Roberto de los Cobos Arellano

Expediente 840/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 9 actuaciones registradas, la última del 22 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
840/2019
Año
2019
Actuaciones
9
Última actuación
22/08/2019

Partes del expediente

  • Roberto de los Cobos Arellano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Incidental

    Oficio. Agréguese a sus antecedentes sin mayor proveído, el oficio signado por el Administrador Local de Recaudación de Torreón, mediante el cual informa que se está elaborando el cheque y solicita un plazo prudente para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; lo anterior, ya que el quince de agosto anterior, se tuvo por recibido el oficio de la misma autoridad responsable, al cual acompañó el cheque de mérito. Requerimiento. Por otra parte y como lo solicita, de conformidad con el artículo 192, último párrafo, de la Ley de Amparo, en atención a la naturaleza de los actos, se otorga a la autoridad responsable un plazo razonable por diez días, contados a partir de la notificación de este proveído, a efecto de que dé cabal cumplimiento al fallo protector, esto es, que remita el cheque que haya expedido a favor de la quejosa, así como la constancia de entrega relativa. Apercibimiento. En el entendido que de no hacerlo así dentro del plazo concedido, se le hará efectivo el apercibimiento decretado en autos. Desde luego, no sobra mencionar que se considerará como incumplimiento del fallo protector, el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la propia autoridad responsable o de cualquier otra que intervenga en el trámite correspondiente. Notifíquese

  2. Principal

    Estado de autos. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que la autoridad responsable Administrador Local de Recaudación, con residencia en esta ciudad, no ha dado cabal cumplimiento a la sentencia dictada en este asunto. Requerimiento. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a la citada autoridad, para que dentro del plazo de tres días contado a partir de la notificación del presente proveído, informe sobre el cumplimiento dado al fallo protector, debiendo remitir copia certificada que acredite fehacientemente que desincorporó de la esfera jurídica del quejoso los artículos tildados de inconstitucionales; asimismo, que expidió y entregó el cheque a favor de la parte quejosa. Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del tiempo señalado, le será impuesta multa equivalente a... conforme al numeral 258 de la ley reglamentaria; y si aún así es omisa, se dará inicio al procedimiento previsto en el diverso ordinal 193 de la ley en aplicación; sin perjuicio de dar vista al agente del Ministerio Público adscrito, a efecto de que inicie la investigación correspondiente por su probable responsabilidad en la comisión del delito establecido por el dispositivo 267, fracción I, de Ley de Amparo. Superior Jerárquico. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 192, de la Ley de Amparo, se ordena notificar al titular de la Secretaria de Finanzas del Estado de Coahuila, con residencia en Saltillo, en su carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable Administrador Local de Recaudación, con residencia en esta ciudad, para que le ordene a cumplir con la ejecutoria de amparo; con el apercibimiento para el caso de no demostrar que dio la orden referida, se le impondrá a su titular multa de... con fundamento en el artículo 258 de la Ley de Amparo, además de que incurrirán en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. Notifíquese.

