Roberto Dieguez Felix

Expediente 63/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 10 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
63/2016
Año
2016
Actuaciones
10
Última actuación
24/05/2016

Partes del expediente

  • Roberto Dieguez Felix

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Se notifica a la parte quejosa, por medio lista fijada en los estrados de este juzgado con fundamento en lo establecido por el artículo 27 fracción I, inciso c), de la ley de amparo, el contenido del acuerdo de veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, mismo que de manera sintetizada señala: Cuernavaca, Morelos, a veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis. Visto el estado de los autos, de los que se advierte que transcurrió el plazo otorgado a las partes para que realizaran manifestaciones respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo; en tales condiciones, se hace efectivo el apercibimiento decretado en autos y en consecuencia, este órgano de control constitucional procede a resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos existentes en el expediente y los aportados por la autoridad responsable, así como en observancia a la tesis 26/2000-XXXVIII/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del tres de marzo del año dos mil, con el rubro: ... Luego entonces, es procedente pronunciarse respecto del cumplimiento dado por parte de la responsable JUNTA ESPECIAL NÚMERO UNO DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS. Ahora bien, la protección concedida a la parte quejosa, fue para el efecto de que la autoridad responsable: ".DEBERÁ ACREDITAR LAS ACTUACIONES Y MEDIDAS NECESARIAS O DILIGENCIAS TENDIENTES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS AUTOS EMITIDOS EN EL JUICIO DE ORIGEN 01/562/15-I, EN LOS CUALES SE ORDENÓ LA NOTIFICACIÓN A LAS PARTES, REMITIENDO LAS CONSTANCIAS RELATIVAS PARA TAL EFECTO." En acatamiento a la concesión del amparo, la Junta responsable remitió el oficio 1254/2016, por medio del cual remite las diligencias de emplazamiento de las partes demandas, en el juicio de origen 01/562/15; por lo anterior, de acuerdo con el estudio de dichas constancias y al haber dado cumplimiento al fallo protector, de conformidad con el dispositivo 196 de la Ley de la materia, se declara que la sentencia de amparo ha quedado cumplida; por lo que, previa la anotación en el libro de gobierno, con fundamento en el numeral antes citado, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Hágase del conocimiento de la parte quejosa este proveído, para los efectos del artículo 201, fracción I de la Ley de Amparo vigente. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001, en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en la fracción IV, del punto VIGÉSIMO PRIMERO del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda y la sentencia definitiva.

  2. Principal

    Se notifica a la parte quejosa, por medio lista fijada en los estrados de este juzgado con fundamento en lo establecido por el artículo 27 fracción I, inciso b), de la ley de amparo, el contenido del acuerdo de nueve de mayo de dos mil dieciséis, mismo que de manera sintetizada señala: Cuernavaca, Morelos, a nueve de mayo de dos mil dieciséis. Vista la razón Secretarial con que se da cuenta; se tiene por recibido el oficio de cuenta; a través del cual informa sobre el cumplimiento otorgado a la sentencia dictada en autos; en consecuencia, con el oficio de cuenta dése vista a las partes, para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que queden legalmente notificadas de este auto, manifiesten lo que a sus intereses convenga; en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna, y tomando en consideración la constancia remitida por la autoridad responsable, así como en observancia a la jurisprudencia 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al mes de marzo del año 2000, del rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98 DE ESTA SEGUNDA SALA; este Juzgado Federal, se pronunciará sobre el cumplimiento a la ejecutoria y en su caso, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo y se ordenará el archivo. Finalmente, y tomando en consideración la excesiva carga de trabajo con la que cuenta este órgano jurisdiccional; se faculta a los actuarios adscritos, para que realicen la presente notificación, inclusive, en días y horas inhábiles, tal y como lo establece el ordinal 21 de la Ley de Amparo. N O T I F Í Q U E S E P E R S O N A L M E N T E .

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dos de mayo de dos mil dieciséis. SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. En tal virtud, con fundamento en los numerales 192 y 193 de la Ley de la Materia, requiérase a la autoridad responsable, para que en el término de TRES DÍAS, contados a partir del momento al en que quede notificada del presente auto, cumpla con la ejecutoria en los términos precisados. Notifíquese.

