Roberto Cruz Hernández

Expediente 108/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
108/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
03/03/2017

Partes del expediente

  • Roberto Cruz Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto dictado el tres de febrero de la presente anualidad, en el presente juicio de garantías, sin que a la fecha haya presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Asimismo, desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta, que en el presente juicio de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes que deban ser devueltos a los interesados, dado que no existen diligencias pendientes de practicar y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera el expediente en que se actúa sin valor jurídico, por ende destruible.

  2. Principal

    Vista; la demanda de amparo promovida por Roberto Cruz Hernández, por su propio derecho, contra actos del Juzgado Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, por violación a los artículos 14 y 16 Constitucionales, el Juez acuerda: Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 108/2017-II y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora bien, el artículo 112, de la Ley de Amparo dispone: que dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite la demanda; por ende y toda vez que el artículo 113, de la ley en cita dice que el Juez de Distrito debe examinar ante todo el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. En acatamiento a lo anterior, es de indicarse que la parte quejosa señala como acto reclamado, la falta de notificación del auto de veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, en que se admitió el inventario y avalúo exhibido por Patricia Cruz Hernández, dentro del Juicio Sucesorio Testamentario 198/2015, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar en Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, así como la omisión de notificársele el mencionado inventario y avalúo. Señalado lo anterior, una vez realizado el estudio respectivo de la demanda de garantías, este órgano jurisdiccional advierte que con fundamento en lo previsto en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal, 61, fracción XVIII y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda que se atiende. En efecto los invocados preceptos legales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .... XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medido de defensa dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;". "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De los antecedentes del acto reclamado, que se desprenden de la lectura íntegra demanda, se advierte que dentro del Juicio Sucesorio Testamentario 198/2015, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar en Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, Patricia Cruz Hernández, presentó el inventario y avalúo correspondiente, mismo que fue admitido por la autoridad responsable, mediante auto de veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis. El quejoso Roberto Cruz Hernández, refiere que dicho auto, así como el mencionado inventario y avalúo, no le han sido notificados y, por ende, acude a la presente instancia constitucional, doliéndose de dichas omisiones. Ahora bien, los artículos 178 y 179 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Zacatecas, disponen: "178.- Las notificaciones serán nulas cuando no se verifiquen en la forma prevista en los artículos precedentes. Para resolver sobre las peticiones de nulidad, el tribunal observará las reglas siguientes: I.- La nulidad sólo podrá ser invocada por la parte a quien perjudique o la que deje de recibir la notificación; II.- La notificación surtirá sus efectos como si hubiera sido legalmente hecha, a partir de la fecha en que la parte se hubiere manifestado en cualquier forma sabedora de la resolución notificada, incluyéndose en esta regla el emplazamiento; III.- La nulidad de notificación deberá reclamarse por la parte perjudicada en el primer escrito o en la actuación subsiguiente en que intervenga, a contar de cuando hubiere manifestado ser sabedora de la resolución o se infiera que la ha conocido, pues de lo contrario queda revalidada aquélla de pleno derecho, y IV.- Los jueces pueden, en cualquier tiempo, aunque no lo pidan las partes, mandar repetir las notificaciones irregulares o defectuosas, sin lesionar derechos legalmente adquiridos por las partes. 179.- La nulidad se tramitará en la vía incidental. En el incidente sólo procederá concederse término probatorio, cuando la irregularidad no se derive de datos que aparezcan en el expediente. El incidente sólo tendrá efectos suspensivos, cuando se trate de emplazamiento. La sentencia que se dicte mandará reponer la notificación declarada nula y determinará el alcance de la nulidad respecto de las actuaciones del juicio conforme a las reglas anteriores. El juez puede sancionar con multa a los funcionarios o a las partes que aparezcan como culpables de la irregularidad.". De lo anterior, se advierte que la notificación es un acto procesal a cargo del tribunal que se encuentra revestido de formalidades legales, por lo que su documentación constituye un instrumento público que cuenta con una presunción de validez, al ser ejecutado por un funcionario público en ejercicio de sus facultades y, por ende, hace fe a menos de que su contenido sea desvirtuado por prueba en contrario. En ese sentido, cuando en un procedimiento las partes consideran que no se les realizó alguna notificación que estimen debió realizarse conforme a las reglas establecidas, de acuerdo a los preceptos transcritos, están facultadas para interponer el incidente de nulidad de notificaciones previsto en los artículos 178 y 179 del Código de Procedimientos Civiles en Zacatecas. La finalidad del incidente de nulidad de notificaciones, es nulificar el acto de comunicación procesal que se estima viciado o su omisión, a efecto de remediarlo. En tales circunstancias, resulta incuestionable que que si la hoy parte quejosa, tiene el carácter de parte dentro del Juicio Sucesorio Testamentario 198/2015, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar en Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, previamente a la interposición del juicio de garantías, debió agotar el medio de defensa que concede en el caso, el Código de Procedimientos Civiles en Zacatecas, como ha quedado destacado con antelación, y al no haberlo hecho así, es inconcuso que se actualiza la invocada causa de improcedencia. Resulta aplicable al respecto