Roberto Cruz Montiel.

Expediente 761/2019 tramitado ante el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
761/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
10/07/2019

Partes del expediente

  • Roberto Cruz Montiel.

Actuaciones

  1. Juicio de Amparo Directo

    Al no existir diligencia pendiente de desahogo, archívese este asunto como concluido. Finalmente, visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de conformidad con lo ordenado en el punto Vigésimo del Acuerdo General Conjunto 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, que estableció como susceptibles de destrucción a las incompetencias en los que otro órgano jurisdiccional haya aceptado la competencia; y en virtud de que carece de relevancia documental, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo anterior una vez que transcurra el plazo de más de seis meses de haberse ordenado su archivo.

  2. Juicio de Amparo Directo

    en el caso a estudio se estima carecer de competencia, por razón de la vía para conocer y resolver sobre el juicio constitucional intentado. Para evidenciar lo antes afirmado es menester precisar que el solicitante del amparo, señaló como autoridad responsable y acto reclamado, los siguientes "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: 1.- Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cincuenta y Cinco, con sede en esta Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, con domicilio ya señalado en autos y de donde emana el acto reclamado." "IV.- El ACTO RECLAMADO QUE SE IMPUGNA. SENTENCIA DEFINITIVA O RESOLUCIÓN QUE PUSO FIN AL JUICIO EL CUAL ESTIMÓ INCONSTITUCIONAL: Lo es la Sentencia de fecha 15 de abril del año 2019, emitida dentro del Juicio Agrario 224/2017-55, dictada por el Tribunal Unitario Agrario Distrito Cincuenta y Cinco.". Luego, de las constancias remitidas por la autoridad responsable anexas a su informe justificado y deducidas del juicio generador del acto reclamado, las cuales por ser documentos públicos merecen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al 2 de la Ley de Amparo, se advierte que por escrito de nueve de marzo de dos mil diecisiete, promovió la ratificación y validación de los acuerdos alcanzados mediante el contrato de Servidumbre Voluntaria Continua y Aparente de Paso, a efecto de que dicho contrato se elevara a cosa juzgada. Mediante escrito presentado el ocho de junio de dos mil diecisiete, en la oficialía de partes del tribunal referido en el párrafo precedente, promovió reconvención, donde solicitó entre otras prestaciones, la nulidad del contrato de servidumbre voluntaria. Seguido el trámite de dichas diligencias, el quince de abril de dos mil diecinueve, el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito Cincuenta y Cinco, dictó sentencia, en donde resolvió que la parte actora; al resultar improcedente dicha prestación al no cumplir con el requisito exigido por el artículo 75, del Reglamento de la Ley de Hidrocarburos, dejando expedito el derecho de la referida empresa, para que una vez satisfecho lo dispuesto por el numeral en cita, intentara ante esa instancia su validación; y en cuanto a la reconvención interpuesta, declaró que ésta no era procedente, al no haberse entrado al estudio de la calificación del contrato que se impugna de treinta de noviembre de dos mil dieciséis. Inconforme con dicha resolución la quejosa promueve juicio constitucional en la vía directa, cuyo conocimiento por razón de turno correspondió a este órgano colegiado y es el que ahora nos ocupa. Ahora bien, la Ley de Hidrocarburos en su Capítulo IV, Del Uso y Ocupación Superficial, artículo 105 dispone lo siguiente: ".Artículo 105.- El acuerdo alcanzado en cualquier tiempo entre las partes deberá presentarse por el Asignatario o Contratista ante el Juez de Distrito en materia civil o Tribunal Unitario Agrario competente, con el fin de que sea validado, dándole el carácter de cosa juzgada. Para lo anterior, el Juez o Tribunal Unitario Agrario procederá a: I. Verificar si se cumplieron las formalidades exigidas tanto en la presente Ley como, en su caso, en la Ley Agraria y demás disposiciones aplicables, y II. Ordenar la publicación de un extracto del acuerdo alcanzado, a costa del Asignatario o Contratista, en un periódico de circulación local y, en su caso, en los lugares más visibles del ejido respectivo. El Juez de Distrito o Tribunal Unitario Agrario emitirá su resolución, que tendrá el carácter de sentencia, dentro de los quince días siguientes a la primera publicación a que se refiere la fracción II anterior, siempre que no tenga conocimiento de la existencia de un juicio pendiente que involucre los terrenos, bienes o derechos en cuestión En contra de la resolución emitida sólo procederá