once de abril de dos mil dieciséis), subsistió formalmente, también lo es que dejó de tener la posibilidad de seguir surtiendo efectos, por el hecho de que el aquí quejoso no asistió a ella y como consecuencia de tal acto, se dejó sin materia la misma y a salvo los derechos de la fiscal. Por lo que las repercusiones jurídicas del acto reclamado ya cambiaron, al dejarse sin efectos la audiencia de formulación de imputación sin detenido y/o en su caso orden de aprehensión señalada para el once de abril de dos mil dieciséis. De ahí que, aun cuando de manera formal subsistió el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, el mismo dejó de tener la posibilidad de surtir efectos, ya que el entorno se modificó al haberse dejado sin efectos la diligencia procesal para el cual se ordenó su presentación, con lo que dejó de tener vigencia la materia del presente juicio de amparo y por tanto de surtir efectos jurídicos. En esas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia a que se refiere la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo, respecto de los actos reclamados en estudio, en términos de la fracción V del numeral 63 de la Ley de la Materia. Sirve de apoyo, la tesis de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo CIV, página 858, que dice: "SOBRESEIMIENTO POR HABER DEJADO DE EXISTIR LA MATERIA DEL ACTO RECLAMADO. Si se concedió el amparo contra la resolución que declaró heredera a una persona, y ésta, fundándose precisamente en su carácter de heredera, demandó la división de una casa, debe estimarse que los efectos de la concesión de ese amparo se extienden a dejar sin materia el juicio de división mencionado, y por lo mismo, si en el presente amparo se reclama la sentencia dictada en dicho juicio, se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, porque aun subsistiendo el acto reclamado, no puede surtir efecto legal alguno, por haber dejado de existir la materia del mismo." Sobreseimiento que se hace extensivo a las autoridades señaladas como ejecutoras; en virtud de que sus actos no se reclaman por vicios propios, sino como una consecuencia del acto atribuido a la ordenadora. En apoyo a lo anterior, se cita la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 126, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXIII, Quinta Época, que a la letra dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS. Cuando el amparo se concede contra la autoridad que ordena el acto, se entiende concedido también contra la autoridad que trata de ejecutarlo, y lo mismo debe decirse cuando se revoca." Como consecuencia de dicha determinación, esto es, al decretarse el sobreseimiento en el presente juicio constitucional respecto del acto reclamado por el quejoso, quien resuelve se encuentra impedido para analizar los conceptos de violación esgrimidos al respecto y, por ende, no puede analizar el fondo de la litis constitucional planteada. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 103 y 107, de la Constitución Federal, 73, 74, 107 y 217, de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Roberto Enrique Bernal Valdés, contra el acto reclamado y autoridades responsables, precisados en los considerandos segundo y tercero, por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materias de Amparos y Juicios Federales en el Estado de México, asistido de la Secretario Irma Zoraida Campos Navarro, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    VII) Toluca, Estado de México; diez de mayo de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de conformidad con el artículo 2°, de la Ley de Amparo, agréguese a los autos la razón realizada por el actuario judicial adscrito, donde asentó su imposibilidad de notificar el oficio 20749/2016 del índice estadístico de este juzgado dirigido a la autoridad responsable "Comisario de la Policía Ministerial adscrito al Primer Turno de la Agencia de Robo de Vehículos de la de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México", por las consideraciones ahí insertas; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento formulado a la parte quejosa en el auto de once de abril pasado y se deja de tener con el carácter de responsable a la señalada para los efectos del presente juicio de amparo, sin perjuicio de que el solicitante del amparo pueda corregir la denominación de la responsable, hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con Irma Zoraida Campos Navarro, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México; tres de mayo de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta, se evidencia que la audiencia constitucional se encuentra prevista para hoy a las once horas con quince minutos, tal como se precisó en auto de once de abril del año en curso (fojas 6 a 9); sin embargo, el veinte de abril pasado (foja 40), se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por el Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez; por ende, se evidencia que se encuentra transcurriendo el plazo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para imponerse del referido informe. En tales condiciones, a fin de integrar debidamente el sumario constitucional en que se actúa y no violar las reglas rectoras del juicio de amparo, la audiencia constitucional prevista para esta fecha se difiere y, en su lugar, se fijan las once horas con cincuenta y cinco minutos del veinte de mayo de dos mil dieciséis. Finalmente, visto el contenido del oficio SEADS/760/2016, de veintisiete de abril de dos mil dieciséis, se advierte que el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, comunica que mediante sesión ordinaria de aquella fecha, el Pleno de dicho Órgano, acordó por unanimidad de votos, la adscripción del Juez Breyman Labastida Martínez, a este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, con efectos a partir del uno de mayo de dos mil dieciséis; por tanto, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 104/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 312, del Tomo XXXII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a julio del año dos mil diez, Novena Época, materia común, con número de registro 164217, cuyo rubro establece: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO." Finalmente, este Juzgador ordena se notifique por medio de oficio la presente determinación a las autoridades responsables, así como las determinaciones que tienen trascendencia procesal, lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar; en la inteligencia de que los demás acuerdos se le notificara por medio de lista. Lo anterior, en atención a lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253, de Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, registrada con el ordinal 2002576, cuyo rubro es el siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con Carolina Denysee Villagrán Salinas, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

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