  3. Principal

    Se notifica por lista al quejoso Informe. Visto lo de cuenta, se recibe el informe con justificación remitido por la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Temprana de Delitos con Detenido Mesa IV, con sede en esta ciudad; ahora bien, de las constancias que allegó la autoridad, se advierte que el veintitrés de julio en curso, ordenó la inmediata libertad del quejoso, mediante oficio de esa misma fecha dirigido al Alcaide de la Ergástula Municipal de esta ciudad. Sobreseimiento fuera de audiencia. En tales condiciones, de las constancias remitidas por la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Temprana de Delitos con Detenidos mesa IV, con residencia en esta ciudad, se desprende que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, la cual se analizará de oficio, en términos de la última parte del referido numeral. El contenido del numeral y fracción en cita, es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)". Lo anterior es así, toda vez que el acto reclamado por la parte quejosa consiste esencialmente en: "IV. Actos reclamados: Consistentes en la privación de la libertad fuera de todo procedimiento, incomunicación, tortura, así como los demás actos prohibidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, agregando que los mismos probablemente están siendo cometidos por las autoridades responsables ANTES mencionadas en su domicilio oficial en contra del C. ROBERTO DE LOS COBOS ARELLANO". En tal virtud, se advierte que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral citado, ello, porque de las constancias remitidas por la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Temprana de Delitos con Detenidos mesa IV, con residencia en esta ciudad, se advierte que el veintitrés de julio en curso, ordenó la inmediata libertad del quejoso, mediante oficio de esa misma fecha dirigido al Alcaide de la Ergástula Municipal de esta ciudad; la cual goza de valor probatorio pleno, al tenor de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad en el ejercicio de funciones. Asimismo, apoya lo anterior, en cuanto a la valoración de los medios de prueba, la jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Luego entonces, es de estimarse que en el caso han cesado los efectos del acto reclamado, lo que significa que las autoridades a quienes se les atribuyeron, dejaron de afectar la esfera jurídica del quejoso, esto es, lo restituyeron en el pleno goce de sus derechos que considero violados como si se hubiere otorgado la protección constitucional, actualizándose de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia en comento que impone a sobreseer en el juicio de amparo fuera de audiencia constitucional de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. A mayor abundamiento, los efectos de los actos reclamados cesan cuando la autoridad o autoridades responsables derogan o revocan los actos, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento de los actos que se atacan o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente los actos, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye a los quejosos en el goce de las garantías violadas; de ahí que la cesación de efectos sea el hecho de que la autoridad que haya emitido u omitido el acto impugnado, deje de afectar la esfera jurídica de éstos, pues la razón que justifica la causal de improcedencia a estudio no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, por lo que no dejó huella alguna en la esfera jurídica de los particulares que ameriten ser borradas por el otorgamiento de la protección constitucional, es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional; esto es, la restitución a los agraviados en el pleno goce de las garantías violadas, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a las autoridades responsables a que obren en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que ésta exija. Cobra aplicación al respecto, la jurisprudencia 2ª./J.59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la foja 38, tomo IX, junio de 1999, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Apoya las consideraciones anteriores, por identidad jurídica substancial la jurisprudencia número VII.1o.P. J/42, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, visible en el tomo XI, marzo de 2000, página 875, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, que se lee bajo el rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA, SE SURTE LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO LO CONSTITUYE LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y POSTERIORMENTE SE DICTA AUTO DE FORMAL PRISIÓN. APLICACIÓN DE LAS REFORMAS A LA LEY DE AMPARO (DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 8 DE FEBRERO DE 1999). Es correcto el sobreseimiento decretado por el a quo en el juicio de amparo, con fundamento en la fracción III del artículo 74 de la Ley de Amparo, en el que se reclamó la orden de aprehensión decretada en contra del quejoso, por violación a los artículos 14 y 16 constitucionales, toda vez que en el caso se actualiza la causal de improcedencia del juicio de garantías a que se refiere el artículo 73, fracción X, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, en virtud de que consta en autos que la autoridad responsable, decretó formal prisión al quejoso y ello conlleva a establecer que ha operado un cambio de situación jurídica; lo anterior es así, atento la reforma del artículo 73, fracción X, párrafo segundo, de la ley de la materia, publicada en el Diario Oficial de la Federación del día ocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve, misma que entró en vigor al día siguiente de su publicación y que en lo conducente dice: "Cuando por vía de amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exclusivamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto." En tal virtud, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63 fracción V, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento de este asunto fuera de audiencia. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resolvió la contradicción de tesis 26/2002, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, visible en página 386, tomo XVII, marzo de 2003, Novena época, del Semanario Judicial y su Gaceta, que literalmente expone: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previo la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la imparticion de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Sin efectos audiencia. Sin que resulte obstáculo para determinar lo anterior, el hecho de que se señalaron las diez horas con diez minutos del veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, para llevar a cabo la celebración de la audiencia constitucional en este juicio, pues al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido criterio firme en el sentido de que resulta procedente decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, cuando dentro del desarrollo del procedimiento de amparo, subyace una causal de improcedencia de forma notoria y manifiesta, de ahí que, por mayoría de razón resulta procedente decretar el sobreseimiento del juicio, si a la fecha en que ha de celebrarse la audiencia aparece demostrada una causal de improcedencia notoria y manifiesta; en tales condiciones se deja sin efectos la fecha señalada con antelación para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo.

  4. Incidental

    ÚNICO. Se declara sin materia el presente incidente de suspensión.

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