y en lo conducente, el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 77/2006, publicada en la página ciento once, del tomo XXV, enero de dos mil siete, materia común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 173621, del tenor: "AMPARO INDIRECTO. ES PROCEDENTE EN CONTRA DE LA INTERLOCUTORIA QUE DECIDE EL INCIDENTE DE NULIDAD DE LA NOTIFICACIÓN DE UNA SENTENCIA DEFINITIVA. Del contenido del artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo se sigue que el sistema de procedencia del amparo contra actos emitidos por autoridad judicial después de concluido un juicio, establece un distingo entre 1) los actos de ejecución de sentencia y 2) los que gozan de autonomía con relación a dicha ejecución. Con relación a los primeros, la procedencia del amparo se posterga hasta el dictado de la última resolución del procedimiento respectivo (definida jurisprudencialmente como la que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento). Con relación a la segunda clase de actos, esto es, aquellos que son dictados después de concluido el juicio pero no vinculados con la fase ejecutiva, no se establece la prevención de postergar la procedencia del amparo y, por lo mismo, debe estimarse que el amparo indirecto es procedente de manera inmediata. Ahora bien, para determinar qué actos dictados después de concluido el juicio pertenecen a una u otra categoría, ha de establecerse cuándo inicia la ejecución de una sentencia. Ante la sentencia, la parte que ha sido vencida en juicio puede asumir una de dos actitudes: cumplirla o no cumplirla. En ambos casos es necesario que el Juez dicte, a instancia de parte, las medidas necesarias para lograr el contenido de la sentencia, aun en contra de la voluntad del vencido. En este orden, la interlocutoria que desestima el incidente de nulidad de la notificación de la sentencia definitiva si bien pertenece al ámbito de los actos dictados después de concluido el juicio, no pertenece a los dictados dentro de la fase propia de ejecución de sentencia, porque se refiere a un estadio independiente del en que la parte interesada excita al Juez de la causa a que inicie el procedimiento de ejecución. La finalidad del incidente de nulidad de la notificación de la sentencia definitiva, es nulificar el acto de comunicación procesal, que se estima viciado, a efecto de remediarlo. Como se puede apreciar, dicha resolución no pertenece a la esfera de la ejecución de sentencia, pues, primero, es independiente de la petición del interesado de que se cumpla con una sentencia; segundo, se dicta al margen de dicho procedimiento y, tercero, su efecto no es impedir propiamente la ejecución, sino nulificar un acto viciado. Así las cosas, debe concluirse que la sentencia interlocutoria que decide el incidente de nulidad de notificación de la sentencia definitiva no tiene la naturaleza de una resolución dictada dentro del procedimiento de ejecución de una sentencia y, por ello, puede ser reclamada vía amparo indirecto de manera inmediata, previo agotamiento del principio de definitividad.". Consecuentemente, el acto reclamado debió haberse impugnado en su oportunidad, mediante el medio ordinario que los artículos 178 y 179 del Código de Procedimientos Civiles en Zacatecas concede a la parte quejosa, como lo es en el particular el incidente de nulidad y, con ello, nulificar la omisión de notificación de que se duele, a efecto de remediarlo; situación que al no haber agotado de manera correcta, vulnera uno de los principios rectores del juicio de garantías, como lo es el de definitividad, pues a los Tribunales de la Justicia de la Unión, es a quienes se debe acudir cuando ya no existe algún medio de impugnación o recurso, mediante el cual se pueda modificar o revocar el acto que se reclama. Tiene apoyo lo antes considerado, en la tesis publicada en la página seiscientos cincuenta, correspondiente al mes de Junio de mil novecientos noventa y cuatro, tomo XIII, Octava Época, Semanario Judicial de la Federación, que dice: "RECURSOS ORDINARIOS. CUANDO HAY QUE AGOTARLOS PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que cuando se alegan substancialmente violaciones a las garantías constitucionales, puede el afectado ocurrir directamente al juicio de amparo sin necesidad de agotar los recursos ordinarios, toda vez que en éstos no puede desarrollar los conceptos de violación con toda la eficacia que puede invocarlos en el juicio de garantías; también es cierto que cuando el tema de las cuestiones de derecho planteadas se refieren a problemas de legalidad y el tema de inconstitucionalidad es planteado indirectamente a través de la llamada garantía de legalidad o bien cuando las violaciones a esta garantía se hacen valer de manera accesoria o secundaria, es indispensable agotar previamente los recursos o medios de defensa ordinarios. Sostener lo contrario, llevaría a la práctica inaceptable de que por el hecho de señalar en la demanda de amparo la violación a un precepto constitucional, se eludiría el agotamiento de los recursos ordinarios, desvirtúandose así el requisito de definitividad que debe tener el acto reclamado en el juicio constitucional". Máxime que en el caso, no nos encontramos en las hipótesis de excepción previstas en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, puesto que el acto reclamado no es un acto que importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución (penas de mutilación y de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales). En esas condiciones, una vez acreditado que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo y, al ser manifiesta e indudable la causa de improcedencia, este Tribunal no está en aptitud legal para dar curso a la demanda de garantías promovida por Roberto Cruz Hernández, por su propio derecho, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar en Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, y lo procedente es desecharla de plano, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. Se tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Calle San Carlos, número ciento seis, Colonia Buenavista en esta ciudad; asimismo, se tienen por autorizados únicamente para imponerse de autos y recibir notificaciones, más no para promover, a Arturo M******************** y ********************, en virtud que no se proporcionaron los datos del documento que los faculta a ejercer la profesión de licenciados en Derecho o abogados, tal como exige el párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · 7,805 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano