Roberto Efrain Muñoz Vera
Expediente 564/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 7 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 564/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 23/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Roberto Efrain Muñoz Vera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
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Ciudad Juárez, Chihuahua; veintitrés de agosto de dos mil veintitrés. Gestiones cumplimiento Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta signado por la Presidenta de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, téngasele desahogando el requerimiento hecho mediante proveído de quince de agosto del año en curso, atento a su contenido se le tiene informando las gestiones tendentes a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en el juicio en que se actúa, para lo cual anexa copia del acuerdo de veintiuno de agosto del año que transcurre, y del oficio STPS/2470/2023 dirigido al Instituto Mexicano del Seguro Social, que constan dentro del expediente 3/21/1424 de su índice. De lo anterior, queda enterada esta juzgadora, de conformidad, con lo establecido en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista electrónica a las partes y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **. Doy fe.CLL/Ymr/dmjv
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Ciudad Juárez, Chihuahua; quince de agosto de dos mil veintitrés. Declaratoria de causa ejecutoria Vista la certificación que antecede, se advierte que el plazo de diez días que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión en contra de la sentencia por la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa transcurrió sin que ninguna de las partes se hubiera pronunciado al respecto. En consecuencia, se declara que la resolución ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II, del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2°. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Requerimiento de cumplimiento de sentencia En la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto se otorgó el amparo y la protección de la Justicia Federal, a la parte quejosa *******, para efecto de que la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, realice lo siguiente: Desahogue dentro de los términos previstos por la Ley Federal del Trabajo la totalidad de las pruebas ofrecidas por las partes, en el juicio laboral *******, y Hecho lo anterior, avance en dicho juicio natural, a la etapa procesal siguiente. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, para que, dentro del término de tres días, contados a partir de que quede legalmente notificado de este proveído, dé cumplimiento a la sentencia de amparo y lo informe a esta juzgadora, lo que deberá acreditar con copia certificada de las constancias respectivas. Lo anterior, con el apercibimiento que de no hacerlo así o de informar la imposibilidad que tiene para acatar el fallo, se procederá conforme a lo dispuesto por el artículo 192, en relación con los diversos 238 y 258, ambos de la Ley de Amparo, se le impondrá como sanción multa de cien unidades de medida y actualización, equivalentes a la cantidad de diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional ($10,374.00), previstas en el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, en esta ciudad, para seguir el trámite de inejecución de sentencia, que puede culminar en la separación de su cargo y su consignación ante la autoridad penal correspondiente. Asimismo, según lo dispuesto por los arábigos 192, párrafo tercero y 194 de la Ley de Amparo, debería de requerirse al superior jerárquico de la autoridad responsable para que ordene a la referida autoridad el cumplimiento de la ejecutoria; sin embargo, para efectos de dicho cumplimiento la citada autoridad no tiene superior jerárquico. Resulta aplicable la tesis 2ª./J.36/2011(10ª), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 3515, del Libro IV, Tomo 4, Enero de 2012, con número de registro 2000099, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que dice: JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo. Notifíquese por lista electrónica a las partes y por oficio a la autoridad responsable. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; veintisiete de julio de dos mil veintitrés. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 564/2023-I-1, promovido por ***. Resultando PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, se recibió la demanda de amparo que se turnó a este juzgado al día siguiente hábil, la parte quejosa demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, de quien reclamó: IV.-ACTO RECLAMADO. Lo configura la Omisión por parte de la H. JUNTA ESPECIAL NÚMERO TRES DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN ESTA CIUDAD, de proveer las diligencias necesarias dentro de los plazos establecidos por la legislación laboral a efecto de garantizar a las partes la prontitud en la tramitación del procedimiento laboral y por consiguiente la prontitud en la emisión de la resolución que ponga fin a ese procedimiento. Particularmente reclamo las omisiones en que ha incurrido dicha Junta Especial al no proveer lo necesario para obtener, en tiempo, el desahogo de todas y cada una de las pruebas ofrecidas en el juicio de origen, pues esas omisiones han generado una notoria dilación en la tramitación del juicio que ha impedido el dictado del laudo respectivo. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violentados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 8, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de ocho de junio de dos mil veintitrés, la demanda de amparo se registró con el número 564/2023-I-1, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se dio la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo de acuerdo al acta que antecede. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal; 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 03/2013, artículo segundo, fracción XVII, numeral 3 y artículo tercero, fracción XVII, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues se reclama una omisión dentro de un juicio de índole laboral que se tramita en el territorio en el que este Juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, tomando en cuenta la totalidad de las constancias que integran el presente juicio, se precisa que el quejoso reclamo de la Junta Especial número tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, el retardo en la sustanciación del juicio laboral 3/21/1424, en el cual es parte trabajadora, ello al no desahogarse la totalidad de las pruebas ofertadas por las partes. Tercero. Existencia del acto reclamado. La Presidenta de la Junta Especial número tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, en su informe justificado manifestó que es cierta la dilación reclamada, pero que ello se debe a la carga de trabajo. Además, indicó que el veinte de junio de dos mil veintitrés (esto es, posteriormente a la promoción de este juicio de amparo), se dictó un proveído donde se ordenó se girara de nueva cuenta oficio al Instituto Mexicano del Seguro Social, a fin de que proporcionara la información solicitada en vía de prueba por la parte actora; y, para acreditar su dicho remitió copia certificada de dicho auto. Constancias que cuentan con valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, pues fueron certificadas respecto de sus originales, por el Secretario de Acuerdos adscrito a la Junta responsable, que cuenta con fe pública, quien además estampó su firma original y sello original de dicho órgano, en las leyendas relativas. Por lo tanto, se tiene fehacientemente demostrada la existencia de la omisión reclamada, ya que a la fecha, no se han terminado de desahogar la totalidad de las pruebas ofrecidas por las partes y en consecuencia, no ha sido posible pasar a la siguiente etapa procesal, en el juicio natural. Cuarto. Procedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. En este apartado es menester precisar que no obstante que la Junta responsable realizó diversas gestiones para lograr el cierre del período probatorio durante la tramitación de este juicio de amparo, a fin de estar en aptitud de pasar a la siguiente etapa procesal y a la postre dictar laudo, la realización de dicha actuación no implica la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, pues para ello es necesario que los efectos del acto reclamado se hayan destruido de manera tal, que las cosas regresaran al estado que guardaban antes de que la situación que vulneraba los derechos de la parte quejosa, se presentara, tal como si se le hubiera otorgado el amparo y protección de la Justicia Federal. Lo relativo al supuesto de actualización de dicha causal de improcedencia, así lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 9/98, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, página 210, materia Común, Novena Época, con registro digital 196820, aplicable por identidad de razones, del rubro y texto siguientes: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Se afirma que la actuación descrita de la Junta responsable, no actualiza tal causal de improcedencia, pues para restituir a la parte quejosa en el goce de la garantía vulnerada, consistente en la pronta impartición de justicia, prevista en el artículo 17 Constitucional (como se verá en el considerando que sigue), es necesario que se desahoguen la totalidad de las pruebas ofertadas por las partes, para que así, la Junta responsable esté en aptitud de pasar a la siguiente etapa procesal, lo cual, en este momento, no ha ocurrido; por lo que, se insiste, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, no se actualiza. Precisado lo anterior y toda vez que no se advierte la actualización de ninguna causal de improcedencia, se continúa con el análisis de fondo, sin que sea necesario transcribir los conceptos de violación, ya que la omisión reclamada se analizará precisamente conforme a los formulados, además, como se precisará en el considerando siguiente, al quejoso le asiste la suplencia de la queja. Quinto. Examen constitucional del acto reclamado. En primer lugar, se precisa que en este asunto opera la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación, en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, en virtud de que el quejoso, es la parte trabajadora en el juicio de origen. Ahora bien, como se indicó en el considerando segundo, la parte quejosa reclamó, de la de la Junta Especial número tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, el retardo en la sustanciación del juicio laboral 3/21/1424, en el cual es parte trabajadora, pues al no desahogarse la totalidad de las pruebas ofrecidas, no se ha dictado laudo. Dicho concepto de violación, es fundado. Lo anterior, implica un retardo en la impartición de justicia, en contravención al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone lo siguiente: Artículo 17. (.). Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Del texto invocado, se desprende que la garantía de administración de justicia que prevé el artículo 17 Constitucional, contiene varios principios de derecho subjetivo a cuya observancia están obligadas las autoridades que realizan actos materialmente jurisdiccionales, a saber: Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario, y además, garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Es decir, dicha garantía de administración de justicia está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, por tanto, es claro que todas aquellas autoridades que realizan actos materialmente jurisdiccionales se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los principios que la integran, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales, como sucede en el caso que nos ocupa. Sirve de sustento, a lo anterior, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. L/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, Tomo XV, mayo de dos mil dos, página 299, del rubro siguiente: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. Así como, la tesis visible en la página ciento noventa y uno, del Tomo IV, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, que dispone: ADMINISTRACION DE JUSTICIA. Los tribunales estarán siempre expeditos para administrar justicia, en los términos y plazos que fije la ley, no debiendo aplazar sus resoluciones, ni aun so pretexto de oscuridad de la ley, pues, en ese caso, deben atenerse, para fallar, a los principios generales de derecho; pues lo contrario constituye una verdadera denegación de justicia. Estos principios generales, aplicados a la materia específica, deben entenderse referidos al juicio laboral y al laudo, así como obviamente a su ejecución. Ahora bien, los artículos 880, 883 y 884 de la Ley del Trabajo, aplicables, disponen lo siguiente: Artículo 880. La etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas se desarrollará conforme a las normas siguientes: I. El actor ofrecerá sus pruebas en relación con los hechos controvertidos. Inmediatamente después el demandado ofrecerá sus pruebas y podrá objetar las de su contraparte y aquel a su vez podrá objetar las del demandado; II. Las partes podrán ofrecer nuevas pruebas, siempre que se relacionen con las ofrecidas por la contraparte y que no se haya cerrado la etapa de ofrecimiento de pruebas. Asimismo, en caso de que el actor necesite ofrecer pruebas relacionadas con hechos desconocidos que se desprendan de la contestación de la demanda, podrá solicitar que la audiencia se suspenda para reanudarse a los 10 días siguientes a fin de preparar dentro de este plazo las pruebas correspondientes a tales hechos; III. Las partes deberán ofrecer sus pruebas, observando las disposiciones del Capítulo XII de este Título; y IV. Concluido el ofrecimiento, la Junta resolverá inmediatamente sobre las pruebas que admita y las que deseche. Artículo 883. La Junta, en el mismo acuerdo en que admita las pruebas, señalará día y hora para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas, que deberá efectuarse dentro de los diez días hábiles siguientes, y ordenará, en su caso, se giren los oficios necesarios para recabar los informes o copias que deba expedir alguna autoridad o exhibir persona ajena al juicio y que haya solicitado el oferente, con los apercibimientos señalados en esta Ley; y dictará las medidas que sean necesarias, a fin de que el día de la audiencia se puedan desahogar todas las pruebas que se hayan admitido. Cuando por la naturaleza de las pruebas admitidas, la Junta considere que no es posible desahogarlas en una sola audiencia, en el mismo acuerdo señalará los días y horas en que deberán desahogarse, aunque no guarden el orden en que fueron ofrecidas, procurando se reciban primero las del actor y después las del demandado. Este período no deberá exceder de treinta días. Artículo 884. La audiencia de desahogo de pruebas se llevará a cabo conforme a las siguientes normas: I. Abierta la audiencia, se procederá a desahogar todas las pruebas que se encuentren debidamente preparadas, procurando que sean primeramente las del actor e inmediatamente las del demandado o, en su caso, aquellas que hubieren sido señaladas para desahogarse en su fecha; II. Si faltare por desahogar alguna prueba, por no estar debidamente preparada, se suspenderá la audiencia para continuarla dentro de los diez días siguientes, haciéndose uso de los medios de apremio a que se refiere esta Ley; III. En caso de que las únicas pruebas que falten por desahogar sean copias o documentos que hayan solicitado las partes, no se suspenderá la audiencia, sino que la Junta requerirá a la autoridad o funcionario omiso, le remita los documentos o copias; si dichas autoridades o funcionarios no cumplieran con esa obligación, a solicitud de parte, la Junta se lo comunicará al superior jerárquico para que se le apliquen las sanciones correspondientes; y IV. Desahogadas las pruebas, las partes, en la misma audiencia, podrán formular sus alegatos. De dichos numerales, se advierten los procedimientos que deberán observar los Tribunales del Trabajo en los juicios laborales sometidos a su potestad, relativos al ofrecimiento y desahogo de pruebas, procedimientos que los constriñe a actuar y pronunciarse de conformidad con lo establecido y dentro de los términos señalados para tal efecto; en lo que interesa, conforme al artículo 883, la Junta responsable debía ordenar, en el auto de admisión de pruebas, que se giraran los oficios necesarios para recabar los informes o copias que deba expedir alguna autoridad o exhibir persona ajena al juicio y que haya solicitado el oferente, con los apercibimientos señalados en esta Ley. En el caso, de la copia con firmas autógrafas de la audiencia de trece de julio de dos mil veintiuno, relativa al ofrecimiento y admisión de pruebas, celebrada dentro del juicio natural, se advierte que desde esa fecha se admitieron todas las pruebas ofrecidas por las partes trabajadora y patronal; constancia que cuenta