Roberto Eduardo Valdez Valencia

Expediente 1224/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1224/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
25/11/2019

Partes del expediente

  • Roberto Eduardo Valdez Valencia

Actuaciones

  1. Principal

    Causa estado auto que desechó de plano la demanda de amparo. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que trascurrió el plazo legal para que la parte quejosa, interpusiera recurso de queja contra el auto de cinco de noviembre de dos mil diecinueve, que desechó de plano la demanda de amparo, sin que hiciera uso de tal derecho; consecuentemente, queda firme el proveído de que se trata, para los efectos legales a que haya lugar. Como de autos se obtiene que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, se ordena su archivo definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este órgano jurisdiccional. Asimismo, conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, y el mismo encuadra en la hipótesis prevista por la fracción I de dicho precepto, pues se trata de un juicio de amparo en el que se desechó de plano la demanda de amparo y debido a ello es susceptible de destrucción. En esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. En términos del punto décimo primero del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de documentos originales, ello en virtud de que no fueron exhibidos en el presente asunto. Háganse las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  2. Principal

    Visto el oficio de la Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia; en atención a su contenido, téngasele informando que se realizó la compensación correspondiente en favor de este juzgado, respecto del juicio de amparo en que se actúa, como lo acredita con la papeleta de turno que anexa al comunicado de cuenta; de lo que este órgano jurisdiccional queda enterado para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  3. Principal

    Recepción de oficio. Visto el oficio de la Secretaria del Juzgado Noveno Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, al que adjunta los autos originales del juicio de amparo indirecto 1184/2019 del índice de ese órgano jurisdiccional, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por Roberto Eduardo Valdez Valencia, en cuanto albacea testamentario definitivo sustituto dentro del juicio sucesorio testamentario 10/2016, contra actos del Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia. Pronunciamiento relativo al conocimiento previo. Ahora, en vista de que dicho sumario es remitido a este tribunal en virtud de que guarda relación con el juicio de amparo indirecto II-869/2019 del índice de este juzgado, pues deriva del juicio sucesorio testamentario 10/2016, tal como se advierte de la certificación secretarial de cuenta; lo que actualiza el supuesto contenido en el artículo 46, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establecen las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. En esas condiciones, este juzgador se avoca al conocimiento de dicho sumario. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Radicación de la demanda. Fórmese expediente y regístrese con el número II-1224/2019, tanto en el libro de gobierno como en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Solicitud de compensación. Toda vez que la demanda de amparo fue remitida por el Juez Noveno de Distrito con residencia en esta ciudad, en virtud de la incompetencia que planteó a favor de este juzgado, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa, remítase a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad, copia de la demanda de amparo, así como del presente proveído, a efecto de que se proceda a la compensación correspondiente. Consideraciones previas. Determinado lo anterior, debe destacarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. En el caso concreto, este juzgado federal advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, por lo que se realiza el análisis de la misma. El artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.60.C. J/19, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto indican: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Previo a determinar la causa de improcedencia que en el caso se actualiza, es importante destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Asentado la anterior, se sostiene que, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, tal como se expondrá en los apartados subsecuentes. El supuesto determinado en la fracción y numeral aludido establece que la improcedencia del juicio puede derivar no sólo de las causas expresamente previstas en dicho artículo, sino también de las demás hipótesis de improcedencia que provengan de la Ley de Amparo o la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, tenemos que la Ley de Amparo vigente, en su artículo 107, fracción V, VI y VIII, prevé la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio, al tenor siguiente: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; [.] VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto". Del estudio correlativo de las fracciones antes transcritas se concluye que el juicio de amparo biinstancial es procedente, tratándose de actos en juicio o fuera de juicio, cuando: 1. Sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; 2. Afecten a personas extrañas; y, 3. Determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. Es decir, el legislador acotó los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto tratándose de este tipo de actos, pues respecto de la hipótesis prevista en la fracción V, especificó que los relativos a afectación de "imposible reparación" son los que materialmente atañen a derechos sustantivos y en una diversa fracción (VIII) estableció la procedencia del amparo contra un derecho adjetivo o procesal, pero mencionando el supuesto específico. Lo cual cobra relevancia, dado que permite concluir que el amparo indirecto es procedente tratándose de actos en juicio o fuera de juicio, cuando éstos afecten derechos sustantivos y, respecto de derechos adjetivos o procesales, únicamente cuando se impugne la determinación de inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. En el caso concreto, el juicio de amparo deviene improcedente, toda vez que el acto reclamado no afecta derechos sustantivos tutelados por el Pacto Federal. Así pues, conviene precisar que el quejoso señaló como actos reclamados los siguientes: "[.] Por medio del presente escrito en cuanto ALBACEA TESTAMENTARIO DEFINITIVO SUSTITUTO dentro de la sucesión Testamentaria a bienes de la señora Dentro del Toca que se forme con motivo de la presente inconformidad a la resolución emitida por la Juez de Origen dentro del Juicio Sucesorio Testamentario Expediente número 10/2016, dentro de la AUDIENCIA DE APROBACION O REPROBACION DE LA CUENTA GENERAL DE ADMINISTRACION, comprendida del mes de JULIO (sic) del año 2019; Audiencia que se celebra el 23 de agosto del año en curso, misma que fue REPROBADA LA CUENTA MENSUAL, lo cual me causa agravio. [.] ACTO RECLAMADO.