Roberto Emmanuel Iñigo Pérez
Expediente 307/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 26 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 307/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 06/12/2021
Partes del expediente
- Roberto Emmanuel Iñigo Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
- Principal
Tijuana, Baja California, seis de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de autos y la certificación secretarial que antecede, de la cual se advierte que ha transcurrido el término de veinte días que se otorgó al quejoso en proveído de veintisiete de octubre del año en curso, para que acreditara haber entregado los edictos para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, en el periódico "Excélsior" o bien, en cualquier diario de mayor circulación en el país, con el fin de emplazar a juicio al tercero interesado Alfredo Assali Serio, no obstante estar debidamente notificado para ello desde el veintiocho de octubre de dos mil veintiuno. De lo anterior, podemos advertir que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 63, fracción II, en relación con el artículo 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . II. El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta Ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó." "Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: . III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: . b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo." Dispositivos de cuya interpretación armónica se obtiene que la causa de sobreseimiento de mérito cobra vigor, cuando la parte quejosa no acredita haber entregado los edictos para su publicación dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición. Lo anterior, tiene sustento en la jurisprudencia P./J. 27/2015 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro y texto siguiente: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL PLAZO PARA QUE EL QUEJOSO ACREDITE ANTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE LOS ENTREGÓ PARA SU PUBLICACIÓN, DEBE CONTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO POR EL QUE SE PONEN A SU DISPOSICIÓN. Conforme al artículo 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, de la Ley de Amparo, cuando tenga que emplazarse al tercero interesado por edictos, el quejoso debe acreditar que los entregó para su publicación dentro del plazo de 20 días siguientes al en que se pongan a su disposición; ahora bien, dicho plazo, conforme al artículo 22 de la misma ley, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del acuerdo que señale que los edictos se ponen a disposición del quejoso; de ahí que en el plazo referido, éste debe (i) recogerlos, (ii) entregarlos para su publicación, y (iii) acreditar ante el órgano jurisdiccional su entrega (esto es, que efectuó las gestiones tendientes para publicarlos); por lo que no procede la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles para establecer distintos plazos, ya que el relativo para acreditar la entrega para la publicación de los edictos se encuentra previsto expresamente en la Ley de Amparo. Ahora, mediante proveído de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, se ordenó la investigación oficiosa del domicilio de tercero interesado Alfredo Assali Serio. En ese sentido, en proveído de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, una vez agotada la búsqueda se ordenó el emplazamiento del tercero interesado por medio de edictos, otorgándole a la parte quejosa un término de veinte días legalmente computados para recogerlos, bajo el apercibimiento que de no hacerlo en el plazo establecido, se decretaría el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. En consecuencia, de la certificación que antecede se constata que ha transcurrido el término otorgado a la parte quejosa, en el proveído de veintisiete de octubre del año en curso, sin que exhibiera ante este órgano jurisdiccional la publicación de los citados edictos en el Diario Oficial de la Federación, en el periódico "Excélsior", o bien en cualquier diario de mayor circulación en el país, no obstante de estar legal y oportunamente notificado el veintiocho de octubre del año en curso. Por otro lado, tampoco acreditó su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, o que, en concepto de la suscrita, de los elementos que constan en los autos que integran el presente juicio de amparo, existan indicios que demuestren que la parte agraviada, no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante; por lo tanto, se evidencia que la parte quejosa no cumplió con dicho requerimiento. Por tal motivo, y dado que en el párrafo segundo, inciso b), de la fracción III, del artículo 27, de la Ley de Amparo, impone a la parte quejosa la obligación de acreditar haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, para realizar el emplazamiento del tercero interesado; pues, dicho emplazamiento permite tener constituida la relación jurídica procesal y ello está condicionado a que la parte quejosa realice el pago de los edictos respectivos, o en su caso, se tuviera por acreditada su imposibilidad para solventar dicho gasto, pues, de estimarse lo contrario, el incumplimiento de tal obligación provoca que no pueda tenerse por llamado al juicio de amparo a un gobernado, que