Roberto de Jesús Velázquez Lozano

Expediente 1039/2019 tramitado ante el Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1039/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
30/12/2019

Partes del expediente

  • Roberto de Jesús Velázquez Lozano

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el plazo de ley para interponer recurso de queja contra el proveído que desechó de plano la demanda de amparo, sin que la parte quejosa hiciera valer dicho medio de impugnación. En consecuencia, se declara que ha causado estado el citado auto. Finalmente, realícense las anotaciones en el libro respectivo y, en su oportunidad, ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO CONCLUIDO.

  2. Principal

    PERSONAL. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C DE LA LEY DE AMPARO, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DECRETADO A LA PARTE QUEJOSA QUE SE PRECISA, MEDIANTE AVISO DEL TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, por lo que se le notifica por medio de lista la determinación de doce de diciembre de dos mil diecinueve, dictada dentro del presente juicio de amparo. DETERMINACIÓN DEL DOCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista la demanda de amparo firmada por ***, por propio derecho, contra actos del Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio y otras autoridades; fórmese expediente físico y electrónico bajo el registro ***. La parte quejosa en su escrito inicial de cuenta señala como actos reclamados la orden de aprehensión y/o comparecencia que se dicte en su contra, así como su ejecución. Así, en el capítulo relativo a los antecedentes de los actos que impugna refiere que la carpeta de investigación *** se inició por el delito de despojo agravado, la cual dio origen a la diversa carpeta judicial *** ante el Juez de Control, del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, adscrito a la Unidad de Gestión Judicial Nueve, quien en audiencia inicial de veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, autorizó la suspensión condicional del proceso por lo que se le impuso al impetrante la presentación periódica cada quince días ante la Dirección de la Unidad de Supervisión de medidas cautelares y supervisión condicional del proceso. En razón de lo anterior, refiere que el veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, a las quince horas se presentó en dicha dirección en la cual le informaron que tenía una orden de aprehensión girada en su contra a la cual no se le ha dado cumplimiento. Ahora, como se precisó en la certificación de cuenta, la presente demanda de amparo, se encuentra relacionada con la diversa *** del índice de este juzgado promovida por ***, la cual se toma en cuenta como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese sentido, de la demanda que dio origen al citado expediente *** de una lectura íntegra de la misma se observa que plasma los mismos hechos, actos reclamados y autoridades responsables que precisó en el escrito de cuenta, a saber:. Además, en tal ocurso en específico en el capítulo de antecedentes, el quejoso refirió, en lo que interesa:. De lo expuesto se obtiene que la parte quejosa manifiesta bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento de los actos reclamados el ocho de noviembre de dos mil diecinueve. Por tanto, debe decirse que fue en esa fecha en la que tuvo conocimiento de los actos que reclama en el presente asunto ***; lo anterior, no obstante que en el escrito de cuenta refiera que fue el veintidós de noviembre del año en curso a las quince horas cuando le informaron lo relativo a la mencionada orden de captura; ya que resulta evidente que al coincidir en ambos expedientes los actos, autoridades y las carpetas de investigación y judicial de la que derivan los actos que reclama, también concuerda que fue el ocho de noviembre de dos mil diecinueve, la fecha en que tuvo conocimiento de los actos que impugna en los citados dos juicios. Aquí, cabe señalar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Al respecto, tal dispositivo legal establece lo siguiente:. Ahora, para dar margen a lo anterior, se debe analizar si en el caso se surte alguna de las causas de improcedencia reguladas en el artículo 61 de la ley invocada. En primer término, con relación a la causal prevista en el la fracción XIV, del numeral invocado, debe precisarse lo que establece:. Ahora, para una mejor comprensión de la causal de improcedencia que se invoca, es conveniente traer a colación el contenido de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, que tienen relación con el numeral citado, mismos que establecen lo siguiente:. En ese orden, de los preceptos legales transcritos, se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, es decir, contra aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro del plazo de quince días, contado a partir del siguiente al en que haya surtido efectos la misma, conforme a la ley del acto. Bajo esa óptica, a fin de acreditar la causal de improcedencia de mérito, es importante destacar que de la propia demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama la orden de aprehensión y/o comparecencia, girada en su contra; aunado a eso, el ocho de noviembre de dos mil diecinueve tuvo conocimiento de la existencia de las ordenes privativas de libertad reclamadas, toda vez que bajo protesta de decir verdad adujo fue informado respecto a la cumplimentación de las órdenes referidas. Manifestaciones a las que se concede valor probatorio pleno, ya que se trata de una confesión expresa sobre hechos que constan a la parte quejosa, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. Bajo ese contexto, es importante destacar que el citado artículo 18 de la ley de la materia, establece tres momentos a partir de los cuales debe computarse el plazo de quince días para la promoción del juicio de amparo, los cuales se cuentan respectivamente a partir del día siguiente: A) Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; B) Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de él o de sus actos de ejecución; y, C) Al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Dichos supuestos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno, sustentándose en el conocimiento real del acto reclamado y no en lo expuesto por las partes o en la formalidad de la notificación. Asimismo, cabe precisar que cuando el acto reclamado implique:  Peligro de privación de la vida;  Ataques a la libertad personal fuera de procedimiento;  Incomunicación;  Deportación o expulsión;  Proscripción o destierro;  Desaparición forzada de personas;  Alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  Así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. La demanda de amparo indirecto podrá presentarse en cualquier tiempo. Sin embargo, el acto aquí combatido no se encuentra dentro de la hipótesis que describe la fracción IV, del artículo 17 de la Ley de Amparo. En consecuencia, el plazo de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, para que el impetrante de amparo promoviera el juicio constitucional, transcurrió del once de noviembre al tres de diciembre de dos mil diecinueve. Ello, tomando en cuenta lo manifestado bajo protesta de decir verdad por la parte quejosa en la demanda de amparo que dio origen al juicio *** del índice de este juzgado. Por tanto, el acto combatido se estima consentido tácitamente, en virtud que no se impugnó dentro del plazo que señala el artículo 17 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, ya que la parte quejosa promovió su demanda de amparo hasta el doce de diciembre de dos mil diecinueve; en consecuencia, dicho ocurso es extemporáneo, por lo cual, este órgano federal estima que existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. A lo anterior, con fundamento en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo por notoriamente improcedente. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, P./J. 12/2015 (10a.), visible a página 38, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I, del rubro y texto siguiente:. Ahora, si bien conforme al artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Asimismo, se reconoce el derecho de las personas a que se les administre justicia, el acceso a ésta y a contar con un recurso sencillo, rápido y efectivo. Sin embargo, lo anterior no puede ser interpretado en el sentido de que las causales de improcedencia del juicio de amparo sean inaplicables, ni que el sobreseimiento en él, por sí, viola esos derechos. Por el contrario, como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las leyes, es claro que en ellas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado, y decidir sobre la cuestión debatida. Por tanto, las causales de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo. Sustenta lo anterior, la tesis III.4o.(III Región) 14 K (10a.), emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con Residencia en Guadalajara, Jalisco, visible en la página 1641, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 3, Materia(s): Constitucional, de rubro:. De igual forma, debe estimarse que los motivos de inejercitabilidad, no son incompatibles con el precepto 25.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, pues no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio de amparo, debido a que el propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar una sobrecarga de casos sin mérito, es en sí legítimo, por lo que esa compatibilidad, en cuanto a los requisitos para la admisibilidad de los recursos dependerá, en principio, de los siguientes criterios: no pueden ser irracionales ni de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia, ni discriminatorios y, en el caso, la razonabilidad de esas causas se justifica por la viabilidad de que una eventual sentencia concesoria tenga un ámbito de protección concreto y no entre en conflicto con el orden jurídico, no son de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia ni tampoco son discriminatorias, pues no existe alguna condicionante para su aplicabilidad, en función de cuestiones personales o particulares del quejoso. Lo anterior encuentra sustento, en la tesis XVI.1o.A.T.2 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, publicada en la página 1167 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2, Materia(s): Constitucional, que dice:. Es importante destacar que en el proemio del escrito de demanda, el quejoso señala un domicilio particular para oír y recibir todo tipo de notificaciones, y en seguida también refiere los estrados para tal efecto. Por tanto, y en obvio de dilaciones procesales con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se tiene como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones el domicilio particular que se indica en el ocurso de cuenta; sin perjuicio de que la parte quejosa, de forma posterior, pueda señalar uno diverso para tal fin. Por otra parte, se tienen por autorizadas a las personas que precisa, en los términos que se indica. Desde este momento, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2 de la Ley de Amparo, se autoriza, la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la parte promovente de amparo y demás partes legítimamente facultadas, con excepción de aquellas que dada su propia y especial naturaleza jurídica se deba guardar sigilo, previa identificación y firma que se otorgue en autos para constancia legal y dentro del horario de atención al público, siempre y cuando las labores del juzgado lo permitan. En el entendido que las mismas podrán ser solicitadas de manera verbal por las partes o autorizados en términos del primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, directamente en la mesa de trámite que corresponda, o bien las personas que indica. Asimismo, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos y digitales, lo cual deberá realizarse siempre en presencia del actuario de la adscripción; en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009.

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