- Se hace consistir en la Resolución emitida por la Autoridad señalada como Responsable, dentro del Toca número I-341/2019, formado con motivo del Recurso de Apelación hecho valer por el suscrito, en contra de la Resolución de fecha 23 de agosto del año 2019 dictada por la Juez de Primera Instancia del Distrito de Tacámbaro, Michoacán, en la que REPRUEBA LA CUENTA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN dentro del Expediente número 10/2016, Sucesorio Testamentario". De las transcripciones que antecede, se advierte que el acto que se combate en el este juicio de control constitucional, es el siguiente: La resolución de segunda instancia que confirmó la resolución de veintitrés de agosto de dos mil diecinueve dictada por la Juez de origen dentro de la tercera sección, en el que determinó reprobar la cuenta de administración mensual correspondiente al mes de julio del año en curso, rendida por Roberto Eduardo Valdez Valencia, en cuanto albacea testamentario definitivo sustituto. Ahora, del contenido del capítulo de antecedentes del acto reclamado, se desprende que dentro del juicio sucesorio subyacente, Roberto Eduardo Valdez Valencia, en cuanto albacea testamentario definitivo sustituto, rindió cuenta de administración general correspondiente de diciembre de dos mil dieciséis a abril de dos mil diecinueve, cuenta que fue reprobada por la Juez de Primera Instancia en audiencia de veintisiete de mayo de dos mil diecinueve. Ante tal determinación, dicho albacea interpuso recurso de apelación, motivo por el cual, al resolverse dicho medio de impugnación el Tribunal de alzada confirmó el auto de veintisiete de mayo del año en curso, sentencia que fue combatida por la parte quejosa mediante juicio de amparo indirecto, el cual, por razón de turno, correspondió conocer a este juzgado federal, quien la registró con el número 869/2019, en el cual, a la fecha no se ha dictado sentencia definitiva. Por tal motivo, Roberto Eduardo Valdez Valencia, en cuanto albacea testamentario definitivo sustituto dentro del juicio sucesorio testamentario 10/2016, rindió su cuenta de administración mensual, correspondiente al mes de julio del año en curso, la cual fue reprobada por la Juez de origen en resolución de veintitrés de agosto de dos mil diecinueve. Contra dicha determinación, la parte quejosa interpuso recurso de apelación, mismo que correspondió conocer a la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, quien lo registró con el número I-341/2019, tribunal de alzada que confirmó el auto combatido; dicha determinación constituye el acto reclamado. Antecedentes que se corroboran con el contenido de la certificación que antecede, la cual revela que en este juzgado federal se radicó el juicio de amparo 869/2019, promovido por Roberto Eduardo Valdez Valencia, quien se ostenta albacea testamentario definitivo sustituto dentro del juicio sucesorio testamentario 10/2016, por el acto que, medularmente, se hizo consistir en : "La resolución de once de julio de dos mil diecinueve, dictada dentro del toca número I-224/2019, que confirmó la interlocutoria de veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, mediante la cual el Juez de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Tacámbaro, Michoacán reprobó la cuenta general de administración dentro del juicio sucesorio testamentario 10/2016 de origen" Datos que se invocan como hecho notorio de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, pues la versión pública de la sentencia así como los datos que se obtienen del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, constituyen información disponible para consulta de todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuitos lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente. Apoya lo anterior la tesis P./J. 16/2018 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia del Nación, de rubro y texto siguientes: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente". En ese orden, el acto reclamado surge dentro de la tramitación de la tercera sección de un juicio sucesorio testamentario. Cabe referir, que en términos de lo dispuesto por el artículo 1012 del Código Civil para el Estado de Michoacán, en todo juicio hereditario se formarán cuatro secciones compuestas de los cuadernos necesarios, siendo el caso que cada una de las secciones correspondientes se concluyen mediante la resolución interlocutoria respectiva que declara cerrada la etapa correspondiente. En lo que concierne a la tercera sección del juicio sucesorio el numeral 1015 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán, dispone: "Artículo 1015. La tercera sección se llamará de administración y contendrá: I. Todo lo relativo a la administración de los albaceas, interinos, provisionales o definitivos o del cónyuge sobreviviente; II. Las cuentas, su glosa o su calificación; y, III. Los incidentes que hubiere sobre los puntos anteriores". Es decir, en dicha etapa se substanciará lo inherente a la administración de los bienes que conforman la masa hereditaria, la cuentas, su glosa, calificación y lo inherente a los incidentes que se promuevan sobre los puntos anteriores. Por su parte, los diversos numerales 1082, 1083, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087 y 1088 del ordenamiento legal en cita estatuyen: "Capítulo VI De la rendición de cuentas Artículo 1082. El albacea provisional, judicial o definitivo y el cónyuge en el caso del artículo 1064 de este Código, están obligados a rendir mensualmente la cuenta de su administración, debiendo el Juez, de oficio, exigir el cumplimiento de esta obligación y ordenar, en todo caso, que la cantidad líquida se deposite en los términos del artículo 1071 de este Código. A la cuenta mensual deberán acompañarse los justificantes que procedan, y aprobada que sea, se devolverán al interesado sellados y con la nota de aprobación. Artículo 1083. El albacea provisional, judicial o definitivo y el cónyuge en el caso a que se refiere el artículo anterior, rendirán su cuenta general de administración dentro de los treinta días siguientes a aquél en que cesen en su cargo. La falta de cumplimiento de la obligación de rendir cuentas, se sancionará con multa de treinta y cinco días de salario mínimo general vigente en el Estado, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que procedan en contra del obligado. Artículo 1084. La garantía otorgada por el albacea no se cancelará sino hasta que haya sido aprobada la cuenta general de administración. Artículo 1085. Cuando el que administre no rinda dentro del término legal su cuenta, será removido de plano. También podrá ser removido a juicio del Juez y solicitud de cualquiera