con motivo de la emisión del acto reclamado recibió algún beneficio en su esfera jurídica, ni mucho menos que pueda ser resuelto el juicio constitucional. Por ello, en atención a la posición jurídica que guarda el tercero interesado en relación con el acto reclamado, debe estimarse que su emplazamiento al juicio constituye un auténtico presupuesto de validez del proceso cuyo incumplimiento, atribuible a la parte quejosa por la falta de pago de los edictos, impide pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado y, por ende, torna improcedente el juicio de amparo, pues constitucionalmente no es válido que un tribunal resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a juicio al gobernado cuya esfera jurídica se puede ver afectada con su resolución. Por tanto, es claro que al quedar paralizado el juicio constitucional por la falta de publicación de los edictos, a costa del promovente del amparo, para lograr el emplazamiento del tercero interesado Alfredo Assali Serio, se contraviene lo dispuesto en el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que se entorpece la administración de la justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible al órgano jurisdiccional sino a la parte quejosa, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público que tutela el numeral en comento, ya que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso de la parte quejosa Roberto Emmanuel Iñigo Pérez, pues con la falta de emplazamiento del tercero interesado Alfredo Assali Serio, se impide que se constituya válidamente la relación jurídica procesal, contraviniéndose con ello el interés común de la sociedad, razones estas que llevan a determinar el sobreseimiento en el juicio constitucional. Conforme a lo anterior, se estima que al respecto queda garantizada la impartición de justicia de manera pronta y expedita como lo ordena el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además, que la falta de trámite y resolución del juicio de amparo quede al arbitrio de la promovente del amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia número XVII.1o.C.T. J/14 (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 1859, Libro 39, Febrero de 2017, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2013740, que a la letra dice: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE SOBRESEER EN ÉSTE ANTE LA OMISIÓN DEL QUEJOSO DE ACREDITAR QUE LOS PUBLICÓ, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE PRUEBE O NO QUE REQUIRIÓ SU ENTREGA AL ÓRGANO QUE LOS DECRETÓ [INTERPRETACIÓN CONFORME DE LOS ARTÍCULOS 63, FRACCIÓN II Y 27, FRACCIÓN III, INCISO B), PÁRRAFO SEGUNDO, AMBOS DE LA LEY DE LA MATERIA]. No basta tomar en cuenta la literalidad del artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo, que establece que se sobreseerá en el juicio cuando el quejoso no acredite que entregó los edictos para su publicación, a fin de emplazar al tercero interesado, cuyo domicilio se desconoce, una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó, redacción de la que se deduce que se condiciona la actualización de la causa de sobreseimiento, a que el quejoso comparezca ante el órgano de amparo a solicitar la entrega de dichos edictos; sino que debe atenderse al numeral 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, de dicha ley reglamentaria, que regula el mismo supuesto y que de forma puntual señala que si el impetrante de amparo no comprueba haber entregado para su publicación los edictos, dentro del término de veinte días siguientes a que se pongan a su disposición, se sobreseerá en el juicio, sin distinguir si el quejoso requirió o no su entrega al órgano de amparo. Por tanto, de una interpretación conforme de los citados preceptos, si el quejoso omite acreditar los extremos señalados en el artículo 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, procede sobreseer en el juicio, aun cuando no se demuestre que dicho inconforme compareció al tribunal constitucional a requerir su entrega. Esta interpretación resulta acorde con el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece el derecho humano del debido proceso, así como con el diverso numeral 17 de tal Ordenamiento Supremo, que salvaguarda el derecho a que se administre justicia pronta y expedita, en los términos que establecen las leyes; preceptos constitucionales conforme a los cuales no puede quedar supeditada a la intención de las partes que se dicte sentencia en el juicio de amparo, la cual jurídicamente es imposible emitirse si no se constituye válidamente la relación jurídico procesal en el juicio, con el emplazamiento del tercero interesado. Ello, porque la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan en los términos establecidos por la ley; de ahí que no puede sobreponerse el interés del quejoso al interés público de la sociedad." Asimismo, tiene aplicación por identidad de razón la de jurisprudencia 1a./J. 4/2014, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 729, Materia Constitucional, Común, Tomo I, Libro 5, Abril 2014, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece. "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO. LA MODULACIÓN AL DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, QUE IMPONE AL QUEJOSO LA CARGA PROCESAL DE CUBRIR EL COSTO DE LA PUBLICACIÓN DE LOS