el juicio de amparo..". De la transcripción que antecede, se advierte que el procedimiento de validación previsto en el artículo citado, no es controversia o proceso en el que dos partes intervengan en un litigio, en el cual manifiesten pretensiones opuestas, sino que se trata de un procedimiento en el que únicamente se verifica que el acuerdo alcanzado por las partes cumpla con las formalidades previstas en la ley invocada, así como en las disposiciones aplicables, para el efecto de que se dé publicidad, pero no dirime una disputa entre las partes, de ahí que la resolución que pone fin al procedimiento de validación es un acto cuya naturaleza jurídica es semejante a una determinación surgida de una jurisdicción voluntaria y no a un proceso contencioso. En ese sentido, es que el procedimiento de ratificación y validación de los acuerdos alcanzados en el convenio al contrato de servidumbre de paso, celebrado mediante Escritura Pública sesenta y dos mil novecientos cuarenta y siete, de treinta de noviembre de dos mil dieciséis, se traduce en una providencia de jurisdicción voluntaria, lo anterior en términos del artículo 105 de la ley en comento, toda vez que al no existir controversia, tampoco puede haber procedimiento contencioso, el cual es indispensable para que exista juicio. Así las cosas, los artículos 107, fracción V, inciso c), de la Constitución General de la República, 34, 35, 45 y 170 de la Ley de Amparo vigente, establecen que el juicio de amparo directo procede de manera categórica, en dos casos: 1. Cuando el acto reclamado es una sentencia definitiva o un laudo; y 2. Cuando el acto reclamado es una resolución que pone fin al juicio. Luego, el artículo 170 de la ley de la materia dispone lo siguiente: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo.- Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito.- Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos.- Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva.- Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas.- En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo". En mérito de lo anterior, como en la especie el acto reclamado se hace consistir en la sentencia de quince de abril de dos mil diecinueve, dictada en el expediente agrario 224/2017-55, por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cincuenta y Cinco; y toda vez que las resoluciones emitidas en los procedimientos de jurisdicción voluntaria, en términos del artículo 170 de la Ley de Amparo, no pueden considerarse sentencias definitivas, ni resoluciones que pongan fin al juicio sin decidirlo en lo principal; y por ello resulta justamente incompetente un Tribunal Colegiado para conocer del juicio de garantías. Con lo anterior, resulta inconcuso para este tribunal colegiado que el acto reclamado, no constituye una sentencia definitiva, porque no resuelve el fondo del asunto, ni es una resolución que ponga fin al juicio, toda vez que no lo da por concluido sin decidirlo en lo principal; consecuentemente, la Presidencia de este tribunal federal declara su legal incompetencia para conocer del presente juicio constitucional, en términos del artículo 45 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, por estimar que ésta se surte a favor del Juez de Distrito en el Estado de Hidalgo, en turno, a quien se ordena remitirle la demanda de amparo y anexos con que se da cuenta, previo cuaderno de antecedentes que al efecto se forme, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la quejosa el que indica, y en cuanto a las personas que autoriza, dígasele que únicamente se tendrán con tal carácter a quienes acrediten ante este tribunal encontrarse legalmente facultados para ejercer la profesión de licenciado en Derecho o abogado y tener registrada su cédula profesional en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito; mientras tanto, con fundamento en la última parte del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene por autorizadas únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Finalmente conforme a los criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información, en relación a los artículos 5 y 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la entonces Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, vigente únicamente en cuanto hace a datos personales y archivo, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva; se hace del conocimiento de las partes vinculadas con el presente asunto que, de conformidad con el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la información que tiene bajo su resguardo este órgano colegiado, es pública, con las salvedades expresamente establecidas quedando regulado el presente asunto con las disposiciones contenidas en dicha ley.

