Roberto de Jesús Velázquez Lozano
Expediente 580/2020 tramitado ante el Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 580/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 01/12/2020
Partes del expediente
- Roberto de Jesús Velázquez Lozano
Actuaciones
- Principal
CVisto el contenido de la certificación secretarial de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días hábiles que prevé el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja en contra del proveído de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, que tuvo por no presentada la demanda de amparo; sin que a la fecha se hiciera valer dicho medio de impugnación. En tales condiciones, con fundamento en los ordinales 2, 97 fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, así como en los ordinales 355, 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se declara que el citado acuerdo ha causado estado. Por otra parte, hágase del conocimiento de las partes que este expediente se encuentra dentro de lo dispuesto por el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte y que entró en vigor al día siguiente, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE al no existir documento original alguno y carecer de relevancia documental, por lo que una vez que transcurra el PLAZO DE TRES AÑOS, PROCÉDASE A SU DESTRUCCIÓN. Finalmente, realícense las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido.
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA DE LA DETERMINACIÓN DE DIECIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Con fundamento en el artículo 27, de la Ley de Amparo y el diverso 21 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se notifica al quejoso *****, mediante lista electrónica publicada en la dirección (www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp) así como por lista física fijada en un espacio de fácil acceso en el edificio sede de este Juzgado (según lo determine la administración del edificio Prisma del Poder Judicial de la Federación), para el caso de los usuarios que deseen consultarla en las instalaciones del edificio en el que reside el Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, la determinación de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, que en síntesis dice: Visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días hábiles concedido a la parte quejosa en proveído de cinco de noviembre de dos mil veinte, para que subsanara las deficiencias de su escrito de demanda de amparo; sin que hubiere realizado manifestación al respecto. En consecuencia, lo que procede es hacer efectivo el apercibimiento decretado en el citado proveído y con fundamento en el párrafo segundo del artículo 114 de la ley en consulta, se tiene por NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO.
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA DE LA DETERMINACIÓN DE CINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. En primer término y previo a realizar pronunciamiento en torno a la demanda de amparo de cuenta, es preciso tomar en consideración lo dispuesto en los artículos 113 y 114 de la Ley de Amparo, en los que se desprende la obligación del Juez de Distrito de examinar ante todo, el escrito de demanda, y si de dicho análisis se advierte que hubiere alguna deficiencia, irregularidad u omisión, mandará prevenir a la parte quejosa para que cumpla con los requisitos omitidos, dentro del plazo de cinco días, expresando en el auto relativo las irregularidades o deficiencias que deban colmarse, para que los quejosos puedan subsanarlas en tiempo y forma. Bajo esas premisas, procede ahora evidenciar que resulta jurídicamente imposible, por ahora, dar trámite a la demanda de amparo, dado que en el capítulo de autoridades y actos reclamados se señala lo siguiente: "III. Autoridades responsables, tiene el carácter de autoridad ordenadora: (...) TIENE EL CARÁCTER DE EJECUTORAS: (...) "IV. ACTO RECLAMADO (...) Luego, en el desarrollo de la demanda, el quejoso hace hincapié en que la intromisión del inmueble se efectuó el día veintidós de mayo de dos mil diecinueve, mientras que en otro párrafo refiere que la intromisión que ocupaba el suscrito desde el día treinta de octubre de dos mil dieciocho, por parte del Agente del Ministerio Público Responsable. Por otra parte, en el capítulo de antecedentes refiere que el día veintiocho de noviembre de dos mil veinte (sic), siendo aproximadamente las nueve horas con treinta minutos, se presentaron policías de investigación de la Fiscalía Desconcentrada de Investigación de Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana que se identificaron con su vecina para señalarle que tenían una orden de aprehensión en su contra, es decir, en contra de ****. Lo anterior