EDICTOS, ES CONSTITUCIONALMENTE VÁLIDA. El citado artículo modula el derecho humano de acceso a la jurisdicción al imponer la carga procesal al quejoso de cubrir el costo de la publicación de los edictos (en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos diarios de mayor circulación en la República) para emplazar al tercero perjudicado cuyo domicilio no pudo conocerse o, excepcionalmente, de que manifieste a la autoridad de amparo que carece de recursos para cubrir la carga económica respectiva y servirse de los indicios que en tal sentido obren en autos para que se le exima del pago de las publicaciones; destacando que la consecuencia procesal de la omisión de cumplir con esa carga conduciría al eventual sobreseimiento en el juicio de amparo. Ahora bien, la modulación del derecho humano de referencia, contenida en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, debe considerarse constitucionalmente válida, ya que cubre satisfactoriamente el examen de admisibilidad, necesidad y proporcionalidad, por lo que no es arbitraria, innecesaria, ni carente de razonabilidad, ya que, por un lado, debe estimarse admisible, pues tiende a dar audiencia al tercero perjudicado en el juicio de amparo, formalidad que tiene su origen en el deber constitucional de no privar de derechos a alguna persona sin previo juicio en el que se sigan las formalidades esenciales del procedimiento, en congruencia con el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por otro, dicha medida también cuenta con idoneidad y necesidad, pues constituye un instrumento legislativo que tiende a asegurar que, desde el punto de vista jurídico procesal, se cumpla con la formalidad esencial de citar al juicio de amparo al tercero perjudicado, sobre la base de que se agotaron los medios de los que disponía el tribunal para investigar su domicilio; que el sistema de notificación mediante publicación de edictos en medios de comunicación de amplia difusión, es el único instrumento terminal asequible a los tribunales ante la imposibilidad material de practicar una notificación personal directamente con el buscado; y porque es regla general que para que se lleven a cabo materialmente las publicaciones de los edictos en medios de difusión de amplia circulación, alguien debe cubrir su costo. Por último, la medida también es proporcional al fin perseguido por el legislador, pues no implica una afectación desmedida para el quejoso, pues si bien le exige una conducta activa (cubrir el costo de la publicación de los edictos para emplazar al tercero perjudicado, o excepcionalmente, manifestar a la autoridad de amparo que carece de recursos para cubrir la carga económica respectiva), el correlativo derecho constitucional que se busca preservar es la audiencia previa del tercero perjudicado, cuya envergadura procesal es de alta importancia, ya que el emplazamiento constituye la actuación procesal de mayor magnitud por su trascendencia en las demás formalidades del procedimiento." Ahora bien, cabe destacar que durante el plazo concedido para acreditar la publicación de los edictos de mérito, el quejoso, por sí, o bien, por conducto de su autorizado, no manifestó su imposibilidad para sufragar el gasto de los edictos para emplazar al tercero interesado Alfredo Assali Serio, y así los edictos de referencia sean cubiertos, previo procedimiento de investigación para determinar su situación patrimonial, a cargo del presupuesto del Consejo de la Judicatura Federal. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 108/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 416, Materia Común, Tomo XXXII, Agosto 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", pues si bien es cierto que conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo." Además, el sobreseimiento deriva del incumplimiento de la obligación de la parte quejosa, de realizar el pago y publicación de los edictos dentro del plazo concedido en acuerdo de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, o su falta de acreditación sobre la imposibilidad para solventarlos, lo que provoca el retardo en la impartición de justicia, prohibido por los artículos 17, del Pacto Federal. En tales circunstancias, al actualizarse la causa de improcedencia de la acción constitucional referida, se decreta el sobreseimiento en el juicio de amparo en que se actúa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción II, en relación a la fracción III, inciso b), párrafo segundo, del numeral 27, ambos de la Ley de Amparo. Finalmente, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las trece horas del siete de diciembre de dos mil veintiuno. Notifíquese personalmente.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintisiete de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede se advierte que el oficio 20437/2021, al Director del Seguro Popular con residencia en Ciudad de México, fue devuelto por el servicio de mensajería acelerada denominado estafeta, en virtud que dicha autoridad cambió de domicilio; asimismo al consultar el directorio de funcionarios de la Secretaría de Salud, no se advierte información respecto al cargo de Director del Seguro Popular con residencia en Ciudad de México, en consecuencia, se considera innecesario ordenar la reexpedición de dicho comunicado. Por otro lado, del estado de autos se colige que se han agotado los medios para llamar a juicio al tercero interesado Alfredo Assali Serio, en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se ordena su emplazamiento por edictos a costa del quejoso. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 38/2017 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro "TERCERO INTERESADO. SU EMPLAZAMIENTO AL JUICIO DE AMPARO DEBE REALIZARSE POR EDICTOS CUANDO SE DESCONOZCA SU DOMICILIO." Hágase del conocimiento de la parte quejosa que los edictos quedan a su disposición en la secretaría de este órgano jurisdiccional; en el entendido que en caso de no acreditar haberlos entregado para su publicación dentro del plazo de veinte días, legalmente computado a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, se decretará el sobreseimiento en el presente juicio, de conformidad con la fracción II del numeral 63 de la ley de la materia. Asimismo, con fundamento en el normativo 315 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, indíquese al quejoso que los edictos deberán contener una relación sucinta de la demanda de amparo que originó este asunto; además las publicaciones se harán tres veces, de siete en siete días (debiendo mediar seis días hábiles entre cada una), en el Diario Oficial de la Federación, en el periódico "Excélsior" o bien, en cualquier diario de mayor circulación en el país; además deberá fijarse en la puerta de este órgano jurisdiccional una copia íntegra de los edictos respectivos por todo el tiempo del emplazamiento. Haciéndole saber al tercero interesado que tendrá un plazo de treinta días, contado a partir del día siguiente al de la última publicación de los edictos aquí ordenados, para comparecer a este juicio de amparo a hacer valer sus derechos y a señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, y si transcurrido dicho plazo no comparece, las subsecuentes notificaciones se le harán por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad; en términos del artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles en relación con el arábigo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. En consecuencia, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se señalan las trece horas del siete de diciembre de dos mil veintiuno, para su celebración. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firmó Jesús Cortez Sandoval, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante Landy Li Dolores Vizcaya Guerrero, secretaria que da fe. Doy fe.
- Principal
Tijuana, Baja California, a siete de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio que remite el representante legal de la moral Cablemas Telecomunicaciones Sociedad Anónima de Capital Variable (denominación correcta), con residencia en esta ciudad, quien en atención al requerimiento formulado el doce de agosto del año en curso, informa que no localizó registro de domicilio alguno del tercero interesado Alfredo Assali Serio, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Por tanto, este órgano jurisdiccional se reserva a acordar lo conducente respecto al emplazamiento de dicha parte procesal, hasta en tanto la totalidad de las autoridades cumplan con lo requerido en el citado acuerdo. Finalmente, se toma conocimiento de la cuenta de correo electrónico y el número telefónico que proporciona la moral de mérito para establecer el contacto en los casos que se estime necesario. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, veinte de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que no se cuenta con los informes solicitados en proveído de dieciocho de julio de dos mil veintiuno, al Director del Seguro Popular, con residencia en Ciudad de México; y a las prestadoras de servicios Cablevisión Telecomunicaciones, Sociedad Anónima de Capital Variable y Telefónica Móviles de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, respecto al domicilio que pudiera registrar el tercer interesado Alfredo Assali Serio. En ese tenor a fin de evitar dilaciones innecesarias, requiérase nuevamente al Director del Seguro Popular, con residencia en Ciudad de México; y a las prestadoras de servicios Cablevisión Telecomunicaciones, Sociedad Anónima de Capital Variable y Telefónica Móviles de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de la notificación de este proveído, se sirvan informar a este Juzgado si en sus respectivos archivos existe registro de domicilio a nombre de Alfredo Assali Serio y en caso afirmativo, lo proporcionen, a efecto de estar en condiciones de proceder a la primera notificación en este juicio. Apercibidas que de no dar cumplimiento a lo ordenado, se hará efectivo el apercibimiento contenido en proveído de dieciocho de junio del año en curso, es decir, se les impondrá una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, que equivalen a $4,481.00 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y un pesos moneda nacional la que resulta de multiplicar por cincuenta la cantidad de $89.62 (ochenta y nueve pesos con sesenta y dos centavos moneda nacional En consecuencia, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se señalan las trece horas del veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, para su celebración. Notifíquese.
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