de los interesados, cuando alguna de las cuentas no fuere aprobada en su totalidad. Artículo 1086. Cuando no alcancen los bienes para pagar las deudas y legados, el albacea debe dar cuenta de su administración a los acreedores y legatarios. Artículo 1087. Presentada la cuenta mensual o general de administración, se mandará poner en la secretaría a disposición de los interesados por un término de tres días, para que se impongan de ella. Artículo 1088. Pasado ese término, se citará a las partes a una audiencia que celebrará dentro de los tres días siguientes, en la que se aprobará o reprobará la cuenta. El auto correspondiente será apelable en el efecto devolutivo". Es decir, tales normativos disponen que dentro de un juicio sucesorio testamentario, el albacea estará obligado a rendir mensualmente la cuenta de su administración, la cual al presentarse, se mandará poner a disposición de los interesados por el término de tres días, para que se impongan de ella, para que, una vez concluido dicho término se citará a las partes a una audiencia en la que se aprobará o reprobará la cuenta. Ahora, para la procedencia del juicio de amparo indirecto, en tratándose de un juicio sucesorio, conviene destacar que las violaciones cometidas en cada una de las tres primeras etapas, sólo podrán reclamarse en el juicio de amparo indirecto que se promueva contra la resolución que decida el fondo de las mismas o les ponga fin. Fundamenta lo anterior la tesis emitida por la Tercera Sala de la Suprema corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SUCESIONES, SENTENCIAS DEFINITIVAS PARA EFECTOS DEL AMPARO EN LAS. La Suprema Corte de Justicia ha establecido que procede el amparo directo contra la resolución de las secciones del juicio sucesorio en que se decide la división y partición de la herencia y ha establecido que las resoluciones de las otras secciones no son definitivas en los términos del artículo 46 de la Ley de Amparo, y no deben reclamarse en amparo directo sino indirecto". Así como por identidad jurídica, la Jurisprudencia VI.3o.J/20, del Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, título y contenido: "SUCESIONES, VIOLACIONES PROCESALES. Como en los juicios sucesorios no existe una sentencia definitiva que comprenda todo el procedimiento ya que cada una de las secciones que lo componen se decide por separado, mediante la resolución especial correspondiente, las infracciones de tipo procesal cometidas durante el trámite de la sección de reconocimiento o de declaración de herederos, que no impidan la continuación del procedimiento respectivo, son impugnables por la vía constitucional cuando se reclame la resolución que ponga fin a dicha sección, toda vez que de atacarse de manera inmediata, sin esperar al dictado de aquélla, el amparo indirecto resultaría improcedente, atento a lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la ley de la materia, a contrario sensu." Además, en lo que interesa, la tesis I.3o.C.439C del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto: "JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. ES DE CARÁCTER UNIVERSAL Y PROCEDE AMPARO INDIRECTO CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE DECIDEN EL FONDO DE LAS TRES PRIMERAS ETAPAS DE DECLARACIÓN DE HEREDEROS, INVENTARIOS Y AVALÚOS Y DE ADMINISTRACIÓN, O QUE SEAN UN OBSTÁCULO PARA SU CONCLUSIÓN. La sucesión constituye un juicio de carácter universal y de naturaleza peculiar, puesto que en el proyecto de partición, el objeto principal es liquidar un patrimonio y adjudicarlo a una persona determinada, componiéndose de cuatro etapas: la de sucesión (que en su caso comprende declaración de validez del testamento, reconocimiento de derechos hereditarios o declaratoria de herederos y, nombramiento y remoción de albacea e interventores, así como de tutores); la de inventarios y avalúos; la de administración; y el juicio finaliza con una sentencia que se pronuncia en la cuarta y última sección, denominada de partición y adjudicación, que guarda relación con las tres anteriores, en tanto que la adjudicación se realiza a favor del declarado heredero y se transmite formalmente la propiedad de los bienes inventariados y valuados, atendiendo, en su caso, a las cuentas de la administración aprobadas durante la sección respectiva; sin embargo, conforme al principio de preclusión inherente a todo proceso judicial, al aprobarse la partición y declararse la adjudicación ya no es posible volver a analizar la totalidad de las actuaciones efectuadas dentro del juicio, sino que cada una de las secciones que lo componen se decide por separado mediante la resolución especial correspondiente, que adquiere firmeza para quienes son llamados al juicio sucesorio y tuvieron intervención como herederos; por tanto, las violaciones procesales habidas durante cada sección no son impugnables en el juicio de amparo indirecto, porque éste solamente procede contra la que decide el fondo de esa sección o representa un obstáculo para su conclusión, y excepcionalmente procederá la acción de amparo contra resoluciones que guarden autonomía o independencia de la resolución que ponga fin a la sección correspondiente." También, en lo conducente, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que dice: "SUCESIONES. IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA DE AMPARO. CASO EN QUE NO OPERA PARA DESECHARLA. Si de la demanda de garantías no aparece claramente definido en cuál de las tres primeras secciones del juicio intestamentario de que se trata, se hizo valer el incidente de nulidad de actuaciones que, según la parte quejosa, se hubiere resuelto ilegalmente por la responsable, sin que tampoco exista constancia en ese libelo tendiente a acreditar si el incidente se interpuso en la cuarta sección del sucesorio, resulta más prudente sostener que, de momento, no se puede determinar en cuál de las cuatro secciones correspondientes, se hubiese deducido el incidente de cuenta, ya que si se hizo en las tres primeras, es procedente el amparo indirecto contra los actos reclamados, y si fue en la cuarta, sólo podía impugnarse la violación consecuente en amparo directo, todo lo cual permite concluir que, en tales condiciones, debe admitirse la demanda de garantías, para que con lo que se desprenda después del informe justificado y de las pruebas que aporten las partes, decida el Juez de Distrito lo que en derecho proceda, esto es, sobreseer el amparo si el incidente se promovió en la cuarta sección, o dictar la sentencia de fondo que corresponda, si se hizo valer en cualesquiera de las tres primeras secciones, siendo obvio que, ante la falta de informe justificado y de otras pruebas, no se está realmente frente a un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que amerite desechar de plano la demanda de amparo." Y, en la tercera sección, la única hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto se da, cuando se trate de la resolución que declare aprobada la cuenta general de administración rendida por el albacea testamentario. En ese sentido, el acto que reclama el quejoso no constituye la resolución que declare aprobada la cuenta general de administración rendida por el albacea testamentario; por ende, no se actualiza la hipótesis de procedencia del juicio de amparo, pues en el caso que nos ocupa, el acto reclamado consiste en la resolución de segunda instancia que confirmó el auto dictado por la Juez de origen dentro de la tercera sección, en el que determinó reprobar la cuenta de administración mensual correspondiente al mes de julio del año en curso, rendida por Roberto Eduardo Valdez Valencia, en cuanto albacea testamentario definitivo sustituto. De igual modo, los efectos de la resolución reclamada de ninguna manera afectan en forma directa, inmediata y material los derechos sustantivos de la parte quejosa, porque son meramente intraprocesales, ya que sus consecuencias son, únicamente, que se siga la secuela procesal sin que, por el momento, se apruebe la cuenta de administración mensual correspondiente al mes de julio, es decir, dicho acto no impide la prosecución del juicio sucesorio subyacente, ya que, como se expuso con anterioridad, el albacea se encuentra en aptitud de seguir rindiendo cuentas mensuales, hasta en tanto se resuelva lo relativo a la cuenta general que rindió relativa al período comprendido de diciembre de dos mil dieciséis a abril de dos mil diecinueve, la cual, es materia en el diverso juicio de amparo 869/2019. Por otro lado, el acto reclamado no impacta de manera directa, inmediata y material los derechos sustantivos de la parte quejosa, pues no afecta a la masa hereditaria del juicio sucesorio testamentario 10/2016, ya que no impone una carga a ésta ni restringe los frutos que pudieran obtenerse de la misma. En ese tenor, si el acto reclamado de donde emerge no vulnera de forma directa derechos sustantivos, entonces no resultaría admisible el juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo. En efecto, se insiste que el acto reclamado señalado en este apartado no afecta de manera directa inmediata y material algún derecho sustantivo de la parte quejosa, reconocido en la Constitución o en los Tratados Internacionales, como la libertad, propiedad, el derecho a la salud, el derecho de tránsito, etcétera; lo cual lleva a concluir que el acto reclamado en este juicio no puede impugnarse conforme al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. De igual forma, el acto reclamado tampoco constituye una resolución interlocutoria que haya concluido con alguna de las secciones de las que se compone dicho juicio sucesorio. De lo expuesto se colige, que la resolución que constituye el acto reclamado sólo podría afectar derechos adjetivos o instrumentales propios del proceso en el que se desenvuelve el juicio natural. Sostener lo contrario, implicaría que contra cualquier infracción en cualquier etapa del procedimiento procedería el juicio de amparo biinstancial, lo que se traduciría no sólo en una contravención a la intención del constituyente y del legislador ordinario [en cuanto a las razones que motivaron la reforma constitucional y legal, la que concluyó con un catálogo de los supuestos expresos de procedencia] sino también en una verdadera afectación al derecho humano de justicia pronta consagrado en el artículo 17 constitucional, ya que la tramitación de un número significativo de juicios de amparo sin duda retrasaría significativamente el curso del contencioso. En ese contexto, como se dijo, en el caso que nos ocupa, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, esta última interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, por lo que se desecha la demanda de amparo. No es inadvertido para este juzgador, que la causal de improcedencia en que se funda este desechamiento, podría ser estudiada en la sentencia que resolviera este juicio; sin embargo, tratándose de casos como éste, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Al respecto se invoca el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 316, tomo X, octubre de 1992, Semanario Judicial de la Federación, Octava época, que indica: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA. En relación con la substanciación del juicio de garantías ante los jueces de Distrito, el artículo 145 de la Ley de Amparo, dispone: El Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Se comprende, pues, que los motivos manifiestos indudables a que alude el precepto citado, son aquellos que surgen de la sola lectura de la demanda que permitan asegurar, con certeza, que existe un motivo de improcedencia. En otras palabras, puede decirse, atendiendo al contenido del precepto en consulta, que la demanda podrá desecharse, cuando se advierta fácilmente, de su simple lectura, que existe un motivo indudable de improcedencia, y que, de no ser así, deberá llevarse por todo su trámite hasta la audiencia de fondo, sin que esto ocasione agravio, pues siempre queda latente la posibilidad de examinar, en la audiencia de fondo, la existencia de causas que, ya supervenientes o anteriores a la admisión de la demanda determinen el sobreseimiento en el juicio de garantías, empero, referidas lógicamente a las que no encuadran en los motivos indefectibles a que alude la norma en examen; lo que obedece por razones de técnica de amparo, a que el estudio de la improcedencia del juicio de amparo es de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, según lo precisa el artículo 73, in fine, de la Ley de Amparo". Así también, la jurisprudencia VII.2o.C. J/23, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en la página 921, tomo XXIV, junio de 2006, Novena época, materia común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la literalidad siguiente: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico". Criterios jurisprudenciales que se aplican en atención a que no obstante las reformas a la Ley de Amparo, no se contraponen a ésta, por lo que no se afecta la defensa de los ocursantes. Domicilio procesal y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad y autorizando en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado Vicente Martínez Hinojosa, toda vez que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, según se advierte de la certificación de inicio, no así la diversa persona que señala, la cual no gozará de las amplias facultades que otorga dicho numeral. Habilitación de días y horas inhábiles y autorización de firma de oficios A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Digitalización y anotaciones respectivas. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico y háganse las anotaciones en el libro de gobierno así como en el Sistema Integran de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.).