  4. Principal

    R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el catorce de enero de dos mil dieciséis, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal ROBERTO DIEGUEZ FELIX, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los actos siguientes: Autoridades responsables. Junta Especial 1, de la Local de Conciliación y Arbitraje y actuario de su adscripción, ambos con residencia en esta ciudad. Acto reclamado. "(.) POR LA OMISIÓN de la Autoridad Responsable DE NO EMPLAZAR A LOS DEMANDADOS EN EL JUICIO DE ORIGEN (.)" SEGUNDO. El dieciocho de enero de dos mil dieciséis, se admitió la demanda de amparo y se radicó el asunto con el número de expediente 63/2016, se requirió a las responsables su informe justificado, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, el estudio integral que se efectúa a la demanda y del análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de la autoridad responsable la omisión de emplazar a las partes en el juicio laboral 01/562/15-I. TERCERO. Es cierto el acto reclamado atribuido a las autoridades responsables Junta Especial 1, de la Local de Conciliación y Arbitraje y actuario de su adscripción, ambos con residencia en esta ciudad, pues así se advierte del contenido del informe justificado, lo que se corrobora con diversas constancias que acompañó la Junta señalada como responsable; documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. CUARTO. Al no advertir el suscrito juez que en la especie se actualice alguna causa de improcedencia previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, se procede a realizar el estudio de los motivos de inconformidad planteados por el quejoso. QUINTO. El impetrante del amparo expresó los conceptos de violación que aparecen insertos en el escrito de demanda, los cuales se tienen por reproducidos en este apartado, en aras del principio de economía procesal y en relación con lo dispuesto por la Tesis de Jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." El quejoso considera violado el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la responsable ha omitido emplazar a las partes dentro de los autos del expediente de origen 01/562/15-I. El concepto de violación expuesto por el quejoso es esencialmente fundado y suficiente para conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en razón a las siguientes consideraciones. Es pertinente precisar, que al ser el acto de molestia de carácter omisivo, la carga de la prueba no corresponde al peticionario de amparo, sino que se revierte a la autoridad señalada como responsable el comprobar que proveyó o actuó, en los términos precisados en la Ley Federal del Trabajo, lo conducente en relación a la demanda laboral presentada ante su potestad, es decir, acordar sobre la admisión o desechamiento, señalamiento de la audiencia de ley, el llamamiento a juicio de la parte demandada y al desahogo del procedimiento dentro de los términos de ley. Ahora bien, de las constancias que obran en autos se advierte que el quejoso presentó demanda laboral, la cual fue radicada el nueve de julio de dos mil quince, y que la autoridad señalada como responsable ha omitido notificar a las partes, no obstante de haber transcurrido los términos y plazos legales para tal efecto. Ahora bien, el artículo 17 de la Constitución Política Federal, determina lo siguiente: "Artículo 17. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." Del análisis del precepto de referencia se advierte que en él se establece: a) Un derecho a la jurisdicción que tiene todo gobernado de acudir ante los órganos jurisdiccionales previamente establecidos para el efecto de obtener una resolución sobre una pretensión, y en su caso, la ejecución forzosa de lo juzgado. b) La obligación por parte de las autoridades jurisdiccionales de conocer, substanciar y resolver los juicios que se diriman ante ellas. c) Que dicha impartición de justicia deberá efectuarse dentro de los plazos previamente establecidos en las leyes adjetivas aplicables al caso, es decir, que tanto los actos procesales que practiquen los órganos jurisdiccionales, como las resoluciones que éstos emitan, ya sean acuerdos o sentencias, se deben realizar dentro de los términos establecidos en las legislaciones procesales y de manera completa e imparcial. Sirve de apoyo la tesis 2ª L/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 299, tomo XV, mayo de 2002, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si dicha garantía está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." Por su parte, los preceptos 750, 838 y 873 de la Ley Federal del Trabajo, norma las formalidades para que las autoridades del trabajo procedan a proveer las demandas presentadas ante su jurisdicción, se señale fecha para la celebración de la audiencia de ley, la que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes al en que haya recibido tal escrito, así como para que procedan a realizar las notificaciones o emplazamiento al juicio, ya que al respecto señalan: "Artículo 838. La Junta dictará sus resoluciones en el acto en que concluya la diligencia respectiva o dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquellas en la que reciba promociones por escrito, salvo disposición en contrario de esta Ley." "Artículo 873. El Pleno o la Junta Especial, dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo, en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y ofrecimiento y admisión de pruebas, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes al en que se haya recibido el escrito de demanda. En el mismo acuerdo se ordenará se notifique personalmente a las partes, con diez días de anticipación a la audiencia cuando menos, entregando al demandado copia cotejada de la demanda, y ordenando se notifique