  3. Juicio de Amparo Directo

    En Pachuca de Soto, Hidalgo a nueve de julio de dos mil diecinueve, el suscrito actuario judicial adscrito al Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, siendo las 09:00 horas, en cumplimiento al auto de tres de julio de dos mil diecinueve y al citatorio dejado el cuatro de julio del presente año, se hace constar: Con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista al quejoso; Roberto Cruz Montiel el auto de tres de julio de dos mil diecinueve, dictado en el amparo directo al rubro citado, quedando debidamente notificado, en razón de no haber acudido a las instalaciones de este órgano jurisdiccional a notificarse de manera personal, dentro de los dos días siguientes hábiles, que lo fueron cinco y ocho de julio del año en curso, no obstante al citatorio que se le dejó el cuatro de julio del año que transcurre en el domicilio proporcionado. Lo que hago constar con fundamento en lo previsto por el artículo 27 de la referida ley y para todos los efectos legales conducentes. Doy fe. Cuya síntesis se dijo:en el caso a estudio se estima carecer de competencia, por razón de la vía para conocer y resolver sobre el juicio constitucional intentado. Para evidenciar lo antes afirmado es menester precisar que el solicitante del amparo, señaló como autoridad responsable y acto reclamado, los siguientes "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: 1.- Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cincuenta y Cinco, con sede en esta Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, con domicilio ya señalado en autos y de donde emana el acto reclamado." "IV.- El ACTO RECLAMADO QUE SE IMPUGNA. SENTENCIA DEFINITIVA O RESOLUCIÓN QUE PUSO FIN AL JUICIO EL CUAL ESTIMÓ INCONSTITUCIONAL: Lo es la Sentencia de fecha 15 de abril del año 2019, emitida dentro del Juicio Agrario 224/2017-55, dictada por el Tribunal Unitario Agrario Distrito Cincuenta y Cinco.". Luego, de las constancias remitidas por la autoridad responsable anexas a su informe justificado y deducidas del juicio generador del acto reclamado, las cuales por ser documentos públicos merecen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al 2 de la Ley de Amparo, se advierte que por escrito de nueve de marzo de dos mil diecisiete, promovió la ratificación y validación de los acuerdos alcanzados mediante el contrato de Servidumbre Voluntaria Continua y Aparente de Paso, a efecto de que dicho contrato se elevara a cosa juzgada. Mediante escrito presentado el ocho de junio de dos mil diecisiete, en la oficialía de partes del tribunal referido en el párrafo precedente, promovió reconvención, donde solicitó entre otras prestaciones, la nulidad del contrato de servidumbre voluntaria. Seguido el trámite de dichas diligencias, el quince de abril de dos mil diecinueve, el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito Cincuenta y Cinco, dictó sentencia, en donde resolvió que la parte actora; al resultar improcedente dicha prestación al no cumplir con el requisito exigido por el artículo 75, del Reglamento de la Ley de Hidrocarburos, dejando expedito el derecho de la referida empresa, para que una vez satisfecho lo dispuesto por el numeral en cita, intentara ante esa instancia su validación; y en cuanto a la reconvención interpuesta, declaró que ésta no era procedente, al no haberse entrado al estudio de la calificación del contrato que se impugna de treinta de noviembre de dos mil dieciséis. Inconforme con dicha resolución la quejosa promueve juicio constitucional en la vía directa, cuyo conocimiento por razón de turno correspondió a este órgano colegiado y es el que ahora nos ocupa. Ahora bien, la Ley de Hidrocarburos en su Capítulo IV, Del Uso y Ocupación Superficial, artículo 105 dispone lo siguiente: ".Artículo 105.- El acuerdo alcanzado en cualquier tiempo entre las partes deberá presentarse por el Asignatario o Contratista ante el Juez de Distrito en materia civil o Tribunal Unitario Agrario competente, con el fin de que sea validado, dándole el carácter de cosa juzgada. Para lo anterior, el Juez o Tribunal Unitario Agrario procederá a: I. Verificar si se cumplieron las formalidades exigidas tanto en la presente Ley como, en su caso, en la Ley Agraria y demás disposiciones aplicables, y II. Ordenar la publicación de un extracto del acuerdo alcanzado, a costa del Asignatario o Contratista, en un periódico de circulación local y, en su caso, en los lugares más visibles del ejido respectivo. El Juez de Distrito o Tribunal Unitario Agrario emitirá su resolución, que tendrá el carácter de sentencia, dentro de los quince días siguientes a la primera publicación a que se refiere la fracción II anterior, siempre que no tenga conocimiento de la existencia de un juicio pendiente que involucre los terrenos, bienes o derechos en cuestión En contra de la resolución emitida sólo