  4. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: ROBERTO EDUARDO VALENCIA, ENCUANTO ALBACEA TESTAMENTARIO DEFINITIVO SUSTITUTO DENTRO DEL JUICIO SUCESORIO TESTAMENTARIO 10/2016. Recepción de oficio. Visto el oficio de la Secretaria del Juzgado Noveno Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, al que adjunta los autos originales del juicio de amparo indirecto 1184/2019 del índice de ese órgano jurisdiccional, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por Roberto Eduardo Valdez Valencia, en cuanto albacea testamentario definitivo sustituto dentro del juicio sucesorio testamentario 10/2016, contra actos del Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia. Pronunciamiento relativo al conocimiento previo. Ahora, en vista de que dicho sumario es remitido a este tribunal en virtud de que guarda relación con el juicio de amparo indirecto II-869/2019 del índice de este juzgado, pues deriva del juicio sucesorio testamentario 10/2016, tal como se advierte de la certificación secretarial de cuenta; lo que actualiza el supuesto contenido en el artículo 46, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establecen las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. En esas condiciones, este juzgador se avoca al conocimiento de dicho sumario. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Radicación de la demanda. Fórmese expediente y regístrese con el número II-1224/2019, tanto en el libro de gobierno como en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Solicitud de compensación. Toda vez que la demanda de amparo fue remitida por el Juez Noveno de Distrito con residencia en esta ciudad, en virtud de la incompetencia que planteó a favor de este juzgado, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa, remítase a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad, copia de la demanda de amparo, así como del presente proveído, a efecto de que se proceda a la compensación correspondiente. Consideraciones previas. Determinado lo anterior, debe destacarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. En el caso concreto, este juzgado federal advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, por lo que se realiza el análisis de la misma. El artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos manifiesto e indudable a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Ahora, es necesario precisar que manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.60.C. J/19, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto indican: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos manifiesto, significa claro, evidente y el indudable, a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad. Previo a determinar la causa de improcedencia que en el caso se actualiza, es importante destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.Asentado la anterior, se sostiene que, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, tal como se expondrá en los apartados subsecuentes. El supuesto determinado en la fracción y numeral aludido establece que la improcedencia del juicio puede derivar no sólo de las causas expresamente previstas en dicho artículo, sino también de las demás hipótesis de improcedencia que provengan de la Ley de Amparo o la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, tenemos que la Ley de Amparo vigente, en su artículo 107, fracción V, VI y VIII, prevé la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio, al tenor siguiente: Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. Del estudio correlativo de las fracciones antes transcritas se concluye que el juicio de amparo biinstancial es procedente, tratándose de actos en juicio o fuera de juicio, cuando: 1. Sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; 2. Afecten a personas extrañas; y, 3. Determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. Es decir, el legislador acotó los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto tratándose de este tipo de actos, pues respecto de la hipótesis prevista en la fracción V, especificó que los relativos a afectación de "imposible reparación" son los que materialmente atañen a derechos sustantivos y en una diversa fracción (VIII) estableció la procedencia del amparo contra un derecho adjetivo o procesal, pero mencionando el supuesto específico.Lo cual cobra relevancia, dado que permite concluir que el amparo indirecto es procedente tratándose de actos en juicio o fuera de juicio, cuando éstos afecten derechos sustantivos y, respecto de derechos adjetivos o procesales, únicamente cuando se impugne la determinación de inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. En el caso concreto, el juicio de amparo deviene improcedente, toda vez que el acto reclamado no afecta derechos sustantivos tutelados por el Pacto Federal. Así pues, conviene precisar que el quejoso señaló como actos reclamados los siguientes: Por medio del presente escrito en cuanto ALBACEA TESTAMENTARIO DEFINITIVO SUSTITUTO dentro de la sucesión Testamentaria a bienes de la señora Dentro del Toca que se forme con motivo de la presente inconformidad a la resolución emitida por la Juez de Origen dentro del Juicio Sucesorio Testamentario Expediente número 10/2016, dentro de la AUDIENCIA DE APROBACION O REPROBACION DE LA CUENTA GENERAL DE ADMINISTRACION, comprendida del mes de JULIO (sic) del año 2019; Audiencia que se celebra el 23 de agosto del año en curso, misma que fue REPROBADA LA CUENTA MENSUAL, lo cual me causa agravio. ACTO RECLAMADO.- Se hace consistir en la Resolución emitida por la Autoridad señalada como Responsable, dentro del Toca número I-341/2019, formado con motivo del Recurso de Apelación hecho valer por el suscrito, en contra de la Resolución de fecha 23 de agosto del año 2019 dictada por la Juez de Primera Instancia del Distrito de Tacámbaro, Michoacán, en la que REPRUEBA LA CUENTA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN dentro del Expediente número 10/2016, Sucesorio Testamentario. De las transcripciones que antecede, se advierte que el acto que se combate en el este juicio de control constitucional, es el siguiente: La resolución de segunda instancia que confirmó la resolución de veintitrés de agosto de dos mil diecinueve dictada por la Juez de origen dentro de la tercera sección, en el que determinó reprobar la cuenta de administración mensual correspondiente al mes de julio del año en curso, rendida por Roberto Eduardo Valdez Valencia, en cuanto albacea testamentario definitivo