a las partes con el apercibimiento al demandado de tenerlo por inconforme con todo arreglo, por contestada la demanda en sentido afirmativo, y por perdido el derecho de ofrecer pruebas, si no concurre a la audiencia.". Cuando el actor sea el trabajador o sus beneficiarios, la Junta, en caso de que notare alguna irregularidad en el escrito de demanda, o que estuviere ejercitando acciones contradictorias, al admitir la demanda le señalará los defectos u omisiones en que haya incurrido y lo prevendrá para que los subsane dentro de un término de tres días." "Artículo 750. Las notificaciones, citaciones o emplazamientos deberán realizarse dentro de los cinco días siguientes a su fecha, salvo cuando expresamente en la resolución o en la Ley exista disposición en contrario." De la recta interpretación del contenido de dichos dispositivos, se colige que la autoridad responsable tenía que notificar la radicación de demanda a las partes dentro de los cinco días siguientes a la fecha de emisión del auto en donde se ordenó tal diligencia. De las constancias del juicio laboral 01/562/15-I, se advierte que el nueve de julio de dos mil quince, se radicó la demanda de origen, se fijaron las doce horas del veinte de octubre de dos mil quince, para la celebración de la audiencia de ley, en su etapa de conciliación, demanda y excepciones, esto es, como lo dispone el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo. Posteriormente, en la fecha señalada en el párrafo que antecede, ante la imposibilidad de notificar a la parte demandada, se volvió a diferir la audiencia para las doce horas con treinta minutos del ocho de diciembre de dos mil quince, hasta que, por último, el uno de marzo de dos mil dieciséis se señalaron las trece horas con treinta minutos del veintisiete de abril del año en curso, para que tuviera verificativo la audiencia de ley, sin que a la fecha se advierta que se hubiera realizado el emplazamiento ordenado por la Junta señalada como responsable. Esto es, de los autos del juicio de origen se desprende que no se ha notificado a las partes, siendo diferida la audiencia del juicio de origen en diversas fechas, y la demanda laboral se radicó desde la data señalada en párrafos que anteceden, por lo que evidentemente se encuentra fuera de los plazos legalmente establecidos. Por lo que es indiscutible que una vez salido de sus cauces legales el procedimiento ya no podrá desarrollarse con la oportunidad legal debida, ya que dada la necesaria conexión de los actos procesales, si alguno se efectúa tardíamente, desfasa al ámbito temporal en que los subsecuentes actos deban de desplegarse; lo que ocasiona que no se continúe oportunamente con las siguientes etapas del juicio laboral, violando los principios de plenitud y expedites en la administración de justicia. De ahí que sea innegable que transcurrieron en exceso los términos previstos por el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, no obstante que la obligación de observar la mayor economía, concentración y sencillez del proceso le surge en términos del ordinal 685 de la referida ley, dilación cuyos efectos se ven reflejados en el procedimiento, en detrimento de la justicia pronta y expedita contenida a favor de la parte quejosa en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que indefectiblemente se traduce además, en una abstención de tomar las medidas más eficaces que en derecho corresponda a fin de continuar con todas las etapas del juicio hasta la conclusión del mismo, mediante el dictado del laudo correspondiente. En mérito de lo anterior, lo procedente es conceder el amparo y la protección de la Justicia de la Unión al quejoso Roberto Dieguez Félix, en contra de la Junta Especial 1, de la Local de Conciliación y Arbitraje y actuario de su adscripción, ambos con residencia en esta ciudad, para efecto de que, dentro del término de tres días, contados a partir de la legal notificación, que por medio del oficio en que se le haga saber que ha causado ejecutoria esta resolución, proceda a realizar lo siguiente dentro del juicio laboral 01/562/15-I. ° Deberá acreditar las actuaciones y medidas necesarias o diligencias tendientes para dar cumplimiento a los autos emitidos en el juicio de origen 01/562/15-I, en los cuales se ordenó la notificación a las partes, remitiendo las constancias relativas para tal efecto. En el entendido de que se considerará cumplida la presente sentencia concesoria, una vez que las autoridades responsables den cumplimiento a lo precisado en el párrafo que antecede, momento en el que habrán subsanado el motivo del retardo en el procedimiento laboral del que se duele el quejoso en el presente juicio y por ende cumplido el núcleo esencial de la presente sentencia amparadora. Lo así considerado encuentra apoyo en la tesis 2ª CV/2013, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 732, del Libreo 1, diciembre de 2013, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro electrónico 2005150, que es del contenido siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión Ampara y protege a Roberto Dieguez Félix, respecto del acto reclamado de las autoridades Junta Especial 1, de la Local de Conciliación y Arbitraje y actuario de su adscripción, ambos con residencia en esta ciudad, consistente en la omisión de notificar a las partes la radicación del juicio de origen 01/562/15-I, para los efectos señalados en el último considerando de la misma. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma el juez Guillermo Amaro Correa, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Victor Hugo Hiram Magallanes Martinez, hasta hoy cuatro de abril de dos mil dieciséis, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

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