Roberto Cruz Barragan
Expediente 595/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 19 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 595/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 28/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Roberto Cruz Barragan
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Córdoba, Veracruz, a veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio recibido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, signado por la Actuaria adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa; atento a su contenido, se tiene a la superioridad informando que admitió el recurso de revisión interpuesto por la tercera interesada ********** contra la sentencia autorizada el trece de enero de dos mil veintitrés; el cual quedó radicado bajo el número 104/2023, de su índice administrativo. Notifíquese.
- Principal
Córdoba, Veracruz, a quince de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en Orizaba, Veracruz, a través del cual acusa recibo de los oficios 2360/2023 y 2361/2023 de uno de febrero de dos mil veintidós, por los que se hizo de su conocimiento el acuerdo en esa data. Por otro lado, visto el estado procesal que guardan las presentes actuaciones, se advierte que se encuentran notificadas todas las partes de la resolución impugnada y del acuerdo por el que se tuvo a la tercera interesada a Ivonne Hernández Cedeño, interponiendo recurso de revisión contra la sentencia autorizada el trece de enero de dos mil veintitrés; en consecuencia, remítase vía interconexión, a través del Sistema de Seguimiento de Expediente (S.I.S.E.), el escrito de expresión de agravios al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz, en turno, por conducto de su Oficina de Correspondencia Común, para la substanciación del citado medio de impugnación, conforme a las reglas precisadas en el proveído de uno de febrero de dos mil veintitrés. Cúmplase.
- Principal
Córdoba, Veracruz, a uno de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en Orizaba, Veracruz, a través del cual acusa recibo de los oficios 1007/2023 y 1008/2023 de trece de enero de dos mil veintitrés, por los que se hizo de su conocimiento la sentencia emitida en esa data. Por otro lado, glósese a las actuaciones copia del escrito signado por la tercera interesada a ***********, con cuatro copias y un anexo, consistente en el escrito de agravios; en atención a su contenido, se le tiene interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia autorizada el trece de enero de dos mil veintitrés. En ese contexto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86 y 88 de la Ley de Amparo, distribúyanse entre las partes, copia del escrito de agravios, y una vez que se encuentren debidamente notificadas de la determinación combatida, así como del presente acuerdo, dentro del plazo de tres días a que se refiere el artículo 89 de la ley de la materia, remítanse vía interconexión, a través del Sistema de Seguimiento de Expediente (S.I.S.E.), el original del citado escrito de agravios al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz, en turno, para la substanciación del medio de impugnación de trato. Asimismo, póngase a disposición del Tribunal Colegiado que corresponda, la versión electrónica del presente expediente, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación; para lo cual se instruye a la analista Jurídica de este órgano jurisdiccional, que en su momento habilite dicha función. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 73 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. En el entendido que, para dar cumplimiento a lo anterior, deberán acatarse las reglas contenidas en la Circular DGGJ/0012/2020, emitida por la Titular de la Dirección General de Gestión Judicial, esto es, solicitar el turno por correo electrónico a la Oficina de Correspondencia Común que corresponda, adjuntando un oficio que contenga los datos necesarios para el registro. Se precisa que, en caso de que la Superioridad lo considere necesario, se remitirán físicamente las constancias que requiera para la resolución del recurso en cuestión, en términos del numeral 89 de la Ley de Amparo. Por otra parte, una vez que se tenga conocimiento a qué Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz, correspondió conocer del citado medio de impugnación, remítase vía ordinaria el original del presente expediente, el original del escrito de agravios que se provee; y un tomo de pruebas, lo anterior, a fin de que la superioridad cuente con las constancias necesarias para la substanciación del recurso de que se trata. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y por lista de acuerdos a la tercero interesada
- Principal