sustituto. Ahora, del contenido del capítulo de antecedentes del acto reclamado, se desprende que dentro del juicio sucesorio subyacente, Roberto Eduardo Valdez Valencia, en cuanto albacea testamentario definitivo sustituto, rindió cuenta de administración general correspondiente de diciembre de dos mil dieciséis a abril de dos mil diecinueve, cuenta que fue reprobada por la Juez de Primera Instancia en audiencia de veintisiete de mayo de dos mil diecinueve. Ante tal determinación, dicho albacea interpuso recurso de apelación, motivo por el cual, al resolverse dicho medio de impugnación el Tribunal de alzada confirmó el auto de veintisiete de mayo del año en curso, sentencia que fue combatida por la parte quejosa mediante juicio de amparo indirecto, el cual, por razón de turno, correspondió conocer a este juzgado federal, quien la registró con el número 869/2019, en el cual, a la fecha no se ha dictado sentencia definitiva. Por tal motivo, Roberto Eduardo Valdez Valencia, en cuanto albacea testamentario definitivo sustituto dentro del juicio sucesorio testamentario 10/2016, rindió su cuenta de administración mensual, correspondiente al mes de julio del año en curso, la cual fue reprobada por la Juez de origen en resolución de veintitrés de agosto de dos mil diecinueve. Contra dicha determinación, la parte quejosa interpuso recurso de apelación, mismo que correspondió conocer a la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, quien lo registró con el número I-341/2019, tribunal de alzada que confirmó el auto combatido; dicha determinación constituye el acto reclamado. Antecedentes que se corroboran con el contenido de la certificación que antecede, la cual revela que en este juzgado federal se radicó el juicio de amparo 869/2019, promovido por Roberto Eduardo Valdez Valencia, quien se ostenta albacea testamentario definitivo sustituto dentro del juicio sucesorio testamentario 10/2016, por el acto que, medularmente, se hizo consistir en : La resolución de once de julio de dos mil diecinueve, dictada dentro del toca número I-224/2019, que confirmó la interlocutoria de veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, mediante la cual el Juez de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Tacámbaro, Michoacán reprobó la cuenta general de administración dentro del juicio sucesorio testamentario 10/2016 de origen. Datos que se invocan como hecho notorio de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, pues la versión pública de la sentencia así como los datos que se obtienen del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, constituyen información disponible para consulta de todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuitos lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente. Apoya lo anterior la tesis P./J. 16/2018 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia del Nación, de rubro y texto siguientes: HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES SISE. Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente. En ese orden, el acto reclamado surge dentro de la tramitación de la tercera sección de un juicio sucesorio testamentario. Cabe referir, que en términos de lo dispuesto por el artículo 1012 del Código Civil para el Estado de Michoacán, en todo juicio hereditario se formarán cuatro secciones compuestas de los cuadernos necesarios, siendo el caso que cada una de las secciones correspondientes se concluyen mediante la resolución interlocutoria respectiva que declara cerrada la etapa correspondiente. En lo que concierne a la tercera sección del juicio sucesorio el numeral 1015 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán, dispone: Artículo 1015. La tercera sección se llamará de administración y contendrá: I. Todo lo relativo a la administración de los albaceas, interinos, provisionales o definitivos o del cónyuge sobreviviente; II. Las cuentas, su glosa o su calificación; y, III. Los incidentes que hubiere sobre los puntos anteriores. Es decir, en dicha etapa se substanciará lo inherente a la administración de los bienes que conforman la masa hereditaria, la cuentas, su glosa, calificación y lo inherente a los incidentes que se promuevan sobre los puntos anteriores. Por su parte, los diversos numerales 1082, 1083, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087 y 1088 del ordenamiento legal en cita estatuyen: Capítulo VI De la rendición de cuentas Artículo 1082. El albacea provisional, judicial o definitivo y el cónyuge en el caso del artículo 1064 de este Código, están obligados a rendir mensualmente la cuenta de su administración, debiendo el Juez, de oficio, exigir el cumplimiento de esta obligación y ordenar, en todo caso, que la cantidad líquida se deposite en los términos del artículo 1071 de este Código. A la cuenta mensual deberán acompañarse los justificantes que procedan, y aprobada que sea, se devolverán al interesado sellados y con la nota de aprobación. Artículo 1083. El albacea provisional, judicial o definitivo y el cónyuge en el caso a que se refiere el artículo anterior, rendirán su cuenta general de administración dentro de los treinta días siguientes a aquél en que cesen en su cargo. La falta de cumplimiento de la obligación de rendir cuentas, se sancionará con multa de treinta y cinco días de salario mínimo general vigente en el Estado, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que procedan en contra del obligado. Artículo 1084. La garantía otorgada por el albacea no se cancelará sino hasta que haya sido aprobada la cuenta general de administración. Artículo 1085. Cuando el que administre no rinda dentro del término legal su cuenta, será removido de plano. También podrá ser removido a juicio del Juez y solicitud de cualquiera de los interesados, cuando alguna de las cuentas no fuere aprobada en su totalidad. Artículo 1086. Cuando no alcancen los bienes para pagar las deudas y legados, el albacea debe dar cuenta de su administración a los acreedores y legatarios. Artículo 1087. Presentada la cuenta mensual o general de administración, se mandará poner en la secretaría a disposición de los interesados por un término de tres días, para que se impongan de ella. Artículo 1088. Pasado ese término, se citará a las partes a una audiencia que celebrará dentro de los tres días siguientes, en la que se aprobará o reprobará la cuenta. El auto correspondiente será apelable en el efecto devolutivo. Es decir, tales normativos disponen que dentro de un juicio sucesorio testamentario, el albacea estará obligado a rendir mensualmente la cuenta de su administración, la cual al presentarse, se mandará poner a disposición de los interesados por el término de tres días, para que se impongan de ella, para que, una vez concluido dicho término se citará a las partes a una audiencia en la que se aprobará o reprobará la cuenta. Ahora, para la procedencia del juicio de amparo indirecto, en tratándose de un juicio sucesorio, conviene destacar que las violaciones cometidas en cada una de las tres primeras etapas, sólo podrán reclamarse en el juicio de amparo indirecto que se promueva contra la resolución que decida el fondo de las mismas o les ponga fin. Fundamenta lo anterior la tesis emitida por la Tercera Sala de la Suprema corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: SUCESIONES, SENTENCIAS DEFINITIVAS PARA EFECTOS DEL AMPARO EN LAS. La Suprema Corte de Justicia ha establecido que procede el amparo directo contra la resolución de las secciones del juicio sucesorio en que se decide la división y partición de la herencia y ha establecido que las resoluciones de las otras secciones no son definitivas en los términos del artículo 46 de la Ley de Amparo, y no deben reclamarse en amparo directo sino indirecto. Así como por identidad jurídica, la Jurisprudencia VI.3o.J/20, del Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, título y contenido: SUCESIONES, VIOLACIONES PROCESALES. Como en los juicios sucesorios no existe una sentencia definitiva que comprenda todo el procedimiento ya que cada una de las secciones que lo componen se decide por separado, mediante la resolución especial correspondiente, las infracciones de tipo procesal cometidas durante el trámite de la sección de reconocimiento o de declaración de herederos, que no impidan la continuación del procedimiento respectivo, son impugnables por la vía constitucional cuando se reclame la resolución que ponga fin a dicha sección, toda vez que de atacarse de manera inmediata, sin esperar al dictado de aquélla, el amparo indirecto resultaría improcedente, atento a lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la ley de la materia, a contrario sensu. Además, en lo que interesa, la tesis I.3o.C.439C del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto: JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. ES DE CARÁCTER UNIVERSAL Y PROCEDE AMPARO INDIRECTO CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE DECIDEN EL FONDO DE LAS TRES PRIMERAS ETAPAS DE DECLARACIÓN DE HEREDEROS, INVENTARIOS Y AVALÚOS Y DE ADMINISTRACIÓN, O QUE SEAN UN OBSTÁCULO PARA SU CONCLUSIÓN. La sucesión constituye un juicio de carácter universal y de naturaleza peculiar, puesto que en el proyecto de partición, el objeto principal es liquidar un patrimonio y adjudicarlo a una persona determinada, componiéndose de cuatro etapas: la de sucesión (que en su caso comprende declaración de validez del testamento, reconocimiento de derechos hereditarios o declaratoria de herederos y, nombramiento y remoción de albacea e interventores, así como de tutores); la de inventarios y avalúos; la de administración; y el juicio finaliza con una sentencia que se pronuncia en la cuarta y última sección, denominada de partición y adjudicación, que guarda relación con las tres anteriores, en tanto que la adjudicación se realiza a favor del declarado heredero y se transmite formalmente la propiedad de los bienes inventariados y valuados, atendiendo, en su caso, a las cuentas de la administración aprobadas durante la sección respectiva; sin embargo, conforme al principio de preclusión inherente a todo proceso judicial, al aprobarse la partición y declararse la adjudicación ya no es posible volver a analizar la totalidad de las actuaciones efectuadas dentro del juicio, sino que cada una de las secciones que lo componen se decide por separado mediante la resolución especial correspondiente, que adquiere firmeza para quienes son llamados al juicio sucesorio y tuvieron intervención como herederos; por tanto, las violaciones procesales habidas durante cada sección no son impugnables en el juicio de amparo indirecto, porque éste solamente procede contra la que decide el fondo de esa sección o representa un obstáculo para su conclusión, y excepcionalmente procederá la acción de amparo contra resoluciones que guarden autonomía o independencia de la resolución que ponga fin a la sección correspondiente. También, en lo conducente, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que dice: SUCESIONES. IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA DE AMPARO. CASO EN QUE NO OPERA PARA DESECHARLA. Si de la demanda de garantías no aparece claramente definido en cuál de las tres primeras secciones del juicio intestamentario de que se trata, se hizo valer el incidente de nulidad de actuaciones que, según la parte quejosa, se hubiere resuelto ilegalmente por la responsable, sin que tampoco exista constancia en ese libelo tendiente a acreditar si el incidente se interpuso en la cuarta sección del sucesorio, resulta más prudente sostener que, de momento, no se puede determinar en cuál de las cuatro secciones correspondientes, se hubiese deducido el incidente de cuenta, ya que si se hizo en las tres primeras, es procedente el amparo indirecto contra los actos reclamados, y si fue en la cuarta, sólo podía impugnarse la violación consecuente en amparo directo, todo lo cual permite concluir que, en tales condiciones, debe admitirse la demanda de garantías, para que con lo que se desprenda después del informe justificado y de las pruebas que aporten las partes, decida el Juez de Distrito lo que en derecho proceda, esto es, sobreseer el amparo si el incidente se promovió en la cuarta sección, o dictar la sentencia de fondo que corresponda, si se hizo valer en cualesquiera de las tres primeras secciones, siendo obvio que, ante la falta de informe justificado y de otras pruebas, no se está realmente frente a un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que amerite desechar de plano la demanda de amparo. Y, en la tercera sección, la única hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto se da, cuando se trate de la resolución que declare aprobada la cuenta general de administración rendida por el albacea testamentario. En ese sentido, el acto que reclama el quejoso no constituye la resolución que declare aprobada la cuenta general de administración rendida por el albacea testamentario; por ende, no se actualiza la hipótesis de procedencia del juicio de amparo, pues en el caso que nos ocupa, el acto reclamado consiste en la resolución de segunda instancia que confirmó el auto dictado por la Juez de origen dentro de la tercera sección, en el que determinó reprobar la cuenta de administración mensual correspondiente al mes de julio del año en curso, rendida por Roberto Eduardo Valdez Valencia, en cuanto albacea testamentario definitivo sustituto. De igual modo, los efectos de la resolución reclamada de ninguna manera afectan en forma directa, inmediata y material los derechos sustantivos de la parte quejosa, porque son meramente intraprocesales, ya que sus consecuencias son, únicamente, que se siga la secuela procesal sin que, por el momento, se apruebe la cuenta de administración mensual correspondiente al mes de julio, es decir, dicho acto no impide la prosecución del juicio sucesorio subyacente, ya que, como se expuso con anterioridad, el albacea se encuentra en aptitud de seguir rindiendo cuentas mensuales, hasta en tanto se resuelva lo relativo a la cuenta general que rindió relativa al período comprendido de diciembre de dos mil dieciséis a abril de dos mil diecinueve, la cual, es materia en el diverso juicio de amparo 869/2019. Por otro lado, el acto reclamado no impacta de manera directa, inmediata y material los derechos sustantivos de la parte quejosa, pues no afecta a la masa hereditaria del juicio sucesorio testamentario 10/2016, ya que no impone una carga a ésta ni restringe los frutos que pudieran obtenerse de la misma. En ese tenor, si el acto reclamado de donde emerge no vulnera de forma directa derechos sustantivos, entonces no resultaría admisible el juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo. En efecto, se insiste que el acto reclamado señalado en este apartado no afecta de manera directa inmediata y material algún derecho sustantivo de la parte quejosa, reconocido en la Constitución o en los Tratados Internacionales, como la libertad, propiedad, el derecho a la salud, el derecho de tránsito, etcétera; lo cual lleva a concluir que el acto reclamado en este juicio no puede impugnarse conforme al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. De igual forma, el acto reclamado tampoco constituye una resolución interlocutoria que haya concluido con alguna de las secciones de las que se compone dicho juicio sucesorio. De lo expuesto se colige, que la resolución que constituye el acto reclamado sólo podría afectar derechos adjetivos o instrumentales propios del proceso en el que se desenvuelve el juicio natural. Sostener lo contrario, implicaría que contra cualquier infracción en cualquier etapa del procedimiento procedería el juicio de amparo biinstancial, lo que se traduciría no sólo en una contravención a la intención del constituyente y del legislador ordinario [en cuanto a las razones que motivaron la reforma constitucional y legal, la que concluyó con un catálogo de los supuestos expresos de procedencia] sino también en una verdadera afectación al derecho humano de justicia pronta consagrado en el artículo 17 constitucional, ya que la tramitación de un número significativo de juicios de amparo sin duda retrasaría significativamente el curso del contencioso. En ese contexto, como se dijo, en el caso que nos ocupa, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, esta última interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, por lo que se desecha la demanda de amparo. No es inadvertido para este juzgador, que la causal de improcedencia en que se funda este desechamiento, podría ser estudiada en la sentencia que resolviera este juicio; sin embargo, tratándose de casos como éste, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Al respecto se invoca el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 316, tomo X, octubre de 1992, Semanario Judicial de la Federación, Octava época, que indica: DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA. En relación con la substanciación del juicio de garantías ante los jueces de Distrito, el artículo 145 de la Ley de Amparo, dispone: El Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Se comprende, pues, que los motivos manifiestos indudables a que alude el precepto citado, son aquellos que surgen de la sola lectura de la demanda que permitan asegurar, con certeza, que existe un motivo de improcedencia. En otras palabras, puede decirse, atendiendo al contenido del precepto en consulta, que la demanda podrá desecharse, cuando se advierta fácilmente, de su simple lectura, que existe un motivo indudable de improcedencia, y que, de no ser así, deberá llevarse por todo su trámite hasta la audiencia de fondo, sin que esto ocasione agravio, pues siempre queda latente la posibilidad de examinar, en la audiencia de fondo, la existencia de causas que, ya supervenientes o anteriores a la admisión de la demanda determinen el sobreseimiento en el juicio de garantías, empero, referidas lógicamente a las que no encuadran en los motivos indefectibles a que alude la norma en examen; lo que obedece por razones de técnica de amparo, a que el estudio de la improcedencia del juicio de amparo es de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, según lo precisa el artículo 73, in fine, de la Ley de Amparo. Así también, la jurisprudencia VII.2o.C. J/23, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en la página 921, tomo XXIV, junio de 2006, Novena época, materia común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la literalidad siguiente: DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico. Criterios jurisprudenciales que se aplican en atención a que no obstante las reformas a la Ley de Amparo, no se contraponen a ésta, por lo que no se afecta la defensa de los ocursantes. Domicilio procesal y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad y autorizando en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado Vicente Martínez Hinojosa, toda vez que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, según se advierte de la certificación de inicio, no así la diversa persona que señala, la cual no gozará de las amplias facultades que otorga dicho numeral. Habilitación de días y horas inhábiles y autorización de firma de oficios A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Digitalización y anotaciones respectivas. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico y háganse las anotaciones en el libro de gobierno así como en el Sistema Integran de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.).

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