con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, pues cuenta con las firmas originales de los integrantes de la Junta responsable, así como con el sello original oficial de dicho órgano jurisdiccional. Ahora bien, en su informe justificado, la Junta responsable admitió la dilación procesal que se le reclama y remitió copia certificada, ya valorada, del auto de veinte de junio de dos mil veintitrés, en el cual se ordenó se girara de nueva cuenta oficio al Instituto Mexicano del Seguro Social, a fin de que proporcionara la información solicitada en vía de prueba por la parte actora; sin que a la fecha se hayan desahogado la totalidad de las probanzas ofrecidas por las partes. Es decir, si desde el trece de julio de dos mil veintiuno, se admitieron la totalidad de las ofrecidas por ambas partes, pero hasta el veinte de junio de dos mil veintitrés, se proveyó sobre su desahogo, desde luego existe dilación procesal, pues evidentemente transcurrieron, con exceso, los cuarenta y cinco días naturales que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estimó como plazo de inactividad procesal, para ser considerada como retardo en la impartición de justicia, reclamable a través del amparo indirecto, por considerar que vulnera la garantía relativa prevista en el citado artículo 17 Constitucional. En efecto, lo anterior se encuentra plasmado en la tesis de jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª./J. 33/2019 (10ª), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materias Común y Laboral, Décima Época, marzo de 2019, con registro digital 2019400, del rubro y texto siguientes: AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTIVAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador. En consecuencia, al vulnerarse en perjuicio del quejoso su derecho a la pronta impartición de justicia, previsto en el artículo 17 Constitucional, lo procedente es otorgarle el amparo y protección de la Justicia Federal, a fin de que la Junta Especial número uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, realice lo siguiente: Desahogue dentro de los términos previstos por la Ley Federal del Trabajo la totalidad de las pruebas ofrecidas por las partes, en el juicio laboral 3/21/1424, y Hecho lo anterior, avance en dicho juicio natural, a la etapa procesal siguiente. Cabe indicar que esta sentencia solo podrá declararse cumplida, hasta que en el juicio laboral de origen se desahoguen las probanzas ofertadas por las partes, y, como consecuencia de ello, se avance a la etapa procesal siguiente, toda vez que los alcances por los que se otorga la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procesal en la que se sitúa dicho acto dentro del juicio natural, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias, previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. Apoya las anteriores consideraciones, la tesis 2a. CV/2013 (10a.), aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, Libro 1, diciembre de dos mil trece, Tomo I, materia común, página 732, del tenor siguiente: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013. De ahí que resulte evidente que la presente concesión no se haga extensiva al dictado del laudo o sentencia, pues a la fecha no ha sido cerrada la etapa de instrucción, de manera que no sería en el caso, viable conceder respecto de los actos futuros que se pudieran dar dentro del procedimiento de origen, esto, de igual forma, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias, previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior, la tesis 2a. CV/2013 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de dos mil trece, tomo I, página 732, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, primer párrafo, 74, 75, 77, fracción II y demás relativos de la Ley de Amparo, se: Resuelve: Único. La Justicia de la Unión ampara y protege a ***, en contra de la autoridad y acto reclamado precisados en el considerando segundo, para los efectos de la parte final del último considerando. Notifíquese en lista electrónica a las partes y por oficio a la autoridad responsable. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ***, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; tres de julio de dos mil veintitrés. Informe justificado Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad (en su denominación correcta); tal como disponen los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención, así como el de la documental que se recibe, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo precedente, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, acorde a lo establecido en el artículo 124 de la legislación en cita. Pruebas Finalmente, téngase a la oficiante ofreciendo la prueba documental que adjunta a su informe justificado, la que se tiene por admitida y desahogada dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ésta en la audiencia constitucional, con fundamento en los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo. Anotación denominación correcta Se comisiona al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para que realice las anotaciones correspondientes en el referido sistema en relación con la denominación correcta de la autoridad que así se asentó en el presente acuerdo. Notifíquese por lista electrónica y cúmplase. Lo proveyó y firma la licenciada *******, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones de la titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de junio de dos mil veintitrés, con apoyo en los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación anterior, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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