crea incertidumbre sobre lo que desea reclamar, a qué autoridades le atribuye cada acto ya que su señalamiento es genérico y no especifica qué intervención tuvo cada una. Se observa incongruencia en los antecedentes de su demanda pues hace referencia a diversas fechas que no relaciona unas con las otras, ni mucho menos se puede desentrañar cuándo se pudo haber emitido el aseguramiento que aduce, ni mucho menos cuándo tuvo conocimiento de ello. Aunado a que refiere jueces de los que no se desprende qué es lo que concretamente pudiera atribuírseles, asimismo hace mención a diversas autoridades ministeriales de las cuales no especifica cuál fue la intervención de cada una. En ese mismo orden de ideas, también debe destacarse que la parte quejosa no es clara en manifestar cuál es el acto o actos que desea combatir en el presente controvertido constitucional. Lo anterior, pues por una parte, tal y como se advierte del capítulo correspondiente a los actos reclamados que han quedado transcritos, aduce impugnar diversos relacionados con el inmueble respecto del cual aduce guarda interés, por otro lado, en lo narrado de los antecedentes manifiesta tener temor fundado de ser privado de su libertad, al ejecutarse las ordenes de aprehensión derivadas de diversas indagatorias en su contra; asimismo, en el apartado de preceptos constitucionales violados expone las formalidades que deben cumplir la emisión y ejecución de órdenes de cateo, y refiere que en su caso particular no se cumplieron dichos requisitos. Así, dichas circunstancias evidencian que no existe relación entre los actos de los que se duele y las manifestaciones que hace valer como antecedentes, ya que de las mismas no se advierte que exista contra el promovente el libramiento de una orden de cateo, o bien, de aprehensión, así como su ejecución, pues únicamente indica actos que están encaminados a la posible existencia de una orden de aseguramiento en su domicilio y no así a sufrir una afectación a su libertad personal. Lo anterior, pone de manifiesto que al parecer lo que la parte quejosa desea reclamar es la posible existencia de una orden de cateo, así como una orden de aprehensión, mismas que no fueron señaladas como acto que se tildan de inconstitucionales en la demanda de amparo. Consecuentemente, dichas circunstancias generan incertidumbre para fijar la litis, pues la parte quejosa no es clara en indicar el o los actos que desea tildar de inconstitucionales en el presente sumario y si con motivo de ello, existe una diversa o diversas autoridades a quienes se los atribuye. Por tanto, a fin de estar en posibilidad de acordar lo que en derecho corresponda respecto a la demanda que se provee, requiérase al quejoso, para que dentro del plazo de CINCO DÍAS HÁBILES, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, por escrito realice lo siguiente: Precise de manera clara y precisa cuáles son los actos reclamados y a qué autoridad atribuye cada uno de ellos. Especifique la fecha en que tuvo conocimiento de cada uno de ellos. Narre de manera clara y en orden cronológico los antecedentes de los actos. En el entendido de que el término que se concede es improrrogable y de la responsabilidad en que incurren las partes al afirmar hechos falsos u omitir los que le consten, en términos del diverso numeral 261, fracción I, de la Ley de Amparo. Ello, a pesar de tratarse de un asunto en materia penal, ya que la suplencia prevista en el artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, no autoriza a cambiar los elementos del juicio de amparo señalados por la parte quejosa como en el caso lo son los actos reclamados, las autoridades a las que les imputa el acto del que se duele, así como la fecha en que tuvo conocimiento o se ostentó sabedor de los mismos. Se apercibe al peticionario de derechos que de no cumplir con lo anterior en los términos que se le indica dentro del plazo que para ello se le concede, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Atendiendo a los lineamientos del Consejo de la Judicatura Federal, se reitera a las partes que el acceso a los órganos jurisdiccionales es restringido, por lo que en caso de que sea necesario e indispensable, podrán acudir a las instalaciones que ocupa este juzgado previa cita que se genere en el sistema implementado para tal efecto, con el código QR que les sea proporcionado para el ingreso. Se autoriza, la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la parte promovente de amparo y demás partes legítimamente facultadas, con excepción de aquellas que dada su propia y especial naturaleza jurídica se deba guardar sigilo. Asimismo, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos y digitales.
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