Córdoba, Veracruz, a diecinueve de enero de dos mil veintitrés. Agréguese la razón actuarial de cuenta, de la que se advierte que no fue posible notificar la sentencia de trece de enero de dos mil veintidós, a la parte quejosa, en el domicilio señalado para tal efecto, por las razones ahí expuestas. En consecuencia, hágase por lista la notificación de dicha sentencia, y del presente acuerdo, así como las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, de conformidad por lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, hasta en tanto la parte quejosa señale nuevo domicilio en esta ciudad, donde oír y recibir notificaciones. Notifíquese.-----------EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, DICHA SENTENCIA, LA CUAL DICE: SEXTO. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Las causas que generan la improcedencia del juicio de amparo son de orden público y de estudio preferente, con independencia de que las invoquen o no las partes, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sobre el particular, este Juzgado de Distrito advierte de oficio que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, por lo que respecta al reclamo efectuado en relación con b) las actuaciones realizadas en el juicio ejecutivo mercantil ***************, con posterioridad al embargo que se reclama, al no acreditar la parte quejosa contar con el interés jurídico necesario para acudir a esta vía constitucional. Los artículos 5°, fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, disponen: "..." De la interpretación armónica de ambos preceptos, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos que indica la primera disposición normativa transcrita Asimismo, del párrafo cuarto de la fracción I, del artículo 5, de la ley de la materia, se advierte que tratándose de actos que provengan de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el peticionario deberá acreditar ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. En otras palabras, para acudir a la vía constitucional en reclamo de este tipo de actos, el quejoso debe acreditar contar con interés jurídico para tal efecto, siendo insuficiente que la justicia constitucional sea instada con base en un interés legítimo. En el caso, los actos que se combaten tienen su origen en un juicio ejecutivo mercantil, esto es, emana de un tribunal judicial. Luego, de no acreditar la parte quejosa tener el interés jurídico necesario para acudir a esta vía constitucional (dado que no puede aducirse interés legítimo), este juicio de amparo resultaría improcedente. Hipótesis de improcedencia que se actualiza en la especie, respecto de los actos de que trata este considerando. En efecto, del análisis de la demanda de amparo en relación con las constancias remitidas por el Juez responsable en apoyo a su informe, relatadas en el considerando anterior, se advierte que los peticionarios de amparo acuden a esta vía constitucional a defender el derecho de propiedad que manifiestan tener respecto de un inmueble que se vio afectado con motivo de la constitución de un embargo decretado en el juicio ejecutivo mercantil de origen, en el que no figuran como parte formal, esto es, comparecen como personas extrañas al procedimiento natural. Así es, pues en dicho contencioso únicamente figuró como actora ****************, y como demandado ********************. De ello deriva que b) lo actuado en el juicio natural con posterioridad al embargo de inmueble que se combate (salvo el procedimiento de remate del bien inmueble embargado), no depara perjuicio alguno en la esfera jurídica de los peticionarios, en la medida de que no se encuentran dirigidos a ellos, ni fueron condenados al resolverse la citada contienda judicial. Luego, al no causarle perjuicio alguno a la parte quejosa b) lo actuado con posterioridad al embargo de inmueble que reclaman (a excepción de lo relativo al procedimiento de remate de dicho bien raíz), se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. En tal contexto, se impone sobreseer en el presente juicio, acorde con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, respecto de los actos en mención. SÉPTIMO. ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA PLANTEADAS POR LAS PARTES. Es infundado lo alegado por la tercero interesada,14 consistente en que en el asunto que nos ocupa se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, consistente en la falta de interés jurídico, dado que ". lo quejosos carecen de derecho alguno para comparecer en el presente juicio de garantías por carecer de personalidad o en su caso interés jurídico.", ya que, afirma, el contrato privado de compraventa en el que los impetrantes fundan su derecho de propiedad es insuficiente para acreditar su interés jurídico, por carecer de inscripción registral. Lo expuesto a ese respecto es infundado, pues contra lo que aduce la tercera interesada, el contrato privado de compraventa que refiere, al ser de fecha cierta, por haberse ratificado su contenido y las firmas de sus suscriptores ante notario público, es suficiente para acreditar el interés jurídico de los peticionarios para instar este juicio de amparo. Para la mejor comprensión de la desestimación de la causa de improcedencia planteada y en obvio de reiteraciones innecesarias, en relación con la figura del interés jurídico se remite a la interpretación de los artículos 5, fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, realizada en el considerando inmediato anterior. Ahora, como se ve, el interés jurídico representa uno de los presupuestos básicos para la procedencia del juicio de amparo intentado contra actos de tribunales judiciales, atendiendo a que si las leyes o actos reclamados no lesionan la esfera jurídica del gobernado, sino otros de variada índole que no tengan ese carácter, no existirá legitimación para entablar el juicio constitucional. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido de que el interés jurídico necesario para la procedencia del juicio de amparo, requiere de la actualización de dos presupuestos: a) La titularidad del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y b) Que tal derecho subjetivo sea desconocido o conculcado por un acto de autoridad. Lo que implica, como presupuesto lógico, que la titularidad del derecho subjetivo que se alega transgredido debe existir con anterioridad al acto reclamado, toda vez que, de lo contrario, no podría sostenerse que éste afectó un derecho existente a la fecha de su emisión. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia (...) Por tanto, la comprobación del interés jurídico tiene que vincularse directamente con el bien que se dice afectado por el acto de autoridad, esto es, con el carácter con que acude el quejoso al juicio de amparo. Así, si en la especie los peticionarios de amparo se ostentan como propietarios del bien raíz embargado en el juicio ejecutivo mercantil de origen; por ende, para acreditar su interés jurídico deben demostrar que tienen el dominio de la cosa, es decir, que son los propietarios de la misma. Por otra parte, es necesario que el documento con el que se pretende demostrar que se tiene la titularidad del bien sea apto para defender la propiedad, es decir, que por sus características objetivas reúna determinados requisitos que se lo permitan. Precisamente por ello, tiene que verificarse si el documento puede considerarse de fecha cierta. En efecto, el interés jurídico se relaciona directamente con ese concepto, pues si el documento no es de fecha cierta, entonces tampoco tiene el alcance probatorio suficiente para acreditar cuándo se realizó una compraventa. Al respecto, el Máximo Tribunal del País ha establecido que un documento es de fecha cierta cuando se reúnen cualquiera de las siguientes características: a) Desde el momento de la inscripción del documento en el Registro Público. b) Si se hace en escritura pública desde la fecha de su otorgamiento. c) Desde la muerte de cualquiera de los firmantes del contrato correspondiente. d) Desde el momento en que el documento privado se entregue a un funcionario en razón de su oficio. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia (...) En el caso, se sostiene que los quejosos acreditaron ser titulares del derecho de propiedad respecto del inmueble embargado en el juicio de origen, mediante la exhibición del contrato privado de compraventa, cuyas firmas y contenido fueron ratificados ante el Notario Público Número Uno, con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz, el veinte de octubre de dos mil diez,según certificación que obra en el propio documento, con el que acreditaron que, al menos desde esta fecha, ya existía el referido acuerdo de voluntades. Por tanto, se tiene certeza de que el acto jurídico que avala dicha certificación existe materialmente desde el veinte de octubre de dos mil diez. Ahora, de la lectura de dicho contrato se advierte que a través de él los quejosos, **************** adquirieron mediante compraventa, de *****, el bien inmueble consistente en la parcela (...) La identidad del bien cuya propiedad acreditaron los quejosos, con el que fue materia de embargo en el juicio de origen, se acredita porque los datos de inscripción del inmueble embargado coinciden con los enunciados en el párrafo que antecede, como se puede advertir de la diligencia de embargo respectiva. A lo que se suma que dicho inmueble coincide con el descrito en el certificado de gravámenes exhibido por la parte actora en el juicio natural. De ahí la identidad entre el inmueble cuya propiedad acreditó la parte quejosa y el que fue materia de embargo en el juicio ejecutivo mercantil de origen. Con base en lo anterior se concluye que *************** acreditaron contar con el interés jurídico necesario para acudir a esta vía constitucional, para reclamar el embargo del bien inmueble de mérito. Sin que obste que el contrato privado de compraventa de referencia no haya sido inscrito en el Registro Público de la Propiedad, ya que las inscripciones efectuadas ante este ente sólo tienen efectos declarativos y no constitutivos, a fin de que los actos registrados surtan efectos contra terceros, de manera que los derechos que se tienen sobre los bienes, como el de propiedad, provienen del acto jurídico celebrado entre las partes y no de su inscripción en el citado Registro. Así lo sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia por contradicción (...) De ahí que se considere infundada la causa de improcedencia planteada. En tal contexto, al no existir diversa causa de improcedencia planteada por las partes, ni advertirse de oficio, se procede al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado en el presente juicio. OCTAVO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. No se transcriben los conceptos de violación formulados en obvio de repetición innecesaria y atento al contenido de la jurisprudencia (..) NOVENO. ANÁLISIS DE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO. Es fundado uno de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, y suficiente para conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados. Así es, resulta fundado lo sostenido por los quejosos, consistente en que en el juicio ejecutivo mercantil ****************** se embargó un inmueble del que son propietarios, sin que previamente se hayan seguido en su contra un procedimiento al que se les haya emplazado para ser oídos y, en su caso, vencidos conforme a derecho. En efecto, asiste razón a los inconformes pues tal como lo aducen, la autoridad responsable, sin haberlos oído y vencido en juicio, decretó en favor de la actora en el juicio ejecutivo mercantil en mención, un embargo sobre el inmueble consistente en la parcela (...) (que se pretende rematar para obtener el pago de lo sentenciado en dicho asunto); lo anterior, a pesar de que existe la certeza de que dicho bien raíz es propiedad de los peticionarios de amparo desde el veinte de octubre de dos mil diez, es decir, con anterioridad a que se decretara dicho gravamen. A fin de justificar dicha postura, el presente estudio partirá del análisis del artículo 14 de la Carta Magna, particularmente en su párrafo segundo, por ser el dispositivo que otorga el derecho de audiencia previo a la emisión de algún acto privativo de autoridad, que dice: "..." El dispositivo constitucional transcrito contiene cuatro de los más importantes derechos de seguridad jurídica: 1) El de irretroactividad de la ley; 2) El de audiencia; 3) El de legalidad en materia penal; y 4) El de legalidad en materia civil. En el presente caso se aduce que hubo privación del derecho de audiencia, por ello es pertinente establecer en qué consiste. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia (...) De ello se advierte que el derecho de audiencia se otorga frente a actos de autoridad, unilaterales, imperativos y coercibles; y la peculiaridad específica que se debe presentar, consiste en que ese acto tenga como fin primordial privar definitivamente a las personas de derechos o posesiones, pues sólo en ese supuesto resulta exigible la satisfacción del derecho de audiencia consagrado en el artículo 14 constitucional. Corolario con lo anterior, el artículo 14 constitucional prohíbe los actos privativos que no cumplan con los siguientes requisitos: 1) Que haya un proceso; 2) Que se siga ante un tribunal ya existente; 3) Que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento (entre ellas la audiencia previa); 4) Que se apliquen leyes expedidas con anterioridad al hecho. En el asunto que nos ocupa, el acto reclamado consistente en a) el embargo decretado en el juicio ejecutivo mercantil ****************, sobre el inmueble precisado, el cual resulta violatorio del derecho de propiedad que sobre éste acreditaron tener los quejosos, mediante el contrato privado de compraventa, cuyas firmas y contenido fueron reconocidas por sus firmantes ante el Notario Público Número Uno, con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz, el veinte de octubre de dos mil diez. Documento que fue valorado en el considerando inmediato anterior, a lo que se remite en obvio de repeticiones innecesarias. Es así, pues en lo esencial, de dicho contrato privado traslativo de dominio se advierte en lo que trasciende que el veinte de octubre de dos mil diez, ************ vendió a los aquí quejosos, *********************, el inmueble indicado en líneas precedentes, ya que la identidad entre el bien raíz cuya adquisición ampara dicho acuerdo de voluntades y el que fue objeto de embargo y se pretende rematar en el juicio natural, se justificó en términos de lo ampliamente expuesto en el considerando inmediato anterior. Asimismo, como se expuso, se trata de un contrato privado de fecha cierta desde el diez de octubre de dos mil diez, pues su contenido y firmas fueron ratificados ante notario público. Esto es, se acredita que los peticionarios adquirieron la propiedad de dicho bien con anterioridad a que se decretara su embargo en el juicio ejecutivo mercantil de origen, ya que esto último ocurrió el trece de mayo de dos mil diecinueve. Lo que pone en evidencia que cuando se decretó el embargo que se combate, la propiedad del inmueble de trato ya había sido transmitida a los aquí inconformes. De ello deriva que la afectación sufrida en el derecho de propiedad de los peticionarios resulta ilegal, atendiendo al carácter de terceros extraños, en estricto sentido, que les reviste en relación con el juicio ejecutivo mercantil de origen, pues no figuran como demandados en el mismo. Sin que pueda aseverarse que el embargo trabado en el juicio natural goce de la misma característica que el derecho real con el que acreditó contar el quejoso en este juicio y que, por tanto, al carecer de la formalidad de haberse inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, el contrato por él aportado sea inválido aunque conste que es de fecha cierta. Es así, pues para considerar que un documento con esa calidad no surta efectos contra terceros en el caso de la compraventa, es necesario que en relación con él se oponga un acto jurídico diverso que también contemple la constitución de un derecho real. Empero, cuando se trata del embargo decretado con motivo del ejercicio de un derecho personal, como es la acción cambiaria directa que se traduce en el reclamo del pago de pesos derivado de un pagaré, en relación con la prerrogativa en favor del embargante, goza de preferencia el derecho de propiedad que deriva del documento en el que consta la traslación de dominio de ese bien a un tercero ajeno a dicha controversia. Lo anterior, pues lo que ampara el contrato traslativo de dominio es el derecho de propiedad al que sólo le es oponible otro derecho de la misma naturaleza, esto es, no le resulta oponible, por no tener el mismo carácter, el embargo decretado con posterioridad al acto jurídico de compraventa. En síntesis, el hecho de que el contrato traslativo de dominio no se encuentre inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, es insuficiente para determinar que asiste mejor derecho al embargante respecto del bien de que se trata. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia (...) En ese entendido, la afectación al derecho de propiedad de la parte quejosa debe ser subsanada en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, esto es, se le deben reintegrar las prerrogativas de que gozaba al momento anterior a la violación ocurrida, que para el caso consisten en el disfrute del derecho de propiedad que le fue afectado con motivo del embargo decretado en un litigio del que no es parte. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis (...) En las relatadas condiciones, al demostrarse la inconstitucionalidad del acto reclamado al que se contrae este considerando, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados por *********************, para el efecto de que, en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Orizaba, Veracruz: Deje insubsistente el embargo decretado el trece de mayo de dos mil diecinueve, en el juicio ejecutivo mercantil ***************, sobre el inmueble consistente en la parcela (...) , y las consecuencias que deriven de dicho gravamen; restituyendo así a los peticionarios de amparo en el pleno goce de su derecho de propiedad acreditado. Concesión del amparo que se hace extensiva al 2. Actuario adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Orizaba, Veracruz, quien, entre otras cosas, realizó la diligencia de embargo de que se trata. Finalmente, es pertinente señalar que no pasan inadvertidos los alegatos formulados por la tercero interesada; sin embargo, resulta innecesario su análisis, pues en nada variaría el sentido del presente fallo; además de que, según el Máximo Tribunal del País, no existe obligación de entrar al estudio de los razonamientos expresados por las partes en vía de alegatos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia (...) DÉCIMO. FORMA DE PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA. Cabe precisar que en el auto admisorio del presente controvertido, se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara la sentencia, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos, con la prevención en el sentido de que si no hacían manifestación alguna se les tendría por inconformes con la divulgación de dicha información. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes, en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tiene por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo número 595/2022, promovido por **************, por lo que respecta al acto reclamado consistente en b) las actuaciones realizadas en el juicio ejecutivo mercantil ******************, con posterioridad al embargo reclamado (con excepción de lo concerniente al remate), atribuido al 1. Juez Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Orizaba, Veracruz, por los motivos expuestos en el considerando sexto. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA a AMPARA *******************, contra el acto reclamado consistente en a) el embargo del bien inmueble decretado en el referido juicio ejecutivo mercantil, atribuido a las autoridades responsables, 1. Juez y 2. Actuario, ambos del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Orizaba, Veracruz, y sus consecuencias jurídicas, por los motivos y para los efectos precisados en el considerando noveno. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y por lista de acuerdos a la tercero interesada.
Quedan 15 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · 4,334 expedientes
- Rina Montesinos Martínez324/2020
- Rina Roberta Ortíz García96/2020
- Ringo Juarez Maza637/2018
- Roberto Augusto del Rosario Pacheco422/2022
- Roberto Carlos Balderas Vivar668/2021
- Roberto Cobos Castro150/2022
- Roberto Cuevas Mirón1116/2018
- Roberto Evaristo Tello118/2022
- Roberto Gallegos Arzola320/2020
- Roberto Gasperin Zanatta72/2021
- Roberto Gerardo Muñoz Pacheco423/2021
- Roberto Hernández García394/2019