procederá el juicio de amparo..". De la transcripción que antecede, se advierte que el procedimiento de validación previsto en el artículo citado, no es controversia o proceso en el que dos partes intervengan en un litigio, en el cual manifiesten pretensiones opuestas, sino que se trata de un procedimiento en el que únicamente se verifica que el acuerdo alcanzado por las partes cumpla con las formalidades previstas en la ley invocada, así como en las disposiciones aplicables, para el efecto de que se dé publicidad, pero no dirime una disputa entre las partes, de ahí que la resolución que pone fin al procedimiento de validación es un acto cuya naturaleza jurídica es semejante a una determinación surgida de una jurisdicción voluntaria y no a un proceso contencioso. En ese sentido, es que el procedimiento de ratificación y validación de los acuerdos alcanzados en el convenio al contrato de servidumbre de paso, celebrado mediante Escritura Pública sesenta y dos mil novecientos cuarenta y siete, de treinta de noviembre de dos mil dieciséis, se traduce en una providencia de jurisdicción voluntaria, lo anterior en términos del artículo 105 de la ley en comento, toda vez que al no existir controversia, tampoco puede haber procedimiento contencioso, el cual es indispensable para que exista juicio. Así las cosas, los artículos 107, fracción V, inciso c), de la Constitución General de la República, 34, 35, 45 y 170 de la Ley de Amparo vigente, establecen que el juicio de amparo directo procede de manera categórica, en dos casos: 1. Cuando el acto reclamado es una sentencia definitiva o un laudo; y 2. Cuando el acto reclamado es una resolución que pone fin al juicio. Luego, el artículo 170 de la ley de la materia dispone lo siguiente: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo.- Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito.- Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos.- Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva.- Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas.- En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo". En mérito de lo anterior, como en la especie el acto reclamado se hace consistir en la sentencia de quince de abril de dos mil diecinueve, dictada en el expediente agrario 224/2017-55, por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cincuenta y Cinco; y toda vez que las resoluciones emitidas en los procedimientos de jurisdicción voluntaria, en términos del artículo 170 de la Ley de Amparo, no pueden considerarse sentencias definitivas, ni resoluciones que pongan fin al juicio sin decidirlo en lo principal; y por ello resulta justamente incompetente un Tribunal Colegiado para conocer del juicio de garantías. Con lo anterior, resulta inconcuso para este tribunal colegiado que el acto reclamado, no constituye una sentencia definitiva, porque no resuelve el fondo del asunto, ni es una resolución que ponga fin al juicio, toda vez que no lo da por concluido sin decidirlo en lo principal; consecuentemente, la Presidencia de este tribunal federal declara su legal incompetencia para conocer del presente juicio constitucional, en términos del artículo 45 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, por estimar que ésta se surte a favor del Juez de Distrito en el Estado de Hidalgo, en turno, a quien se ordena remitirle la demanda de amparo y anexos con que se da cuenta, previo cuaderno de antecedentes que al efecto se forme, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la quejosa el que indica, y en cuanto a las personas que autoriza, dígasele que únicamente se tendrán con tal carácter a quienes acrediten ante este tribunal encontrarse legalmente facultados para ejercer la profesión de licenciado en Derecho o abogado y tener registrada su cédula profesional en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito; mientras tanto, con fundamento en la última parte del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene por autorizadas únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Finalmente conforme a los criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información, en relación a los artículos 5 y 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la entonces Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, vigente únicamente en cuanto hace a datos personales y archivo, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva; se hace del conocimiento de las partes vinculadas con el presente asunto que, de conformidad con el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la información que tiene bajo su resguardo este órgano colegiado, es pública, con las salvedades expresamente establecidas quedando regulado el presente asunto con las disposiciones contenidas en dicha ley.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito · 3,804 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano